INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, treinta de agosto de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 26 comparece don Gonzalo Serra Berrueco, abogado, quien actuando en calidad de mandatario judicial de INMOBILIARIA POWER CENTER LTDA., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservadoo del Centro Comercial Paseo Costanera de Puerto Montt, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Montt.

Expone que con fecha 15 de junio del presente año, solicitó la reconsideración administrativa de una multa cursada por fiscalizador dependiente de la Inspección recurrida mediante resolución 4433/16/21, notificada a su parte el 9 de mayo de 2016, y que el 8 de agosto en curso recepcionó carta emitida por la recurrida que contiene el Ordinario 1224 de 25 de junio de 2016, por el cual se le informa que no se dio curso a su solicitud, considerando que no se presentó dentro del plazo fatal de 30 días corridos desde la fecha de la notificación.

A juicio del actor, la actuación descrita, esto es, el Ordinario 1224, es ilegal y arbitrario teniendo presente que el plazo de 30 días a que hace referencia el artículo 512 del Código del Trabajo no es de días corridos sino de días hábiles, entendiéndose como inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Explicita al efecto que nos encontramos ante un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que no existe norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debiendo aplicarse en forma supletoria lo señalado en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, es decir, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Puntualiza que es un hecho reconocido en el propio Ordinario impugnado, que la reconsideración fue presentada el 15 de junio del presente año, esto es, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación practicada el 9 de mayo previo.

Cita sentencias que se pronunciaron en tal sentido, por esta Corte de Apelaciones y sentencia de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, invocando el amago de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, solicita se deje sin efecto la Resolución Ordinario 1224 de 25 de julio de 2016, notificada a su parte el 8 de agosto en curso, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración planteada respecto de la resolución de multa 4433/16/21, con costas.

A fojas 34 se declara admisible el recurso y se concede orden de no innovar.

A fojas 60 informa doña nombre reservado, abogada de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, quien solicita el rechazo del recurso intentado, en primer lugar, alegando su improcedencia puesto que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por esta vía.

Recordando que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consigna que de lo dicho se sigue que no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de que quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa.

Explica que en el presente, el acto que se califica de ilegal y arbitrario es un ordinario dictado por la Inspectora de la Inspección del Trabajo de Puerto Montt (S) que declarara extemporánea la solicitud de reconsideración de una multa cursada al recurrente, de manera que la cuestión debatida radica en la interpretación acerca de la naturaleza del plazo para presentar la reclamación,, entendiendo el actor que se trata de un plazo de días hábiles, por aplicación de la Ley N° 19.880, en tanto que su parte, que se trata de un plazo de días corridos.

A juicio de la recurrida, esta no es la vía idónea para reclamar respecto del Ordinario en referencia, teniendo presente lo expresamente estatuido en el artículo 504 del Código del Trabajo, que a continuación transcribe, citando asimismo sentencias de esta Corte que habrían fallado en tal sentido.

En segundo lugar, alega la improcedencia del recurso, ante la inexistencia de acto arbitrario o ilegal en que su parte haya incurrido, precisando que la resolución de multa en cuestión fue cursada al actor el 10 de abril de 2016, notificada mediante carta certificada al empleador, depositada en las oficinas de Correos el 5 de mayo siguiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo, en tanto que la reconsideración administrativa fue ingresada en la Oficina de la Dirección Regional del Trabajo el 15 de junio del año en curso, motivo por el cual el 25 de julio pasado, fue dictado el Ordinario impugnado, por el cual no se dio curso a la solicitud de reconsideración ante el incumplimiento de requisitos legales, considerando que no se había presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos.

La recurrida postula que el citado Ordinario se ha dictado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, añadiendo que de las diversas disposiciones que cita del mismo cuerpo normativo, a saber, artículos 312, 435, 9, 162168,171, 201 inciso final, 223, 282, 360 y 412, surge que por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, y dado que el precepto en examen, artículo 512, no hace mención alguna, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Afirma que corrobora esta interpretación la regla del artículo 435 inciso tercero ubicada en el Libro V del Código del Trabajo, conforme a la cual los términos de días que establece el Título I “se entenderán suspendidos durante los días feriados”, y a contrario sensu, el artículo 512 pertenece a otro título de ese libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla, y por lo tanto, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados.

Concluye a partir de lo relacionado previamente que, desprendiéndose del mismo Código del Trabajo cual es la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que se refiere a una materia especial.

Explica a continuación que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha sostenido en reiterados dictámenes que si existe norma específica que regula la materia concreta, se prefiere ésta que la Ley de Procedimiento, por tener ésta carácter supletorio.

Alude también a la circunstancia de que para arribar a esta misma conclusión, es posible acudir a la interpretación histórica de la Ley n° 20.087, explicitando a su vez que el Servicio, mediante Circular N° 73 de 8 de junio de 2010, estableció que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

Finalmente, transcribe en los pertinente los dictámenes 64.985 y 64.985 de la Contraloría General de la República y sentencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y Puerto Montt, controvirtiendo que la actuación denunciada haya vulnerado la garantía invocada por la contraria, no quedando claro de qué manera podría hacer afectado la igualdad ante la ley de la empresa recurrente, en circunstancias que su parte ha obrado conforme a la legalidad vigente.

Encontrándose en estado de ver, a fojas 76 se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero.- Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Segundo.- Que por la presente acción cautelar don Gonzalo Serra Berrueco, en representación de Inmobiliaria Power Center Ltda., reclama de la decisión pronunciada por el Inspector del Trabajo de Puerto Montt que no acogió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de Resolución de multa 4433/16/21 de 10 de abril de 2016, por haber sido presentada en forma extemporánea según la recurrida, pese a que a juicio del actor, fue deducida dentro de plazo, de manera que su rechazo constituye una actuación arbitraria e ilegal, que amaga la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución.

Tercero.- Que según aparece del documento agregado a fojas 6, la resolución que impuso la multa a la empresa fue notificada mediante carta certificada depositada en la oficina de Correos de Chile con fecha 5 de mayo de 2016, habiéndose presentado solicitud de reconsideración el día 15 de junio siguiente.

Cuarto.- Que, como se ha resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, entre otros fallos en el citado por el actor Rol N° 21.532-2014, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Quinto.- Que, en efecto, tratándose de un recurso presentado en la etapa administrativa, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Sexto.- Que, en consecuencia, siendo un hecho no controvertido, y consta además del documento de fojas 10, que el recurso de reconsideración fue presentado el día 15 de junio de 2016, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada por carta certificada depositada en oficina de Correos el día 5 de mayo siguiente, es dable concluir que la actuación de la recurrida que califica de extemporánea la mencionada reconsideración, constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el deducido en lo principal de la presentación de fojas 26 y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 1224 de 25 de julio de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multa N° 4433/16/21.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

ROL N° 2160-2016