EULEN SEGURIDAD S.A con INSPECCION DEL TRABAJO DE QUELLON

Puerto Montt, dieciséis de abril de dos mil dieciocho.

Vistos:

Que, con fecha 18 de enero del presente año, comparece don Aníbal Rogel Sepúlveda, abogado, en representación judicial de la empresa Eulen Seguridad S.A., del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado; quien deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra del Inspector Comunal del Trabajo de Quellón, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la recurrida ha vulnerado la garantía fundamental de interdicción de la arbitrariedad consagrada en el artículo 19 Nº 2 y aquella contenida en el artículo 19 Nº3 inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Explica que lo anterior, habría ocurrido con ocasión que la recurrida dictó resolución de multa N°1192/2017/48-1, con fecha 2 de diciembre de 2017, pero notificada a la actora el día 13 del mismo mes y año. Respecto de dicha decisión administrativa se solicitó reconsideración por la recurrente, a la que no se dio curso por la recurrida, mediante Ordinario Nº23, de 22 de enero de 2018, notificado a su parte con fecha 30 del mismo mes y año, invocando lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, por haberla presentado fuera del plazo legal de treinta días corridos.

Agrega que la multa de 60 UTM, fue cursada por no llevar registro de asistencia y horas trabajadas, respecto de un trabajador de la empresa, lo que impidió un acertado cálculo de las horas extras trabajadas en el mes de octubre de 2017.

De esta manera, refiere que la actuación de la recurrida al no dar curso a la solicitud de reconsideración de multa se torna ilegal, por cuanto el plazo que otorga para deducir el reclamo en sede administrativa el artículo 512 del Código del Trabajo, es de treinta días hábiles y no corridos.

Para fundar su posición, entrega una argumentación contradictoria señalando primero que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo debe interpretarse en concordancia con el resto de dicho cuerpo normativo, en especial con el artículo 435 que señala que los plazos de días se suspenden en feriados; y del artículo 432 que hace una remisión en todo lo no regulado al Código de Procedimiento Civil. Luego, al contrario de lo señalado previamente, agrega que en realidad debe aplicarse en la especie lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, de conformidad a la nutrida jurisprudencia emanada de nuestra Corte Suprema.

Por lo anterior, estima conculcada la garantía de interdicción de la arbitrariedad consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Norma Fundamental, por carecer de suficiente justificación la decisión adoptada, máxime, si se ha hecho una interpretación errónea de lo dispuesto en la norma aplicable en la especie.

Finalmente, refiere como vulnerada la garantía consagrada en el del artículo 19 Nº3, inciso primero, de la Constitución Política de la República, obviando que el artículo 20 de la Carta, al consagrar la acción de protección que se deduce en autos, excluye expresamente su procedencia respecto de la garantía invocada, por lo que no se hará referencia a la fundamentación desarrollada a su respecto.

Por lo expuesto, estima que se hace procedente la intervención cautelar de esta Corte, en el sentido de ordenar a la recurrida que “acoja” la solicitud de reconsideración administrativa, con costas del recurso.

Acompaña copia de la resolución de multa cuya impugnación se pretende y copia del ordinario por el que se le notifica que no se admite a tramitación la reconsideración.

Evacuado informe la recurrida, alega en primer lugar la improcedencia de la acción cautelar de marras, por incidir en una cuestión que dice relación con discrepancias en la interpretación de una norma de rango legal y no con una contienda sobre asuntos de orden constitucional, atendido que el procedimiento aplicable en la especie es aquel contenido en el artículo 504 del Código del Trabajo. Cita en respaldo de su defensa los fallos de protección Roles 100-2015 y 1155-2015, ambos de esta Magistratura y confirmados por la Excma. Corte Suprema.

Agrega que no existe acto ilegal o arbitrario ya que se ha hecho aplicación correcta de las normas jurídicas que regulan el cómputo de los plazos en esta materia, reafirmado por dictamen Nº64.985 de la Contraloría General de la República.

De igual manera cita diversas disposiciones del Código del Trabajo que respaldan su tesis en torno a la naturaleza de los días contemplados en los plazos que aquel regula, los que serían días corridos, según las reglas ordinarias.

En el mismo sentido, refiere lo dispuesto en la Circular Nº73 del año 2010, de la Dirección del Trabajo, que señala que los días contemplados en el artículo 512 del Código del ramo, son corridos.

Expone que también lo ha resuelto así la jurisprudencia judicial, citando el fallo dictado en autos Rol 162-2012, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta; y la decisión adoptada por esta Corte en autos Rol 173-2011.

Finalmente, alega que al no existir ilegalidad en la actuación de la recurrida, no puede seguirse tampoco la concurrencia de una vulneración a las garantías fundamentales de la actora, motivo que asiste a la necesidad de rechazar la pretensión cautelar incoada en estos autos.

Acompaña copia de la resolución de multa, la presentación en que ésta es reclamada y el oficio en que se comunica su inadmisibilidad por extemporaneidad; Circular Nº73 de la Dirección del Trabajo y Dictamen Nº64.985 de la Contraloría General de la República.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla de la presente audiencia.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho de haber dictado la recurrida una resolución de multa N°1192/2017/48-1, de 2 de diciembre de 2017, notificada el día 13 del mismo mes y año, que impone a la recurrente una sanción administrativa de la que se solicitó reconsideración con fecha 16 de enero de 2018. Luego, mediante ordinario N°23, de 22 de enero del presente año, se declaró extemporánea dicha solicitud de reconsideración, por estimar la recurrida que se interpuso fuera del plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Lo anterior, por cuanto la Inspección del Trabajo considera que el cómputo del plazo para ejercer la reconsideración contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo es de día corridos, interpretación contraria a la sostenida por la actora quien sostiene que es de días hábiles.

TERCERO: Que, previo al examen de los requisitos del recurso de protección, y considerando la alegación formulada por la recurrida respecto de la falta idoneidad de esta vía recursiva para resolver un problema de interpretación de norma, cabe hacer presente que si bien el recurso de protección es una acción de urgencia y excepcional que pretende entregar tutela judicial a derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución y descritos en el catálogo del artículo 19 de la misma; su aplicación se ha extendido por la vía de una amplia interpretación de derechos protegidos a otros no consagrados en el citado artículo 20, por la vía de la denominada propietarización de los derechos. Lo mismo ha sucedido con el hecho de abarcar áreas que -en su génesis- no se consideraban, a saber, lo contencioso administrativo, o también denominada justicia administrativa.

Luego, parece claro que la existencia de otras vías de reclamo, de naturaleza contenciosa administrativa o judicial, no obsta a la interposición del recurso de protección cuando el hecho fundante de aquel es justamente una eventual ilegalidad del órgano del Estado contra el que se recurre, que trasunta en la vulneración de garantías del administrado.

CUARTO: Que, en consideración a lo expuesto, es pertinente analizar el primer requisito de la acción, en este caso, si el Ordinario N°23 reviste caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, de los que se le acusa; para tales efectos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, se desprende que se trata de un acto dictado en una etapa administrativa, y no judicial; la calidad de administrativo del plazo señalado significa que no le son aplicables las normas que respecto de los plazos judiciales se establecen en el Código del Trabajo, debiendo recurrirse a la supletoriedad de la Ley N° 19.880, consignada en su artículo 1°, y en consecuencia a las disposiciones de su artículo 25, texto sobre cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, que dispone que los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. (Corte Suprema, Rol N° 2418-2012). En consecuencia, y ante la falta de precisión de la naturaleza del plazo del artículo 512, existe un plazo especial del citado artículo 25 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, el cual prima por sobre la normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Lo dicho, tiene además un fundamento de razón práctica, cuál es el normal funcionamiento de los servicios públicos sólo en días hábiles, esto es, de lunes a viernes, y no en sábados o domingos, razón que lleva a afirmar que los plazos de días administrativos, por cuanto involucran o demandan una actuación activa o pasiva de un órgano de la Administración, implican necesariamente una comprensión que excluye a los sábados, domingos y festivos.

QUINTO: Que, siguiendo con lo razonado, el plazo para solicitar la reconsideración de multa del artículo 511 y 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, el cual -en el caso sublite- no había transcurrido al haber sido notificado de la Resolución Multa el recurrente el 13 de diciembre de 2017, y presentar la reconsideración el día 16 de enero del año 2018; por consiguiente, la declaración de extemporaneidad del recurso constituye una ilegalidad, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

SEXTO: Que, abona a lo anterior, lo señalado por la jurisprudencia reciente de la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N°38.210-2016, que refiere a los fallos anteriores de ese mismo origen en autos Rol N°809-2014, N°8.384-2014, N°18.414-2015 y 16.288-2016, en que se ha afirmado por el Máximo Tribunal que el plazo que se contempla en el artículo 512 del Código del Trabajo para deducir la reconsideración administrativa ante el Director del Trabajo, es de días hábiles y no de días corridos, por lo que se suspende en días sábados y domingos, por cuanto debe aplicarse en la especie y de forma supletoria, lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.880.

SÉPTIMO: Que no se emitirá pronunciamiento acerca de la eventual vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 Nº3 inciso primero de la Norma Fundamental, por ser aquella expresamente excluida del ámbito de aplicación de la presente acción constitucional, según lo dispone el artículo 20 de la Carta.

OCTAVO: Que no obstante que el petitorio de la acción proteccional incoada, refiere que se “acoja” la reconsideración administrativa interpuesta por la recurrente, apareciendo aquello fuera de las facultades que le asisten a esta Corte en esta sede cautelar de urgencia, no se accederá a ello, sino que se ordenará admitir a tramitación el reclamo, atendido que es el órgano administrativo recurrido quien se encuentra facultado por ley para emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de reconsideración de multa, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se acoge el recurso de protección deducido por don Aníbal Rogel Sepúlveda, en representación judicial de la empresa Eulen Seguridad S.A., en contra del Inspector Comunal del Trabajo de Quellón; y en consecuencia, se deja sin efecto el ordinario N°23 de 22 de enero de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración planteada por la recurrente, respecto de la resolución N°1192/17/048-1, que estableció una multa en su perjuicio.

II.- Que, no se condena en costas a la recurrida por haber tenido motivo plausible para litigar.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Nelson Ibacache Doddis.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 204-2018