nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio N° 1, comparece el abogado Diego Calderón Castillo a favor del menor de edad de iniciales M.E.C, de nacionalidad española, de 4 años de edad, e interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en que con fecha 5 de febrero de 2025 dicho órgano resolvió no acoger a trámite su solicitud de residencia definitiva como dependiente de su padre, decisión calificada como ilegal y arbitraria por cuanto vulnera las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso reconocidas en los artículos 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República.

Expone que el padre del recurrente, don nombre reservado, obtuvo residencia temporal por actividades lícitas remuneradas en virtud de contrato de trabajo con la empresa Consorcio Consultor R&Q - Cowi Ltda., la cual cumple los requisitos del artículo 66 letra d) del Decreto Supremo N° 296 de 2022, Reglamento de Extranjería, que permite postular a residencia definitiva tras un año de residencia temporal, facultad que el propio Servicio reconoció al acoger la solicitud del padre.

Alega que conforme al artículo 68 del Reglamento, los dependientes siguen la suerte del titular, por lo que correspondía acoger también la solicitud del niño, la cual fue rechazada sin fundamento suficiente, contrariando, además, lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley N° 21.325 y 50 del mismo Reglamento, normas que permiten solicitar el cambio de categoría migratoria en cualquier momento mientras el permiso temporal esté vigente y que sólo establecen causales taxativas para no admitir solicitudes, ninguna de las cuales concurre en el caso.

Añade que la negativa desconoce el interés superior del niño, principio consagrado en tratados internacionales ratificados por Chile, la Ley N° 21.430 y en la propia Ley N° 21.325, así como el derecho a la reunificación familiar consagrado en la Constitución y en instrumentos internacionales, produciendo, además, afectación al arraigo familiar, social y económico del grupo.

Invoca doctrina y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que exige fundamentación suficiente de los actos administrativos, sosteniendo que la resolución carece de razonabilidad y proporcionalidad, constituyendo un acto arbitrario. En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la decisión recurrida, se acoja a trámite la solicitud de residencia definitiva del menor y se restablezca el imperio del derecho.

Acompaña: 1. Hoja de identificación de pasaporte español número RUT reservado de don nombre reservado; 2. Hoja de identificación de pasaporte español número RUT reservado de doña nombre reservado; 3. Hoja de identificación de pasaporte español número RUT reservado de doña nombre reservado; 4. Hoja de identificación de pasaporte español número RUT reservado de don nombre reservado; 5. Resolución Exenta Nº 23014198 de fecha 14 de enero de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones; 6. Resolución Exenta Nº 23292545 de fecha 31 de julio de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones; 7. Resolución Exenta Nº 23014202 de fecha 14 de enero de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones; 8. Resolución Exenta Nº 23014201 de fecha 14 de enero de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones; 9. Estampado electrónico Nº 522495 de don nombre reservado; 10. Estampado electrónico Nº 49640329 de doña nombre reservado; 11. Estampado electrónico Nº 516456 de doña nombre reservado; 12. Estampado electrónico Nº 516455 de don nombre reservado; 13. Cédula de identidad chilena para extranjeros número RUT reservado de don nombre reservado; 14. Cédula de identidad chilena para extranjeros número RUT reservado de doña nombre reservado; 15. Cédula de identidad chilena para extranjeros número RUT reservado de doña nombre reservado; 16. Cédula de identidad chilena para extranjeros número RUT reservado de don nombre reservado; 17. Comprobante de envío de solicitud de Residencia Definitiva número 71693122 de fecha 30 de octubre de 2024; 18. Certificado de residencia definitiva en trámite de fecha 27 de febrero de 2025 de don nombre reservado; 19. Comunicación de fecha 5 de febrero de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones que no acoge a trámite solicitud de Residencia Definitiva don nombre reservado; 20. Carta explicativa de fecha 30 de octubre de 2024 de los recurrentes relativa a la solicitud de residencia definitiva en virtud del artículo 66 letra d) del Decreto Supremo Nº 296 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 21. Resolución Nº 57 de 2014 de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas; 22. Certificado de constitución vigente de sociedad Consorcio R&Q – Cowi Limitada, emitida con fecha 30 de octubre de 2024; 23. Carpeta tributaria de la empresa Consorcio Consultor R&Q – Cowi Limitada, respecto de los últimos 3 años tributarios, emitido por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 21 de octubre de 2024; 24. Certificado de inicio de actividades de fecha 24 de octubre de 2024 emitido por el Servicio de Impuestos Internos; 25. Contrato de trabajo de don nombre reservado; 26. Certificado de vigencia laboral de don nombre reservado; 27. Certificado de cotizaciones previsionales y de salud de don nombre reservado; 28. Certificado de matrimonio entre don nombre reservado y doña nombre reservado; 29. Certificado de nacimiento de doña nombre reservado; 30. Certificado de nacimiento de don nombre reservado; 31. Certificado de antecedentes penales de don nombre reservado; 32. Certificado de antecedentes penales de doña nombre reservado; 33. Declaración jurada de expensas en favor de doña nombre reservado; 34. Declaración jurada de expensas en favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado.

A folio 4, se tuvo por aceptada la competencia declinada por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y se tuvo por interpuesto el recurso de protección.

A folio 7, la recurrida evacua informe, fundando su defensa en que no existe acto ilegal o arbitrario atribuible a la autoridad recurrida que pueda configurar los presupuestos del artículo 20 de la Constitución.

Expone que el recurrente obtuvo residencia temporal en calidad de dependiente mediante Resolución Exenta N° 23014201 de 14 de enero de 2023, con vigencia hasta el 4 de febrero de 2025, y que posteriormente, con fecha 30 de octubre de 2024, solicitó residencia definitiva bajo ID N° 71694819. Sin embargo, dicha solicitud fue ingresada fuera del marco legal, pues la normativa prevista en el artículo 62 de la Ley N° 21.325 y disposiciones reglamentarias, exige que la postulación se efectúe con no más de 90 días y no menos de 10 días de anticipación a la expiración del permiso vigente. En consecuencia, con fecha 5 de febrero de 2025 se notificó la resolución que no acogió a trámite su solicitud, ajustada a derecho.

Argumenta -el informe- que los artículos 66 y 68 del Decreto Supremo N° 296 de 2022 regulan los requisitos materiales para habilitar la postulación, pero no alteran los plazos procedimentales fijados en la plataforma administrativa, siendo esta última condición uniforme para todos los solicitantes, lo que descarta cualquier infracción al principio de igualdad ante la ley.

Añade que no se acreditó vulneración al interés superior del niño ni al principio de reunificación familiar, toda vez que el rechazo no implica separación del grupo familiar ni una afectación irreversible, subsistiendo la posibilidad de presentar una nueva solicitud en los plazos legales, sin sanciones ni multas, por lo que tampoco hay menoscabo a derechos fundamentales.

Invoca además lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley N° 19.880 y 37 y 79 de la Ley N° 21.325, sosteniendo que los procedimientos administrativos están sujetos a tramitación en plazo razonable y que la actuación del Servicio ha sido conforme a derecho, otorgando al solicitante la condición de “residencia en trámite” que le permite permanecer y ejercer derechos en el país.

En definitiva, concluye que no concurre conducta ilegal ni arbitraria, ya que la negativa a acoger a trámite se fundó estrictamente en el marco normativo aplicable, solicitando se rechace íntegramente la acción de protección y se declare su inadmisibilidad.

Acompaña: 1) Resolución Exenta N° 23014201, de fecha 14 de enero de 2023,del Servicio Nacional de Migraciones. 2) Su solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite, de fecha 5 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el acto impugnado consiste en la Resolución del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 5 de febrero de 2025, que resolvió no acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva presentada en favor del menor de iniciales M.E.C., en calidad de dependiente de su padre, pese a que este último había obtenido la admisión a trámite de su propia solicitud de residencia definitiva bajo la subcategoría prevista en el artículo 66 letra d) del Decreto Supremo N° 296 de 2022.

Segundo: Que el artículo 68 del citado Decreto Supremo N° 296 de 2022, Reglamento de Extranjería, establece que “Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 65 del presente reglamento, siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido según su subcategoría migratoria y su permiso sea de aquellos que expresamente admiten su postulación a la residencia definitiva.”

Conforme al texto de la norma antes transcrita, la solicitud del niño no podía ser rechazada bajo el argumento de haber sido ingresada fuera del plazo legal, toda vez que el Servicio reconoció y acogió a tramitación la solicitud del padre, titular de la visa que habilita a la familia. En este contexto, se torna arbitrario e ilegal la decisión de haber acogido una solicitud y rechazado la otra, toda vez realiza una distinción sin que exista un motivo justificado para ello, vulnerando así, el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, además, el artículo 37 inciso tercero de la Ley N° 21.325 dispone que el cambio de categoría migratoria podrá solicitarse en cualquier momento durante la vigencia del permiso temporal. Ergo, el recurrente -menor de edad- contaba al momento de su postulación a la residencia con permiso vigente, encontrándose en situación migratoria regular, por lo que la solicitud se realizó dentro del marco legal y reglamentario. En consecuencia, el rechazo fundado en un supuesto incumplimiento de plazo carece de sustento jurídico.

A mayor abundamiento, el artículo 50 inciso final del mismo Reglamento sólo contempla cuatro causales taxativas para no admitir solicitudes, tales son, la expulsión, orden de abandono, prohibición de ingreso o irregularidad migratoria, ninguna de las cuales concurre en la especie.

Cuarto: Que no se puede soslayar que el ordenamiento jurídico nacional e internacional impone al Estado la obligación de considerar de manera primordial el interés superior del niño. Así lo establecen el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 4 y 41 de la Ley N° 21.325 y el artículo 7 de la Ley N° 21.430. Dicho principio obliga a las autoridades administrativas a optar siempre por la interpretación más favorable a los derechos del niño, asegurando su pleno desarrollo, su derecho a vivir con su familia y a mantener arraigo social y cultural.

Quinto: Que, por su parte, la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que los actos administrativos deben encontrarse debidamente fundados y ser razonables, siendo arbitrarios aquellos que se sustentan en meras fórmulas formales o que prescinden de los hechos determinantes del caso concreto. En la especie, la resolución impugnada carece de motivación suficiente, limitándose a invocar un criterio procedimental sin atender a la normativa especial aplicable a los dependientes ni al interés superior del niño, configurándose así un acto ilegal y arbitrario contrario a los artículos 19 N° 2 y 3 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

I.- Que se acoge, sin costas, la acción interpuesta a folio N° 1, por el abogado Diego Calderón Castillo a favor del menor de edad de iniciales M.E.C, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

II.- Que, en consecuencia, la autoridad recurrida deberá admitir a trámite la solicitud de residencia definitiva del recurrente y proceder a su tramitación conforme a derecho.

Redacción a cargo del Ministro Titular Moisés Torres Montiel Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 226-2025.