Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Puerto Montt, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En folio 1 comparece el abogado don Juan José Navarro Salomón, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula nacional de identidad para extranjeros N° NUM000, domiciliado en domicilio reservado. Deduce recurso de amparo, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en relación con la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 22 de diciembre de 2025, que rechazó su solicitud de residencia temporal, dispuso su abandono del país dentro del plazo de treinta días y estableció una prohibición de ingreso al territorio nacional por cinco años. Estima que dicha resolución vulnera su derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 19 N°7, letras a) y b) de la Constitución Política de la República y cautelado por la acción constitucional de amparo, establecida en el artículo 21 de la misma Carta Fundamental Expone que su representado, debido a la precaria situación que atravesaba en su país de origen, migró a Chile por paso habilitado, el 4 de febrero del año 2019, solicitando luego una visa temporaria, que se le concedió mediante resolución de 14 de julio de 2022. Y que el 12 de febrero del año 2024 solicitó una nueva residencia temporal, dentro de los plazos legales.

Agrega que con fecha 7 de mayo de 2024 se le notificó resolución de “Previo Rechazo” a su solicitud de residencia temporaria, a pesar que había ingresado sus antecedentes penales del país de origen, vigentes y apostillados, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para enviarlos nuevamente, lo que le era imposible de realizar debido a que obtener este documento tarda al menos 2 semanas; y que además la plataforma mediante la cual es posible acceder a ello no estuvo disponible.

Que, no obstante, el 22 de diciembre de 2025 la recurrida dicta la resolución recurrida, por no haber enviado sus antecedentes penales apostillados del país de origen, sin tener en consideración los antecedentes penales que el amparado ingresó en su solicitud inicial, y que es imposible cumplirlo en 10 días.

Sostiene que la resolución recurrida le impide residir y permanecer en territorio nacional, forzándole a hacer abandono del país, cursándose, como consecuencia a su cumplimiento, una prohibición de ingreso a territorio nacional mientras no se revoque o caduque la medida, todo sin que se tuviera en consideración el arraigo familiar, laboral y social del amparado a la hora de rechazar su solicitud de residencia y proceder a dictar la orden de abandono en su contra, ni haber tomado otras medidas que le hayan permitido efectivamente cumplir con lo solicitado, o al menos otorgarle otro permiso de residencia temporal.

Lo anterior hace procedente la presente acción.

Destaca que la Constitución Política de la República consagra en su artículo 19 N°7 el derecho a la libertad personal, que contiene la consagración de la libertad ambulatoria contenida en las letras a) y b) de la norma señalada, por lo que todo individuo tiene derecho a residir y permanecer en territorio de la República, pudiéndose impedir solamente en los casos y formas previstas en la ley.

Agrega que en estos momentos pesa sobre el amparado una causal de rechazo de cualquier visado que solicite, contemplada en el artículo 88 Numeral 2 en remisión a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 32 de la ley 21.325, lo cual se traduce en que, aun cuando pretenda solicitar otro permiso de residencia, sería rechazado.

Afirma que la medida de abandono y la prohibición de ingreso por cinco años resultarían desproporcionadas y por tanto arbitrarias, vulnerando la protección a la familia que reconoce la propia Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por Chile.

Cuestiona también una vulneración al principio de motivación del artículo 11 de la ley 19.880, reiterando que se ha omitido considerar omitir su arraigo laboral, familiar y social en Chile, así como la dificultad de obtener el certificado de antecedentes penales apostillado dentro del plazo que le fue otorgado.

Tras otras citas, invoca que el acto recurrido vulneraría su derecho a la libertad de trabajo y su protección, pues se le privaría de seguir desempeñando su trabajo.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución recurrida y deje sin efectos la Resolución Exenta señalada, ordenando a la autoridad otorgar el permiso de residencia solicitado, otorgarle un nuevo plazo para subsanar o, en su defecto, otorgarle un permiso de residencia acotado, o las medidas que esta corte estime pertinentes.

Acompañó al recurso los siguientes antecedentes: 1.- Resolución Exenta N°NUM001 de Rechazo de visa y orden de abandono. 2.- Cédula de identidad; 3.- nombre reservado. 4.- Prorroga Pasaporte. 5.- Visa Estampada sujeta a contrato de 24-01-2020. 6.- Resolución Exenta N°NUM002 de 20-07-2021 de visa sujeta a contrato. 7.- Solicitud de Regularización en Trámite N°NUM003 de 20-07- 2021. 8.- Resolución Exenta N°NUM004 de Residencia Temporaria de fecha 14- 07-2022. 9.- Estampado Electrónico de Visa Temporaria de 19-07-2022. 10.- Comprobante de envío Solicitud de Residencia Temporal. 11.- Solicitud de 12-02- 2024. 12.- Certificado de Residencia Temporal en Trámite de fecha 12-02-2024. 13.- Notificación de Previo Rechazo, de fecha 07-05-2024. 14.- Comprobante de Visa Sujeta a contrato de 24-01-2020. 15.- Tarjeta Única Migratoria de 04-02- 2019. 16.- Permiso de Trabajo de 10-07-2019. 17.- Comprobante de Solicitud de Residencia de fecha 10-07-2019.

El recurso indicado, que ingresó a esta Corte bajo el rol N°2-2026 de Amparo, fue declarado inadmisible en dicha calidad, por resolución de fecha 6 de enero de 2026, resolución que dispuso continuar su substanciación mediante su reingreso al presente recurso de protección, ordenándose el informe del recurrido En folio 6 comparece la abogada Sra. nombre reservado, del Servicio Nacional de Migraciones, domiciliados en domicilio reservado, quien evacua el informe solicitado y pide el rechazo del recurso por los siguientes fundamentos:

Explica que el recurrente don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, registra ingreso al país con fecha 10 de julio de 2019, por el paso fronterizo Carretera Chacalluta, en calidad de turista; que el 24 de enero de 2020 la Gobernación Provincial de Chiloé, otorga visación de residente sujeta a contrato, por el periodo de 1 año y en condición de titular, que se mantuvo vigente hasta el 24 de enero de 2021; que con fecha 20 de julio de 2021 solicitó la regularización extraordinaria, teniendo un periodo de irregularidad de 177 días; que el 14 de julio de 2022 se le otorgó el beneficio de la residencia extraordinaria, que estuvo vigente hasta el día 19 de julio 2023.

Agrega que con fecha 18 de julio de 2023 el recurrente solicitó el beneficio de la residencia temporal dentro de Chile por subcategoría Motivos Económicos - Desarrollo actividades remuneradas cuenta propia o contrato, mediante solicitud N° de ID NUM005. Y que el 12 de febrero de 2024 la recurrida le notificó que la solicitud era solicitud incompleta o insuficiente, otorgándole plazo para remitir antecedentes y manifestando que el certificado de antecedentes de su país de origen se encontraba sin legalizar o apostillado, debiendo presentar el que cumpla dicho requisito; que el contrato de trabajo carece de información suficiente y legalización notarial, así como de vigencia suficiente para la tramitación del permiso de residencia, y que cumpla con el salario mínimo exigido, debiendo contar además con la titularidad o representación de la persona que lo suscribe.

Añade que al 7 de mayo de 2024 no se habían completado los documentos adicionales, dándosele término, y notificando el precio rechazo, oportunidad en que indicó los antecedentes que faltó incorporar.

Que el 18 de marzo de 2025 se constata el incumplimiento de dicha solicitud, y que el 22 de diciembre de 2025 se notifica el rechazo de la solicitud de residencia temporal, mediante la resolución recurrida.

Sostiene que el acto se encuentra debidamente motivado, pues identifica la solicitud, los requisitos incumplidos, las notificaciones efectuadas, los plazos concedidos y la consecuencia jurídica prevista en la Ley N° 21.325.

Añade que el Servicio actuó dentro de sus competencias legales y que los requisitos exigidos son aplicables de manera general a los solicitantes de residencia temporal.

Invoca los artículos 32, 37, 68, 88, 91, 93, 146 y 157 N° 5 de la Ley N° 21.325; los artículos 42, 86, 88, 93, 94 y 96 del Decreto Supremo N° 296 de 2021; el Decreto Supremo N° 177 de 2022, y las disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.880.

Sostiene que en base a tales disposiciones los motivos para el rechazo de la solicitud de residencia se encuentran ajustados a derecho, cumpliéndose con las respectivas resoluciones y notificaciones previas, otorgando al solicitante la posibilidad de acceder al beneficio de residencia temporal, sin que ésta remita los antecedentes y documentos necesarios para acreditar debidamente el motivo invocado, consistente en razones económicas. Lo anterior, agrega, toda vez que el recurrente no presentó un contrato de trabajo certificado vigente, ni certificado de antecedentes penales, representación de la empresa conforme a lo dispuesto en la Ley N° 21.325 sobre Migración y Extranjería.

Agrega que ante dichos requerimientos el solicitante no realizó gestión alguna destinada a desvirtuar la decisión administrativa adoptada por este Servicio, y que antes de la resolución de “previo rechazo” de 07 de mayo la documentación restante había sido requerida, con fecha 12 de febrero de 2024.

En particular, invoca que la ley N° 21.325 y su Reglamento, aplicable a una postulación para residencia temporal, subcategoría “Personas que desarrollan actividades lícitas remuneradas”, exige como requisitos mínimos de acreditación un contrato de trabajo vigente y que la empresa contratante sea solvente para el pago de las remuneraciones, sin que la persona cumpliera con la exigencia, no existiendo una desproporcionalidad al rechazar.

Concluye que el acto terminal dio cumplimiento al artículo 40 de la Ley N°19.880, que establece como una de las maneras de poner término a un procedimiento administrativo la resolución final, siendo aquella la vía en el caso de marras.

Por último, razona que ante la falta de cumplimiento a los requisitos documentales mínimos, sin haber subsanado las observaciones efectuadas oportunamente por la autoridad ni haber acreditado el pago de la multa derivada de su permanencia irregular en el país, dicho Servicio estaba jurídicamente impedido de acceder a la solicitud de residencia temporal, debiendo rechazarla. Y que la referida notificación no se limitó a requerir exclusivamente el certificado de antecedentes penales, sino que exigía la presentación de un conjunto de documentos indispensables para la evaluación de la solicitud de residencia temporaria por motivos económicos, como aquellos relativos a medios de subsistencia, actividad laboral, y demás antecedentes habilitantes de la categoría solicitada, los cuales fueron íntegramente omitidos por el recurrente. Y que incluso si se aceptara la existencia de dificultades operativas para obtención del certificado de antecedentes penales apostillado, ello no justifica la omisión de los demás antecedentes exigidos, igualmente indispensables para la solicitud; inactividad debidamente acreditada en el expediente administrativo, a través de resoluciones y registros de la plataforma institucional. Por consiguiente, no se trata de una imposibilidad material puntual sino una omisión relevante y sostenida del recurrente en cumplir las exigencias legales y reglamentarias del procedimiento, lo que determinó fundadamente el rechazo de la visa solicitada.

En cuanto a la medida de abandono impuesta, refiere que es sólo consecuencia del rechazo de la solicitud de residencia formulada, resultando imperativa para dicho Servicio, acorde a lo dispuesto por el artículo 91 N°4 de la ley 21.325, sin perjuicio de resultar voluntaria para el afectado.

Por todos esos motivos, solicita el rechazo del recurso.

Acompañó a dicho informe, en lo pertinente: 1.- Notificación de solicitud incompleta o insuficiente, de fecha 12 de febrero de 2024; 2.- Notificación de “Previo Rechazo”, de fecha 7 de mayo de 2024; y 3.- Resolución Exenta N° NUM001, de 22 de diciembre de 2025.

Con lo informado, en folio 7 se dispuso traer estos autos en relación.

CON LO EXPUESTO, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el recurso de protección de derechos constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos expresamente indicados en dicha disposición.

SEGUNDO.- Que el acto impugnado corresponde a la Resolución Exenta N° NUM001, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones con fecha 22 de diciembre de 2025, mediante la cual rechazó la solicitud de residencia temporal presentada por don nombre reservado, disponiendo su abandono del país dentro del plazo de 30 días, y una prohibición de ingreso al territorio nacional por el término de 5 años.

El recurrente sostiene que la ilegalidad o arbitrariedad del acto radicaría, principalmente, en la falta de ponderación de sus antecedentes personales y laborales, en la insuficiencia de la motivación y en la desproporción de las consecuencias decretadas, además de haberse encontrado impedido de obtener, dentro del plazo de 10 días que le fue concedido, el certificado de antecedentes penales, debidamente legalizado o apostillado, desde su país de origen Por su parte, la recurrida explica que la solicitud fue rechazada porque el interesado no acompañó el certificado de antecedentes penales original de su país de origen debidamente apostillado o legalizado, ni subsanó las demás observaciones sobre documentación faltante, entre ellas las relativas al contrato de trabajo, su vigencia y representación legal de quien lo suscribía, pese a haber sido requerido en dos oportunidades para ello. Añade que ante la ausencia de dichos requisitos la ley impide adoptar una medida distinta que el rechazo de la solicitud, que lleva consigo de manera imperativa y consecuencial la orden de abandono y prohibición de reingreso establecidas TERCERO.- Que, de los antecedentes acompañados, aparece que el recurrente fue oportunamente informado de las omisiones advertidas durante la tramitación de su solicitud. En efecto, el fecha 12 de febrero de 2024 se le requirió acompañar el certificado de antecedentes de su país de origen en la forma exigida por la autoridad migratoria, así como completar la documentación relativa al contrato de trabajo, su vigencia y la representación legal de la persona que lo suscribía. Asimismo, el 7 de mayo de 2024 se le comunicó el “Previo Rechazo” de su solicitud, reiterándose las observaciones y otorgándosele un plazo de diez días hábiles para acompañar antecedentes adicionales o formular las alegaciones pertinentes.

Sin embargo, dentro de los plazos otorgados el interesado no dio cumplimiento a dichos requsitos, dejando sin subsanar las observaciones relativas a la documentación laboral requerida.

CUARTO.- Que la resolución recurrida contiene fundamentación, en a que don nombre reservado, de nacional de Venezuela, presentó solicitud de permiso de residencia temporal; que ésta no cumple suficientemente los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal, dado que no adjuntó el certificado de antecedentes original de su país de origen, debidamente apostillado o legalizado por el Consulado chileno en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; que el 12-02-2024, se le solicitó remitir los antecedentes especificados en el punto anterior dentro del plazo de 60 días hábiles; que tras vencer el plazo otorgado para enviar la documentación solicitada, y en atención a los antecedentes analizados por esta autoridad, no cumple los requisitos que lo habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal solicitada, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 88 número 1, de la Ley N° 21.325, procede rechazar su solicitud de residencia. Agrega que mediante notificación electrónica de fecha 07-05-2024 se le comunicó las razones que sirven de fundamento al rechazo de su solicitud de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de la Ley N° 21.325, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por esta autoridad; que habiéndose cumplido tal plazo y analizados los antecedentes acompañados por la persona extranjera en su solicitud de residencia, no fue posible desvirtuar los motivos que sustentan las razones invocadas por esta autoridad, siendo procedente el rechazo de la solicitud de residencia temporal presentada por la persona extranjera.

En consecuencia, la resolución contiene fundamentación concatenada en lo fáctico y jurídico, identificando la solicitud, precisando los requisitos incumplidos, señalando las actuaciones previas efectuadas por la Administración y vinculando tales omisiones con la causal legal de rechazo aplicada. Por lo que no se advierte que el acto impugnado carezca de motivación suficiente, ni que resulte irracional o meramente aparente.

QUINTO.- Que el artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325 contempla como causal de rechazo de las solicitudes de residencia, el incumplimiento de los requisitos establecidos para la respectiva categoría o subcategoría migratoria.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 177 de 2022 exige a los solicitantes mayores de edad la presentación de un certificado de antecedentes penales o documento equivalente, expedido por la autoridad competente del país de origen o de aquellos en que hubieren residido durante el período correspondiente, debidamente apostillado o legalizado cuando proceda.

A su vez, el artículo 91 del mismo cuerpo legal regula las consecuencias del rechazo de una solicitud de residencia y permite al interesado presentar antecedentes respecto de la causal invocada por la autoridad.

Por su parte, el artículo 146 de la Ley N° 21.325 faculta a la autoridad establece el abandono del país en los casos previstos por la ley.

SEXTO.- Que, de acuerdo con lo razonado, la decisión del Servicio Nacional de Migraciones, al rechazar la solicitud de residencia temporal por no haberse dado cumplimiento a los requisitos esenciales para la evaluación de la petición, no resulta ilegal ni arbitraria. Por consiguiente, tampoco se advierte que la autoridad haya actuado fuera del ámbito de sus competencias o en contravención de la normativa migratoria vigente.

El hecho que el recurrente haya acompañado, en esta sede, nuevos antecedentes sobre su situación personal o laboral, tampoco permite tener por satisfechos retroactivamente, hacia la etapa y procedimiento administrativo, los requisitos que debían ser acreditados en forma íntegra y oportuna en aquella oportunidad.

SÉPTIMO.- Que tampoco existen antecedentes que permitan concluir que el Servicio Nacional de Migraciones haya aplicado un criterio diverso, frente a solicitantes que se encontraran en una situación equivalente y que hubieren omitido los mismos antecedentes exigidos al recurrente.

Tampoco puede estimarse vulnerada la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, desde que el recurrente fue informado de las observaciones formuladas por la autoridad, de la documentación que debía acompañar, de los medios para hacerlo y de los plazos disponibles para formular alegaciones o subsanar las deficiencias advertidas.

OCTAVO.- Que la alegación de desproporción tampoco puede prosperar, pues la decisión recurrida no se funda en consideraciones ajenas al procedimiento, sino en el incumplimiento de requisitos documentales exigidos para resolver una solicitud de residencia temporal, tras haberse franqueado al interesado diversas oportunidades sucesivas para complementar la información, advirtiendo expresamente las consecuencias que podían derivarse de la falta de subsanación.

NOVENO.- Que tampoco corresponde, por esta vía cautelar, sustituir el procedimiento administrativo ni ordenar el otorgamiento de un permiso de residencia sobre la base de antecedentes que no fueron completa, oportuna y debidamente incorporados al procedimiento que deriva en el acto impugnado. En efecto, el recurso de protección no constituye una instancia destinada a reemplazar la evaluación técnica y documental encomendada por la ley al Servicio Nacional de Migraciones, ni permite tener por acreditados requisitos no cumplidos durante el procedimiento respectivo.

Que, por lo demás, el recurrente tampoco ha acompañado antecedentes que permitan concluir que, al dictarse la resolución impugnada, había cumplido con la presentación del certificado de antecedentes penales y con la documentación laboral requerida.

En consecuencia, no se advierte que en el actuar de la recurrida existiese alguna ilegalidad o arbitrariedad susceptible de ser enmendada por esta vía cautelar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza en todas sus partes, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Christian Löbel Emhart.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol 24-2026.-