Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

nombre reservado, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, compareció nombre reservadoörner Lindh, cédula de identidad NºRUT reservado, en representación de COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SAC SPA, ambos con domicilio domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS, por los hechos que expone en su presentación:

La Comercializadora e Importadora SAC SPA, representada por nombre reservadoörner Lindh, alega varias infracciones por parte de la Municipalidad de Puerto Varas en relación a la no renovación de la patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas para el local ubicado en Andrés Bello 391, de dicha comuna.

La parte recurrente expone que el Decreto Exento N°711 de fecha 5 de febrero de 2024, que informa sobre la no renovación de la patente, es contrario a derecho y vulnera el derecho constitucional a un justo y debido proceso, así como el derecho al libre ejercicio de la actividad económica.

La parte recurrente argumenta que, a pesar de haber solicitado la renovación de la patente en noviembre de 2023 y presentar pruebas del funcionamiento del local, la Municipalidad decidió no renovarla basándose en una fiscalización deficiente y tendenciosa realizada desde el exterior del local. Además, se omite el acuerdo del Concejo Municipal y la consulta a la Junta de Vecinos, ambos requisitos legales esenciales para la toma de tal decisión según lo estipulado en el artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se alega que la inspección visual no es suficiente para determinar la no operatividad del local y que la actividad económica continúa de manera online. Asimismo, se señala que la decisión de no renovar la patente se tomó sin agotar previamente otras sanciones menos gravosas previstas en la Ley de Alcoholes, como multas o suspensiones temporales.

La parte recurrente sostiene que la decisión municipal constituye una vulneración del derecho de propiedad y del derecho a desarrollar actividades económicas, consagrados en los números 21, 22, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En virtud de lo expuesto, solicita que se declare procedente el recurso de protección y se ordene a la Municipalidad de Puerto Varas renovar la patente en cuestión, restaurando así el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de su representada.

A folio 6 se tiene por interpuesto el recurso de protección y se pidió informe a la recurrida.

A folio 18 consta informe evacuado por la Municipalidad de Puerto Varas, representada por el abogado José Tomás de la Cerda Lavín, justificando el rechazo del recurso. La recurrida sostiene que el Decreto Exento N°711 de fecha 5 de febrero de 2024, que ordena la no renovación de la patente de alcoholes del recurrente, se fundamenta en la pérdida sobreviniente de los requisitos habilitantes para su otorgamiento, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.695, la Ley de Rentas Municipales y la Ley N°19.925.

En primer lugar, la Municipalidad argumenta que la fiscalización realizada por el Departamento de Rentas y Patentes constató el cese efectivo de la actividad de venta de alcoholes en el inmueble asociado a la patente, verificando que el local se encontraba cerrado al público y en proceso de refacción para un uso diferente, específicamente una farmacia. Este hecho, junto con la solicitud de transferencia y traslado de la patente a un nuevo titular y domicilio, acredita la pérdida de los requisitos para la renovación de la patente.

Además, la Municipalidad sostiene que la decisión de no renovar la patente no constituye una sanción, sino una medida administrativa basada en el incumplimiento de los requisitos legales. La normativa exige que las patentes de alcoholes cumplan permanentemente con los requisitos establecidos, y la falta de ejercicio efectivo de la actividad autorizada justifica su no renovación. Asimismo, se enfatiza que el proceso de renovación no requiere acuerdo del Concejo Municipal cuando se verifica que no se cumplen los requisitos, evitando así la discrecionalidad y arbitrariedad en la toma de decisiones.

Finalmente, la Municipalidad refuta las alegaciones de vulneración de garantías constitucionales, señalando que el recurrente no ha demostrado la concurrencia de los requisitos para la renovación de la patente, y que la actuación municipal se ajusta a derecho y a los principios de legalidad y transparencia. Por estas razones, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto por el recurrente.

A folio 25 se agrega extraordinariamente en Tabla.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: La parte recurrente ha interpuesto un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Puerto Varas, alegando que el Decreto Exento N°711, de fecha 5 de febrero de 2024, que dispone la no renovación de la patente de alcoholes para el local ubicado en Andrés Bello 391 de dicha comuna, es arbitrario e ilegal, y vulnera diversas garantías constitucionales de su representada.

La parte recurrente sostiene que la decisión de no renovar la patente se fundamenta en un informe de fiscalización visual realizado el 19 de diciembre de 2023, por el Inspector de Rentas y Patentes, don nombre reservado, el cual concluye, sin ingreso al local, que no se está ejerciendo la actividad de venta de alcoholes. Afirma que esta inspección es insuficiente y tendenciosa, pues se demostró mediante fotografías y formularios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que la actividad de venta de alcoholes continúa realizándose de manera online, aunque el local esté cerrado para la atención presencial.

Adicionalmente, se alega que el decreto recurrido no cuenta con el acuerdo del Concejo Municipal ni con la consulta previa a la Junta de Vecinos, requisitos exigidos por el artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para otorgar, renovar, caducar o trasladar patentes de alcoholes. La falta de estos procedimientos constituye, según la recurrente, una infracción a los principios de transparencia y contradictoriedad establecidos en la Ley N°19.880.

Asimismo, la parte recurrente argumenta que la no renovación de la patente implica una grave perturbación del derecho de propiedad y del derecho a desarrollar actividades económicas, consagrados en los números 21, 22, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Señala que el decreto impugnado impide a su representada usar y gozar del derecho a ejercer la actividad económica de expendio de bebidas alcohólicas, afectando así su derecho de propiedad.

Finalmente, se enfatiza que la no renovación de la patente constituye una sanción desproporcionada y que la Ley de Alcoholes prevé diversas sanciones menos gravosas, como multas o suspensiones, que no fueron aplicadas previamente.

En consecuencia, la parte recurrente solicita que se declare procedente el recurso de protección y se ordene a la Municipalidad de Puerto Varas efectuar la renovación de la patente en cuestión.

CUARTO: En su informe, la recurrida solicita el rechazo del recurso de protección argumentando, en primer lugar, que el Decreto Exento N°711, de fecha 5 de febrero de 2024, que dispone la no renovación de la patente de alcoholes para el local ubicado en Andrés Bello 391, se encuentra debidamente fundamentado en la constatación de la pérdida de los requisitos habilitantes para su otorgamiento, conforme lo establece la normativa vigente y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República. La inspección realizada por el Inspector de Rentas y Patentes, don nombre reservado, el 19 de diciembre de 2023, verificó que el local se encontraba cerrado al público y en proceso de refacción para la instalación de una farmacia, lo que evidencia la falta de ejercicio efectivo de la actividad de venta de alcoholes.

La Municipalidad sostiene que la decisión de no renovar la patente no constituye una sanción, sino una medida administrativa basada en el incumplimiento de los requisitos legales. En este sentido, la normativa exige que las patentes de alcoholes cumplan permanentemente con los requisitos establecidos, y la falta de ejercicio efectivo de la actividad autorizada justifica su no renovación. Además, se señala que no es necesario el acuerdo del Concejo Municipal para la no renovación de la patente, ya que dicha decisión no se equipara a la caducidad de la misma, sino a la constatación de un hecho sobreviniente que impide su renovación.

La recurrida refuta las alegaciones de la parte recurrente respecto a la supuesta insuficiencia del informe de fiscalización, destacando que la verificación visual del cierre del local y su adecuación para un uso distinto es suficiente para establecer la falta de cumplimiento de los requisitos habilitantes. Asimismo, señala que la presentación de fotografías y formularios del Servicio de Impuestos Internos no desvirtúa la constatación de la falta de ejercicio efectivo de la actividad, ya que dichos documentos no acreditan la continuidad de la venta de alcoholes en el local.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, la recurrida argumenta que la no renovación de la patente no constituye una privación del derecho de propiedad ni del derecho a desarrollar actividades económicas, ya que el recurrente no ha demostrado el cumplimiento de los requisitos legales para la renovación de la patente. Además, la Municipalidad ha actuado conforme a derecho y en cumplimiento de sus facultades, sin incurrir en discriminación arbitraria ni en vulneración de la libertad para adquirir el dominio de bienes.

En definitiva solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas, por cuanto los actos impugnados no han vulnerado ninguna garantía constitucional, sino que han sido dictados legítimamente ante la constatación de una situación fáctica que justifica la no renovación de la patente de alcoholes.

QUINTO: Que, conforme al artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N°18.695), el otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de patentes de alcoholes requiere el acuerdo del Concejo Municipal, y la falta de este acuerdo convierte el acto administrativo en arbitrario e ilegal.

Dicha disposición es reafirmada por la Ordenanza Municipal sobre Otorgamiento-Renovación y Traslado de Patentes de Alcoholes de la Municipalidad de Puerto Varas, promulgada por Decreto Exento N°1761, que establece explícitamente que cualquier decisión sobre patentes de alcoholes debe contar con el acuerdo previo del Concejo Municipal.

De esta forma cabe entender que la ausencia del acuerdo del Concejo Municipal en estos procedimientos afecta la legalidad del acto administrativo. En otras palabras, la falta de consulta y acuerdo del Concejo Municipal vicia el acto administrativo al no respetar el procedimiento legalmente establecido, constituyendo una infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que la falta del acuerdo del Concejo Municipal previo a la no renovación de una patente de alcoholes constituye una vulneración del debido proceso administrativo. El principio de legalidad, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, exige que todos los actos de la Administración se sometan estrictamente a la normativa vigente.

La citada Ordenanza Municipal de Puerto Varas, en su artículo 13, estipula que el otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de las patentes de alcoholes solo puede ejercerse mediante decreto alcaldicio, previo cumplimiento de los requerimientos legales y de la presente ordenanza, incluyendo el acuerdo del Concejo Municipal. La omisión de este requisito procedimental no solo es un defecto formal, sino que afecta la validez sustancial del acto administrativo, configurando una actuación arbitraria e ilegal.

Esta interpretación es consistente con el principio de juridicidad que rige el actuar de los órganos del Estado, según el cual ninguna autoridad puede arrogarse más atribuciones que las que expresamente le confiere la ley.

SÉPTIMO: Que, la vulneración de derechos constitucionales alegada por la recurrente, específicamente el derecho a la propiedad y el derecho a desarrollar actividades económicas, consagrados en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se ve materializada en la decisión arbitraria de la Municipalidad.

Al impedir la renovación de la patente de alcoholes sin cumplir con los procedimientos establecidos y sin una fundamentación adecuada, se afecta el legítimo ejercicio de estos derechos. La Ordenanza Municipal de Puerto Varas, en su artículo 13, establece la obligatoriedad de presentar todos los antecedentes ante el Concejo Municipal, respecto de las solicitudes de renovación de patentes, y este órgano colegiado debe adoptar acuerdos basados en el cumplimiento pleno de las exigencias legales establecidas.

La no renovación de la patente de manera arbitraria, sin respetar el debido proceso administrativo, constituye una privación del derecho de propiedad y del derecho a desarrollar actividades económicas, lo que justifica la acogida del presente recurso de protección.

En este sentido, cabe recordar que las decisiones administrativas que afectan derechos fundamentales deben estar debidamente fundamentadas y ajustadas a derecho, garantizando el debido proceso y la protección efectiva de los derechos constitucionales de los administrados.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se ACOGE, el recurso de protección deducido por nombre reservadoörner Lindh, en representación de COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SAC SPA, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS, en cuanto se deja sin efecto el Decreto Exento N°711 de fecha 5 de febrero de 2024.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrida.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 241-2024.