Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció el día 29 de enero en curso nombre reservado, a favor de nombre reservado, ciudadana haitiana, contra el SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, impugnando la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 29 de diciembre de 2025, que rechazó su petición de residencia definitiva, y otorgó visa temporaria.

Explica que la recurrente vive legalmente en Chile desde hace varios años, y en el mes de julio de 2024 pidió la residencia definitiva, siendo notificada el día 15 de abril de 2025 que debía acompañar certificado de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado, bajo apercibimiento de rechazo.

Dice que el 22 de septiembre de 2025 entregó carta explicativa, adjuntando el certificado de antecedentes penales de Chile y el certificado de antecedentes penales de Haití, debidamente legalizado, apostillado y traducido al español, cumpliendo de esta forma con el requisito exigido y pese a ello el Servicio rechazó la solicitud mediante la resolución impugnada, bajo el fundamento que no acompañó el certificado de antecedentes penales de Haití y otorgó en su reemplazo una residencia temporal por un año.

Reclama que dicha resolución es ilegal y arbitraria, porque desconoce expresamente la documentación acompañada, y la priva del derecho a que su solicitud sea tramitada conforme a derecho, vulnerando los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley, debido proceso y juridicidad.

Solicita dejar sin efecto dicha resolución y continuar con la tramitación de la solicitud de residencia definitiva del recurrente, teniendo por cumplido el requisito de conducta mediante el certificado de antecedentes penales de país de origen, y en definitiva disponer todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas.

Acompaña al recurso: 1) Copia de cédula de identidad del recurrente. 2)

Copia de pasaporte de recurrente. 3) Resolución exenta N° NUM000 de fecha 29 de diciembre de 2025. 4) Carta explicativa entregada en oficina de partes de Sermig. 5) Certificado de antecedentes penales del país de origen, debidamente traducido, legalizado y apostillado. 6) Certificado de cotizaciones, que detalla domicilio de recurrente.

A folio 4 se tiene por interpuesto el recurso, y se pide informe.

A folio 7 el Servicio Nacional de Migraciones evacua informe, y reconoce que efectivamente el Servicio notificó a la extranjera el 19 de febrero de 2025 de solicitud de documentos adicionales, en este caso el certificado de antecedentes del país de origen original y apostillado, y la extranjera completó la etapa de solicitud de documentos adicionales el 1 de abril, y el día 15 de abril de 2025 fue notificada de previo rechazo, solicitándole remitir materialmente el certificado de antecedentes original y apostillado, y el día 7 de mayo se completó la etapa para adjuntar la documentación y ella no lo completó.

Finalmente, explica que el día 29 de diciembre de 2025 este servicio notificó a la persona extranjera de Rechazo solicitud de residencia definitiva y otorga visación de residencia temporal a través de Resolución Exenta N°NUM000.

Argumenta que el rechazo se basó en que la actora no cumplió lo exigido por la autoridad, y la Ley N° 21.325 obligaba a este Servicio a rechazar la solicitud del extranjero, por aplicación del artículo 88 N°2, pues no remitió el original del certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, siendo pertinente rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Dice que la solicitante fue requerida de remitir por correo certificado el documento indicado, pero nunca lo acompañó ni aportó el comprobante de envío solicitado, por lo que la administración no pudo verificar la inexistencia de antecedentes penales en su país de origen, requisito indispensable para evaluar la idoneidad del solicitante y la procedencia del beneficio, y destaca que una constancia de antecedentes emitida por una autoridad distinta del país de origen no cumple con el estándar exigido, razón por la cual la causal de rechazo se mantuvo subsistente durante todo el procedimiento.

Concluye el Servicio que su actuar se ha apegado a la Constitución y las Leyes, por lo que no existe acción u omisión de carácter ilegal o arbitraria que afecte los derechos del recurrente, porque en definitiva la actora no remitió nunca el certificado de antecedentes en la forma exigida por la autoridad, tampoco consta el ingreso físico del certificado original al departamento competente.

Agrega que además el historial migratorio de la actora registra múltiples situaciones de irregularidad y sanciones administrativas, lo que daría cuenta de reiterados incumplimientos normativos.

Luego, refiere que la decisión de rechazar la residencia definitiva y otorgar en su lugar un permiso de residencia temporal se enmarca dentro de las facultades legales del Servicio y constituye una medida proporcional y razonable, considerando que el cómputo de meses de residencia exigido por la normativa no resultaba suficiente para habilitar una nueva postulación inmediata al beneficio de residencia definitiva, resultando en definitiva la medida menos gravosa posible, pues le permite mantener residencia regular, continuar desarrollando actividades lícitas y eventualmente volver a postular cumpliendo íntegramente los requisitos legales.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Tercero: Que, cabe precisar que el artículo 91 de la Ley 21.325, señala expresamente que “Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo 146, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso de que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado será notificado en conformidad al artículo 146 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país, que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país, conforme al artículo 136.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada, podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieran abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.”

Cuarto: Que, así las cosas, de la situación fáctica descrita, los fundamentos de la resolución recurrida, siendo informada la recurrente que se rechazó su petición de permiso de residencia definitiva por no haber acompañado el certificado de antecedentes penales del país de origen en los términos indicados, comunicándole que se le otorgaba un permiso de residencia temporal, conforme lo expuesto por la autoridad, permite concluir que al negar la recurrida la solicitud de permiso de residencia definitiva de la actora porque no acompañó el certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, no se incurrió en ilegalidad, arbitrariedad o vulneración de garantías constitucionales, por cuanto el acto administrativo impugnado emana de autoridad competente, se dictó debido al incumplimiento de los supuestos fácticos de procedencia y conforme a la normativa vigente, teniendo presente además que la recurrente contando con los recursos administrativos para revertir la decisión de la autoridad migratoria, cuando se denegó la visa definitiva, optó por la inactividad, conformándose con lo resuelto hasta ahora.

Quinto: Que, en cuanto a los documentos que individualiza como “4) Carta explicativa entrega en oficina de partes de Sermig, y 5) Certificado de antecedentes penales de país de origen, debidamente traducido, legalizado y apostillado”, éste no corresponde al documento solicitado por la recurrida, pues es un certificado de antecedentes policiales o “certificat de pólice”, documento distinto al certificado de antecedentes penales o “casier judiciaire”, que es aquel solicitado por el Servicio.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción cautelar de protección interpuesta por nombre reservado, a favor de nombre reservado, ciudadana haitiana, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Redacción a cargo Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 207-2026.-