nombre reservado con SACYR CHILE S.A.

Puerto Montt, veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

Vistos:

Que, con fecha 23 de febrero de 2017 comparece don René Fuchslocher Raddatz, abogado en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de Sacyr Chile S.A., sociedad del giro construcción, representada por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; lo anterior, por estimar que la recurrida ha vulnerado las garantías fundamentales de que es titular, consagradas en el artículo 19 N°1, N°8, N°21 y Nº24, de la Constitución Política de la República, mediante su actuación que estima ilegal y arbitraria, consistente en afectar los terrenos de que es dueña la recurrente, ubicados a un costado de la Carretera Austral, generando en ellos un daño ecológico, social, paisajístico y turístico. Dicha acción ilegal o arbitraria consistiría en tronaduras, escarpes, operación de retroexcavadoras y tráfico de camiones pesados, ocasionando en definitiva deslizamientos de material hacia la ribera del Lago Yelcho, inutilizando ésta para la pesca, la navegación y el turismo en general, dañando bosques nativos y fauna autóctona, sin contar para ello con un plan de manejo y favoreciendo la erosión.

Expone que su representada es propietaria del predio afectado, el que tiene un uso agro-turístico y se ubica a orillas del Lago Yelcho. Dentro del mismo, pasa la Carretera Austral en un tramo, en el que se encuentra realizando trabajo la recurrida, en virtud de la adjudicación de la obra denominada “Terminación mejoramiento Ruta 7, sector Puente Yelcho – Villa Santa Lucía”, no obstante que refiere que a sus antecesores en el dominio nunca se les expropió la franja de terreno por donde pasa el referido camino.

Señala, que el día 2 de febrero de 2017 la recurrente pudo darse cuenta de la magnitud del desastre ocasionado por la recurrida, una vez que retornó al predio, tomando contacto de inmediato con los representantes de la empresa Sacyr Chile S.A.

Agrega que no obstante que a la fecha de la interposición del recurso la recurrida había cesado las faenas en el sector avocándose a trabajar en otros sectores de la obra, nada obsta a que retome las labores en el lugar en cualquier minuto.

Refiere que el material que surgió de las tronaduras hechas en el sector, con el fin de concretar el ensanche de la Carretera Austral, en vez de ser depositados por parte de la recurrida en un sector autorizado para ello, fue empujado hacia el Lago Yelcho a través del predio de la actora, afectando el patrimonio ecológico y turístico del lugar.

Asimismo, ha repercutido en un impacto al medio ambiente y la salud de la población, toda vez que los derrumbes han arrastrado no sólo enromes rocas, sino capas de ceniza volcánica depositada en el terreno a lo largo de muchos años, lo que afecta la calidad del aire y del agua. Añade que existen estudios que demuestran el impacto a la salud que deriva de la exposición a ruidos mayores a 85 (ochenta y cinco) decibeles, lo que en la especie se produce por la contaminación acústica producida por las tronaduras, derrumbes, camiones y retroexcavadoras, los que superan con creces, en su opinión, los 100 (cien) decibeles.

Plantea que la afectación al aire y agua, por los niveles de aluminio y arsénico que contendrían las cenizas removidas, repercute en la irritación de ojos y vías respiratorias de los dependientes de la recurrente e incluso de la recurrida, lo que se suma dolencias estomacales.

Finalmente, el daño producido por el acto reprochado se traduce en la afectación del patrimonio de la actora, por cuanto los derrumbes han arrancado y sepultado especies de bosque nativo como el ciprés de la cordillera, ciprés de la Guaitecas, lenga, arrayanes, canelos, avellanos, tineos, lumas, ulmos y michayes; así como fauna autóctona como monitos del monte, zorros culpeos y güiñas; ocasionando consecuentemente erosión en el terreno, exponiéndolo a nuevos derrumbes.

Respecto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, señala que éste contraviene lo dispuesto en la Ley N°19.300, en especial, lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de dicha norma, al no someter el proyecto al sistema de evaluación ambiental. Plantea que, a su vez, se ha infringido con los actos de la recurrida lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, al talar bosque nativo sin contar para ello con un plan de manejo. En esa misma línea, explica la infracción a la normativa hídrica, en cuanto a lo preceptuado en el artículo 41 del Código de Aguas, que impone la obligación de contar con autorización previa de la Dirección General del Aguas para alterar el régimen de escurrimiento de aguas por obras de construcción. Finalmente, estima que se configura una infracción a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento sobre concesiones marítimas, al usar una zona sujeta a dicha normativa como botadero sin contar con el permiso correspondiente.

Por otra parte, en cuanto a la arbitrariedad, señala que los daños ocasionados resultan desproporcionados, ya que la recurrida es una constructora importante a nivel mundial que cuenta con los medios para evitar la producción de ese tipo de inconvenientes y porque, según refiere, ni siquiera la construcción de la Carretera Austral original generó tantos estragos en el predio de la actora. Cita asimismo jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en el sentido de definir el concepto de arbitrariedad, como se lee en párrafo extractado de sentencia en autos Rol N°2-1998.

En cuanto a la materialización de la vulneración de garantías denunciada, aduce que el artículo 19 N°1 de la Carta Política se ha visto afectado al emitir contaminación que incide en el agua y en el aire, ocasionando repercusión en la salud de los dependientes de la recurrente e inclusive de la recurrida, sin perjuicio de la inquietud y el estrés que deviene de la contaminación acústica.

En relación al artículo 19 N°8 de la Norma Fundamental, refiere la afectación en el medioambiente producto de los derrumbes en la zona costera del Lago Yelcho, la deforestación producida por éstos que incide en las especies de bosque nativo que existen en el lugar y el efecto que ello genera en la fauna que lo habita.

En cuanto al artículo 19 N°21 de la Constitución, expone que la acción denunciada ha afectado el paisaje turístico, lo que constituye la actividad económica de la actora, por lo que se ha visto conculcado su derecho a ejercer libremente una actividad económica lícita.

Y concluye, señalando la afectación al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 del referido cuerpo de normas, la que hace consistir en la pérdida del valor patrimonial del predio, como efecto de las acciones dañosas que latamente ha explicado.

Pide sea acogido el recurso de protección, ordenando a la recurrida someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental previo a la prosecución de las faenas y restablecer el predio de la actora al estado que tenía antes de las mismas; con expresa condenación en costas.

Acompañó a su recurso, fotografías del sector dañado y antecedentes que dan cuenta del dominio que respecto del predio detenta la recurrente.

Asimismo, pidió oficiar al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Corporación Nacional Forestal, a la Dirección General de Aguas, a la Dirección de Territorio Marítimo y a Carabineros de Chile.

Solicitada orden de no innovar en tres ocasiones distintas, ésta fue negada en todas ellas.

Se evacuó informe por parte de la recurrida, instando por el rechazo del recurso, por los argumentos que expone, consistentes, en primer lugar, que las obras que se ejecutan corresponden a una obra pública, licitada por el Ministerio de Obras Públicas y adjudicada a la empresa Sacyr Chile S.A. y que se adecúa por consiguiente a las bases técnicas y administrativas del proyecto; éste se ejecuta en parte de la actual faja fiscal, consistente en predios que la constituían previo al ensanche de la Carretera Austral y en parte por terrenos expropiados para tal fin por el referido Ministerio, de lo que se desprende que se tratan de bienes fiscales o nacionales de uso público y no de terrenos particulares como refiere la recurrente. Lo anterior, según se da cuenta en la Circular aclaratoria N°1, de 23 de agosto de 2010, que acompaña en autos. Ello, se ve refrendado por lo señalado por el mismo Ministerio en la Circular aclaratoria N°1, aprobada por resolución exenta X.D.V.R.N°1927, de 27 de junio de 2014 y que corresponde a la segunda licitación llevada a cabo respecto de las obras, ya que la primera, del año 2010, a la que corresponde la primera circular citada, fue terminada el año 2013 por la quiebra de la adjudicataria original.

En segundo lugar, señala que se ha dado cumplimiento con las obligaciones ambientales que le impone el proyecto, añadiendo que el mismo mandante ha informado que no se emplaza dentro de áreas de protección oficial, no obstante que la recurrida cuenta con un plan de manejo ambiental integral de la obra, el que define la gestión ambiental de la misma, según pautas establecidas por el MOP en los volúmenes 5 y 9 del Manual de Carreteras. Dicho plan de manejo fue presentado al Inspector Fiscal de la Obra y aprobado por éste según da cuenta anotación en el Libro de Obra N°1, folio N°25.

De igual forma, agrega que los botaderos utilizados en el proyecto cuentan con planes de manejo ambiental aprobados por el Inspector Fiscal de la Obra. Asimismo, habría solicitado al Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronunciara acerca de la pertinencia de la reforestación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N°20.283 y que se desarrolla en el plan de manejo de corta y reforestación de bosques nativos para obras civiles, recibiendo como respuesta que la reforestación de la superficie equivalente a la intervenida por la obra en el Parque Nacional Corcovado, no requería someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a la denuncia en lo referido a las tronaduras, señala que ellas se efectuaron con conocimiento del Inspector Fiscal de la obra y previa aprobación de éste, de conformidad a los protocolos informados por él. Añade que estas tronaduras fueron 10 (diez), se llevaron a cabo entre octubre y noviembre de 2015 y que el material resultante de ellas fue llevado a los botaderos autorizados del proyecto.

En relación a los derrumbes de rocas que fueron a dar al Lago Yelcho, señala que éstos se debieron a circunstancias climáticas acaecidas los días 5 de octubre de 2015 y 4 de febrero de 2016, por lo que responden a causas naturales y no al actuar de su parte, según dan cuenta cartas que dirigió al Inspector Fiscal y que solicitan que las obras de restablecimiento del tránsito en el sector sean incluidas como obras adicionales a efectos de la revisión de los costos del contrato. En la misma línea, dice que las fotografías acompañadas por la recurrente en que aparece una retroexcavadora datan de antes del 18 de marzo de 2016, ya que en esa fecha ésta, que efectivamente había sido sepultada en uno de los derrumbes mencionados, fue extraída. Finalmente, señala que desde el último derrumbe en febrero de 2016, ha suspendido las obras, a la espera que la autoridad apruebe la modificación del proyecto de ingeniería que contiene las obras extraordinarias y adicionales que permiten hacer compatible el estándar de la Ruta 7 y dar estabilidad a los taludes de los cerros. Por lo anterior, señala que los daños alegados no se deben al actuar de la recurrida, sino a circunstancias fortuitas que inclusive han obligado a modificar el proyecto original encargado por el mandante.

En cuanto al fondo, alega la extemporaneidad del recurso, por cuanto, las tronaduras se registraron en 2015, como se dijo y los derrumbes por causas naturales entre octubre y del mismo año y febrero de 2016, esto es, más de un año antes contado desde la presentación de la acción constitucional.

De igual manera, acompaña correo electrónico de 24 de enero de 2017, emanado de la actora y dirigido a un ejecutivo de la empresa recurrida, que da cuenta que la recurrente tiene conocimiento con antelación al 2 de febrero de este año, de los hechos que denuncia, tanto respecto de las tronaduras, como los derrumbes que afectan la ribera del Lago Yelcho. Cita jurisprudencia que avala el rechazo de la acción por extemporaneidad.

Alega también la falta de legitimación activa de la recurrente, atendido que según dan cuenta las láminas de planimetría del proyecto, los terrenos colindantes a la Ruta 7 en la zona de las obras cuestionadas, pertenecen a otros propietarios y tiene asignados Roles de avalúo N°210-7 y 210-8; mientras que, como se lee en la inscripción de dominio de la actora, su predio tiene asignado el Rol N°210-9.

Aduce además que la acción esconde una pretensión declarativa de propiedad de los terrenos colindantes, lo que excede a la competencia de la Corte en esta sede.

Arguye la ausencia de derechos indubitados que sean conculcados en la especie, señalando que en el fondo son acusaciones sin fundamento e irresponsables, lo que se sigue de la ausencia total de sanciones o multas que haya sufrido la empresa por los trabajos ejecutados, por autoridad sectorial alguna y que detrás del recurso se esconde la intención de la actora de obtener beneficios y compensaciones económicas.

Finalmente, refiere que no existe ilegalidad alguna en su actuar, que ha dado cumplimiento a las directrices otorgadas por su mandante para la ejecución de la obra, entre ellas las que dicen relación con el sometimiento o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, la aprobación de un plan de manejo ambiental integral, de reforestación de especies taladas y que en último término, no es de aquellas obras que deba someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y que, de igual forma, no existe vulneración de garantía constitucional alguna y además no hay relación de causalidad entre las acciones recurridas y las garantías supuestamente vulneradas.

Acompaña a su informe bases de licitación de las obras, circulares aclaratorias indicadas en el cuerpo de su presentación, ya referidas previamente, plan de manejo ambiental integral y sus anexos, planes de manejo de botaderos “Yelcho N°1”, “Maldonado N°1” y “Maldonado N°2”; protocolos de tronaduras, planimetría expropiaciones y correo electrónico de la recurrente, ya singularizado.

Con fecha 20 de marzo de 2017, se emite informe por Carabineros de Chaitén dando cuenta de la concurrencia al lugar y set fotográfico que da cuenta de la presencia de material rocoso, con signos de derrumbe, que obstruyen parcialmente la ribera del Lago Yelcho.

Con fecha 31 de marzo de 2017, se recibe respuesta a oficio de parte del Director Regional subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de esta Región, que señala en lo pertinente que Sacyr solicitó una declaración de pertinencia de ingreso al sistema de evaluación ambiental, la que fue respondida señalándole que no era necesario, sin perjuicio que con nuevos antecedentes allegados por la Dirección General de Obras Hidráulicas, se reconsideró por cuanto, si se le sumaba la masa de áridos extraídos por la concesionaria que ejecutaba previamente las obras, éste si se encontraba en el supuesto de los proyectos listados en el artículo 3° del Reglamento del SEIA, debiendo someterse a evaluación ambiental. Sin perjuicio de lo dicho, hace presente que la declaración de pertinencia no es vinculante, no otorga derechos y queda a salvo las facultades de la Superintendencia del Medio Ambiente a fin de estimar el sometimiento de un proyecto al Sistema.

Con fecha 4 de abril de 2017 se recibe informe de la Dirección de Territorio Marítimo, que da cuenta que la empresa Sacyr no ha solicitado permiso alguno para utilizar la ribera del Lago Yelcho como botadero de material.

Con fecha 7 de abril de 2017 se recibe oficio de la Dirección General de Aguas que informa que la empresa recurrida no ha solicitado autorización para modificación del lecho del Lago Yelcho, sin perjuicio de hacer presente que no está dentro de sus competencias otorgarla si así se hubiese solicitado.

Con fecha uno de junio de 2017 se prescindió informe solicitado mediante oficio a la Corporación Nacional Forestal y encontrándose la causa en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con la conducta de la recurrida que se reputa ilegal y arbitraria, consistente en haber depositado material rocoso y sedimentario obtenido producto de las tronaduras efectuadas para llevar a cabo el contrato de mejoramiento de la Carretera Austral, en el sector del Lago Yelcho, en la ribera y el lecho de aquel, sin contar con autorización para ello y sin una evaluación ambiental previa, infringiendo daños ambientales, de carácter ecológico; a la salud de las personas y patrimoniales en el predio de propiedad de la recurrente, que repercute en su aptitud turística.

TERCERO: Que, en ese sentido, refiere la actora que la empresa Sacyr Chile S.A., titular del contrato de la obra de mejoramiento de la Carretera Austral o Ruta 7, incurrió en actos ilegales y arbitrarios consistentes en tronaduras; movimiento del material obtenido producto de ellas y su posterior depósito en la ribera del Lago Yelcho, en una parte que corresponde al predio de que es propietaria.

Lo anterior, redunda en una conculcación de las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 Nº1, de la Constitución Política de la República, por la afectación síquica y física que produjo las tronaduras, sus ruidos inherentes y el movimiento de rocas y sedimento volcánico, alto en aluminio y arsénico, que se depositaron en el aire y en el agua; en el Nº8, en cuanto a la afectación del medio ambiente, por la contaminación ya dicha de aire y agua, así como por haber arrasado al depositar el material con bosques nativos y con ello, dañar la fauna autóctona e incrementar los riesgos de erosión; en el Nº21, atendido que el predio de la recurrente tiene una dedicación y aptitud eminentemente turística y ecológica, por lo que se ha visto directamente afectada en la potencial explotación de dichos atributos del predio; y finalmente, en el Nº24 del referido artículo, por cuanto se ha visto seriamente afectado el valor patrimonial del predio con el daño que ha generado en la parte de las riberas del Lago Yelcho, el acopio del material rocoso, eliminando incluso la playa que existía en el lugar.

CUARTO: Que, evacuando el informe, la recurrida niega la ocurrencia de los hechos como han sido narrados por la actora, sin perjuicio que reconoce que es la titular del contrato de concesión de obra desde el año 2014, luego que la anterior concesionaria no pudiera continuar con su ejecución el año 2013; asimismo, reconoce que llevó a cabo diez tronaduras en la zona, entre octubre y noviembre del año 2015; sin perjuicio que los deslizamientos de material que se aprecian en las fotografías y que se denuncian como el hecho dañoso por la recurrente, dice que ocurrieron en los meses de octubre de 2015 y febrero de 2016, pero no por acciones de ella, sino por sucesos de índole climático naturales de la zona, que implicaron el derrumbe parcial de un cerro en una extensión de ciento cincuenta metros de largo y desde una altura de cien metros hasta la ribera del lago.

Tanto es así, que señala que más allá del despeje de parte del material rocoso derrumbado, con el fin de restablecer el tránsito por la Ruta 7, no ha continuado con las obras en el sector, ya que estima que los trabajos para despejar los derrumbes y modificar las faenas a fin de evitar nuevos derrumbes en el camino, constituyen obras de carácter extraordinario que escapan a aquellas mandatadas en el contrato original, por lo que se encuentra a la espera de la aprobación de las mismas por parte del Ministerio de Obras Públicas, antes de continuar con ellas.

De igual forma, cuestiona la propiedad de la zona afectada por las obras que ha realizado, ya que ella se encuentra trabajando en la franja fiscal y de la planimetría del proyecto se desprende que los predios colindantes pertenecen a otras personas y tienen otros roles de avalúo, lo que le hace estimar que la recurrente no es propietaria colindante a la obra en la zona afectada, por lo que no se podría ver afectada por la misma.

En cuanto a las infracciones a normativa ambiental, refiere contar con todas las autorizaciones que corresponden, según da cuenta una consulta de pertinencia respondida por el Servicio de Evaluación Ambiental, la información que su mismo mandante le entregó en circulares aclaratorias y por cuanto posee planes de manejo ambientales, en especial en lo tocante a los sitios de depósito de materiales extraídos, que han sido aprobados por el Inspector Fiscal de Obra.

QUINTO: Que, no obstante a los cuestionamientos que desarrolla respecto de los hechos que denuncia la recurrente y previo a argumentar sobre el fondo de la cuestión debatida, la recurrida plantea la extemporaneidad de la acción cautelar de marras por cuanto estima que, con el mérito de un correo electrónico que acompaña al expediente, enviado por la recurrente a un ejecutivo de la empresa Sacyr Chile S.A., se acredita que el día 24 de enero de 2017, la actora estaba en conocimiento de los hechos que denuncia mediante libelo ingresado a esta Corte con fecha 23 de febrero; y que, su conocimiento del estado de la ribera del Lago Yelcho no comienza el día 2 de febrero del presente año, como señala en su recurso.

A mayor abundamiento, refiere que del mismo tenor del correo se desprende que los hechos por los que reclama, tal y como la recurrida expone en su informe, habrían ocurrido entre los meses de octubre de 2015 y febrero de 2016, siendo en consecuencia extemporánea la acción deducida ya que los hechos datan de hace más de un año a la fecha de su presentación y su conocimiento se remite al menos al 24 de enero de 2017, esto es, treinta días antes de la data del recurso, según consta de certificado de ingreso de autos.

SEXTO: Que, de la lectura del correo electrónico en referencia y que obra materialmente acompañado al expediente por la recurrida, se aprecia que si bien éste está fechado treinta días antes de la data de ingreso del recurso, por lo que estaría dentro del plazo que establece el artículo 1º del Acta 94-2015, sobre tramitación y fallo del recurso de protección; lo cierto es que de su tenor se desprende que el conocimiento de los hechos en que funda su recurso es mucho anterior.

Así, se lee por ejemplo que le refiere al apoderado de la recurrida que “hace más de un año que ustedes como empresa Sacyr quedaron en indemnizarme”; y luego, “A mí como propietaria del Fundo Yelcho Chico, en lado norte adonde empieza mi predio, km 50 de Ruta 7, cuando ensancharon el camino, haciendo tronaduras para poder abrir el cerro, me hicieron un daño irreparable ya que en el sector habían un par de playitas y bosque nativo sin intervención, que hoy no existe”. Un par de líneas después se lee: “Exijo una indemnización monetaria ya que Carta de Acuerdo no se cumplió”.

SÉPTIMO: Que, a juicio de estos sentenciadores, los pasajes extractados del correo electrónico de fecha 24 de enero de 2017, emanado de la recurrente, dan claras luces que su conocimiento de los hechos, así como del daño que alega, se remonta a antes de la fecha de la misiva, razón suficiente para estimar que se ha excedido en la especie el plazo para la interposición del recurso de protección por las actuaciones que se le reprochan a la recurrida y que, del tenor de los documentos acompañados por ésta, en especial de las cartas dirigidas al Inspector Fiscal de Obras de fechas 17 de noviembre de 2015 y 18 de marzo y 15 de abril de 2016, son de data muy anterior a la presentación de la acción cautelar de marras, por lo que no cabe sino hacer lugar a la alegación de la empresa denunciada y declarar la extemporaneidad del recurso de protección intentado, como se dirá en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, no obstante lo ya dicho y sin entrar al fondo del asunto sometido a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que la cuestión promovida por la recurrente no parece responder a una vulneración de garantías fundamentales, sino más bien es un intento por paralizar las obras y obtener una indemnización pecuniaria por los daños supuestamente sufridos.

Lo primero, por cuanto, llama la atención que a pesar que la recurrida informa que no se están llevando a cabo obras en el sector en que se emplaza el predio de la recurrida, ni ella lo alega así tampoco, su apoderado intentó en tres oportunidades obtener una orden de no innovar con el fin de paralizar la ejecución de las faenas de la empresa recurrida, sin que aparezca explicación plausible.

Asimismo, se desprende del claro tenor de los dichos de la recurrente en el correo electrónico ya referido y que parece anunciar la presentación de la acción cautelar de autos con esa sola finalidad, al decir: “Para concluir, como ha pasado el tiempo y yo no me voy a quedar “sentada” esperando que pase algo por parte de ustedes, le anuncio que cuando vuelvan al sector mencionado, lamentablemente tendré que intervenir en parar sus obras…”.

Por su parte, lo segundo, es resorte de un juicio de lato conocimiento y no de una acción cautelar que se tramita en un procedimiento sumarísimo especial, de carácter tutelar urgente y sin que sea la sede para declarar eventuales derechos, por lo que para ello, se debe acudir por las vías jurisdiccionales que correspondan y no utilizar la vía proteccional para fines distintos que el resguardo de los derechos fundamentales de las personas.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, la petición principal del recurso en el sentido de ordenar a la recurrida someterse al Sistema de Evaluación Ambiental, excede el ámbito natural de conocimiento de esta sede, ya que existen otras vías idóneas para ello, no siendo por tanto resorte de esta Corte pronunciarse a su respecto.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido por don René Fuchslocher Raddatz, en representación de doña nombre reservado, en contra de la empresa Sacyr Chile S.A., por ser éste extemporáneo y a mayor abundamiento no ser ésta la vía idónea para discutir el asunto promovido.

II.- Que, no se condena en costas a la recurrente, por haber tenido motivo para accionar, con el voto en contra del Ministro Titular Sr. Jorge Pizarro Astudillo, quien fue de la idea de condenar en costas a la recurrente por estimar que se ha pretendido dar un uso incorrecto a la sede de protección, a sabiendas y con clara intención de sortear las vías ordinarias e idóneas para alcanzar los fines procesales y sustantivos que legítimamente puede tener la actora.

Redacción del Ministro Titular Sr. Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 230-2017