nombre reservado EN REPRESENTACION DE ALIANZA SEGURIDAD LTDA CONTRA INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CHILOE- CASTRO

FOJA 55 Cincuenta y cinco Puerto Montt, a trece de julio de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 11 y con fecha 9 de mayo de 2015, Gonzalo Espinoza Urzúa, abogado, en representación de Alianza Seguridad Ltda., del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado; interpone recurso de protección contra la Inspectora Provincial del Trabajo Chiloé – Castro, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por la resolución N° 41 de fecha 27 de marzo de 2015 notificada a su parte el 9 de abril del mismo año que resuelve la reconsideración administrativa de la multa N° 10.05.7818.15.004-1, 2, 3, 4, 5 y 6 en tanto, dicha resolución constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera su garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Pide en definitiva que, acogiéndose el presente recurso, se ordenen a la recurrida conocer y resolver conforme a derecho la solicitud de reconsideración administrativa de multa que su representada ha presentado con fecha 6 de marzo de 2015, dejando sin efecto la resolución N° 41 del 27 de marzo que por esta acción se reclama y decretar la suspensión del procedimiento mientras penda la resolución de este recurso con expresa condena en costas, dejando en definitiva sin efecto la multa N° 10.05.7818.15.004-2 a 6.

Expone que, se le ha impuesto la multa N° 10.05.7818.15.004-1, 2, 3, 4, 5 y 6 a su representada, con ocasión y a consecuencia del ejercicio de una fiscalización llevada a cabo en dependencias del supermercado Unimarc de domicilio reservado, en que Alianza Seguridad Ltda., presta sus servicios. Pues bien, de dicha multa ha solicitado la reconsideración administrativa resuelta por medio del acto recurrido conforme a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, fundándose en el error de hecho del fiscalizador actuante, dejándose sin efecto por la recurrida sólo la primera de las multas impuestas. Aduce que dicho acto es ilegal por contravenir las disposiciones legales, en tanto, se ha resuelto mantener las restantes multas rechazándose la reconsideración sin fundamento alguno. Afirma que el mismo acto es también arbitrario, porque la resolución administrativa carece de razonamiento y obedece al mero capricho; en efecto – señala – su parte acompañó a la instancia administrativa toda la documentación necesaria que da cuenta que no existía infracción alguna a la normativa laboral vigente, conllevando la vulneración denunciada a la garantía fundamental del artículo 19 N° 2 de la carta fundamental por constituir finalmente una discriminación arbitraria e ilegal contra la recurrente que la priva de los derechos que le confieren las mencionadas normas legales del Código del Trabajo.

Acompaña al recurso, resolución N° 41 de la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé – Castro del 27 de marzo de 2015;

multa N° 10.05.7818.15.004-1, 2, 3, 4, 5 y 6 del 26 de enero de 2015; copia de su personería; copia de sobre que contenía la carta certificada por la que se le notifica el acto por el que recurre con timbre de Correos de Chile de fecha 9 de abril de 2015.

A fojas 24 y con fecha 22 de mayo de 2015, se declara admisible el recurso ordenándose a la recurrida evacuar el respectivo informe.

A fojas 47 y con fecha 25 de junio de 2015, doña nombre reservado, abogada de la Dirección del Trabajo por la recurrida, evacua el informe ordenado haciéndose parte del presente recurso de protección, solicitando su rechazo por extemporáneo y en subsidio, por ser improcedente, en tanto no ha existido actuación arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno por parte de los recurridos, en tanto se ha actuado dentro del marco legal y en la órbita de competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias, todo ello con costas.

Funda su alegación de extemporaneidad en cuanto, el acto recurrido, fue notificado mediante carta certificada depositada en la oficina de Correos de Chile con fecha 27 de marzo de 2015, conforme a lo establecido por el artículo 508 del Código del Trabajo, quedando notificada para todos los efectos legales al sexto día de aquel, esto es el 5 de abril de 2015.

En cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de marras, aduce que este asunto no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección dada la naturaleza cautelar, extraordinaria y excepcional de aquélla. Luego, no está destinada a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se sienta perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, es decir, no es un mecanismo ordinario de control contencioso administrativo. A mayor abundamiento el propio recurrente ha optado por plantear sus pretensiones conforme al recurso contemplado en el artículo 511 del Código del Trabajo lo que evidencia que sí existe una vía adecuada para reclamar del acto objeto del presente recurso.

En cuanto a la improcedencia por inexistencia del acto arbitrario o ilegal, señala que por causa de una denuncia recibida por la Inspección Provincial del Trabajo de Castro – Chiloé, se constituye el fiscalizador Robert Foxon Matus el 26 de enero de 2015 en las dependencias del supermercado Unimarc de dicha ciudad constatando diversas infracciones que fueron sancionadas por la multa reconsiderada. Ahora bien, en lo que dice relación con la reconsideración (que se estima por la recurrente como, ilegal y arbitraria), señala que, las competencias para reconsiderar y dejar sin efecto o revocar una multa administrativa de conformidad a lo dispuesto por los artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, se han delegado en los Inspectores Provinciales o Comunales del Trabajo mediante resolución exenta N° 444 del 2 de mayo de 2007, regulándose su ejercicio en la circular N° 46 del 2 de mayo de 2012 del Departamento de Inspección, a través de la cual se instruye la forma en que se debe proceder y los criterios a emplear en los casos en que dicha facultad se requiera. Al respecto y dado que lo invocado en la mencionada reconsideración de la recurrente ha sido la existencia de un error de hecho, la recurrida ha entendido que aquel concurre en una multa administrativa cuando este tiene la cualidad de esencial conllevando a la invalidez del acto administrativo respectivo. Dicho error puede configurarse: a) cuando se invoca un infractor equivocado o inexistente jurídicamente; b) cuando se superpone a un hecho infraccional sancionado coetáneamente; ante inexistencia jurídica de infracción y d) cuando se invoca una norma equivocada respecto de una determinada infracción. Por lo tanto, no habiéndose acreditado y configurado dicho error de hecho, es que la Inspectora Provincial recurrida ha decidido dejar sin efecto sólo la primera de las 6 multas impuestas por la resolución reconsiderada.

Finaliza su informe en cuanto a que no ha habido falta de fundamentación en la resolución recurrida, dado que ella fue el resultado un procedimiento de análisis de los antecedentes acompañados a la reconsideración y del conjunto de antecedentes recabados en la investigación que fundó la imposición de la multa reconsiderada. Así, niega que se haya conculcado la garantía constitucional en que se funda la recurrente, ya que su representada ha seguido todos los procedimientos legales y administrativos para su dictación en especial aquel que se detalla en la circular N° 46 del 2 de mayo de 20123 de la Dirección del Trabajo.

Acompaña a su informe copia de la resolución multa N° 7818/15/4 del 26 de enero de 2015 y su respectiva acta de notificación; copia de resolución N° 41 del 27 de marzo de 2015 y su respectiva acta de notificación; copia de carátula de informe de fiscalización de la Comisión N° 1005/2015/15; copia de la solicitud de reconsideración administrativa de la multa N° 7818/15/4 presentada por la recurrente con fecha 6 de marzo de 2015.

A fojas 54 con fecha 10 de julio de 2015 se traen los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, conforme a lo previsto y dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección es una acción constitucional destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24° y 25º, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Segundo: Que, el recurso de protección que se ha interpuesto en estos autos se fundamenta por el actor en que, se le habría vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República por la resolución N° 41 de fecha 27 de marzo de 2015, debido a que, dicha resolución ha sido ilegal y arbitraria por no ajustarse a los artículos 511 y 512 del Código del trabajo y por no contener fundamentación que la sustente.

Tercero: Que, como cuestión previa a entrar al conocimiento del fondo del asunto, procede analizar por estos sentenciadores si la presente acción fue interpuesta dentro de plazo en conformidad al numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excelentísima Corte Suprema, que establece el plazo fatal de treinta días corridos para la interposición de este recurso contados desde la ejecución del acto. En el caso de autos, dado que se ha tratado del acto administrativo contenido en la resolución N° 41 de fecha 27 de marzo de 2015, el cómputo debe realizarse desde la fecha en que aquel ha sido legalmente conocido por el interesado o solicitante del mismo.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, en particular, del documento consistente en la carta certificada por la cual se ha materializado la notificación de la resolución materia de este recurso, consta que el depósito de la misma en la respectiva oficina de Correos de Chile aconteció con fecha 27 de marzo de 2015; por lo tanto, resulta forzoso concluir que este recurso de protección es extemporáneo conforme a lo establecido por el artículo 508 del Código del Trabajo, pues precisamente la recurrente ha sido notificada de la resolución N° 41, para todos los efectos legales – inclusive para la interposición de la acción constitucional de marras – al sexto día de verificado este depósito, esto es el 5 de abril de 2015.

Quinto: Que, así las cosas, aparece de autos que la interposición de la presente acción constitucional ha sido fuera de plazo legal, por lo que será rechazada por extemporaneidad.

Sexto: Que, conforme con lo antes expuesto, no procede analizar el fondo de la cuestión debatida en estos autos.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza con costas, el recurso de protección de fojas 11 y siguientes, de fecha 9 de mayo de 2015, interpuesto por don Gonzalo Espinoza Urzúa en representación de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., en contra la INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO CHILOÉ – CASTRO, doña nombre reservado, por extemporáneo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 214-2015.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, presidida por doña nombre reservado e integrada por el Ministro don Jorge Ebensperger Brito y por la Fiscal Judicial doña nombre reservado. Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.

Puerto Montt, a trece de julio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que precede. Lorena Fresard Briones, Secretaria Titular.