nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DÉCIMA REGIÓN DE LOS LAGOS

Puerto Montt, nueve de abril de dos mil diecinueve.

Visto:

A folio Nº1, comparece el abogado Miguel Araya, en representación de nombre reservado, domiciliado en esta ciudad, e interpone acción constitucional de protección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra del Gobierno Regional de Los Lagos, por estimar que la recurrida ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Exenta NºGR-4340-2018, que puso término anticipado a la contrata entre las partes, lo que redunda en una vulneración a las garantías fundamentales de que es titular, consagradas en el artículo 19 Nº2, Nº16 y Nº24, de la Norma Suprema, sin perjuicio de lo decidido en sede de admisibilidad, instando por que se acoja el recurso en los términos que se ha solicitado.

Funda lo anterior en que con fecha 15 de abril de 2014 fue contratado como profesional a contrata grado 7 en el Gobierno Regional de Los Lagos, sirviendo funciones como encargado del Departamento de Gestión de Inversiones y Desarrollo Regional.

Luego hace una relación de las distintas funciones y cargos que ocupó, haciendo presente que ninguno de ellos detentaba los caracteres de cargo de confianza ni directivo y que las sucesivas contratas a su respecto fueron sin solución de continuidad, enterando al menos tres renovaciones por años completos, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.

No obstante lo anterior, con fecha 23 de marzo de 2018 se le comunica el cese de la contrata respectiva, por instrucciones del Intendente Regional, al estimar que ya no son necesarios sus servicios.

Lo anterior, motivó una demanda de tutela laboral incoada en abril de 2018, instancia en que se decretó el cese de los efectos del acto desvinculatorio, sin perjuicio que la denuncia fue rechazada en definitiva en julio de 2018; decisión que fuera recurrida de nulidad en autos Rol 225-2018, rechazándose éste por fallo de mayoría.

Expone que, reincorporado a sus funciones el día 03 de mayo, primero no tuvo función encomendada, luego se le trasladó a un programa del Gobierno Regional, en que no se le proveyeron en un principio siquiera los medios materiales necesarios y en el que se mantuvo hasta el 20 de diciembre de 2018, fecha en que se le citó a una reunión con su jefatura en que se le hizo entrega de la resolución impugnada que decreta el término anticipado de la contrata desde la data en que concluya su tramitación administrativa.

A pesar de lo anterior, el día 21 de diciembre pudo marcar su ingreso a las dependencias de la recurrida, pero al llegar a su equipo de trabajo notó que su cuenta estaba deshabilitada, misma suerte que siguió el sistema de registro de asistencia.

Finalmente, se le solicitó por correo electrónico el reintegro de las remuneraciones pagadas a contar del día 21 de diciembre último, por haber cesado anticipadamente su contrata.

En cuanto a la ilegalidad de lo obrado por la recurrida señala que la resolución atacada se funda en que se ha llevado a cabo una reestructuración del Departamento en que ejerce sus funciones, producto de la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno Regional, la que en la práctica no ha ocurrido por cuanto no se han elegido las nuevas autoridades. En segundo término, en el acto se invocan razones presupuestarias que a su juicio no han sido debidamente acreditadas. En último término, invoca que no existen restricciones judiciales para continuar con el proceso de término de la contrata, cuestión que no sería veraz desde que el actor pretende interponer un recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando conjuntamente fianza de resultas.

En cuanto a la improcedencia de la resolución adoptada, desarrolla argumentación en torno a la aplicación en la especie del principio de confianza legítima.

Pide que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución impugnada que puso término anticipado a su contrata; que, en consecuencia, deberá ser reintegrado a sus funciones; que asimismo, deberá pagársele sus remuneraciones por el plazo entre la fecha en que se decretó el cese de la contrata y hasta su reincorporación efectiva; o cualquier otra medida que esta Corte estime necesaria para el restablecimiento del derecho, con costas del recurso.

Acompaña copia de la resolución impugnada y del ordinario que le comunicó el cese anticipado en el mes de marzo.

A folio Nº4, se declaró admisible el recurso por la eventual vulneración de la garantías consagradas en el artículo 19 Nº2 y Nº24, sin perjuicio de las facultades amplias que le asisten a esta magistratura en sede de protección constitucional.

En cuanto a la orden de no innovar solicitada, estimando que era una resolución anticipada del fondo del recurso, se le negó lugar.

A folio Nº11, se evacúa informe por el recurrido, quien alega en primer lugar que los fundamentos de la acción y los hechos denunciados ya fueron conocidos en un juicio de lato conocimiento a propósito de la acción de tutela laboral que fuera rechazada en su oportunidad, justamente por desestimar la existencia de una falta de fundamentación en la no renovación de contrata, por haberse acreditado el supuesto de hecho consistente en la reestructuración del Gobierno Regional y que causa ejecutoria desde que, aun cuando se encuentra pendiente un recurso de unificación de jurisprudencia ante la Excelentísima Corte Suprema, se negó lugar a la fianza de resultas pedida por el actor en dichos autos.

Luego, afirma que el acto impugnado cumple con todos los requisitos formales, cuestión que ya fuera asentada en los autos laborales ya reseñados, ocasión en que el mismo recurrente ya invocó a su favor el principio de confianza legítima, argumento que fuera desechado por el tribunal de primer grado y por esta misma Corte en sede de nulidad.

Por otra parte, lo argüido por el recurrente en cuanto a que el acto impugnado debía cumplir con el trámite de registro ante la Contraloría General de la República para que surtiera sus efectos, eso sería errado en virtud de la jurisprudencia administrativa de ese órgano de control, que señala que dicho trámite no importa un control preventivo de legalidad, sino sólo la anotación material del acto en el registro respectivo.

En cuanto al fondo, alega que el acto impugnado se ha dictado conforme a la ley y que por tanto no le asiste vicio de ilegalidad o arbitrariedad alguna, ya que se encuentra debidamente fundamentado, como se asentara en el juicio de tutela laboral ventilado entre las mismas partes y fundado en los mismos argumentos.

Finalmente, entrega argumentos para desvirtuar la eventual infracción de las garantías constitucionales denunciadas, ya que el acto contiene fundamentos racionales y razonables; y porque no existe propiedad sobre el cargo público a contrata, ni aun de un cargo titular, por la relación de sujeción especial que regula el estatuto de los funcionarios públicos.

Insta por el rechazo con costas del recurso.

Acompaña, copia del acto recurrido, dictamen de Contraloría y copia del registro del primero.

A folio Nº12, a solicitud del recurrido en su informe, se ordenó traer a la vista carpeta digital de tramitación del recurso de nulidad laboral, Ingreso Corte Nº225-2018.

A folio Nº15, el recurrido hace presente que con fecha 19 de febrero de 2019 se resolvió el recurso de unificación de jurisprudencia intentado por el actor en el juicio de tutela laboral, declarándose éste inadmisible por la Excelentísima Corte Suprema.

A folio Nº17, encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

A folio Nº20, se agregaron extraordinariamente a la tabla, previa suspensión del recurrente en la vista originalmente fijada.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra el Gobierno Regional de Los Lagos, por estimar que aquel ha dictado un acto administrativo, consistente en la resolución exenta NºGR-4340-2018, que puso término anticipado a la contrata entre las partes, lo que redundaría en una vulneración a las garantías fundamentales de que es titular, consagradas en el artículo 19 Nº2 y Nº24, por carecer aquella de fundamento plausible ya que invoca una reestructuración de dicha entidad pública, que aun no se llevaría a cabo, por lo que no tiene sustento material en la realidad, pidiendo se acoja la acción y se deje sin efecto el acto impugnado, junto con ordenar su reincorporación y el pago de sus remuneraciones hasta la fecha de la misma, con costas.

Segundo: Que la defensa de la recurrida descansa en que los mismos hechos y bajo los mismos fundamentos, sirvieron de base a una acción de tutela laboral entre las partes, ocasión en que se asentó por el tribunal de primer grado que la reestructuración del servicio se verificaba en la especie a reconocimiento inclusive del demandante y que por ende, la decisión futura -en esa oportunidad- de cesar la contrata del actor, se encontraba suficientemente fundada.

Dicha decisión fue revisada por esta Corte en sede de nulidad laboral, en autos Ingreso Nº225-2018, del libro respectivo y en definitiva fue desestimado el libelo anulatorio, dejando a firme lo resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt.

Luego, lo resuelto en esa sede se encuentra firme y ejecutoriado, desde que se negó lugar en su oportunidad a la fianza de resultas y por cuanto el recurso de unificación de jurisprudencia intentado contra la sentencia de este origen, fuera declarado inadmisible por la Excelentísima Corte Suprema.

Por ello, estima que los fundamentos del acto impugnado, que son los mismos que ya fueran conocidos y revisados en sede de tutela laboral, fueron declarados ya como razonables y suficientes, por lo que no cabo obtener una declaración diversa en esta sede cautelar constitucional.

Tercero: Que del mérito de los antecedentes que obran en la carpeta digital del Ingreso Corte Nº225-2018, del libro laboral, en que se conociera en su oportunidad del recurso de nulidad intentado contra lo resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, desestimándose aquel, aparece que los fundamentos esbozados por el demandante en dicha ocasión son coincidentes con los que fundan la acción cautelar de marras.

De esta manera, aun cuando respecto del recurso de protección no cabe invocar cosa juzgada material, como tal, lo cierto es que el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo, es un procedimiento especial de lato conocimiento que tiene como finalidad conocer las denuncias por vulneración de garantías fundamentales, ofreciendo así una tutela diferenciada de derechos en el mismo sentido que la presente acción constitucional.

Incluso es más, el legislador laboral contempló expresamente la incompatibilidad de los procesos seguidos en sede de tutela, cuando los hechos en que se funda hubiesen sido objeto de la acción constitucional de autos.

Cuarto: Que cabe asentar además que, si bien la resolución recurrida en la especie no existía al momento de seguirse el juicio de tutela, por lo que no es posible afirmar que los hechos ventilados en ambos procesos son los mismos, lo cierto es que sí existe una identidad entre los fundamentos invocados en las resoluciones que dieron origen a ambos, atendido que pusieron en su oportunidad término anticipado a la contrata del actor.

Luego, al pretender revisar la Resolución Exenta NºGR-4340-2018, el recurrente cuestiona la suficiencia y razonabilidad de los fundamentos en que ella se basa, los que ya fueron objeto de una declaración en ese sentido, al fallarse negativamente para el demandante el juicio de tutela, decisión que por lo demás y como consta de los antecedentes, se encuentra firme y ejecutoriada.

Quinto: Que de esta suerte, como se ha planteado por la recurrida no cabe revisar nuevamente la suficiencia de los fundamentos del nuevo acto administrativo que materializa el cese de la contrata del actor, si de su lectura se aprecia que aquellos son coincidentes con aquellos respecto de los que ya se ejerció en su oportunidad un control jurisdiccional de mérito y legalidad.

Lo dicho, no importa una denegación del acceso a una tutela judicial efectiva, sino que es corolario de la necesaria coherencia y seriedad con que los órganos que ejercen justicia adoptan sus decisiones, de manera que no es dable pretender que sólo por cambiar de sede, se puede obtener un resultado diverso.

De igual modo, cabe aclarar que lo señalado precedentemente, fluye del hecho que como se dijera, tanto la tutela laboral como la protección constitucional, son procedimientos especiales destinados a tutelar de manera diferenciada el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de las personas, específicamente en el ámbito laboral la primera y en términos generales la segunda.

Es por ello que ha de existir una necesaria coherencia en lo resuelto por esta magistratura, ya que resulta innegable que dicho cartabón no es exigible cuando los procedimientos contrastados versan sobre una contienda ordinaria entre derechos subjetivos que emanan de normas de rango legal sobre los que recaen diversas interpretaciones jurídicas de las partes y otro diverso en que se ventila la solicitud de una tutela diferenciada de derechos fundamentales, en que la clave en que se razona sobre el conflicto jurídico varía sustancialmente, cuyo no es el caso cuando ambos procedimientos comparten esta última naturaleza jurídica, aun cuando difieran en su carácter de lato conocimiento o cautelar de urgencia, como ocurre en autos.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por estimar que en la especie no concurren los requisitos de procedencia de la misma, en especial, no se vislumbra actuación ilegal o arbitraria alguna de la recurrida que haya podido amagar el ejercicio de los derechos fundamentales del denunciante.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar en atención a la naturaleza jurídica de la acción deducida.

Redacción a cargo del Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº2121-2018.