PERFIL MARKET SERVICIOS S.A. con SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD

nombre reservado, dos de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Que a folio 1 comparece Pedro Matamala Souper, abogado, en representación de Perfil Market Servicios Ltda., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, representada por doña nombre reservado, y en particular, en contra de la actuación de sus funcionarios dependientes doña Yohani Wistuba, y doña nombre reservado, fiscalizadoras del referido organismo.

Explica que con fecha 20 de diciembre de 2019, a las 18:00 horas aproximadamente, la trabajadora nombre reservado, se encontraba en sección de fiambrería del supermercado Jumbo ubicado en Plazuela Yungay N° 645, Osorno, realizando limpieza a una máquina laminadora, lo que forma parte de sus labores, (parte de sus funciones contractuales), circunstancias en las cuales, al retirar el disco de corte se resbala y para poder evitar la caída, la trabajadora lo toma con sus manos, produciendo un corte de su dedo índice de mano derecha debido a que no se encontraba con guantes de seguridad anticorte, recibiendo atención médica.

Agrega que el día 26 de diciembre de 2019, se constituyó en el lugar un fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, quien determinó que los trabajos en el lugar no eran efectuados con condiciones seguras, habiéndose traducido este hecho en el accidente antes mencionado, iniciándose un proceso de fiscalización que concluyó con la resolución de multa N° 4544/20/1 de fecha 10 de enero de 2020, notificada el 28 del mismo mes, en virtud de la cual se tienen por establecidos una serie de infracciones y las multas correspondientes.

Luego expone, que con motivo del mismo accidente de nombre reservado, el día 02 de enero de 2020, es decir con posterioridad a la fiscalización de la Inspección del Trabajo, las fiscalizadoras de la SEREMI de Salud de Los Lagos, Yohani Wistuba y nombre reservado, se constituyeron en visita inspectiva en el lugar donde ocurrió el accidente, esto es, el supermercado Jumbo ya aludido, obteniéndose como resultado los siguientes hechos que habrían originado el accidente, según Acta 038431 de 02 de enero de 2020: i. Trabajadora realiza limpieza de máquina laminadora sin elemento de protección personal (guante anticorte); ii. No cuentan con capacitación teórica práctica para uso y manejos de guante anticorte; iii. Ficha técnica de elemento de protección personal guante anticorte no se encuentra en idioma español, sino inglés; y iv. No cuentan con sistema de gestión de elementos de protección personal de acuerdo con los criterios del ISO. Refiere que en el acta de fiscalización antes señalada, se deja citado al empleador para el día 9 de enero de 2020, fecha en la cual es presentado escrito de descargos y documentación, no habiéndose avanzado de esta etapa, por lo que cabe señalar que el procedimiento administrativo ante la SEREMI de Salud está actualmente en curso, sin haberse dictado multa hasta el momento.

Sostiene que producto de existir en la actualidad dos órganos administrativos que se encuentran conociendo de los mismos hechos, con fecha 30 de enero de 2020 fue presentada Contienda de Competencia tanto ante el Ministerio de Salud como ante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a fin de que ambos resuelvan de manera conjunta sobre dicha contienda, determinando que el organismo competente para conocer sobre los hechos acaecidos es la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, por haber prevenido en el conocimiento y además, por ya haber cursado multa. La resolución de la Contienda de Competencia se encuentra pendiente. Del mismo modo, se solicitó la suspensión de procedimientos en la Inspección del Trabajo y en la SEREMI de Salud hasta que se resuelva la contienda de competencia.

Señala, como acto recurrido, el procedimiento de fiscalización administrativa de la SEREMI de Salud de Los Lagos iniciado por las fiscalizadoras doña Yohani Wistuba y nombre reservado, según acta de fiscalización N° 038431 de fecha 02 de enero de 2020. Estima relevante en la especie lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código del Trabajo y lo dispuesto en el artículo 2° del D.S. 594 del 15 de septiembre de 1999. Recalca que, pese a lo regulado en las disposiciones antedichas y que el 26 de diciembre de 2019 la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno previno en el conocimiento del accidente de doña nombre reservado, iniciando fiscalización –citando y pidiendo documentación para el 06 de enero de 2020, incluso ya habiéndose multado el 10 de enero de 2020–, las fiscalizadoras de la SEREMI de Salud de Los Lagos se constituyen en el lugar el 02 de enero de 2020, iniciando procedimiento de fiscalización paralela, citando y pidiendo documentación para el 09 de enero de 2020. Expone que la multa de dicho órgano administrativo aún no ha sido cursada, pero es un hecho que en cualquier momento puede acaecer, viéndose expuesta la recurrente a doble multa.

Afirma que el actuar de la SEREMI de Salud de Los Lagos es ilegal y arbitraria pues no respetó la abstención que ordena el artículo 191 del Código del Trabajo y en general, se encuentra al margen del principio de juridicidad que limita sus potestades y competencias, vulnerando la normativa vigente y en especial la Constitución Política de la República, artículos 6, 7 y 8. A su vez, estima que es además ilegal y arbitrario, pues, de continuar, implica riesgo de generar doble sanción por los mismos hechos (non bis in ídem).

Estima afectada por el obrar de la recurrida, en primer lugar, la igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, debido a la desigual aplicación del artículo 191 del Código del Trabajo en relación con otras empresas. Igualmente, estima conculcada la garantía establecida en el Artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Carta fundamental, pues el principio non bis in ídem aplica a procedimientos sancionatorios administrativos, y estos últimos deben ajustarse al debido proceso, por lo que la SEREMI de Salud vulnera el debido proceso con su fiscalización sancionatoria paralela. En la misma línea, sostiene que el actuar de la SEREMI de Salud violenta las garantías de un debido proceso pues ha iniciado un procedimiento fiscalizador sancionatorio en circunstancias que no debía hacerlo.

Solicita finalmente el recurrente que se acoja el recurso y ordene dejar sin efecto el procedimiento administrativo sanitario iniciado por acta de fiscalización n° 038431 de 02 de enero de 2020, o se adopte cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho, y se condene en costas a la contraria.

A folio 8 informa la recurrida, quien parte por solicitar el rechazo del recurso, indicando que el acto administrativo consistente en la fiscalización de 2 de enero de 2020 no es un acto decisorio o final, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 19.880. Añade que en la especie no existe una contienda de competencia, por cuanto ella exige de las partes o autoridades, un reclamo en orden a estimarse competentes para conocer de un determinado asunto, situación que no ocurre por parte de la recurrida. De conformidad al artículo 191 del Código de Trabajo, afirma que la SEREMI se inhibe de intervenir respecto de las materias que expresamente ha fiscalizado la Inspección Provincial del Trabajo y que especialmente constan en la resolución de multa N° 4544/20/1 que dictó dicho organismo con fecha 10 de enero de 2020 y que fue notificada a la recurrente como ella misma lo menciona el día 28 de enero de 2020. Recalca que el acto definitivo o decisorio, por el cual la Secretaría ejercerá su autoridad, es propiamente tal un acto administrativo y como tal es perfectamente impugnable de conformidad al artículo 15 de la Ley 19880.

Destaca la recurrida que las facultades fiscalizadoras que se le ha reconocido a las Inspecciones del Trabajo en casos de accidentes fatales y graves sólo dicen relación con el incumplimiento del artículo 76 de la Ley 16.744 y no con infracciones a otras normas legales y reglamentarias de las que tome conocimiento, aún con ocasión de dichos sucesos, ya que la competencia general en materia de higiene y seguridad de los lugares de trabajo está entregada a las Secretaría Regionales Ministeriales de Salud, lo que guarda conformidad con lo dispuesto en el artículo 4°, N° 3, inciso segundo, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud. Sostiene que no obstante el deber de abstenerse de intervenir en las materias que están siendo conocidas por la Inspección del Trabajo, de acuerdo con lo ya señalado en el inciso tercero del artículo 191 del Código del Trabajo, ello no impide ejercer las facultades y competencias que la ley ha encomendado a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respecto a otras materias que no han sido fiscalizadas o advertidas por la Inspección del Trabajo. En ese contexto explica que no se formulan cargos referidos a la ocurrencia del accidente mismo por cuanto se advirtió en la visita que con fecha 26 de diciembre de 2019, la Inspección del Trabajo realizó visita de investigación e inspección al respecto. Agrega que, asimismo con fecha 2 de enero de 2020, fecha de la fiscalización de la SEREMI, todavía no nacía a la vida jurídica la resolución de multa N° 4544/20/1 que dictó la Inspección del Trabajo con fecha 10 de enero de 2020 y que fue notificada el día 28 de enero de 2020 a la recurrente según declaración de la misma, por lo que difícilmente podían los fiscalizadores darse por enterados de las materias específicas que fueron fiscalizadas por la Inspección del Trabajo y respecto de las cuales, debe inhibirse la Seremi de Salud. Indica, además, que respecto de los cargos formulados por la recurrida, el único que fue sancionado por la Inspección del Trabajo corresponde al que la trabajadora se encontraba realizando su labor sin un guante anti corte, por lo que en relación a ella no puede pronunciarse por cuanto estaría con ello provocando una doble sanción por los mismos hechos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en tal disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía el abogado Pedro Matamala Souper en representación de Perfil Market Servicios Ltda. en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, teniendo como fundamento la fiscalización de que fue objeto por la recurrida en circunstancias que en relación a los mismos hechos ya había sido fiscalizado y sancionado por la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, lo que estima conculca las garantías contemplas los numerales, 2° y 3 inciso 6 del artículo 19 de la Constitución Política, por infringir lo dispuesto en el artículo 191 del Código del Trabajo.

TERCERO: Que conforme a lo expuesto por las partes y documentos acompañados, es posible dar por establecido que la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno con fecha 26 de diciembre de 2019, con motivo de un accidente laboral acontecido el día 20 de diciembre de 2019, se constituyó en el lugar donde ocurrió el accidente, esto es, Plazuela Yungay N° 645, Osorno, entregándose a la empleadora “acta de notificación de requerimiento de documentación y citación”, requiriendo la comparecencia de la empresa y entrega de documentos para el día 6 de enero de 2020, recibiendo la “notificación de inicio de procedimiento de fiscalización” con igual fecha. Copias de tales documentos fueron acompañados por la recurrente.

Con posterioridad, esto es, el 10 de enero de 2020, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno dicta resolución de multa N° 4544/20/1, que según la recurrente notifican con fecha 28 de enero de 2020, en virtud de la cual se tienen por establecidos, en resumen, los siguientes hechos infraccionales con sus respectivas multas: 1.- No informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo el accidente fatal y grave. Multa de 150 UTM; 2.- Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir requisitos legales. Multa de 60 UTM; 3.- No mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral en las faenas pues, supuestamente, el supervisor no aplicó adecuadamente lo dispuesto por el “Procedimiento de trabajo seguro en máquina laminadora”, al no haber verificado que la trabajadora se encontraba utilizando los elementos de protección personal correspondientes (guante anticorte). Multa de 60 UTM; y 4.- No cumplimiento de las medidas dispuestas por el organismo administrador de la Ley 16.744 con fecha 24 de diciembre de 2019: analizar las tareas de alto riesgo especialmente respecto a la máquina laminadora; protocolo de revisión periódico del método de trabajo aplicado; y definir procedimiento para la administración de los documentos de procesos de trabajo existentes. Multa de 60 UTM. Se acompañó por la recurrente copia de la resolución mencionada.

Por su parte, el día 2 de enero de 2020, las fiscalizadoras de la Secretaría Regional Ministerial, doña Yohani Wistuba y nombre reservado, se constituyeron en visita inspectiva con motivo del accidente laboral acontecido el 20 de diciembre de 2019, en Plazuela Yungay N° 645, Osorno, (Supermercado Jumbo) levantándose el acta de inspección 038431 de la fecha ya señalada, acompañado por la recurrente. Se indican como causas que originaron el accidente: i. Trabajadora realiza limpieza de máquina laminadora sin elemento de protección personal (guante anticorte); ii. No cuentan con capacitación teórica práctica para uso y manejos de guante anticorte; iii. Ficha técnica de elemento de protección personal guante anticorte no se encuentra en idioma español, sino inglés; y iv. No cuentan con sistema de gestión de elementos de protección personal de acuerdo con los criterios del ISO. En el acta se indica que por tales puntos se inicia sumario sanitario citándose al representante legal para audiencia de prueba y descargos para el 09 de enero de 2020 a las 11:30 horas. El acta fue acompañada por las partes y de acuerdo con el mérito de lo expuesto por ellas, dicho sumario aun no estaría concluido.

Consta igualmente, que la recurrente con fecha 30 de enero de 2020 presentó sendos escritos acompañados en autos, a través de los cuales plantea ante los Ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad Social contienda de competencia y suspensión inmediata de los procedimientos administrativos. Se acompañan las cartas respectivas.

CUARTO: Que, el propósito de la acción constitucional incoada es brindar el amparo reclamado, en la medida que el hecho denunciado se corresponda con los presupuestos establecidos por la Constitución, dado su carácter estrictamente cautelar y urgente, destinada a reestablecer el estado de derecho que se ha quebrantado, de modo que se justifique la intervención de un tribunal superior, en afán de tutelar los derechos y garantías cuyo ejercicio hayan sido objeto de privación, perturbación o amenaza.

QUINTO: Que, en tales condiciones, siendo la formulación de cargos un acto de aquellos que se denominan intermedios, por oposición a los de término en el derecho administrativo, no puede ser objeto de una acción de protección ni el procedimiento que dio inicio, desde que no se ha producido una situación fáctica concreta que afecte los derechos o garantías que se invocan por la recurrente. Esto es, no se ha producido tal conculcación si en la especie lo que se reclama como hecho atentatorio, es la notificación o formulación de cargos dentro de un procedimiento aun en curso como reconoce el mismo recurrente y en el que el ente administrativo aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo, sobre la base de la fiscalización y antecedentes de descargos ya aportados por el recurrente. En consecuencia, este tribunal no se encuentra enfrentado a un caso en que la recurrente haya sufrido, efectivamente, la privación, perturbación o amenaza de los derechos que dice afectados, por lo que procederá a desestimar el recurso.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, ha de tenerse presente que el hecho que origina la acción de autos, corresponde a un acto que se da en el marco de un sumario sanitario, el cual es un procedimiento administrativo regulado por el ordenamiento jurídico, y que se reconoce como una forma de asegurar al funcionario público la posibilidad de contar con un medio jurídicamente legitimado para aplicar, si fuere el caso, las sanciones que se encuentren previstas para la conducta imputada, pero que también puede concluir con una decisión absolutoria de los cargos.

SEPTIMO: Que, adicionalmente, es preciso destacar que la notificación de la formulación de cargos en un sumario sanitario constituye una garantía en el contexto de dicho procedimiento. En efecto, cuando se formulan y notifican los cargos, lo que se está haciendo es comunicar al sujeto pasivo del sumario, los actos o conductas que se le reprochan como faltas al deber de buen comportamiento que le impone la reglamentación del órgano en el que presta servicios, de modo que, desde ese momento, y en conocimiento específico de ellos, puede organizar y llevar adelante plenamente su defensa, como en la especie lo ha efectuado el actor pues consta que ha formulado descargos.

OCTAVO: Que, por lo demás, la Excma. Corte Suprema ha sostenido que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para pronunciarse sobre el mérito de un sumario en sede administrativa, afirmando que “el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, [por lo que] resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base de lo establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación, en la vista o dictamen evacuado al término de la misma y finalmente en la medida terminal adoptada.” (Rol CS 10.203-2010).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por el abogado Pedro Matamala Souper, en representación de Perfil Market Servicios Ltda.

Redacción del Abogado Integrante Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°226-2020