nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUINCHAO PARA LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DEL MENOR

Puerto Montt, tres de junio de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio N° 1, el día 29 de diciembre de 2022, comparece el abogado Oscar Olivares Jatib, actuando en representación de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada (nombre reservado), representada legalmente por doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en favor de (1) nombre reservado, (2) nombre reservado y (3) nombre reservado, del mismo domicilio antes señalado, e interpone acción de protección en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUINCHAO, representada por su Alcalde don RENÉ ALFONSO GARCÉS ÁLVAREZ o quien la reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra del MINISTERIO DE SALUD, representada por la DRA. nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión, que considera ilegal y arbitraria, en que han incurrido de manera permanente respecto del pago de las diferencias de recálculo asociadas al incentivo al retiro voluntario previsto en la ley N° 20.919, que se otorgó a cada recurrente para que cesaran en sus puestos de trabajo, por falta de recursos públicos provenientes del Ministerio de Salud, pero que se hizo evidente el día 07 de diciembre este año 2022, cuando la unidad de personal de la Municipalidad de Quinchao les informó telefónicamente que no podía pagarles, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 2 y 24.

Funda el recurso señalando que todos los recurrentes fueron dependientes de la Corporación Municipal de Quinchao, regidas por el Estatuto Administrativo para funcionarios de la Atención Primaria Ley 19.378, y a la fecha de presentación del recurso su situación es la siguiente:

1. Don nombre reservado, CNI RUT reservado, ingresó a prestar servicios para en la atención primaria de salud municipal el 16 de 09 de 1993. El 2016 postuló al incentivo previsto en la ley N° 20.919. Cesó en su cargo el 31 de 07 de 2018 y accedió al beneficio a través de un cupo otorgado por la Resolución N° 864. El monto por concepto de incentivo percibido fue de $20.512.185 y lo adeudado es de $1.734.544.- 2. Doña nombre reservado, CNI RUT reservado, ingresó a prestar servicios para en la atención primaria de salud municipal el 17 de 10 de 1994. El 2016 postuló al incentivo previsto en la ley N° 20.919. Cesó en su cargo el 31 de 07 de 2018 y accedió al beneficio a través de un cupo otorgado por la Resolución N° 864. El monto por concepto de incentivo percibido fue de $59.426.516 y lo adeudado es de $984.837.- 3. Don nombre reservado, CNI RUT reservado, ingresó a prestar servicios para en la atención primaria de salud municipal el 01 de 05 de 1987. El 2017 postuló al incentivo previsto en la ley N° 20.919. Cesó en su cargo el 31 de 07 de 2019 y accedió al beneficio a través de un cupo otorgado por la Resolución N° 946. El monto por concepto de incentivo percibido fue de $32.735.000 y lo adeudado es de $491.031.- En tal sentido, señala que, según lo ha manifestado el Órgano de Control en el dictamen N° 65.061, de 2013, que si bien se refiere a una situación similar bajo el imperio de la ley N° 20.589, que establecía beneficios de retiro para el personal de atención primaria de salud municipal, por analogía corresponde aplicar idéntico criterio, en cuanto a que el término de la relación laboral del personal que se acoja a los beneficios otorgados en la citada ley N° 20.919, se producirá cuando el municipio entere íntegramente la bonificación contemplada en su artículo 1°, debiendo la correspondiente entidad administradora de salud, solucionar hasta esa fecha el total de las remuneraciones a los servidores respectivos.

De lo expuesto se desprende, que la base de cálculo para el beneficio de incentivo al retiro es el promedio de las remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al recurrente durante los doce meses inmediatamente anteriores a su retiro, actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor, produciéndose diferencias por a favor de cada uno de los recurrentes, que no han sido solucionadas por las entidades recurridas a la fecha del recurso.

Concluye indicando que cada entidad empleadora de salud municipal deberá calcular el referido estipendio, conforme lo indicado precedentemente, y efectuar el pago de la diferencia de los montos que resulten de dicha operación.

Estima pertinente indicar que, si bien el artículo 16, inciso primero, de la ley N° 20.919 prevé que las entidades administradoras pueden solicitar al Ministerio de Salud -por intermedio del servicio de salud respectivo- un anticipo del aporte estatal a fin de proceder al pago del beneficio en comento, ello no implica, que la normativa expuesta exija que los recursos les hayan sido remitidos para que se dé cumplimiento a tal obligación, toda vez que el entero del emolumento analizado no se encuentra condicionado a la observancia de trámite alguno entre los mencionados organismos (aplica dictamen N° 82.513, de 2013). Aunque, advierte que el Órgano de Control no se ha pronunciado específicamente sobre esta materia al tenor de la ley N° 20.919, determinando la procedencia de que un servidor cesado que se acoge a los beneficios contemplados en ese ordenamiento se considere, para efectos del cálculo del promedio de remuneraciones percibidas con anterioridad a su alejamiento del servicio, el cese efectivo de sus funciones y no la mera presentación de la renuncia voluntaria.

Precisa entonces que el cálculo del incentivo al retiro de cada uno de los recurrentes fue realizado sobre la base de los doce meses anteriores al mes en cada uno de ellos cesó en su cargo público. Sin embargo, la desvinculación material se produjo con posterioridad al cálculo del referido bono. Con todo, el cálculo correcto debió considerar los doce meses anteriores al término efectivo de funciones, incluyendo el reajuste del IPC. En este período que media entre el cese jurídico del cargo y la cesación de funciones los demandantes continuaron trabajando, originándose las diferencias ya expuestas. Por tal razón, los recurrentes dejaron en sus finiquitos reserva expresa de derecho por los montos adeudados a su favor.

Luego de explicar la historia de la ley N° 20.919, indica las normas que determinan la procedencia del beneficio a favor del personal de salud municipal, la remuneración que servirá de base de cálculo, los ítems que contempla, y que además el término de la relación laboral se producirá cuando el empleador pague la totalidad del beneficio. Agrega que, según lo ha manifestado la Contraloría General de la República en el dictamen N° 65.061, de 2013, que si bien se refiere a una situación similar bajo el imperio de la ley N° 20.589, por analogía corresponde aplicar idéntico criterio, en cuanto a que el término de la relación laboral del personal que se acoja a los beneficios otorgados en la citada ley N° 20.919, se producirá cuando el municipio entere íntegramente la bonificación contemplada en su artículo 1°, debiendo la correspondiente entidad administradora de salud, solucionar hasta esa fecha el total de las remuneraciones a los servidores respectivos.

De ello, se desprende a su juicio, que la base de cálculo para el beneficio de incentivo al retiro es el promedio de las remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido a aquélla durante los doce meses inmediatamente anteriores a su retiro, actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor, y cada municipalidad deberá calcular el referido estipendio, en conformidad con lo indicado precedentemente, y efectuar el pago de la diferencia de los montos que resulten de dicha operación.

En ese orden de ideas, señala que se efectuaron innumerables presentaciones a la Corporación Municipal de Quinchao y al Ministerio de Salud, solicitando el pago de las diferencias de incentivo al retiro. La última solicitud que se elevó fue el lunes 3 de noviembre de 2022, en que los representantes gremiales plantearon verbalmente la situación a los directores de la Municipalidad, a lo que se dio respuesta el 07 de diciembre de 2022, cuando la unidad de personal de la Corporación Municipalidad Quinchao contactó telefónicamente a cada uno de los recurrentes para informarles que no podían pagarles las diferencias de recálculo asociados al incentivo al retiro voluntario previsto en la ley N° 20.919, por falta de recursos públicos, provenientes del Ministerio de Salud.

De esta manera, considera que las recurridas no han cumplido con lo dispuesto en el final del artículo 1° de la ley N° 20.919 que dispone que “La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación por retiro voluntario será la que resulte del promedio de las remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al personal durante los doce meses inmediatamente anteriores al retiro (efectivo), actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas”. Ello porque se originaron diferencias a favor de los demandantes que no han sido pagadas, teniendo además presente que el artículo 6° de la comentada normativa señala que “El término de la relación laboral se producirá cuando el empleador pague la totalidad del beneficio, de lo que se dejará constancia formal”.

En tal sentido, expresa que la Corporación Municipal de Quinchao nunca ha regularizado el pago correspondiente y tampoco ha acatado lo dispuesto por la Contraloría General de la República, que conociendo de otras situaciones similares ordenó que las entidades empleadoras de salud municipal deben enterar las sumas debidas. En idéntico sentido, el Ministerio de Salud tampoco tomó acciones y omitió pronunciarse sobre esta situación. Así entonces, entiende que, a pesar de la negligencia del Ministerio de Salud, la Corporación Municipal de Quinchao carecía de facultades legales para negarse al pago, pues la Ley 20.919 emplea el vocablo “pago del beneficio”, imponiendo una obligación de hacer que se traduce en entregar la suma de dinero faltante.

Argumenta quescritoentaa omisión ilegal y arbitraria, que ha vulnerado la igualdad ante la ley de los recurrentes, toda vez que el actuar de las recurridas no se ajusta a la racionalidad que debe inspirar el proceder de una autoridad pública, y desatiende la obligación legal de pagar las sumas que pretenden, otorgando un trato desigual a los recurrentes, quienes han sido discriminados, vulnerando además su derecho de propiedad, al privarlo de incentivos económicos que forman parte de su patrimonio.

Finalmente, solicita acoger el recurso y ordenar el pago inmediato, sin más trámite, de las sumas señaladas como diferencias de recálculo asociado al retiro voluntario previsto en la ley N° 20.919, o las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

A folio N° 9, evacua informe el abogado Ignacio Álvarez Vera por la recurrida CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUINCHAO PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que lo señalado por la recurrente no es efectivo, que a los 3 trabajadores se les finiquitó y pagó todo lo que en derecho correspondía, y la base de cálculo se hizo con apego estricto a la ley, de modo que no corresponde ningún pago adicional.

Sostiene asimismo que es improcedente el recurso de protección para cobrar prestaciones laborales, que además ellos no reconocen, por lo cual tampoco existe un derecho indubitado a su favor, debiendo en su caso aplicarse un procedimiento especial contemplado en el Código del Trabajo, donde se acredite la existencia de la prestación a su favor, la cual discute.

Alega asimismo la extemporaneidad del recurso, pues los funcionarios tuvieron conocimiento indubitado de la negativa al pago del bono que se reclama, al momento de la firma de su finiquito, esto es el 1 de Agosto de 2018 para los señores nombre reservado y nombre reservado y 1° de Agosto de 2019 para el señor nombre reservado, según consta en los mismos finiquitos que se acompaña, y el recurso se interpuso con fecha 29 de diciembre de 2022, excediendo con creces el plazo de 30 días corridos para interponer la acción de protección. A lo anterior, agrega que el funcionario Chodín firmó su finiquito sin reservas de ninguna naturaleza, y atendida la naturaleza transaccional de dicho instrumento, nada le adeudan.

Acompaña a su informe, copia de los finiquitos suscritos ante Ministro de Fe por los tres exfuncionarios.

A folio N° 18, evacua informe la abogada Yasmina Viera Bernal, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, argumenta la improcedencia del recurso, por faltar una conducta u omisión ilegal o arbitraria imputable a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En tal sentido, explica detalladamente el régimen de los beneficios contemplados en la ley N° 20.919, en lo relativo a bonificación por retiro voluntario, que es de cargo municipal; incremento a dicha bonificación, que se pagará en la misma oportunidad que la misma; bono adicional, del mismo modo; y bono complementario. Además, destaca que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Nº 20.919, establece que “El pago de la bonificación por retiro voluntario se efectuará por parte de CADA ENTIDAD ADMINISTRADORA, a más tardar en el mes siguiente de la total tramitación del acto administrativo que disponga el cese de funciones. En la misma oportunidad, la entidad administradora de salud municipal deberá pagar los otros beneficios de cargo fiscal contemplados en la ley. El término de la relación laboral se producirá cuando el empleador pague la totalidad del beneficio, de lo que se dejará constancia formal. Con todo, el término de la relación laboral deberá materializarse a más tardar en el plazo de seis meses contado desde el traspaso de los recursos que corresponda por parte del Ministerio de Salud de acuerdo a lo señalado en la ley.”

Seguidamente, señala que el financiamiento de los beneficios, en particular de la bonificación por retiro voluntario, es de cargo municipal, y en conformidad al artículo 16° de la Ley N° 20.919/2016, se permite solicitar un adelanto del aporte estatal que mensualmente cada entidad administradora de salud municipal recibe del Ministerio de Salud a través de los Servicios de Salud. Esto quiere decir en términos sencillos, que es un mecanismo que facultativamente tienen las entidades administradoras de salud municipal para contar con liquidez para pagar la respectiva bonificación de su cargo. Añade que, de acuerdo con la normativa, podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario hasta un total de 7.000 beneficiarios. En efecto, para los años 2016 y 2017, se consideraron 700 cupos para cada año. A su vez, para los años 2018 a 2024 se contemplan 800 cupos para cada uno de ellos. Con todo, los cupos que no hubieren sido utilizados en los años 2016 a 2018, inclusive, incrementarán los cupos del año 2019. A partir de este último año, los cupos que no sean utilizados en cada anualidad incrementarán los cupos del año inmediatamente siguiente.

Luego expone los requisitos necesarios para postular, y el proceso en que la entidad administradora deberá aprobar mediante acto administrativo la nómina de postulantes que cumplen con los requisitos necesarios. Refiere que dichas resoluciones deben ser remitidas al Servicio de Salud, dentro de 05 días desde la total tramitación del acto.

A su vez, los Servicios de Salud deberán remitir a la Subsecretaría de Redes Asistenciales el consolidado de las referidas nóminas dentro de los primeros cinco días hábiles siguiente a la recepción del total de ellas, a efectos que dicha Subsecretaría dicte la resolución de que trata el artículo 3° de la ley. La Subsecretaría de Redes Asistenciales con la información que le sea proporcionada de conformidad a lo señalado, elaborará un listado consolidado de los postulantes a la bonificación por retiro voluntario, y dictará una resolución que será remitida mediante correo electrónico a los directores de Servicios de Salud, a quienes les corresponderá notificar, dentro de los 5 días hábiles siguientes, mediante correo electrónico u otro mecanismo, a las entidades administradoras de salud que se encuentren dentro de su territorio.

Los funcionarios que resultaren beneficiarios de cupos en la bonificación por retiro voluntario (salvo los indicados en el inciso segundo del artículo 2°), deberán informar por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a la unidad que defina el consultorio respectivo, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a la fecha de la resolución a que se refiere el artículo 12 de este reglamento, la fecha en que dejarán definitivamente el cargo y el total de horas que sirvan. Esta fecha deberá hacerse efectiva a más tardar dentro de los noventa días corridos siguientes al vencimiento del plazo para fijar la fecha de renuncia voluntaria definitiva o dentro de los noventa días corridos siguientes al cumplimiento de 65 años de edad, si esta fecha fuere posterior a aquella, mientras que, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para que los beneficiarios de un cupo comuniquen la fecha en que dejarán definitivamente el cargo, las entidades administradoras de salud municipal deberán informar al Director del Servicio de Salud que corresponda, el listado de todos los funcionarios y funcionarias beneficiarias con el detalle de la fecha en que harán efectiva su renuncia.

Luego, la entidad administradora de salud municipal deberá dictar el acto administrativo que corresponda determinando los beneficios de la ley Nº 20.919 a que tiene derecho el funcionario y el monto de los mismos. Esta resolución deberá dictarse luego de la aceptación de la renuncia voluntaria tratándose de los funcionarios señalados en el inciso primero del artículo 2º.

En cuanto al Ministerio de Salud, aduce que le corresponderá pagar la diferencia que se pudo producir en los artículos 7°, 8° y 9°, artículos que son aporte Fiscal, la que, sin perjuicio de ello, debe ser solicitada desde el Director de Servicio para cada uno de los casos en que esto se produjera. Añade, respecto de las diferencias, que estas se pueden producir debida al cálculo en Unidades de Fomento, y por otros errores, siendo la única forma de subsanarlas que los Municipios paguen ambos beneficios, esto es: el Fiscal (artículos 7°, 8° y 9°) y Municipal (artículo 1°), con ingresos propios al momento en que la persona presenta su renuncia, los que recuperan cuando reciben los recursos enviados desde el Ministerio.

Explica que, desde que se efectúa la solicitud de recursos por la entidad administradora para que pague los beneficios de la Ley N° 20.919, se requiere de un convenio entre el municipio y el respectivo Servicio de Salud, y una vez que los convenios arriban al Ministerio de Salud, la función que le cabe a la Subsecretaría de Redes Asistenciales en este proceso es una labor de revisión, la cual consiste en determinar que el beneficiario cumple con los requisitos de la ley para optar a cada uno de los beneficios en cuestión y verificar el correcto cálculo de cada uno de los beneficios a partir de la información entregada por cada uno de los Municipios y visada por los correspondientes Servicios de Salud. Además, de estimar el gasto para cada año ante el Ministerio de Hacienda y llevar a cabo la determinación de los beneficiarios por año, en todos los casos que contempla esta Ley los cupos han sido menores a los cupos requeridos por año. Posteriormente, se dicta una resolución exenta que aprueba los convenios señalados y determina el número de beneficiarios por comuna por cada uno de los beneficios del incentivo al retiro, los montos por recibir por cada tipo de beneficio y el total que cada comuna tendrá, con motivo de los beneficios que contempla la Ley N° 20.919. Dicha resolución exenta es revisada primeramente por la División de Presupuesto del Ministerio de Salud, para finalmente la aprobación del Ministerio de Hacienda, cartera de Estado que da orden de transferencia a la División de Presupuesto y esta a su vez, envía el requerimiento a FONASA.

En consecuencia, explica, para el pago de los citados beneficios corresponden de forma exclusiva a la respectiva entidad administradora de salud municipal, la cual es la Corporación Municipal de La Florida (sic).

Finalmente, concluye señalando en ningún caso se verifica una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que implique un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida que prive, perturbe o amenace los derechos del actor, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 19 N° 24, de la Constitución Política de la República, por lo que no cabe sino indefectiblemente decretar su rechazo.

Acompaña a su informe: 1. Resolución Exenta Nº 1234, de 18 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud, que Aprueba convenio de anticipo aporte estatal para funcionarios de atención primaria de salud celebrados entre los servicios de salud y las municipalidades que indica. 2. Resolución Exenta Nº 626, de 30 de julio de 2019, del Ministerio de Salud, que Aprueba convenios de anticipo aporte estatal para funcionarios de atención primaria de salud, celebrados entre los servicios de salud y las municipalidades que indica. 3. Resolución Exenta Nº 631, de 31 de julio de 2019, del Ministerio de Salud, que Aprueba convenios de anticipo aporte estatal para funcionarios de atención primaria de salud, celebrados entre los servicios de salud y las municipalidades que indica. 4. Resolución Exenta Nº 483, de 13 de agosto de 2020, del Ministerio de Salud, que Aprueba convenios anticipo aporte estatal para funcionarios de atención primaria de salud, celebrados entre los servicios de salud y respectivas municipalidades. 5. Resolución Exenta Nº 500, de 21 de agosto de 2020, del Ministerio de Salud, que Aprueba convenios anticipo de aporte estatal para funcionarios de atención primaria de salud, celebrados entre los servicios de salud y respectivas municipalidades. 6. Resolución Exenta N° 653, de 21 de agosto de 2019, del Ministerio de Salud, que modifica resolución exenta N° 946 de 2018 del Ministerio de Salud.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Y considerando:

PRIMERO: Que del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que los recurrentes atacan como actuación de las recurridas, una omisión, la que consideran ilegal y arbitraria, consistente en el no pago reconocimiento respecto del pago de las diferencias de recálculo asociadas al incentivo al retiro voluntario previsto en la Ley N° 20.919, que se otorgó a cada recurrente, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República les asegura en su artículo 19 N° 2 y 24.

SEGUNDO: Que en primer lugar, cabe señalar que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Asimismo, cabe señalar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

TERCERO: Que en ese mismo orden de ideas, consta del proceso que el acto que se reprocha a los recurridos, se origina en los finiquitos de los actores, a partir de los cuales se reclaman las diferencias por recálculos, lo que se produjo entre los años 2018 y 2019; siendo que, la interposición del presente libelo cautelar es de fecha 29 de diciembre de 2022, de lo que se infiere que claramente se encontraban fuera del plazo de 30 días aplicable al caso, de todo lo cual fluye con toda evidencia que la presente acción cautelar se dedujo extemporáneamente, por lo que esa alegación será acogida.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, y entrando de todas maneras al fondo del asunto, y frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por ambas partes, en imprescindible destacar que la protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de orden civil.

QUINTO: Que, en efecto, en la especie la situación jurídica y de hecho presentadas por el recurrente se dirige claramente a condenar al pago de prestaciones de dinero a la recurrida de autos, a lo que se niega por diversas razones la Corporación Municipal de Quinchao, por lo que una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

SEXTO: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente.

Por estas consideraciones ya tendido lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta N° 94-2015 y en la Ley N° 19.886, se declara:

I.- Que se rechaza la acción impetrada a folio N° 1, por el abogado Oscar Olivares Jatib, en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUINCHAO y el MINISTERIO DE SALUD.

II.- Que, cada parte soportará sus costas.

Redacción a cargo de abogado integrante don Claudio Fernández Melo.

No firma el Ministro don Patricio Rondini Fernández-Dávila, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en la presente causa, por encontrarse con feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 236-2023.-