Protección contra Tesorero Provincial de Chiloé

Foja: 162 Ciento Sesenta y Dos.

Puerto Montt, dieciocho de octubre de dos mil once.

Vistos:

A fojas 28, comparece don Roberto Alarcón Velásquez, abogado, en representación de “nombre reservado e Hijos Limitada”, Sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, factor de comercio, todos con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Tesorero Provincial de Chiloé, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, a fin de que restablezca el imperio del derecho, por haber perturbado el derecho de propiedad de su representada sobre los dineros provenientes del pago de bonificaciones establecidas en la Ley 19.853 y, en definitiva, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 30, de fecha 4 de agosto del año en curso, con costas del recurso Refiere que por Resolución Exenta N° 30, que se agrega a fojas 39, la recurrida ordenó el reintegro por parte de su representada de la cantidad percibida indebidamente por concepto de bonificación a la contratación de mano de obra de zonas extremas correspondiente a los períodos agosto a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009, y de enero a mayo de 2010, ascendente a la cantidad de $3.297.190, basado en que la empresa no cumplía con los requisitos legales para percibir el beneficio, ello por cuanto fue cobrado respecto de sus socios, don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos de apellidos nombre reservado.

A juicio de la recurrente, la Resolución Exenta N° 30 constituye un acto arbitrario e ilegal, que atenta contra la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues se le ha privado o perturbado arbitrariamente su derecho de propiedad sobre los dineros que, legítimamente, han ingresado al patrimonio de la sociedad que represente por concepto de bonificaciones, ordenando su reintegro, pues los Sres. y Sra. nombre reservado, si bien son socios de ella son, igualmente y, efectivamente, trabajadores de la empresa bajo vínculo de subordinación y dependencia, tal como se acredita con los contratos de trabajo que acompaña en su libelo.

Dicha resolución es, además, ilegal, pues se fundamenta en que no se cumplirían los requisitos impuestos por la ley para percibir el beneficio, cuestión alejada de la realidad, pues la Ley N° 19.853 en su artículo 1 establece como requisitos ser empleador actual o futuro de la Provincia de Chiloé y Palena, y contratar trabajadores con domicilio y trabajo permanente en la Provincia, requisitos que se cumplen. Se trata de una sociedad empleadora que tiene domicilio y casa matriz en la Provincia de Chiloé, además los trabajadores aludidos también tienen domicilio en la ciudad de Castro y con trabajo permanente en dicha ciudad.

La misma ley en su artículo 1°, inciso 4°, establece los casos en que la bonificación no procede, por ejemplo los trabajadores de casa particular, trabajadores del sector público, trabajadores de la grande y mediana minería del Cobre; en ninguno de cuyos casos se encuentra la recurrente. La referida resolución N° 30 exige requisitos no previstos en la ley y mediante una Circular se crea una hipótesis conforme a la cual se concluye que no procede el beneficio, cuestión que sobrepasa el ámbito de las facultades entregadas al Servicio de Tesorería, transgrediendo el principio de legalidad que rige la administración del Estado; agregando que el recurrido no puede entrar a discriminar a que clases de trabajadores se refiere la Ley 19.853, por cuanto ella no distingue, por lo que no se puede discriminar en contra de los socios de la empresa, quienes en realidad son trabajadores de ésta, teniendo presente que la propia Ley de Rentas en su artículo 31 N° 6 establece que se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor en sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiere estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso, dichas remuneraciones se consideraran rentas del artículo 42 N° 1. Esto significa, en consecuencia, que la Ley de Renta acepta como gasto tributario el sueldo de los socios y por otra parte los socios están obligados a tributar ese sueldo o esa remuneración a través del Impuesto Global Complementario, por lo tanto, se reconoce a los socios como trabajadores, quienes tributan conforme al citado artículo 42 N°1, por lo que sus remuneraciones son objeto de bonificación conforme a la Ley 19.853.

Concluye pidiendo que se acoja el recurso y, en definitiva, se deje sin efecto Resolución Exenta N° 30, del 4 de agosto de 2011, con costas.

A fojas 135, informa don nombre reservado, Tesorero Provincial de Chiloé, solicitando el rechazo del presente recurso por improcedente, con expresa condenación en costas.

Refiere que el artículo 1° de la Ley N° 19.853, publicada el 11 de febrero de 2003, establece el pago de una bonificación a la contratación de mano de obra entre otras zonas, en la Provincia de Chiloé, beneficio pagadero a los empleadores actuales o futuros que cumplan los requisitos indicados, correspondiendo al Servicio de Tesorerías la fiscalización del beneficio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2, inciso cuarto, de la citada ley y artículo 13 de la Ley 19.041. Por otra parte, el artículo 4° de la Ley 19.853, faculta al Tesorero General de la República para dictar instrucciones que sean necesarias para la correcta aplicación del beneficio y es en ejercicio de esta facultad que se han emitido instrucciones y dictámenes para regular situaciones relativas a la procedencia del pago del beneficio, específicamente las Circulares Normativas N° 46/2008 y N° 24/2010 emitidas por la Sra. Tesorera General de la República. Así se ha resuelto por estas circulares respecto a la procedencia del pago del beneficio del socio trabajador, que “Aún cuando el socio aporte su trabajo a la empresa, tiene sólo la calidad de empleador, ya que forma parte y está vinculado patrimonialmente con la empresa y no se da una relación de subordinación y dependencia, como trabajador, no le corresponde bonificación”.

La referida ley tiene como finalidad fomentar el establecimiento en zonas extremas de fuentes productivas y la contratación de mano de obra que tenga domicilio permanente en dichas zonas, todo lo cual no ocurre en el caso de un empleador que se auto contrata o de una sociedad que contrata a sus socios. Según consta de la constitución social de la “Sociedad nombre reservado e Hijos Limitada”, inscrita a fs. 155 vta., N° 76, del Registro de Comercio del año 1989 y del informe emanado del Servicio de Impuestos Internos / Portal Tributario Mipyme, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, todos de apellidos nombre reservado, revisten de la calidad de socios; y de los contratos de trabajo consta que ellos son trabajadores de la sociedad aludida, lo que se encuentra acreditado, además, por el informe de fiscalización y la consulta del “estado de solicitud”.

Señala que en fiscalización efectuada el 21 de julio de 2011 se estableció la improcedencia del pago de la bonificación que se realizó a la recurrente, por cuanto se requirió indebidamente por los socios indicados, correspondiendo el reintegro de los valores indebidamente percibidos por la suma de $3.297.190, más reajuste legal.

El plazo para requerir el reintegro, por aplicación del artículo 2515 del Código Civil, es de cinco años y que es el mismo plazo que disponen los empleadores para solicitar el pago de las bonificaciones que cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, no presentaron oportunamente.

Por otra parte, el hecho de haberse efectuado el pago sin objeciones por parte del Servicio, no justifica la postura de la recurrente, por cuanto el cobro del beneficio es una operación de carácter masiva, realizada de manera electrónica por el portal Internet del Servicio, en el cual acreditando el pago de cotizaciones previsionales y otros requisitos por vía electrónica se aprueba el pago. La solicitud de pago del beneficio ingresada al sistema por el empleador, tiene el carácter de declaración jurada, siendo responsable de la veracidad de los datos contenidos. Así, solamente se pueden fiscalizar situaciones de hecho tales como el cobro por socios, el domicilio de los trabajadores y la efectividad del vínculo laboral, mediante visitas y citaciones a los empleadores, como en la especie aconteció.

Finaliza señalando que la jurisprudencia de esta Iltma. Corte ha fallado en tal sentido, lo que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema.

A fojas 1 y siguientes, la parte recurrente acompaña contratos de trabajo de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos de apellidos nombre reservado y copia de Constitución de Sociedad nombre reservado e Hijos, de fecha 5 de septiembre de 2001, extracto e inscripción, en los que figuran como socios las personas anteriormente señaladas.

A fojas 39 y siguientes, la parte recurrida acompaña Resolución N° 30 /2011, dictada por la Tesorería Provincial de Chiloé, la cual dispone el reintegro de los dineros percibidos indebidamente; Ordinario de resolución N° 71 de Tesorería Provincial de Chiloé que dispone la fiscalización de la sociedad recurrente; Constitución de Sociedad recurrente; notificación de proceso de fiscalización, informe de fiscalización de Tesorería Provincial de Chiloé; consulta de estado de solicitud de bonificación; textos legales; circulares normativas y jurisprudencia.

A fojas 141, encontrándose en estado de ver, se decretó autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido concebido en nuestro derecho como un arbitrio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que cualquiera persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que esta acción cautela pueda reclamar, del Tribunal a quien el propio Constituyente ha encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho; siendo indispensable para la procedencia de la presente acción la existencia de un derecho por parte de quien la ejerce, y sólo ante su existencia corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida.

Segundo: Que, como ha quedado establecido, en autos se ha recurrido de protección por cuanto se aduce por el actor que se le habría afectado gravemente la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, afectación que consistiría en el menoscabo patrimonial que se la ha producido a la persona jurídica que representa al resolver la Tesorería Provincial de Chiloé, mediante la Resolución Exenta N° 30, de fecha 04 de agosto de 2011, la obligación de tener que reintegrar la cantidad de $ 3.297.190 percibidos por concepto de bonificación a la contratación de mano de obra en los períodos de agosto a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009 y de enero a mayo de 2010, actuación que considera arbitraria e ilegal por cuanto se trata de dineros ya ingresados legítimamente al patrimonio de la sociedad y habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley N° 19.853 y sin que se encuentre en los casos de excepción que la propia norma establece en los cuales no procede percibir dicha bonificación, aplicándose por la recurrida una hipótesis contenida en una circular dictada por la propia Tesorería General de la República -excediéndose en sus facultades legales- y trasgrediendo, por tanto, el principio de legalidad.

Tercero: Que, conforme lo anotado en lo expositivo de este fallo, al informar la Tesorería Provincial de Chiloé, señala que producto de un proceso de fiscalización, facultad de la cual se encuentra expresamente investida por la propia Ley N° 19.853 (que establece el pago de una bonificación a la contratación de mano de obra en las zonas extremas que indica) se constató que, en el caso de que se trata, el beneficio fue percibido por la sociedad recurrente con ocasión de la contratación de algunos de sus socios, situación que se encuentra claramente regulada por la Circular Normativa N° 46/2008 que refunde y actualiza instrucciones sobre la materia, por lo que su actuar ha sido ajustado a derecho, lo que lo lleva a demandar el rechazo de la presente acción.

Cuarto: Que, de los antecedentes allegados al recurso, se infiere que la Resolución Exenta N° 30, que impone a la recurrente la obligación de reintegro, se fundamenta en los antecedentes recabados a propósito de un proceso de fiscalización llevado a cabo por la recurrida conforme sus facultades legales (artículo 2 de la Ley N° 19.853) y en el que se acreditó que la empresa no cumplía con los requisitos legales para acceder al beneficio percibido, por cuanto fue cobrado teniendo como fundamento fáctico la contratación de diversos socios de la empresa como trabajadores, cobro que resulta improcedente –y su pago indebido- según se establece, de manera expresa y clara, en la mencionada Circular Normativa N° 46/2008, de la Tesorería General de la República, la que refiere diversas situaciones que se han presentado en los años en que se ha concedido este beneficio y que han debido ser dilucidadas mediante dictámenes de Contraloría General o pronunciamientos de la División Jurídica.

Quinto: Que, por otra parte, la dictación por parte de la Tesorería General de la República de la Circular Normativa N° 46/2008 (y de las otras pronunciadas con objeto de alcanzar una correcta aplicación del beneficio establecido por la Ley N° 19.853), lo ha sido conforme facultad legal expresa conferida por el artículo 4 de éste cuerpo legal, por lo que dicho proceder no ha importado exceso de las facultades legales de que está dotado tal órgano del Estado y, consecuencialmente, no ha podido incurrir en la pretendida trasgresión al principio de legalidad que denuncia la recurrente.

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados al recurso se puede concluir que son hechos establecidos:

a) Que la sociedad comercial de responsabilidad limitada “nombre reservado e Hijos Limitada”, a la fecha de la concesión del beneficio, estaba constituida por seis socios, cinco de los cuales son hermanos entre sí, los Sres. y Sra. nombre reservado y el sexto corresponde al padre de ellos, Sr. nombre reservado, según se advierte de copia de la escritura de fojas 14 y siguientes.

b) Que la Sociedad recurrente, por medio de su representante legal, contrató como trabajadores a cinco de sus socios, los hermanos nombre reservado, compareciendo éstos como personas naturales, para desarrollar en la empresa diversas labores que dicen relación con el giro de transporte marítimo y terrestre, lo que se desprende de los contratos de trabajo que rolan a fojas 1 y siguientes Séptimo: Que, la circunstancia de que los socios puedan ser contratados como trabajadores de la propia persona jurídica que integran y que, para efectos tributarios, las remuneraciones que se pagan a éstos se estimen rentas, respecto de quienes la perciben y constituyan un gasto para quien las desembolsa y tengan, por tanto, incidencia respecto de la aplicación de la Ley de Impuesto a la Renta, no permite desconocer el contenido, alcance, limitaciones y efectos de la especial Ley N° 19.853 y de las circulares normativas dictadas para su correcta aplicación por la Tesorería General de la República.

Octavo: Que, conforme todo lo expuesto y apreciados los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, no se advierte la afectación de la garantía constitucional cuyo amparo demanda la recurrente, por cuanto la Tesorería Provincial de Chiloé actuó en uso de sus facultades legales de fiscalización, producto de la cual concluyó, razonadamente, que las sumas percibidas por concepto del beneficio de bonificación a la contratación de mano de obra establecido por la Ley N° 19.853, cuyo pago demandó y obtuvo la sociedad recurrente, lo fueron indebidamente por resultar improcedente su cobro, conforme lo establecido mediante la Circular Normativa N° 46/2008, dictada por la Tesorería General de la República, lo que conduce al rechazo de la presente acción de amparo constitucional.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto a fojas 28 por don Roberto Alarcón Velásquez, en representación de la sociedad “nombre reservado e Hijos Limitada”, representada legalmente por nombre reservado, en contra del Tesorero Provincial de Chiloé, don nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante don Emilio Pérez Hitschfeld.

No firma el Ministro don Leopoldo Vera Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por el Presidente don nombre reservado, el Ministro Titular don Leopoldo Vera Muñoz y el abogado integrante don Emilio Pérez Hitschfeld Rol Nº 226-2011.