Protección contra Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

Puerto Montt, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, por sí, con domicilio en domicilio reservado, quién deduce acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, por los hechos que expone en su acción.

Sostiene que, en mérito de contrato de trabajo que adjunta a su presentación, ingresó a prestar servicios como asistente de educación en el jardín infantil y sala cuna Aitué, en el mes de diciembre de 2017, pasando a prestar servicios como asistente de la educación, de manera posterior, en escuela rural Lagunitas, donde se desempeña a la actualidad.

Que dicha prestación de servicios se formalizó a través de un contrato de trabajo regulado por la ley 21.109 y supletoriamente por el Código del Trabajo, desempeñando de manera diligente sus funciones, sin mantener sumario o proceso alguno en su contra.

Sin embargo, con fecha 26 de enero de 2023, la Contraloría Regional de Los Lagos emite un pronunciamiento mediante el Oficio E 303859/2023, en donde se analizan supuestas infracciones al principio de probidad de diversos funcionarios municipales, destacándose entre ellos a la nombre reservado, hermana de la actora. En el citado oficio, se advierte que existiría un vicio en la celebración de su contrato de trabajo por infracción del artículo 564 letra b) de la ley 18.575, según el cual no pueden ingresar a la Administración del Estado las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes en tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado hasta el nivel de jefe de departamento, ordenando en definitiva que sea cesada en su cargo, debiendo informar en un plazo de 60 días de aquello.

Que dicha situación constituye una amenaza concreta y grave a los derechos de la recurrente, dado que sin advertencia previa y sin solicitud de informe alguno, el proceso llevado a cabo por la Contraloría ordena lo señalado de manera previa.

Indica que las causales de término de la citada relación contractual, regulada en el artículo 33 de la ley 21.109, no dan cuenta del razonamiento efectuado por la Contraloría Regional de Los Lagos.

Alega como garantías vulneradas las del artículo 19 N°16 y 24 de la Constitución Política, solicitando en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene la adopción de todo tipo de medida que impida la cesación de su contrato de trabajo señalado.

A folio 4, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 6, consta informe evacuado por Egidio Cáceres Langenbach, por la recurrida, quién señala que la I., Municipalidad de Puerto Montt celebró un contrato de trabajo con la recurrente para prestar servicios en calidad de asistente de educación en el Jardín Infantil y sala cuna Aitue. La vigencia de dicho contrato se extendió desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 29 de junio de 2018.

Posteriormente, con fecha 18 de julio de 2018, el municipio celebró un nuevo contrato de trabajo con la recurrente para que prestara servicios en calidad de paradocente en la Escuela Melipulli, contrato que se mantiene vigente, habiéndose transformado en un vínculo indefinido.

En mérito de lo anterior y sin perjuicio de las estipulaciones contractuales, la recurrente de autos quedó sujeta a las normas de la Ley N°21.109 que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública y, supletoriamente, las normas del Código del Trabajo.

Luego, y en mérito de una denuncia formulada ante la Contraloría Regional de Los Lagos, se solicitaron los antecedentes de las contrataciones indicadas, instancia en virtud de la cual, el ente contralor, resolvió que la recurrente estaba afectada por la causal de inhabilidad prevista en el artículo 54 letra b) de la Ley 18.575, norma que prohíbe ingresar a la administración del Estado a aquellas personas que mantiene un vínculo de parentesco en calidad de cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con las autoridades y funcionarios directivos del organismo de la administración del Estado, lo anterior, por ser la recurrente hermana de la nombre reservado, quien quedaría comprendida dentro del concepto de “autoridad” contenido en la norma recién citada.

En estas condiciones, mediante Ordinario E303859/2023 de fecha 26 de enero de 2023, la Contraloría ordenó a la municipalidad que cese en el cargo a la recurrente de autos, despido que a la fecha de este informe no se ha hecho efectivo, pero que deberá materializarse a más tardar durante el mes de marzo del año 2023, debido al carácter vinculante y obligatorio de los dictámenes emanados de dicho órgano de control para los servicios sometidos a su fiscalización, en conformidad con los artículos 6º, 7º y 98 de la Constitución Política, 2º de la ley Nº 18.575, y 1º, 5º, 6º, 9º, 16 y 19 de la ley Nº10.336.

En conclusión, y conforme los antecedentes expuestos, no es posible reprochar al municipio una conducta arbitraria o ilegal, toda vez que la decisión de poner término al contrato de la recurrente ha sido instruida por la Contraloría Regional de Los Lagos, sin que esta entidad edilicia este facultada para omitir su cumplimiento, solicitando en definitiva el rechazo de la presente acción.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la resolución dictada por la Contraloría Regional de Los Lagos, de fecha 26 de enero de 2023, que ordena la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt cesar en el cargo que mantiene la recurrente, cuestión que si bien no ha operado a la fecha de interposición del recurso, su ocurrencia es inminente, poniendo en riesgo las garantías constitucionales invocadas a dicho efecto.

Cuarto: Por su parte, el órgano recurrido refiere que lo ordenado por la Contraloría Regional de Los Lagos es un mandato que no admite posibilidad de ser cuestionada por su parte, y que si bien la desvinculación no ha tenido oportunidad al momento de ser evacuado el informe, aquella situación ocurriría durante el mes de marzo de este año.

Quinto: De los antecedentes aportados por las partes, es posible establecer que la recurrente mantiene un vínculo contractual con la Municipalidad de Puerto Montt en los términos que han sido referidos en lo expositivo de este fallo, situación que necesariamente cambiará de estatus en virtud de lo ordenado por la Contraloría Regional de Los Lagos, la que mediante Ordinario E303859/2023, de fecha 26 de enero de 2023, ordenó al municipio el cese de las actividades de la actora por infracción a lo dispuesto en el artículo 54 letra b) de la Ley 18.575, antecedente que fue aportado a estos autos por dicha parte.

Sexto: Así las cosas, estos sentenciadores no advierten la comisión de algún actuar ilegal o arbitrario por parte del municipio recurrido, toda vez aquella parte no es el órgano de la administración que ha dictado la orden de cese de la vinculación de la actora con la Municipalidad de Puerto Montt, advirtiéndose por tanto una falta de legitimación pasiva a su respecto, a quién solo le corresponde dar aplicación a lo resuelto por el órgano contralor en la resolución citada previamente.

Luego, y si bien no existe constancia en esta causa que dé cuenta de la ocurrencia de lo anterior, tampoco es posible analizar, en estos autos, el mérito de la decisión que afecta a la recurrente en los términos planteados por aquella, toda vez que su acción se dirige contra el órgano municipal encargado solo de dar ejecución a la misma y no contra el organismo público que emitió el citado pronunciamiento, razón por la cual se desestimará esta acción en los términos a indicarse en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción interpuesta por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

Redacción a cargo del abogado integrante Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°249-2023.