nombre reservado con SERVICIO SALUD DE CHILOE

Puerto Montt, uno de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos.

A folio 1 comparece doña nombre reservado, enfermera, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Chiloé, RUT NºRUT reservado, representado por su directora doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expone que los hechos que motivan su recurso dicen relación con lo que califica como un proceso arbitrario e ilegal de concurso público para proveer el cargo de Subdirector/a de Gestión de Cuidado de Enfermería. En concreto, sostiene que las bases de selección del concurso establecen exigencias no contempladas en la normativa legal y reglamentaria, adoleciendo de cuatro vicios.

En primer lugar, afirma que el Comité de Selección es ilegal, ya que no considera la jerarquía que por carrera funcionaria y la calidad de titular ostentan, siendo desplazados por directivos nombrados en su mayoría por jefaturas designadas por la autoridad de turno. Cita los artículos 18, 21 y 35 del Estatuto Administrativo, así como el Decreto N°69 sobre Reglamento de Concursos del Estatuto Administrativo y dictámenes de la Contraloría General de la República. Agrega que resulta improcedente que para la dotación permanente de personal de la administración pública se aplique un procedimiento de ingreso con requisitos distintos al empleado a contrata, ya que ambos son empleados públicos.

En segundo lugar, indica que la participación de un dirigente de una Asociación de Funcionarios es ilegal y arbitraria, ya que en el Hospital de Ancud existen otras asociaciones, dentro de las cuales existe una asociación específica de enfermeras/os y ella misma es dirigente de un gremio que tiene mayor representatividad. Entiende que ello transgrede el artículo 21 del Estatuto Administrativo, argumentando que dicha participación no garantiza condiciones de imparcialidad.

En tercer lugar, sostiene que la aplicación de una prueba psicolaboral cuyos resultados posibles son “recomendado”, “recomendado con observaciones” y “no recomendado”, es ilegal, ya que quienes tengan calificación de “no recomendado” quedan excluidos del proceso. Sin embargo, argumenta que, de acuerdo con el artículo 12 del Estatuto Administrativo, el único requisito relativo a la salud es tener salud compatible, condición que solo puede acreditarse con un diagnóstico médico.

En cuarto lugar, afirma que las bases de selección son ilegales por infringir el Reglamento 19/2007 del Ministerio de Salud, punto IV.4, ya que no incluyen el requisito esencial de competencias técnicas, señalando como excluyente un curso de 120 horas de IAAS, lo que no es suficiente. Alega vulneración a la garantía del artículo 19 N°17 relativo a la admisión de todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes y, por consiguiente, vulneración a la garantía del artículo 19 N°2 relativa a la igualdad ante la ley.

Por otro lado, afirma que la recurrida ha omitido que la provisión del cargo de gestión del cuidado ha sido judicializada, habiendo sido condenado el Servicio de Salud por el Juzgado de Letras de Ancud, mediante sentencia que acogió la demanda de tutela laboral el 6 de septiembre de 2024, respecto de la cual el Servicio interpuso un recurso de nulidad. Al respecto, hace presente que en el fallo se concluyó la existencia de hechos indiciarios que dicen relación con actos positivos que han perjudicado profesionalmente a la actora, refiriéndose a la postulación al cargo de Subdirección de cuidado de los años 2014 y 2020. Precisa que la sentencia dispuso el cese de su actual encomendación, ordenándose su reintegro a las funciones de subdirección que le corresponden conforme a su grado, entre otras determinaciones adoptadas por dicho fallo.

Luego de alegar vulneración a las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 números 1, 2, 16 y 17 de la Constitución Política, solicita que se deje sin efecto el segundo llamado a concurso para proveer el cargo mientras se resuelve el recurso de nulidad laboral ingresado a esta Corte bajo el Rol 396-2024 y que la recurrida se abstenga de interpretar arbitrariamente las bases de concurso y dé estricto cumplimiento a la norma pertinente, con costas.

A folio 16 evacúa informe el Servicio de Salud Chiloé, representada por la abogada Katterine Labrín Soto, quien primeramente alega la incompetencia de la Corte de Apelaciones. Al respecto, sostiene que esta Corte no es un tribunal de apelación de las decisiones del Servicio de Salud. Luego precisa que el recurso de nulidad laboral contra la sentencia del Juzgado de Letras de Ancud citada por la recurrente se encuentra pendiente de su vista ante esta Corte, bajo el rol 396-2024, por lo que no existe un derecho indubitado que tutelar a través de esta acción de protección.

En lo relativo al fondo, señala que el Servicio de Salud Chiloé no prevé el cargo de Subdirección de Gestión de Cuidado, lo que se suple mediante la encomendación de funciones. Por el contrario, indica que la normativa citada por la recurrente se refiere a los concursos de ingreso a la administración pública, titulares y tercer nivel jerárquico, por lo que no son aplicables al caso. En tal sentido, asegura que el Estatuto Administrativo no establece un procedimiento particular, por lo que se deben realizar los propios lineamientos a los que se debe apegar, como lo establece el dictamen 103.239 de la Contraloría General de la República.

Niega afectación a las garantías fundamentales del recurrente, pide el rechazo del recurso de protección.

A folio 17 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, regulado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a resguardar el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que allí se enumeran, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que las priven, perturben o amenacen. Se trata, por consiguiente, de un mecanismo de cautela que procede cuando los derechos afectados aparecen indubitados y requieren de la intervención jurisdiccional para restablecer su pleno ejercicio.

Segundo: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario consiste en la Resolución Exenta N°1315, de fecha 7 de febrero de 2025, firmada por la Directora del Servicio de Salud Chiloé, Sra. nombre reservado, que rechazó la impugnación presentada por la recurrente, doña nombre reservado.

Conforme a lo precisado en lo expositivo de esta sentencia, la recurrente sostiene que las bases del proceso de selección del cargo a contrata, “Subdirector/a Gestión del Cuidado de Enfermería 2do llamado”, son ilegales, puesto que la integración del Comité de Selección no se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo y su reglamento, reprochando además la incorporación de un representante de una organización gremial. Asimismo, sostiene que la prueba psicolaboral contemplada es ilegal y que las bases no se ajustan al Reglamento 19/2007 del Ministerio de Salud.

Por otro lado, argumenta en relación con el fallo dictado por el Juzgado de Letras de Ancud, conforme al cual se acogió una acción de tutela laboral en su favor, en la que se ordena su reintegro a las funciones de subdirección que le corresponden conforme a su grado. Solicita en definitiva, que se deje sin efecto el segundo llamado a concurso para proveer el cargo mientras se resuelve el recurso de nulidad laboral ingresado a esta Corte bajo el Rol 396-2024 y que la recurrida se abstenga de interpretar arbitrariamente las bases de concurso, dando estricto cumplimiento a la normativa pertinente, con costas.

Tercero: Que, el recurrido pide el rechazo del recurso de protección, sosteniendo que esta Corte no es competente para conocer apelaciones contra lo resuelto por dicha repartición. Asimismo, aduce la falta de derecho indubitado y, en cuanto al fondo, niega ilegalidad o arbitrariedad en lo obrado.

Cuarto: Que, de los antecedentes acompañados a la causa, así como de las alegaciones de las partes, se desprende que la recurrente es funcionaria de planta del Hospital de Ancud, grado 6, y Presidenta de FENATS Unitaria Ancud. Asimismo, consta que impugnó el concurso público del cargo de Subdirección de Gestión del Cuidado del Hospital de Castro ante el Servicio de Salud correspondiente, el que fue rechazado mediante la Resolución Exenta N°1315, de fecha 7 de febrero de 2025, acto que es reprochado como ilegal y arbitrario.

Quinto: Que, para resolver, se debe tener presente que el concurso referido por la recurrente no es para un cargo de planta, sino de contrata. En tal sentido, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley N°18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, el ingreso a los cargos de carrera en calidad de titular se efectúa mediante concurso público. Añade su artículo 21 que el certamen será preparado y realizado por un comité de selección, detallando la forma en que este se constituirá y las reglas para su funcionamiento. Sin embargo, respecto del personal no titular, el citado cuerpo normativo no exige realizar concursos de selección ni contiene reglas sobre su desarrollo, de manera que la autoridad puede fijar los lineamientos que los regirán, conforme a los principios generales aplicables.

En consecuencia, la argumentación de la recurrente en torno a una ilegalidad fundada en contravención a los artículos 18, 21 y 35 del Estatuto Administrativo no se condice con el ámbito de aplicación de dicha normativa, por lo que tal alegación debe ser rechazada. Por similares razones, la integración en el Comité de Selección de un representante gremial no puede ser calificada de ilegal o arbitraria, más aún considerando que, conforme a las propias bases, dicho representante solo tendrá derecho a voz, actuando como garante de la transparencia del proceso.

Sexto: Que, tampoco se aprecia una contravención a la legalidad en la aplicación del examen psicolaboral, el cual es parte del proceso, ni una infracción al Reglamento 19/2007 del Ministerio de Salud, puesto que entre los requisitos del concurso se contempla, como excluyente, la capacitación y/o perfeccionamiento en un curso IAAS, en calidad y seguridad del paciente y en gestión, entre otros requisitos que se establecen como deseables.

Séptimo: Que, como segunda argumentación para el rechazo de este recurso de protección, se considera la falta de un derecho indubitado, existiendo solo una expectativa del recurrente de obtener el cargo en cuestión. Ello se refuerza con lo expuesto en estrados por el Servicio de Salud, que refiere que el concurso está finalizado, habiéndose nombrado a una tercera persona que no es parte ni ha sido emplazada en este recurso de protección.

En el mismo sentido, cabe concluir que la sentencia del Juzgado de Letras de Ancud no se encuentra firme, de manera que la reincorporación ordenada por aquel tribunal se encuentra sujeta a la resolución de los recursos procesales interpuestos en su contra. Ello guarda relación con el efecto suspensivo del recurso de nulidad en materia laboral, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 480 del Código del Trabajo.

Octavo: Que, al no apreciarse la existencia de una actuación ilegal o arbitraria ni un derecho indubitado que deba cautelarse mediante esta acción constitucional, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Chiloé.

II.- Que, no se condena en costas por considerar que ha existido motivo plausible.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez.

No firma el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 227-2025.