nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, cuatro de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece Victoria Mera Cortés, abogada, en representación de nombre reservado, ejecutiva de pensiones, chilena, casada, domiciliada en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de nombre reservado, por los hechos que expone en su acción.

Sostiene que las partes se conocen por haber trabajado juntas durante el año 2019, ocasión en la cual la recurrente comienza a comprar diversos productos que la recurrida vendía mediante una tiene online de esta última, sin boleta ni garantía alguna, siendo una actividad informal. Que, en el año 2020, la actora queda sin trabajo, no pudiendo pagar las deudas que mantiene con la recurrida, incumpliendo con ello la obligación natural existente entre ellas, informando que aquello se solucionaría al momento de arreglarse su situación de cesantía.

En ese contexto, la recurrida comienza a aumentar artificialmente la deuda existente, toda vez que los productos adquiridos no superaban los $500.000.-, cobrando aquella una suma de $1.400.000.- pesos, lo que aun así estaba dispuesta a pagar. Sin embargo, la recurrida comenzó con amenazas, a pesar de los abonos que efectuaba y ante la solicitud de intervención del Servicio de Impuestos Internos, llegando incluso a presentarse la pareja de la recurrida a su lugar de trabajo para increparla, cuestión que no se concretó por no estar la actora en dicho momento en aquel lugar, existiendo una denuncia en sede penal al respecto.

Que la recurrida, con fecha 11 de octubre de 2023, realiza una publicación en su red social de Instagram, en donde cuenta con 2.395 seguidores, con una fotografía y nombre de la recurrente, catalogándola de deudora y efectuando una funa en contra, haciendo un llamado público a sus seguidoras para exigir el cobro de las deudas existentes entre ellas. Dicha situación se replica el 23 de noviembre de 2023, donde efectúa una publicación de una conversación entre las partes de WhatsApp que da cuenta de una petición de bajar las citadas publicaciones, y nuevamente el 05 de enero de 2024, ahora desde su cuenta personal de Facebook, compartiendo lo anterior en diversos grupos de personas.

Lo anterior ha provocado una incertidumbre y ansiedad en la recurrente y su familia, alegando una vulneración de las garantías del artículo 19 N°1 N°4 y N°24, todos de la Constitución Política.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción, ordenándose a la eliminación de las publicaciones y comentarios en contra de la recurrente de toda red social de la recurrida, y que se abstenga a futuro de la emisión de nuevas publicaciones al tenor de lo denunciado en esta acción, conjuntamente con la emisión de disculpas públicas en redes sociales y toda otra medida que se estime pertinente, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación 1. Captura de pantalla de la publicación realizada en la cuenta de Facebook de fecha 5 de enero de 2024; 2. Captura de pantalla de los grupos en los que fue compartida la publicación de Facebook; 3. Capturas de pantalla correspondientes a la publicación realizada por la recurrida en Instagram, fecha 11 de octubre de 2023, 23 de noviembre de 2023.

A folio 3, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso. Conjuntamente, atendido el mérito de los antecedentes, se concedió orden de no innovar debiendo la recurrida abstenerse de seguir efectuando publicaciones en redes sociales en contra de la recurrente, en tanto se tramite el presente recurso.

A folio 7, consta informe evacuado por nombre reservado, señalado que la relación con la actora es desde el año 2017, donde fueron colegas en la Isapre Cruz Blanca y donde la recurrida, a propósito de emprendimiento de compra y venta de vestuario de mujer y accesorios, en su inicio informal, le entrega de buena fe diversos productos a crédito, ello como parte de la relación de amistad existente entre ellas.

Desde el año 2019, a propósito de licencia de la informante, comenzó a crecer la deuda ante el no pago de la recurrente, cuestión que se extendió durante el año 2020, dando siempre excusas al respecto, a pesar de haber recibido dineros provenientes de diversas fuentes, a pesar de su situación de cesantía.

Frente a ello, efectivamente realiza una publicación en donde se indica que la actora le debe dinero y que necesita que se acerque a pagar, no siendo aquel comentario desapegado a la realidad. Luego, y ante la persistencia de los incumplimientos, y diversas excusas y supuestas denuncias efectuadas ante el Servicio de Impuestos Internos, realiza una segunda publicación, ante lo cual la recurrente fue hasta su domicilio, con Carabineros, para amenazarla, dirigiéndose posteriormente al trabajo del papá de sus hijos, razón por la cual se efectuó una denuncia ante la Policía de Investigaciones.

Indica que realizó una tercera publicación, recibiendo nuevamente amenazas en su contra, señalando que terceras personas darían cuenta de la misma conducta en que incurre la actora respecto a fraudes y mentiras, siendo dicha parte la que actúa de mala fe. Solicita en definitiva que se rechace la presente acción, con costas.

Acompaña a su presentación copia de carpeta tributaria al día, documentos del SII, copia de cuaderno y nota de venta de algunas compras efectuadas por la actora, copia de las amenazas efectuadas por la recurrente y pantallazos de mensajes de familiar de la recurrente y otras víctimas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que los hechos que se denuncian como ilegales y arbitrarios en esta causa consisten en las publicaciones efectuadas por las recurrida a través de sus redes sociales, en donde profieren una serie de comentarios denostativos en contra de la recurrente, incluyendo la publicación de imágenes con el rostro de aquella y que tienen como origen las presuntas deudas que mantiene esta última por la compra y venta de ropa y accesorios entre ambas partes.

Cuarto: En este sentido, cabe señalar que las publicaciones que se realizan en redes sociales por definición distan de ser privadas, permitiendo el acceso no restringido a cualquier persona, pues están formuladas en un medio de comunicación social y masivo, lo que permite su circulación, aún en contra de la voluntad de la propia emisora del contenido.

De esta forma, y si bien puede afirmarse que la información de la red social puede ser más o menos abierta al público, está siempre será pública, sin importar la creencia de quien sube o elabora la información, bastando capturar la pantalla de un ordenador o dispositivo móvil en el que se encuentre el contenido para que éste se continúe difundiendo y provocando efectos.

Quinto: Así, las redes sociales son un medio para expresión de opiniones que la Constitución Política asegura como una garantía fundamental en nuestro ordenamiento, pero sin que ello implique que su ejercicio se vulneren garantías de terceras personas que no estén en una posición jurídica de tolerar dicha afectación.

Sexto: Luego, de los antecedentes aportados a estos autos, se puede dar por establecido que la recurrida efectuó diversas publicaciones en redes sociales de su dominio y uso, ventilado en ellas una serie de hechos que involucran a la recurrente individualizada, a quién le imputa la existencia de deudas originadas por la venta de productos que realiza aquella, utilizando para ello un tono despectivo y provocando una serie de reacciones y comentarios de terceras personas en su contra, mediando, además, el uso de una imagen con su rostro para facilitar la identificación de su persona.

Séptimo: Así las cosas, las expresiones proferidas constituyen una actuación arbitraria e ilegal que atenta el derecho a la propia imagen y reputación que posee la recurrente de esta causa y que la Constitución resguarda bajo el artículo 19 N°4 del citado texto, el cual asegura a todas las personas el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona, máxime si el contenido divulgado se refiere a hechos que fueron de conocimiento de un tribunal legalmente establecido, existiendo un pronunciamiento del mismo acerca de estos hechos.

Octavo: En consecuencia, existiendo un actuar ilegal y arbitrario de parte de las recurrida que atenta contra las garantías señaladas previamente respecto del actor de esta causa que no resulta justificada con los antecedentes esgrimidos por esta última, se acogerá la presente acción en los términos a indicarse en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge la acción interpuesta por Victoria Mera Cortés en representación de nombre reservado en contra de nombre reservado, ordenándose a esta última la eliminación de toda publicación alusiva a la recurrente de acuerdo con lo denunciado en el presente recurso, debiendo abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar nuevas publicaciones del mismo tenor o compartir aquellas que tengan la misma finalidad mediante cualquier vía de comunicación.

Redacción a cargo del Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 21-2024.