nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, tres de abril de dos mil veintitrés.

Vistos.

Que a folio N° 1 comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, actuando en este acto en favor de don nombre reservado cedula nacional de identidad N° RUT reservado, Profesor de Deportes, de nacionalidad venezolana, domiciliado para los efectos de esta Acción Constitucional en Isla de Chiloé, nombre reservado. domicilio reservado, Región de Los Lagos; quien interpone Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES con domicilio en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos expone que el recurrente ingresó a Chile por pasos habilitados, cumpliendo con todos los requisitos verificados por autoridades a cargo del control migratorio de personas, solicitando posteriormente visado temporario, siéndole otorgado mediante Resolución Exenta N° 1009/18-05-2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, con vigencia desde el 04/06/2019 hasta el 04/06/2020. En lo sucesivo, antes del vencimiento de su visado temporario y en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, el recurrente envió solicitud de Permanencia Definitiva asignándole la recurrida el N° 4489265, en fecha 03-06-2020, a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración, disponible en el enlace: https://tramites.extranjeria.gob.cl/ ,adjuntando toda la documentación requerida.

Así las cosas, desde la fecha antes indicada el actor no ha recibido información alguna que dé cuenta sobre el avance y estado de su solicitud de permanencia definitiva, por lo que resulta claro que el recurrido aún no ha dictado un acto administrativo que emita un pronunciamiento final sobre la solicitud de permanencia definitiva del recurrente.

Se debe considerar que, desde el inicio de la tramitación y de conformidad con lo previamente expuesto, a la fecha de presentación de la presente acción, han transcurrido 947 días, lo que se traduce en más de 31 MESES siendo evidente que los plazos de la recurrida en forma alguna son coherentes con lo establecido en la Ley 19.880, siendo no sólo excesivos, sino que escapan de toda razonabilidad, vulnerando de esta manera los derechos del recurrente, por encontrarse en esta etapa de indeterminación de su procedimiento.

Expone que resulta claro que transcurridos hasta la fecha más de 31 meses del inicio de la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente, la misma se encuentra en un estado insipiente, reflejando tan solo un avance del 87% encontrándose en “Análisis Resolutivo” por lo que, considerando la fecha de presentación de la solicitud es a todas luces ilegal. Ello en virtud a que, el Servicio Nacional de Migraciones ha superado con creces el plazo de 6 meses establecido por el legislador en el artículo 27 de la Ley 19.880 para la duración del procedimiento administrativo en relación con el artículo 37 de la Ley 21.325, el cual conmina al recurrido a resolver las solicitudes de residencia definitiva dentro del más breve plazo. Aunado al hecho cierto de haber incumplido el deber de informar el estado de tramitación de la solicitud cada sesenta días hábiles, como lo establece la normativa migratoria citada.

Es por ello que, esta omisión o abstención a decidir tan prolongada en el tiempo por parte del Servicio Nacional de Migraciones, le ha traído graves consecuencias al recurrente, debido a las limitaciones ordinarias que surgen al no poder tener condición de accesibilidad a un mundo normal de gestiones, siendo que, su cédula de identidad ha permanecido vencida por más de 2 años y 6 meses, entre otros agravios que expone.

Previas citas legales y jurisprudenciales pide: (l) Resolver, sin más trámite, la solicitud de Permanencia definitiva del recurrente nombre reservado, ya individualizado, dictando el acto administrativo final que en derecho corresponda, en un plazo razonable que no exceda de 30 días continuos o aquel que se estime pertinente. (II) Que se condene en costas a la recurrida Acompaña junto al recurso los siguientes documentos correspondientes el recurrente: 1. RUN. 2. Pasaporte. 3. Visa Temporaria. 20 4. Comprobante de envío de solicitud de permanencia definitiva de fecha 03-06-2020. 5. Visualización en sitio web autoconsulta trámites Departamento de Extranjería y Migración.

Que a folio N° 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio N° 5 se evacua informe por parte del servicio recurrido quien expone al efecto que, consta que don nombre reservado, de nacionalidad Venezolana, ingresó al país por primera vez con fecha 1 de febrero de 2019, por paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado. Con fecha 19 de marzo de 2019, el recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Chiloé, el beneficio de visa primera vez temporaria profesional/técnico.

Con fecha 19 de marzo de 2019, la Gobernación provincial de Chiloé, otorga al recurrente el beneficio de autorización de trabajo por el periodo de 4 meses, el que se mantuvo vigente hasta el 19 de julio de 2019. Con fecha 18 de mayo de 2019, mediante Resolución exenta N° 1009, la Gobernación provincial de Chiloé, otorga visación de residente domicilio reservado año, la que se mantuvo vigente hasta el 4 de junio de 2020. El 3 de junio de 2020, el recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 4489265.

Con fecha 19 de noviembre de 2021, el recurrente realiza el pago de los derechos correspondientes a la solicitud de permanencia definitiva, código de solicitud 4489265.

Con fecha 5 de diciembre de 2021, mediante Resolución exenta N° 21242821, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica al recurrente que aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva. A la fecha, la solicitud de permanencia definitiva, código de solicitud 4489265, se encuentra en etapa de resolución. En virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pero requiere del certificado de solicitud en trámite para salir del país como residente nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Por otra parte, manifiesta que la recurrente no ha señalado desde cuando se produce la perturbación, y entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo. Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña junto al informe: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Oficio ordinario N° 67130, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de noviembre de 2022. 3. Resolución exenta N° 21242821, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 5 de diciembre de 2021.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de solicitud de visa permanencia definitiva.

TERCERO: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.

CUARTO: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que el recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, lo que hizo a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, no señalando la recurrida si falta, en específico, algún documento para proceder con el trámite.

QUINTO: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo legal.

SÉPTIMO: Que, la dilación del recurrido en el pronunciamiento de la mentada solicitud resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud de la recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y se ordena a la recurrida, que deberá dar celeridad al pronunciamiento definitivo de la solicitud de la recurrente sobre visa de permanencia definitiva en el país, conforme al mérito de los antecedentes administrativos, en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados desde que quede ejecutoriada la presente sentencia.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 21-2023.