nombre reservado CONTRA CONSERVADOR DE BIENE RAICES DE PUERTO MONTT Y OTRA

Foja:117 Ciento Diecisiete PUERTO MONTT, siete de noviembre de dos mil once.

VISTOS:

A fojas 1, complementado a fojas 46, comparece don nombre reservado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección por sí y en nombre de su cónyuge doña nombre reservado y de sus hijos nombre reservado, nombre reservado, ambos de apellidos nombre reservado nombre reservado y de doña nombre reservado todos de su mismo domicilio, en contra de la Conservador de Bienes Raíces suplente doña nombre reservado y en contra del titular don nombre reservado Martínez Barrientos, ambos domiciliados en domicilio reservado, la primera como responsable directa y el segundo en cuanto responsable de las funciones que realiza en su reemplazo la primera, y quien propone su designación, a fin de que se acoja el recurso interpuesto con costas, ordenando lo conveniente para alcanzar la normalización de lo pendiente por cuanto se ha incurrido con predicamentos abusivos, arbitrarios, ilegales y delictivos en actuaciones consistentes en negativas a practicar las inscripciones, correcciones, anotaciones y archivos solicitados, afectando con dicho proceder tanto derechos del recurrente como de terceros que participaron en los actos pactados, de manera que junto con solicitar la rectificación de esas conductas, solicita se adopten las medidas destinadas a restablecer el orden quebrantado sancionando administrativamente a los responsables, sin perjuicio de dar cuenta a la justicia criminal para la investigación y condena de los ilícitos que denuncia en su libelo.

Refiere como antecedentes generales que es el nudo propietario de cuatro inmuebles rurales, más otros dos, separados éstos de los primeros y unidos entre sí, por vías interiores, siendo su cónyuge la actual titular del usufructo sobre estos inmuebles, a los que se agrega un séptimo predio sobre el cual ambos detentan en común el 100% de las acciones y derechos. Todos estos predios se ubican en el lugar de su domicilio. Se agrega un octavo predio de la costa sur de la Isla Tenglo que le pertenece en forma exclusiva.

Junto a su cónyuge decidieron que ésta renunciara al usufructo y vender la nuda propiedad de algunos de los predios a su hijo varón y otras en común a sus dos hijas, con precios moderados y facilidades, estableciendo un usufructo vitalicio en conjunto para él y su cónyuge; y en relación al bien raíz respecto del cual detenta con su cónyuge acciones y derechos se convino una venta de éstas, que permita a los adquirentes regularizar su posesión, adicionando un comodato que faculta a él y su cónyuge detentar la materialidad del bien raíz y en el caso del inmueble emplazado en la Isla Tenglo, concordaron en una promesa de compraventa una vez regularizada la situación que afecta a este inmueble.

Trata a continuación sobre la topografía de los predios ubicados en el sector de Chamiza, los que sólo disponen de reducidas superficies planas, existen retazos de propiedad fiscal y errores evidentes en las menciones de los títulos, se trata de terrenos difíciles de recorrer e identificar en sus diferentes puntos y áreas, lo que dificulta la creación de los acuerdos contractuales en términos tales de definir claramente los predios a transferir así como las relaciones de vecindad entre los adquirentes como son los accesos entre los predios, situación que determinó la contratación de profesionales para el estudio de títulos y la topografía del lugar, y en tal sentido el trazado de las vías de comunicación entre los distintos terrenos exigió el establecimiento de servidumbres en base al emplazamiento real de los predios, y con ello su replanteamiento contenido en un nuevo plano que comprenda a todo el conjunto, lo que no era posible sin los señalados estudios que distinguieran algunas verdades y errores para su rectificación. Así por ejemplo refiere el recurrente que en relación al primer inmueble –segundo retazo del Fundo Los Pinos -, de 38 hás. mientras en la inscripción conservatoria se indica que su límite Norte es con el río Coihuín (hoy denominado Chamiza), este curso de agua realmente constituye el límite Noroeste; sin embargo se insiste en que es el deslinde Norte, siendo que en la realidad lo que hay allí es otro predio agrícola de propiedad de Hernán Castelví, error desde el cual se derivan otros tales como que en la inscripción conservatoria al Sur, aparece el “cerro Boneche” resultando sin embargo indudable que en ese sector se encuentra el primer retazo del mismo Fundo Los Pinos, de 37 cuadras; luego en la inscripción se menciona como deslinde Este “terreno arrendado por los herederos de nombre reservado”, (que correspondería al límite real Norte); no obstante que debe aparecer para dicho punto cardinal el terreno fiscal cuyo uso fue autorizado por el Fisco a los titulares del inmueble, zona comprendida dentro del actual Rol de avalúo 2201-17, que concluyen en las inmediaciones del aludido cerro; a continuación y en relación al deslinde Oeste aparece el “terreno de Cristino nombre reservado”, no obstante que allí se encuentra el río Chamiza, que en dicha parte muestra un curso hacia el Noreste y por ende, resulta más apropiado definirlo como límite “noroeste”. Este predio del señor nombre reservado, hoy del recurrente, y se encuentra en el Sur, siendo el que arrendaban los herederos de nombre reservado el correspondiente al deslinde Norte. Similares observaciones presenta la inscripción conservatoria del segundo predio, de 37 cuadras, inmediatamente al Sur y en paralelo con el anterior.

Pese a que el Reglamento Conservatorio contiene normas precisas para rectificar los equívocos que presentan las inscripciones, los recurridos han manifestado la imposibilidad de corregir aquello, pretendiendo sin decirlo, que la única posibilidad de alcanzar lo perseguido con los contratos, se lograría falseando la realidad, que sería mantener las actuales incongruencias, en lugar de enajenar algo con arreglo a sus contenidos efectivos, estableciendo a su vez que la servidumbre de tránsito, en la parte denominada como segunda sección, pasa por tierra firme situada en el borde Norte, que de otro modo, siguiendo los predicamentos de los recurridos debería declararse que ese tramo discurre por el río.

En la cláusula tercera de la escritura que ha dado origen al conflicto, aparecen señalados los antecedentes, técnicas, instrumentos y motivaciones que se tuvieron en consideración para operar del modo en que se hizo, apareciendo complementado por el plano y la memoria en que se explican sus contenidos. Mediante la técnica empleada cualesquiera sea el antecedente que se considere, se puede llegar a los demás antecedentes sin dificultad, incluso dibujar un plano exacto con solo leer la escritura.

Concluidos los estudios de titulación y demás documentación disponible, se elaboraron los instrumentos que serían complementarios a los contratos a celebrar, procediéndose luego a dar forma a los acuerdos previamente alcanzados, dejándose constancia de las compraventas de predios, de acciones y derechos, precios, formas de pago, factores tenidos en cuenta para su determinación; los usufructos, promesa, comodato, servidumbre, con sus condiciones y modalidades, opción preferencial para convenir enajenaciones, arbitraje y mandatos, instruyéndose al Conservador para que las inscripciones a practicar sobre derechos que recaigan en bienes raíces, sean realizadas conforme a las identificaciones corregidas de los distintos inmuebles, previo señalar en forma precisa los contenidos de las definiciones vigentes.

Agrega que luego de la extensión de la escritura pública de fecha 17 de junio de 2011 de la Notaría Tike de Puerto Montt y una complementación extendida con fecha 08 de agosto último, ingresaron la solicitud al Conservador de Bienes Raíces el 15 de agosto de 2011, indicándoseles como fecha de entrega el 24 del mismo mes, plazo que no se cumplió, porque supuestamente se realizaban cuidadosos análisis de todos los contenidos y sólo recibió devueltos los antecedentes con repararos el día 02 de septiembre de 2011. En la certificación aparece que ella correspondería al día 26 de agosto, pero es evidente de la misma que los testimonios expuestos fueron consignados en una fecha diferente, borrada con corrector y luego sustituida manualmente en el segundo dígito, sin siquiera salvarla, lo que constituye a juicio del recurrente falsificación de instrumento público y que lo atribuye a dos propósitos, el primero, sería no aparecer retardando adicional e innecesariamente la actuación requerida, sabiendo por anticipado que no se realizaría lo pedido y el segundo, dice relación con el tribunal de turno que debiera conocer del recurso de reclamación y que correspondería el que a juicio de los recurridos sea menos riguroso para calificar estas conductas. A lo anterior, se agrega que sin forma, nombre ni fecha y en ocasión posterior, se adicionó algunos párrafos que serían de la misma autoría por contenidos y estilo, nota que es singular pues expresa literalmente “Lo que sigue a continuación no forma parte del certificado precedente. Es importante que lo lea”.

Se agrega a continuación en el libelo el texto completo de la certificación y sus adendas, para a continuación efectuar alcances sobre cada uno de los reparos que concluyeron en la denegación de las inscripciones. Así en cuanto al primer reparo, sobre incoincidencias en los deslindes, según lo expresado con anterioridad no pueden coincidir las indicaciones de la escritura con las conservatorias sin faltarse a la verdad y al sentido común, para otro predio las descripciones vigentes son defectuosas pues los linderos originales se han visto modificados por enajenación que el recurrente efectuó de parte del predio, conforme consta en la misma inscripción, pero sin que ello se haya traducido a lo que este cambio representa en términos de deslindes, asunto entregado a los acuerdos que celebren los interesados, sin que al Conservador le corresponda calificación alguna y para otros inmuebles los deslindes son los mismos que los contenidos en la inscripción de dominio, pero con precisiones de sola actualización; para el denominado sexto inmueble, de 94 hás., en el cual los límites de la inscripción son exactamente los mismos de la escritura y plano del año 1932, utilizado por el Ministerio de Tierras y Colonización para adjudicar el bien a un particular, se complementó y actualizó la información para una mayor precisión descriptiva, así se actualizó el nombre de los colindantes, advirtiendo la utilización del norte astronómico como elemento definitorio espacial, y que es utilizado en la actualidad a diferencia del norte magnético utilizado en el pasado y en esta parte del reparo se falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales al atribuirse en la certificación conservatoria declaraciones que no corresponden a las efectuadas por las partes, siendo un mero pretexto para denegar el registro al que está obligado por ley. En cuanto al segundo reparo referente a la cabida real del predio de 37 cuadras, la objeción sobre la conversión de cuadras a hectáreas no toma en cuenta que la diferencia entre ambas cantidades es intrascendente (0,621%) y además resulta evidente en cuanto optar por uno u otro resultado que el cálculo efectuado por el Conservador es erróneo pues se tomó como base una cuadra de 125 metros en circunstancias que de acuerdo al sistema métrico decimal la magnitud de una cuadra es de 125,39 metros, de manera que en este último caso el resultado matemático arroja 58, 1738 hectáreas y no 57,8125 hectáreas certificadas por el Conservador.

El tercer reparo dice relación con afectar a uno de los predios inscritos un embargo del año 1968 el que refiere el recurrente no afecta en realidad al predio pues fue decretado en un procedimiento declarado abandonado, permaneciendo vigente sólo la materialidad de la inscripción. Se alude al respecto al voto de minoría de la sentencia Rol N ° 4.798-93 de la Corte de Apelaciones de Valdivia y que concluye que no les corresponde a los Conservadores facultad alguna para calificar y objetar contratos y denegar lo que se les requiera, puesto que la inscripción en materia de inmuebles únicamente marca el comienzo de la posesión, sin que exista prohibición alguna para iniciar una de carácter irregular, que habilita para adquirir por prescripción extraordinaria lo que se posea en tales condiciones. El artículo 13 del Reglamento faculta a los Conservadores para rehusar inscripciones precedida de la frase “no podrá rehusar ni retardar” agregando luego que “no obstante” está autorizado para negarse si la inscripción es en algún sentido inadmisible, enumerando la disposición da cuenta de casos evidentes y agregándose en el artículo 14 otros dos casos específicos que no concurren en esta situación, dejando fuera toda intromisión de un funcionario del orden administrativo, intervenir en materias de cargo de los tribunales y que es precisamente lo que efectúan los recurridos al negarse inscribir porque observan irregularidades en los actos o contratos celebrados por las partes. En este caso, afirma el recurrente que efectuó las gestiones ante el Banco acreedor para el alzamiento de un inmueble afecto a hipoteca y prohibición y otro inmueble con embargo inscrito, recibiendo la información que estaba todo solucionado, sin que luego verificara documentalmente si ello era efectivo, apareciendo en consecuencia este reparo en relación al embargo vigente, nada se le debe al Banco y por eso ha alzado la hipoteca y prohibición, se trata de un embargo decretado en un procedimiento abandonado y habida consideración del tiempo transcurrido cualquier obligación pendiente se encuentra prescrita.

El cuarto reparo trata de la ilegal negativa a archivar absolutamente toda la documentación complementaria, aludiendo para ello que ésta contendría “la fundamentación de unos nuevos pretendidos deslindes”, manifestando que aquellos “no se aceptarán” y que tres de estos instrumentos se trata “de copias que no emanan de autoridad competente”. En este punto alude el recurrente que no se trata de deslindes nuevos y es errado afirmar que para archivar algún documento éste deba provenir de alguna autoridad cualesquiera ésta sea, se trata de instrumentos privados invocados en una escritura, sin que sean de aquellos que un Conservador tiene la obligación de archivar. El nuevo plano, su memoria, los dos planos del año 1932 que corresponden a copias auténticas de las protocolizadas en Notaría, que provienen del Ministerio de Tierra y Colonización, como así también la reproducción de la imagen satelital proporcionada por Internet, cuya fuente ha sido invocada, en ninguno de ellos se consigna algún acto o contrato, ni menos con causa u objeto ilícitos y en el peor de los casos podrían carecer de eficacia, cuestión que habrán de calificar los terceros posibles interesados, la justicia ordinaria o arbitral, pero no los Conservadores.

Respecto a la nota introducida en el certificado y que contiene consejos sobre la manera de superar las objeciones, se trata de una tarea que no le compete de manera alguna a los recurridos efectuar.

Pasa a referirse a continuación el recurrente al marco regulatorio, aludiendo a las normas del Código Civil, y del Reglamento, el que en rigor no es un simple decreto reglamentario, sino uno de aquellos denominados como Decretos con Fuerza de Ley. El artículo 12 del Reglamento les impone a los Conservadores inscribir los títulos que se le presenten, prohibiéndose rehusar y retardar su ejecución, pudiendo denegar exclusivamente cuando se trate de falencias visibles de tipo material, extendiéndose el artículo 14 en términos específicos a las situaciones de una venta múltiple del mismo inmueble o cuando sea realizada por quien no figura en el registro como poseedor o dueño. No hay más alternativas de rechazo que las expresadas, lo demás son inventos abusivos que además constituyen faltas administrativas e incluso figuras tipificadas penalmente. Si se ha pretendido rehusar las inscripciones por estimar que estos cambios en los deslindes pudieren representar de algún modo la venta de algo por quien no es su dueño, tan sólo habría correspondido suspender el proceso de inscripción, pero nada más que hasta el momento en que se demuestre que el hecho fue puesto judicialmente en conocimiento de los eventuales perjudicados, y nada más que eso. Hasta allí llega el resguarde que el legislador ha tomado para evitar un posible daño a terceros, dejando en manos del notificado la determinación de reclamar o abstenerse de hacerlo, pero no hasta que el tribunal no decida sobre el fondo, sino hasta que conste la notificación, quedando a cargo de la justicia ordinaria definir al asunto, mas no al Conservador que no tiene otra labor por mandato legal que “registrar” y en este caso, lo primero que ha hecho la recurrida es quebrantar el precepto del artículo 12 del Reglamento y que sólo puede rehusar con las restringidas salvedades a que se refiere el artículo 13 y 14. Conforme las disposiciones del reglamento que cita, concluye el recurrente que las complementaciones y modificaciones de las actuaciones conservatorias que consten en sus registros y que encuentren su origen en acuerdos de las partes, pueden ser modificadas, complementadas, sustituidas, corregidas y aclaradas, total o parcialmente por medio de otras convenciones, celebradas entre las partes incluidas las que puedan afectar a terceros, no existiendo otras limitaciones que las expresamente establecidas por el legislador, siendo los posibles afectados los llamados a ocurrir ante los tribunales para la declaración de su derecho.

A continuación el recurrente enuncia las normas del Reglamento que aluden al cobro de derechos, afirmando luego de ello que a los Conservadores les está prohibido exigir dineros a cuenta y menos aún cobrar por anticipado el valor completo, cual hacen por hábito, y así en este caso, han manifestado, no bajo firma, dan cuenta que el dinero cobrado con anticipación no ha sido devuelto, ofreciendo la opción de hacerlo, si es que acaso el afectado se lo pide especialmente, cuestión no menor pues se trata de $666.900 ya cobrados.

Las actuaciones y omisiones conservatorias han impedido injustificadamente a todos los partícipes entrar en el goce de los derechos que contractualmente les pertenecen, produciendo incertidumbre en la situación patrimonial de cada uno, como sería en el caso de fallecimiento, se ha impedido concretar pactos con terceros, realizar inversiones y actividades relacionadas, como solicitar derechos de agua, plan de manejo para explotación forestal. Argumenta como vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19 N ° 2 N ° 3 inciso 4 ° N ° 23 N ° 24 y N ° 26 de la Constitución Política de la República. Así, en relación a la igualdad ante la ley, el constituyente prohíbe los tratos discriminatorios, como es el que se ha recibido después de un siglo y medio en que se han inscrito contratos y archivado documentación sin ninguna de las exigencias que ahora se pretende hacerle, cuando ellas tampoco están establecidas en la Constitución, leyes, reglamentos u otras reglas de general aplicación; respecto al derecho al debido proceso, aparece evidente que no se ha respetado regla alguna, no bastando para subsanar todo el cúmulo de anomalías aconsejar que se ocurra al Juzgado de turno en lo civil, si acaso no ha gustado a los perjudicados la determinación adoptada, lo que constituye un atropello a las normas del debido proceso; la libertad para adquirir toda clase de bienes y sólo una ley de quórum calificado puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes, siendo el actuar del Conservador local la imposición de este tipo de normas, puesto que, tratándose de bienes raíces, aquél pretende que la descripción de los inmuebles debe conformarse a sus dictados, decretando que si así no se hace, procede sin más a declarar ineficaces los contratos e instrumentos de apoyo, denegando las inscripciones y archivos lo que también aplica si acaso no se le pagan anticipadamente sus derechos, estándole por lo demás prohibido, formular dicho predicamento ya conste en folletos, letreros o instrucciones verbales a los dependientes no es otra cosa que la creación de uno o más reglamentos; el derecho de propiedad, vinculado a la garantía anterior, se ha visto afectada por cuanto de manera ilegal y arbitraria se ha negado la entrada en posesión legal de aquello que conforme a derechos les corresponde y finalmente se menciona el N ° 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental en cuanto esta garantía asegura que, ni aún los preceptos legales reguladores de todos y cada uno de los derechos especialmente garantizados por la Constitución pueden imponer condiciones o tributos que restrinjan su ejercicio, mucho menos, el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt .

Se acompaña al recurso, planos, memoria explicativa, copias de escrituras e inscripciones de dominio tabla de equivalencia de pesos u medidas, copia de boletas de honorarios, carátulas del ingreso de los contratos copias de escrituras públicas de 17 de junio y 08 de agosto de 2011, certificación de rechazo y adendas, copia de sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia y antecedentes de casos de otros particulares con el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt.

A fojas 64 informa don nombre reservado Martínez Barrientos, Conservador – Archivero Titular de la comuna de Puerto Montt.

Plantea en primer lugar acerca de la existencia de otro procedimiento judicial específico para resolver la negativa del Conservador a inscribir un título, contemplado en el artículo 18 del Reglamento del Registro Conservatorio. Encontrándose aún vigentes las anotaciones presuntivas practicadas en el Libro Repertorio el día 11 de agosto, que amparan los derechos del actos (n ° 6705 a 6710) y no habiéndose dado inicio aún al procedimiento regular de solución, no puede el recurrente sostener que lo hemos privado o amenazado en el ejercicio de alguna garantía constitucional. Si los requirentes subsanan el reparo del Conservador o si el Tribunal Civil ordena practicar la inscripción y ésta inscripción se efectúa dentro del referido plazo de dos meses, ella surte todos sus efectos desde la fecha de anotación en el Repertorio.

En síntesis, el día 11 de agosto recién pasado, el recurrente requirió las inscripciones que derivaran del título que para tal efecto presentó y en el que él comparecía como vendedor de siete predios rurales. El requirente pagó los derechos correspondientes al trabajo y el título se anotó en el Libro Repertorio. Estudiado el título y los antecedentes de los Registros Conservatorios, se concluyó que debía negarse transitoriamente las inscripciones principalmente por dos motivos, reparos que son subsanables de la forma que se sugiere a continuación del certificado estampado en el título devuelto. El primer motivo de la negativa dice relación con afectar a uno de los predios vendidos, inscrito a fs. 328 N ° 366 del Registro de Propiedad de 1986, un embargo, que aparece vigente en el Registro de prohibiciones e Interdicciones, a fs. 251 N ° 233 de 1986 , hecho que significa que habría objeto ilícito en la enajenación de ese predio y tampoco podría haberse vendido. Este solo motivo ya impedía el acceso del título al Registro Conservatorio, ya que es el título el que se inscribe, con todos los contratos que contenga, en este caso siete compraventas. La inscripción parcial del título precisa de un requerimiento especial de las partes y no como lo estima el recurrente.

El segundo motivo de la negativa dice relación en la exigencia de los contratantes de sustituir casi completamente los deslindes de los predios vendidos, sobre la base de un nuevo plano. Ciertas características de un inmueble son invariables, ellas identifican y dan su individualidad a un bien raíz. La única característica que debe consignarse obligatoriamente en la inscripción del dominio, son “los linderos”. En el caso, que un propietario considere que el espacio físico que ocupa su inmueble, no coincide con los deslindes que cita la inscripción registral y quiera modificar ésta mediante la confección de un plano, es de parecer que el Conservador no tiene facultad para hacerlo a requerimiento unilateral, es decir a requerimiento del o los propietarios de uno solo de los predios y sin conocimiento de los propietarios colindantes. Se trata de una situación que no tiene un procedimiento específico de solución, no está legislado como en otros países. No es aceptable que el propietario por sí solo, cambie los linderos de su predio, desde la forma en que ha estado siempre inscrito en el Registro de Propiedad. Aceptarse esta posibilidad, podría perjudicar a los propietarios colindantes, con responsabilidad del Conservador correspondiente y podría perturbarse o alterarse la seguridad jurídica inmobiliaria de los terceros poseedores inscritos, seguridad jurídica que constituye la principal finalidad del sistema registral. Una solución a esta situación es que concurran en la suscripción del plano y en la escritura pública, todos los propietarios colindantes, rectificando sus deslindes comunes, una suerte de aplicación práctica de la servidumbre de demarcación y cerramiento.

La modificación exigida por la actora no es menor, reproduciendo a continuación la ubicación y los deslindes de una de las fincas, según inscripción N ° 365 del Registro de Propiedad del año 1986 y los datos de ubicación y deslindes que el recurrente exige que la nueva inscripción dominical contenga, observando la complejidad de los cambios propuestos, pues mientras mayor sea la cantidad de datos consignados, mayor será la posibilidad de conflictos y errores en el futuro.

Una de las vías para subsanar el reparo, sugerido por escrito al requirente, fue que las partes requirieran con minuta, que en las inscripciones se consignen los mismos deslindes que en las inscripciones hoy vigentes, es decir, los deslindes históricos, de manera que los nuevos deslindes, con todas sus indicaciones, obligarían sólo a las partes contratantes y no serían oponibles a terceros, y que por lo demás constituye una razón más para sostener que no se ha perturbado ningún derecho constitucional del recurrente.

Las seis fincas que vendió el recurrente han estado en su patrimonio familiar por décadas, el último cambio que han tenido fue en el año 1986, hace 25 años, cuando el recurrente y su cónyuge pactaron separación de bienes y liquidaron la sociedad conyugal, adjudicándose las fincas al recurrente. Probablemente en estos últimos 25 años, el señor nombre reservado no ha tenido problemas por el dominio de sus predios, de lo que concluye el recurrido que el cambio de deslindes propuesto, no era ni es imprescindible, para que los derechos del recurrente y su contraparte, sigan bien resguardados. Afirma que llegará un tiempo en que puedan consignarse en las inscripciones, datos más precisos de deslindes prediales, pero para que ello ocurra será necesario que exista un catastro nacional a cargo de un servicio público y que la legislación permita al Registro Conservatorio actuar coordinadamente.

Los derechos que el recurrente pagó en su oficio han estado siempre a su disposición, desde el 26 de septiembre, basta que traiga la boleta de honorarios, se anule y se le devuelve el dinero.

Finalmente el recurrido realiza consideraciones en relación a las afirmaciones vertidas en el recurso, las que a su juicio corresponden a la reacción del abogado redactor del mismo y que buscan sin motivo alguno, ofender y causar escarnio público.

Se acompaña al informe, copia de monografía sobre rectificación de títulos, copia de escritura pública de 1986, copia se sentencia de la Excma. Corte Suprema.

En el primer otrosí de la presentación de fojas 73 informa la recurrida doña nombre reservado, haciendo presente en forma previa que de la sola lectura del recurso, se advierte un resquemor acumulado por años de parte de su autor y redactor señor Rinsche Núñez, denostando a diestra y siniestra, calumniando e injuriando a personas honorables.

Manifiesta que con fecha 11 de agosto recién pasado, don nombre reservado acompañado de su abogado, ingresó al Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt una extensísima escritura pública de compraventa, promesa, usufructo y otros, de nombre reservado, nombre reservado., nombre reservado., nombre reservado. y nombre reservado. Al momento de entregar la carpeta, el abogado Sr. Rinsche Núñez amenazó al personal del Oficio manifestando “pobre que me lo rechacen”.

Expresa la recurrida que personalmente se preocupó de estudiar los antecedentes, atendidas las imperiosas instrucciones que según él, debían ser cumplidas por el Conservador al pie de la letra. En primer término del análisis efectuado resaltaba el cambio total de la individualización de los deslindes de los predios materia del contrato y que se encuentran inscritos en este Conservador, correspondiendo en tales circunstancias devolver los título, no por un mero capricho del Conservador, sino porque carece de facultades para modificar a requerimiento unilateral las inscripciones de dominio y eso el recurrente lo tiene muy claro, pero sencillamente no le gusta.

De hacerse en la forma que pretende imponer el abogado señor Rinsche Núñez, el Conservador podría ser demandado por los propietarios colindantes que pudieran verse afectados con tales modificaciones y en razón de ello, es que en la foja en que estampó los motivos de la devolución, señaló con el N ° 1 “por no existir concordancia entre los deslindes de los respectivos predios inscritos bajo los N ° 364, 365, 366, 367, 368 y 369 del año 1986 y N ° 473 del año 1989, con los señalados en la escritura, plano y memoria; y carecer el Conservador de facultades para modificarlos en la forma requerida”. Al parecer el abogado señor Rinsche Núñez entiende que acompañar planos actualizados es suficiente para que el Conservador deba dar lugar a sus requerimientos. Por muy modernos que sean los deslindes, no podrán modificarse los títulos a petición unilateral del requirente. De otro lado, tampoco es importante, como sostiene el recurrente que deba verbalizar y estampar en una escritura hasta el más mínimo detalle de la topografía y en consecuencia así también deba hacerlo el Conservador, pues para detalles están los planos que suscriben profesionales idóneos y serán los que se estudien al momento de tomar decisiones legales sobre el predio, sin que sea necesario que con la sola lectura de la escritura se pueda dibujar un plano.

En este punto agrega, que no es posible corregir deslindes por que el Servicio de Impuestos Internos tenga otros distintos, pues se trata de antecedentes internos de dicha repartición pública y la ley no les reconoce validez como para que los Conservadores deban tenerlos presente al practicar correcciones. En relación a la referencia a los saneamientos de títulos, expresa que en atención a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del D. L. 2695 (sic), concluye que no le es permitido a los Conservadores de Bienes Raíces calificar, revisar o estudiar la procedencia jurídica de la inscripción requerida, como sí debe hacerse con otros títulos. El Conservador está obligado legalmente a hacer la inscripción, de acuerdo con las indicaciones de la Resolución y por lo tanto no cabe negar tales inscripciones, aunque afecte a terceros con título inscrito y que no hayan tenido conocimiento de la tramitación del saneamiento.

Afirma la inexactitud de lo sostenido por el recurrente en cuanto que sólo el 02 de septiembre pasado le fueron devueltos los antecedentes, la verdad es que recién en esa fecha él retiró la carpeta, no obstante haber estado en el Conservador días previos, según le fue informado.

Los motivos por los cuales el Conservador devuelve los títulos a fin de ser rectificados o complementados, se estampan en una foja que se firma y timbra, y que materialmente se corchetea a la escritura a fin de evitar su extravío y últimamente atendido las permanentes consultas tanto de abogados y como de no abogados sobre los pasos a seguir, se dispuso agregar, a continuación del estampado señalado, las soluciones que se sugieren.

La foja fue enmendada en la fecha, porque al tipiarlo puso 27 (día sábado siguiente en el que no funciona el Conservador y tampoco entra personal a sus dependencias ni menos público) y para no botar las hojas ya impresas, cambió el 7 por el 6, a fin de corregirla puesto que era viernes 26 y no 27 y luego así lo firmó y timbró. Se trata de una foja que no constituye instrumento público, porque entre otras consideraciones, no emanan de dicho certificado, consecuencias jurídicas.

En relación al denominado segundo reparo, afirma la recurrida que las “cuadras” históricamente en este Conservador se han medido en 125 x 125 metros y así también se lo han confirmado varios topógrafos de la zona, y en todo caso se trata de una materia de conversación y no de reclamo ni menos de recurso de protección.

Rectifica el año 1968 expresado por el recurrente por el de 1986 y que incide en el año de inscripción del embargo, motivo del llamado tercer reparo, expresando en este aspecto que no consta en este Conservador que dicho embargo haya sido alzado por resolución judicial con certificación de encontrarse firme y ejecutoriada, como lo dispone el Registro Conservatorio. En tales casos conforme lo señalado en el artículo 1464 N ° 3 del Código Civil en relación al artículo 13 del Reglamento Conservatorio, no procede inscribir la compraventa.

Referente al archivo de documentos, afirma que no existe similitud entre la protocolización de documentos por parte de Notarios y el archivo de documentos por el Conservador de Bienes Raíces, en caso de este último deben archivarse: a) las minutas y documentos que sirvieron de base a inscripciones y no estén guardados en el Registro o Protocolo de una oficina pública; b) resoluciones y planos de saneamientos y c) planos de subdivisiones y fusiones. Resulta conveniente archivar, para facilitar el estudio de los títulos por profesionales: todos los documentos que el Conservador haya revisado para la calificación o estudio de un título, que no consten en el propio título o Registros Conservatorios y que sean fidedignos o emanen de las partes aunque se guarden en oficinas públicas y es inconveniente archivar documentos referidos en títulos cuyo acceso al Registro Conservatorio haya sido negado, porque se prestaría a confusión al estar incorporados al Registro.

Sostiene finalmente que es deber del Conservador de Bienes Raíces actuar con responsabilidad en la tutela de la registración que la ley encomienda respecto de la cual tiene la obligación de velar por su pureza, integridad y eficacia jurídica. No buscó pretextos para devolver los antecedentes al señor Rinsche Núñez ni menos ha actuado abusando del cargo, simplemente actuó conforme a la ley y a las facultades que ésta otorga a los Conservadores.

A fojas 89 vuelta y a petición del recurrente se trae a la vista recurso de protección Rol Corte N ° 3.957-2003.

A fojas 90 se ordenó traer los autos en relación.

A fojas 104 el recurrido señor Martínez Barrientos acompaña copia autorizada de inscripción de embargo, extractos de jurisprudencia y copia de sentencia de la Excma. Corte Suprema.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, por lo que esta es una acción de urgencia de carácter tutelar, que permite a este Tribunal, examinar y sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, sin se han producido situaciones que amenacen el legítimo ejercicio de los derechos que hace procedente esta cautelar.

SEGUNDO: Que, la Excma. Corte Suprema ha precisado que es requisito indispensable de esta acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 ° del Código Civil, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado precedentemente, afectando una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis de decisión de cualquier recurso, como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, en el actual caso, en un lato libelo, ha deducido la acción de protección de derechos constitucionales don nombre reservado, asistido por su abogado don Mario Francisco Rinsche Núñez, quien ha solicitado amparo constitucional por la presente vía, fundado en la Constitución Política de la República artículo 19 N ° 2, esto es igualdad ante la ley, la que estima se ha materializado, al hacerle exigencias que no están en la Constitución, leyes, reglamentos u otras reglas de general aplicación; 19 N ° 3 incisos 4 ° y 5 °, el derecho al debido proceso, aduce que aquí no se ha respetado norma alguna, no bastando para solucionar las anomalías aconsejar que se ocurra al juzgado de turno en lo civil, si acaso no ha gustado la determinación adoptada, lo que en su concepto es un atropello al debido proceso; 19 N ° 23, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, señalando el inciso segundo de este numeral, que solo una ley de quórum calificado puede establecer limitaciones al dominio, arguye que imponer ese tipo de normas es lo que hace el conservador local, ya que pretende que la descripción de los inmuebles debe conformarse a sus dictados; 19 N ° 24, argumenta, que este numeral reconoce la facultad de todas las personas para adquirir cualquier clase de bienes corporales o incorporales, que solo la ley puede establecer el modo de hacerlo, garantizando además el ejercicio de todas las facultades que encierra el dominio, que en el presente caso, alega, les han sido conculcadas por los recurridos al negarles de manera arbitraria e ilegal la entrada en posesión legal de aquello que conforme a derecho les corresponde, que es por lo demás, sostiene, requisito indispensable para la adquisición de lo convenido, toda vez que, como es sabido, arguye, los contratos por sí solos no generan los correspondientes derechos mientras falte el modo, que en esta oportunidad es la tradición, la que ha de llevarse a cabo por la inscripción al referirse a bienes raíces previamente inscritos; 19 N ° 26, referido a que, ni aún los preceptos legales reguladores de todos y cada uno de los derechos garantizados por la Constitución, pueden imponer condiciones o tributos que restrinjan su ejercicio, mucho menos, por cierto, reclama, el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt.

CUARTO: Que, informando los recurridos a fojas 64 y 73 sostienen, por su parte el Conservador titular, señor Martínez Barrientos alega que, la negativa del Conservador a inscribir un título tiene un procedimiento para resolverse, el artículo 18 del Reglamento del Registro Conservatorio, establece que corresponde ser conocido por el Tribunal Civil de la comuna, el que también señala que la “anotación presuntiva” en el Libro Repertorio al presentarse el título se mantiene vigente por dos meses, por lo que no puede sostener el recurrente que se le ha privado o amenazado en el ejercicio de alguna garantía constitucional, señala que, contemplándose una vía específica de reclamación no resulta procedente el recurso intentado; argumenta que los reparos son subsanables como se le indica a continuación del certificado, indica que el primer motivo de la negativa es afectar a uno de los predios vendidos un embargo que aparece vigente en el Registro de Prohibiciones e Interdicciones, lo que significa que habría objeto ilícito en la enajenación; el segundo motivo de la negativa la exigencia de los contratantes de sustituir casi completamente los deslindes de los predios vendidos, sobre la base de un nuevo plano, estima que el Conservador no tiene facultad para hacerlo a requerimiento unilateral, de uno solo de los predios y sin conocimiento de los propietarios colindantes, como lo explica en su informe a fojas 66 la modificación exigida por la actora no es menor, al respecto sostiene el informante que para subsanar el reparo se le sugirió que las partes requirieran con minuta que, en las inscripciones se consignen los mismos deslindes que en las inscripciones hoy vigentes, es decir, sostiene, los deslindes históricos, de esta manera podrían hacerse las inscripciones y los nuevos deslindes, con todas sus indicaciones obligarían solo a las partes contratantes y no serían oponibles a terceros, sostiene que esta es una razón más para estimar que no se ha perturbado ningún derecho constitucional del recurrente. En cuanto a los derechos que pagó siempre han estado a su disposición desde el 26 de septiembre, basta que traiga la boleta se anula y se le devuelve el dinero.

Al respecto la señora nombre reservado, a fojas 73 y siguientes solicita, que se declare inadmisible, atendido que el conocimiento de esta materia tiene en la ley un procedimiento específico, en efecto, agrega, que el artículo 18 del Reglamento, estipula que la parte perjudicada con la negativa del Conservador, ocurrirá al juez de primera instancia del departamento, quien resolverá previo los motivos expuestos por el Conservador, que la devolución que un Conservador hace de un trabajo a un requirente para que sea corregido, no significa ni significará nunca, de acuerdo a nuestra legislación, una amenaza, privación o perturbación de derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Informando señala, que de la escritura aparece un cambio total de los deslindes de los predios materia del contrato y que se encuentran inscritos en el Conservador, por lo que lo devolvió, ya que éste no tiene facultades para modificar a requerimiento unilateral las inscripciones de dominio; los motivos por los cuales se le devolvió se le señalaron en una foja agregada a la escritura devuelta, la razón por que se enmendó la fecha es por que empezó a tipiarlo el 27, que era sábado y ese día no funciona el oficio y a fin de no botar la hoja cambió el 7 por el 6, pero agrega que ello no es un instrumento público, que no ha cometido delitos de faltar a la verdad en la narración de los hechos sustanciales, que en relación al tema de las cuadras sostiene que en ese Conservador históricamente se han medido 125x 125. Que en relación al embargo inscrito que afecta al predio, señala que no consta en ese Conservador que dicho embargo haya sido alzado por resolución judicial con certificación de encontrarse firme y ejecutoriada, en tales casos y conforme a lo señalado en el artículo 1464 N ° 3 del Código Civil en relación al 13 del Reglamento no procede inscribir la compraventa; en cuanto al archivo de los documentos agrega que, es inconveniente archivar documentos referidos en títulos cuyo acceso al Registro Conservatorio ha sido denegado, porque se prestaría a confusión al estar incorporados al Registro.

QUINTO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que la acción en estudio constituye un arbitrio constitucional destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos. Que en el presente caso, entre otras, la garantía que se dice conculcada es aquella que ampara la libertad para adquirir toda clase de bienes, el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 23 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto se afirma que los recurridos al negar la inscripción de los instrumentos requeridos han afectado éstos y otros derechos.

SEXTO: Que, teniendo en consideración lo antes razonado procede analizar si de los antecedentes reunidos en estos autos es posible tener por establecido que se ha configurado un acto u omisión arbitrario o ilegal, que implique una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio del derecho de los derechos que el actor dice conculcados en especial primeramente el de la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes y de propiedad que tienen los recurrentes respecto de los inmuebles afectados.

SÉPTIMO: Que, del merito de los antecedentes acompañados al recurso se puede tener por acreditado lo siguiente:

1. Que el recurrente nombre reservado, tiene la nuda propiedad, o detenta el 100% en común, con su cónyuge, de las acciones y derechos, según su propia declaración en los documentos consistentes en compraventa, promesa, usufructo y otros respecto de los que se solicita su inscripción.

2. Que, al predio inscrito bajo el N ° 366 del año 1986 afecta un embargo inscrito a fojas 251 N ° 233 del año 1986 a favor del Banco Osorno y La Unión.

3. Que a la negativa a practicar las inscripciones se dio razones por el Conservador y en hoja aparte se le dio recomendaciones para subsanar los motivos que impedían la misma.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes reseñados, se puede concluir como cuestión no controvertida el dominio del actor sobre los predios que pretende transferir, pero respecto de uno de ellos hay un objeto ilícito al tenor de lo prescrito en el artículo 1464 N ° 3 del Código Civil, y como ya se dejó dicho se trata de un bien embargado por decreto judicial, y no ha habido autorización del juez como asimismo el acreedor no ha consentido en la enajenación.

NOVENO: Que, en la especie y como se ha venido analizando en las consideraciones precedentes no existe un derecho indiscutido, ya que si bien es cierto el recurrente ha acreditado ser el dueño, no lo es menos que respecto de uno de los predios que pretende transferir, y que se encuentra en la misma escritura, su enajenación adolecería de objeto ilícito, razón por la que no se podría efectuar, ya que como sabemos nuestro sistema registral de bienes raíces constituye garantía, requisito y prueba de la posesión de los inmuebles, de modo que el legislador ha establecido una serie de normas para proteger al poseedor, entre los que se encuentra la inscripción del título de dominio y otros derechos reales en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, y en relación con los deslindes señalados en el título que se pretende inscribir, no es esta la sede para solicitar la modificación de los linderos, por el contrario si el funcionario recurrido hubiere modificado éstos unilateralmente, se habría expuesto a la interposición de un recurso de la naturaleza que en este momento nos ocupa.

UNDÉCIMO: Que, como se ha venido señalando, es asimismo requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, contrario a la ley, como antes se refirió, o producto del mero capricho de quien incurre en él.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas, ha de entenderse, entonces, a la luz de las reflexiones precedentes, que la negativa que se viene reprochando no es contraria a derecho y no perturba las garantías constitucionales que se dicen conculcadas, atendido que el funcionario recurrido actuó dentro del marco de sus atribuciones y conforme a las normas legales que rigen sobre la materia objeto de la presente cautela.

DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con los otros derechos que se dicen conculcados, igualdad ante la ley, debido proceso y la seguridad de que los preceptos legales no podrán afectar los derechos en su esencia, sobre la base de lo razonado, puede concluirse, sin necesidad de analizar las garantías constitucionales que se dicen conculcadas, que asimismo a su respecto, en estos antecedentes no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la acción de cautela a este respecto intentada.

DÉCIMOCUARTO: Que, acorde con lo expuesto, el recurso no puede prosperar, y así se declarará en lo resolutivo de esta sentencia.

DÉCIMOQUINTO: Que, en cuanto a la denuncia de ilícitos penales que el recurrente hace en el primer otrosí de su libelo, se hace presente que esta no es la sede que corresponda para hacer esas denuncias, desde el momento que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido dentro de los órganos del Estado, un organismo encargado de tales asuntos.

DÉCIMOSEXTO: Que, en cuanto a la devolución de los honorarios que dice habría percibido el funcionario actuante, deberá estarse a lo que este mismo señala en su informe, esto es, concurrir a su oficio con la boleta a fin de obtener su devolución.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la excma. Corte Suprema sobre Tramitación del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se desecha el recurso deducido en lo principal de la presentación de fojas 1.

Todo lo cual es sin perjuicio de lo que en su caso, pudiera decidirse acerca de la cuestión planteada por los tribunales que corresponda.

Pasen estos antecedentes al Pleno de esta Corte de Apelaciones, para los fines a que haya lugar.

Notifíquese y Regístrese Redactó la Ministra doña Teresa Inés Mora Torres Pronunciada por la Ministra doña Teresa Mora Torres, el Ministro don Jorge Ebensperger Brito y el Abogado Integrante don Emilio Pérez Hitschfeld.

Rol N ° 250-2011