SINDICATO N° 1 CALEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE QUEJON

Puerto Montt, trece de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 2 comparece doña nombre reservado, profesora, quien actuando personalmente y en representación del SINDICATO N° 1 DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS, ambos domiciliados en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Inspectora Provincial del Trabajo de Chiloé, doña nombre reservado, a quien atribuye como acto ilegal y arbitrario el Ordinario 618 de 21 de agosto de 2016, comunicado a su parte el 22 de septiembre siguiente, solicitando a esta Corte adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección.

Explicita que el 24 de agosto pasado, el sindicato que representa e integra, presentó dentro del proceso de negociación colectiva, su proyecto de contrato colectivo, correctamente recibido por su empleadora y por la Inspección del Trabajo, al cual la empresa dio respuesta el día 15 de septiembre siguiente, sin perjuicio de lo cual en el contexto de esta negociación, ya habían arribado las partes a un pre acuerdo en el cual la empleadora accedía al 50% de la propuesta.

Sostiene que en este estadio de las cosas, interviene la contraria, notificándole la resolución impugnada, cual estima echa por tierra lo avanzado, expresando lo que sería a su juicio la correcta interpretación de la norma contenida en el artículo 320 del Código del Trabajo, transformando el plazo de 15 días conferido al empleador para responder, en uno de 35.

Precisa que en la especie, se ha infringido en primer lugar el artículo 420 del Código del Trabajo, al establecer la interpretación de los artículos 318 y siguientes del Código del Trabajo, fijando plazos y el vencimiento de los mismos. Ello porque el ordinario parte señalando que de acuerdo a los artículos 318 y 320 del Código del Trabajo, el empleador deberá comunicar dentro del plazo de 5 días de presentado el proyecto, dicha circunstancia a los demás trabajadores, añadiendo en el párrafo 3° lo siguiente: “La ausencia de dicha comunicación o la inoportunidad de la misma, importan una infracción susceptible de ser sancionada administrativamente, e implica que los demás trabajadores de la empresa donde se negocia por primera vez, mantienen su derecho a presentar sus proyectos cuando lo estimen conveniente”. Señala que el ord. Agrega: “teniendo en consideración los antecedentes que obran en los registros de esta oficina, al aplicar las normas comentadas a vuestro proceso de negociación, tenemos que la presentación del proyecto fue el 24 de agosto de 2016. Tal como lo dispone el artículo 318, la empresa disponía de 5 días para comunicar tal circunstancia a los restantes trabajadores, plazo que se cumple el 28 de agosto de 2016”.

Sostiene que hasta allí todo va bien pero luego señala lo siguiente: “Por lo anterior, desde el 30 de agosto de 2016, se abre el período de 30 días para que el resto de los trabajadores pueda negociar, ya sea presentando sus propios proyectos o adhiriendo al presentado por la comisión negociadora del sindicato. Dicho plazo vence el día 29 de septiembre de 2016, fecha desde la cual el empleador dispone de los 15 días a que hace referencia el artículo 329 del Código del Trabajo, para entregar su respuesta a la comisión negociadora”.

Refiere que, en consecuencia, a pesar de que en el párrafo 3° se establece la correcta doctrina del código, en cuanto a que la no comunicación a los demás trabajadores deja abierta la posibilidad de presentar sus proyectos en la oportunidad que estimen, aún cuando en este caso el empleador jamás comunicó nada a los trabajadores, la inspectora de pleno derecho abre un nuevo período de 30 días, alterando así los plazos legales establecidos y la negociación completa.

Refiere que le llama la atención que no obstante no haberse efectuado la comunicación, no se curse multa al empleador, pero peor aún, cuando ésta es informada por la sostenedora del colegio o empresa que contestaron extemporáneamente el proyecto, de pleno derecho les fabrica un nuevo plazo e informa a los dirigentes del sindicato que todo lo obrado con anterioridad no tiene validez, debiendo regirse por el documento cuya legalidad cuestiona por esta vía.

Añade también que el párrafo final de este mismo documento señala: “en este orden de cosas, las demás obligaciones y derechos derivados del proceso de negociación colectiva, deberían ejercerse teniendo en consideración lo anterior, ya que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 369, inciso 1° del Código del Trabajo, el plazo de duración de vuestra negociación, por ser la primera, es de 45 días corridos contados desde el 28 de septiembre de 2016”.

Refiere, que no obstante que, el plazo de 45 días establecido en el artículo 369, corre desde la presentación del proyecto, y segundo, se aplica necesariamente en el caso que exista contrato anterior que prorrogar, cual no es el caso. Refiere que el supuesto que establece la norma es permitir que agotado el plazo “total” de la negociación, es decir, los 45 días, desde la presentación del proyecto, las partes no se queden sin contrato y puedan seguir negociando.

Concluye a partir de lo anterior, que con este actuar, la recurrida ha invadido flagrantemente el ámbito privado de conocimiento de los tribunales especializados, dado que para arribar a las conclusiones señaladas, debió necesariamente entrar a calificar e interpretar las normas laborales aplicables a la materia.

En razón de lo anterior, estima que la recurrida se ha constituido en una comisión especial, pues no existiendo incluso solicitud, se sale de sus roles y de oficio, se entromete en una actividad que el Estado entregó de manera privativa a las partes.

Consigna enseguida, que las normas que regulan la negociación colectiva se encuentran contenidas en los artículos 318 y siguientes del Código del Trabajo, señalando que tratándose de la primera negociación, no existe plazo para presentar el proyecto, pero que presentado, el empleador tiene 15 días para contestar, a menos que dentro de los 5 primeros informe al resto de los trabajadores dicha circunstancia, caso en el que se abre un nuevo plazo de 30 días para que estos demás trabajadores adhieran o presenten nuevos proyectos, y en el caso que el empleador no haga esta comunicación, estos trabajadores mantienen sus derechos a presentar proyectos de contratos colectivos en cualquier tiempo. Estima que con la interpretación efectuada por la contraria, los trabajadores ahora se encuentran obligados a negociar, pues la recurrida abrió el período para presentar nuevos proyectos o adherir al existente.

Estimando que en este caso se ha violado la garantía consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso 4° (sic) de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, considera que se ha transgredido el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así como los artículos 60 y 70 de la Carta Fundamental.

Invocando también el amago de las garantías establecidas en los numerales 16, 19 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicita se acoja el recurso dejando sin efecto el acto impugnado, debiendo abstenerse la recurrida de toda actividad que implique vulneración de derechos a su parte.

A fojas 14 se declara admisible el recurso.

A fojas 33 informa doña nombre reservado, abogada de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, alegando en primer término su improcedencia, precisando al efecto que el Ordinario impugnado, N° 618 de 21 de septiembre del presente año, suscrito por la Inspectora Provincial del Trabajo de Chiloé-Castro, en el ejercicio de sus funciones, por el cual únicamente informa y comunica a los interesados, la incidencia en el proceso de negociación colectiva, de lo dispuesto en el artículo 320 del Código del Trabajo, nada resuelve ni sanciona.

Sostiene que para entender el contexto en que se emite, debe considerarse que la Dirección del Trabajo, de acuerdo a las facultades dispuestas en el DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y a objeto de resguardar la legalidad de los procesos de negociación colectiva, y de prever las consecuencias negativas de la no aplicación de lo dispuesto en los artículos 318, 319 y 320 del Código del Trabajo, ha considerado pertinente instruir a las Inspecciones del Trabajo, a que en aquellas empresas donde no existe instrumento colectivo vigente, la Inspección del Trabajo correspondiente remita un oficio informativo a las partes, dando a conocer los eventuales plazos que se debieran aplicar y su incidencia en la negociación colectiva, en consecuencia, el citado Oficio se enmarca en el rol de la Dirección del Trabajo en la promoción del ejercicio pleno de la libertad sindical, su defensa y en la asistencia técnica de los actores laborales a fin de que éstos puedan ejercer de mejor manera sus derechos colectivos.

Manifiesta que en las condiciones expuestas, no se advierte como el Ordinario objeto de esta acción podría alguna de las garantías invocadas por la recurrente, sin perjuicio de añadir que el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de un acto administrativo, como sucede en el caso de autos, debiendo considerarse para ello lo dispuesto en los artículos 391 y 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación al artículo 504 del mismo.

Cita al efecto, sentencias de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Valdivia.

En segundo lugar, la recurrida expresa que no concurren en la especie, los presupuestos para la interposición del recurso de protección, al no existir en primer término, acto ilegal ni arbitrario.

Sobre este acápite, precisa los antecedentes que motivan la dictación del Oficio n° 618, sosteniendo que el 24 de agosto del presente año. Comisión Negociadora de Empresa N° 1 Colegio San Francisco de Asís, R.S.U. 10050355, presentó a la Empresa Fundación Educacional Colegio San Francisco de Asís, un proyecto de Contrato Colectivo, depositado en la Inspección del Trabajo de Castro el 25 de agosto siguiente, al cual la empleadora dio respuesta el 15 de septiembre, misma fecha en que deposita dicha respuesta en la Inspección del Trabajo.

Consigna que el día 21 de septiembre, advirtiéndose que en la empresa no existe instrumento colectivo vigente, suscrito de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 314 o 315 del Código del Trabajo, la Inspección emite el Ordinario n° 618, informando a las partes acerca de la incidencia de la modificación introducida al artículo 320 del Código del Trabajo, en el proceso de negociación colectiva, notificado personalmente con igual fecha.

Refiere que del texto del recurso, aparece que su fundamento radica en una supuesta errada interpretación en el Ordinario impugnado, a los artículos 318 y siguientes del Código del Trabajo por parte de la Inspectora Provincial del Trabajo de Castro, lo que a juicio del actor, constituiría una infracción al artículo 420 del Código del Trabajo en cuanto debió “entrar a calificar e interpretar las normas laborales aplicables a la materia”, afirmaciones que según la recurrida, carecen de fundamento, teniendo presente que se trata de un oficio informativo en los términos ya referidos previamente, que debe entenderse se ha emitido en su rol de promoción del ejercicio pleno de la libertad sindical, su defensa y en la asistencia técnica a los actores laborales a fin de que puedan ejercer de mejor manera sus derechos colectivos, estimando que su contenido, a su vez, se ajusta claramente a la normativa laboral, transcribiendo al efecto lo dispuesto en el artículo 320 del Código del Trabajo, según el cual infiere que en aquellas empresas en donde no existe contrato colectivo vigente, se impone al empleador la obligación de comunicar a todos los demás trabajadores de la empresa que ha recibido un proyecto de contrato colectivo, agregando que los trabajadores disponen de 30 días contados desde la comunicación, para presentar proyectos o adherir al presentado. Señala que la norma señala también que los proyectos deben entenderse presentados el último día del plazo señalado anteriormente, para los efectos del cálculo de los demás plazos que establece el Código del Trabajo, y especialmente para el cómputo de aquel fijado al empleador para dar respuesta al o los proyectos presentados.

Puntualiza que el legislador ha entregado al resto de los trabajadores de la empresa un plazo de 30 días, contados desde la comunicación efectuada por el empleador, para presentar nuevos proyectos de contrato colectivo o adherir al presentado, agregando que si se considera que la disposición legal indicada consignó expresamente que la oportunidad indicada precedentemente “se entenderá como fecha de presentación de todos los proyectos” sin hacer excepción o distinguir respecto del proyecto que originara la comunicación del empleador, forzoso resulta concluir que éste debe entenderse presentado conjuntamente con los demás proyectos, y por lo tanto, el plazo que tiene el empleador para darle respuesta se cuenta también desde el último día del término señalado en el inciso segundo del artículo 320 del Código del Trabajo.

Señala también que el contenido del Ordinario tiene como sustento la interpretación contenida en los Dictámenes 1672, 1216 y 2452, todos de la Dirección del Trabajo.

En ese orden, controvierte que la información contenida en el Ordinario implique una infracción del artículo 420 del Código del Trabajo, o al artículo 2 de la Ley 18.575, pues sólo ha buscado velar por la legalidad de la negociación colectiva, considerando que en este caso, presentado el proyecto de contrato colectivo el 24 de agosto, como lo estatuye el artículo 318 del Código del Trabajo, la empresa disponía de 5 días para comunicar dicha circunstancia a los restantes trabajadores, lapso que se cumplió el día 29 siguiente, de modo tal que desde el 30 de agosto se abrió el plazo de 30 días para que el resto de los trabajadores presentaran sus proyectos o adhirieran al presentado, término que vencía el 28 de septiembre siguiente, y es a contar de esa fecha que el empleador disponía de los 15 días a que hace referencia el artículo 329 del Código del Trabajo, para entregar su respuesta.

En cuanto el recurso se fundamenta en que a su parte le estaría vedada la interpretación de la legislación laboral, consigna que como se ha demostrado, el contenido informativo del acto impugnado encuentra correlato en una serie de Dictámenes que interpretan la normativa laboral, descartándose con ello la ilegalidad o arbitrariedad denunciada.

Señala asimismo que en el caso de autos, no existe resolución ni sanción en contra del recurrente impuesta por el Servicio, sólo se ha emitido un oficio informativo, cuya fuerza interpretativa es indirecta respecto de los particulares fiscalizados. Nuevamente se cita jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Finalmente, afirma que la actuación recurrida se enmarca dentro de los principios que rigen el derecho del trabajo, dentro de los cuales destaca la función social que cumple el trabajo, controvirtiendo por último, el amago de las garantías constitucionales invocadas.

Encontrándose en estado de ver, a fojas 43 se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero.- Que el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza esencialmente cautelar, pues tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías.

Segundo.- Que, en consecuencia, removido el hecho u omisión que quebrantaría el imperio del derecho, como ha sucedido en la especie, aquél pierde su objeto, cual es precisa y exclusivamente adoptar las medidas tendientes a su restablecimiento, todo lo cual obliga a desestimar el que se ha deducido en estos autos.

Tercero.- Que, en efecto, conforme lo expuesto en el libelo del recurso, habiéndose impugnado el Ordinario N° 618 emitido por doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Chiloé, estimando que al establecer la recurrida la interpretación de los artículos 318 y siguientes del Código del Trabajo, fijando plazos y el vencimiento de los mismos, se ha constituido en una comisión especial, pues no existiendo incluso solicitud, se sale de sus roles y de oficio, se entromete en una actividad que el Estado entregó de manera privativa a las partes, ha quedado acreditado que el proceso de negociación colectiva en cuyo contexto fue pronunciado dicho acto administrativo ha concluido con la celebración de contrato colectivo entre la actora y su empleadora Fundación Educacional San Francisco de Asís, el pasado 30 de noviembre, por lo tanto no existe medida que esta Corte pueda adoptar en resguardo de los derechos que la recurrente estimó vulnerados, debiendo rechazarse el arbitrio intentado.

Cuarto.- Que, sin perjuicio de lo anterior, concurre también a esta decisión de rechazo del recurso, la circunstancia de haberse emitido por la recurrida únicamente un oficio informativo cuyo objeto no fue otro que dar a conocer a las partes los eventuales plazos a aplicar y su incidencia en la negociación colectiva, no pudiendo en consecuencia dicha actuación lesionar algunas de las garantías invocadas por la actora.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto a fojas 2 por doña nombre reservado, en representación del SINDICATO N° 1 DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS, en contra de la Inspectora Provincial del Trabajo de Chiloé, doña nombre reservado. No se condena en costas a la parte recurrente, por estimar que tuvo motivo plausible para recurrir.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante don Mauricio Cárdenas García.

Rol N° 2475-2016