nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SALUD

nombre reservado, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

VISTO:

Ante esta Corte de Apelaciones de nombre reservado, con fecha doce de diciembre de 2018 y en folio N°1, compareció don nombre reservado, kinesiólogo, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado. Recurrió de protección contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada regionalmente por el Contralor Regional don Pablo Hernández Matus, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado; el SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado y; la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, representada por el Superintendente don Ignacio García-Huidobro Honorato, con domicilio en domicilio reservado.

Sostuvo la afectación ilegal y arbitraria de sus garantías consagradas en el artículo 19 Nº3 y Nº24 de la Constitución Política de la República, ocasionada con la inmotivada destitución de la contrata que lo vinculó con la Superintendencia de Salud, dispuesta mediante resolución afecta Nº2 de 15 de noviembre de 2018, cuya toma de razón se efectuó el 05 de diciembre de 2018; a consecuencia del sumario administrativo substanciado por acoso laboral en virtud de resolución exenta NºJ/3514 de 05 de octubre de 2016 del Servicio de Salud del Reloncaví, mientras se desempeñó para éste último a cargo del establecimiento Larga Estadía del Adulto Mayor en Alerce, nombre reservado.

Se le atribuyó: hostigamiento constante al enfermero y a tres técnicos de nivel superior, uno de los cuales renunció y otro pidió su baja para evitar contacto con aquél; maltrato a otros dos técnicos de nivel superior; favorecimiento a una técnico paramédico mediante la autorización de permisos, entre otros; sobrecargar de trabajo administrativo-contable a la asistente social por omisión de sus propias funciones. Sin embargo, adujo la falta de motivación y fundamentación del acto administrativo reprochado, el cual puso término al antedicho sumario substanciado en transgresión al debido proceso por la imprecisión e inefectividad de los cargos atribuidos, sin ponderación de las atenuantes concurrentes.

Pidió en definitiva que, acogiéndose con costas su acción, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, en especial, la privación de efectos del acto recurrido.

Con fecha 14 de diciembre de 2018 y en folio N°4, se declaró admisible y por interpuesto el recurso de protección.

Con fecha 20 de diciembre de 2018 y en folio N°6, los abogados don Claudio Colivoro Vera y don Sergio Zapata Rojas por el recurrido SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ, evacuaron informe peticionando el rechazo del recurso de protección. Reconociendo la substanciación procedimental administrativa precedida, precisaron que el actor ha sido director del establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor en Alerce, cargo en el cual fue denunciado por ocho funcionarios de su dependencia por acoso laboral. Sin embargo, aquél renunció al Servicio el 21 de febrero de 2017 en curso del sumario, para asumir el cargo de fiscalizador de la Superintendencia de Salud sin solución de continuidad; por lo cual, continuó la tramitación en observancia irrestricta de las garantías ínsitas al debido proceso, hasta la resolución de destitución dictada por su superior jerárquico correspondiente, para hacer efectiva su responsabilidad administrativa.

Con fecha 07 de enero de 2019 y en folio N°10, el Contralor Regional don Pablo Hernández Matus por la recurrida CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA evacuó informe peticionando el rechazo del recurso de protección. Refiriendo los antecedentes administrativos previos a la resolución reprochada; alegó su falta de legitimación pasiva y la improcedencia del recurso de protección, sosteniendo su obrar fundado y conforme a los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, 2, 5, 6 y 10 de la Ley 10.336; en la medida que ha ejercido competencias públicas limitadas únicamente a la toma de razón del acto administrativo correspondiente.

Con fecha 05 de febrero de 2019 y en folio N°16, la Superintendente doña Marcela Palma San Miguel por la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SALUD evacuó informe peticionando el rechazo del recurso de protección. Asimismo, sostuvo su obrar fundado conforme a Derecho y limitado únicamente a la aplicación de la destitución dispuesta, en virtud de los artículos 121 letra d) y 125 del Estatuto Administrativo, con causa en el resultado del sumario administrativo substanciado contra don nombre reservado.

Con fecha 07 de febrero de 2019 y en folio N°18, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y tutelables por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la parte recurrente se fundamenta en la afectación ilegal y arbitraria de sus garantías consagradas en el artículo 19 Nº3 y Nº24 de la Constitución Política de la República, ocasionada con la inmotivada destitución de la contrata que lo vinculó con la Superintendencia de Salud, dispuesta mediante resolución afecta Nº2 de 15 de noviembre de 2018, cuya toma de razón se efectuó el 05 de diciembre de 2018; a consecuencia del sumario administrativo substanciado por acoso laboral en virtud de resolución exenta NºJ/3514 de 05 de octubre de 2016 del Servicio de Salud del Reloncaví, mientras se desempeñó para éste último a cargo del establecimiento Larga Estadía del Adulto Mayor en Alerce, nombre reservado.

Al informar el Servicio de Salud del Reloncaví, precisó que el actor ha sido director del establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor en Alerce, cargo en el cual fue denunciado por ocho funcionarios de su dependencia por acoso laboral. Sin embargo, aquél renunció al Servicio el 21 de febrero de 2017 en curso del sumario, para asumir el cargo de fiscalizador de la Superintendencia de Salud sin solución de continuidad; por lo cual, continuó la tramitación en observancia irrestricta de las garantías ínsitas al debido proceso, hasta la resolución de destitución dictada por su superior jerárquico correspondiente para hacer efectiva su responsabilidad administrativa.

Al informar la Contraloría General de la República alegó su falta de legitimación pasiva y la improcedencia del recurso de protección, en la medida que, ha ejercido competencias públicas limitadas únicamente a la toma de razón del acto administrativo correspondiente.

Finalmente, al informar la Superintendencia de Salud sostuvo su obrar fundado conforme a Derecho y limitado únicamente a la aplicación de la destitución dispuesta, en virtud de los artículos 121 letra d) y 125 del Estatuto Administrativo.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó los siguientes instrumentos: 1) resolución afecta Nº2 de 15 de noviembre de 2018; 2) certificado de antigüedad laboral de 10 de diciembre de 2018 de la Superintendencia de Salud; 3) calificaciones del periodo 01 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018 de la Superintendencia de Salud; 4) informe de desempeño de 10 de octubre de 2017 de la Superintendencia de Salud; 5) informe de desempeño de 11 de junio de 2018 de la Superintendencia de Salud; 6) informe de desempeño de 03 de abril de 2018 de la Superintendencia de Salud.

El Servicio de Salud del Reloncaví acompañó: 1) resolución afecta Nº25 de 21 de junio de 2018; 2) resolución afecta TRANº951/126/2017 de 08 de marzo de 2017 del Servicio de Salud; 3) hoja de vida funcionaria en el Servicio de Salud del Reloncaví.

La Contraloría General de la República acompañó: 1) resolución exenta NºJ/2238 de 2018 del Servicio de Salud del Reloncaví; 2) reclamo de ilegalidad signado con el Nº103.795 de 2018; 3) resolución afecta Nº25 de 2018 del Servicio de Salud; 4) oficio Nº5737 de 2018 de la Contraloría General de la República; 5) resolución afecta Nº2 de 2018 de la Superintendencia de Salud, con toma de razón el 05 de diciembre de 2018.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en lo estrictamente pertinente se tiene por acreditado:

1º Que, mediante resolución afecta Nº2 dictada el 15 de noviembre de 2018 por la Superintendencia de Salud, cuya toma de razón se efectuó el 05 de diciembre de 2018 por la Contraloría General de la República; se destituyó a don nombre reservado del cargo de funcionario del estamento fiscalizador de la Agencia Zonal de la Superintendencia de Salud.

2º Que, la resolución afecta Nº2 dictada el 15 de noviembre de 2018 por la Superintendencia de Salud, ha considerado lo dispuesto en la resolución exenta NºJ/1188 dictada el 02 de abril de 2018 por el Servicio de Salud del Reloncaví; en la cual, se determinó la aplicación de tal medida disciplinaria en virtud de los artículos 121 letra d) y 125 del Estatuto Administrativo, por el resultado del sumario administrativo substanciado por acoso laboral en virtud de resolución exenta NºJ/3514 dictada el 05 de octubre de 2016 por el Servicio de Salud del Reloncaví, tras la denuncia de ocho funcionarios de su dependencia mientras se desempeñó para este último Servicio a cargo del establecimiento Larga Estadía del Adulto Mayor en Alerce, nombre reservado.

3º Que, la resolución exenta NºJ/1188 dictada el 02 de abril de 2018 por el Servicio de Salud del Reloncaví fue impugnada por reposición de 09 de abril del mismo año; rechazándose por resolución exenta NºJ/2238 de 30 de mayo de 2018. Asimismo, el 03 de julio de 2018 fue reclamada ante la Contraloría Regional de Los Lagos; desestimándose el 12 de octubre de 2018 mediante oficio Nº5737, el cual, instruyó su aplicación por la Superintendencia de Salud.

4º Que, don nombre reservado renunció el día 07 de febrero de 2018 al Servicio de Salud del Reloncaví; aceptándose a partir del 21 de febrero de 2018 mediante resolución TRANº951/126/2017, en que se dejó constancia de la substanciación de sumario administrativo en su contra.

5º Que, desde el 21 de febrero de 2018 se desempeñó don nombre reservado para la Superintendencia de Salud.

Los hechos precedentemente establecidos no han sido controvertidos y constan concordantemente en los instrumentos acompañados por las partes, no objetados ni observados de manera alguna y gozan de la presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios en tanto actos administrativos, conforme al artículo 3 de la Ley 19.880; por lo que no se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que dan cuenta. Con su confrontación, por su concordancia, coherencia, claridad y precisión, sustentan con razón suficiente las conclusiones fácticas arribadas precedentemente.

QUINTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SEXTO: Que, para resolver la procedencia del presente recurso de protección, en primer lugar debe establecerse la existencia de una conducta ilegal o arbitraria. Una acción u omisión será ilegal si transgrede alguna norma legal, o bien, arbitraria si carece de justificación o razonabilidad.

Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la conducta ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si puede efectuarse tal calificación respecto de la destitución del recurrente de la Superintendencia de Salud, dispuesta mediante resolución afecta Nº2 de 15 de noviembre de 2018, todo ello cuya toma de razón se efectuó el 05 de diciembre de 2018; a consecuencia del sumario administrativo substanciado por acoso laboral en virtud de resolución exenta NºJ/3514 de 05 de octubre de 2016 del Servicio de Salud del Reloncaví, mientras se desempeñó para éste último a cargo del establecimiento Larga Estadía del Adulto Mayor en Alerce, nombre reservado.

En la dictación de la resolución recurrida, han intervenido los tres órganos públicos recurridos; el Servicio de Salud del Reloncaví en los actos y actuaciones administrativos que le precedieron sirviendo de causa antecedente y justificante; la Contraloría General de la República al controlar y tomar razón del mismo, por adecuarse al sistema jurídico nacional, ordenando su dictación final por la Superintendencia de Salud conforme a los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, 2, 5, 6 y 10 de la Ley 10.336.

Al respecto, también debe sopesarse que el acto reprochado corresponde a una facultad discrecional de la Administración cuya revisión jurisdiccional sólo debe circunscribirse a la concurrencia de los requisitos de validez y eficacia intrínseca del acto administrativo correspondiente. Tales requisitos consisten en: a) investidura o autoridad; b) competencia; c) forma; d) existencia o licitud de motivo y; e) medios y fin ajustado a la ley del fondo según la materia.

En la especie, la parte recurrente de protección planteó la inexistencia del motivo, es decir, del presupuesto fáctico habilitante del acto administrativo reprochado y de la debida fundamentación del mismo. Tal cual consta de los hechos establecidos en el motivo cuarto que antecede, tales motivos han precedido y han sido explicitados en la resolución afecta Nº2 dictada el 15 de noviembre de 2018 por la Superintendencia de Salud; en la resolución exenta NºJ/1188 dictada el 02 de abril de 2018 por el Servicio de Salud del Reloncaví; en la resolución exenta NºJ/3514 dictada el 05 de octubre de 2016 por el Servicio de Salud del Reloncaví; en la resolución exenta NºJ/2238 de 30 de mayo de 2018; en el oficio Nº5737 despachado el 12 de octubre de 2018 por la Contraloría Regional de Los Lagos. Todos estos actos administrativos se allegaron al proceso de autos. Sin embargo, no resulta procedente calificar la suficiencia de las argumentaciones vertidas en cuanto a la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión reprochada por la parte recurrente de protección, atendido lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República debidamente concordado con el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales que imperativamente proscribe: “…Es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos…”.

Ahora bien, en cuanto a si tal decisión observa la razonabilidad a que se encuentra sujeta la Administración, debe tenerse presente que la efectividad de los cargos atribuidos durante la substanciación del sumario fueron causa y objeto de alegaciones, defensas, pruebas, decisiones e impugnaciones verificadas en observancia irrestricta a las garantías del debido proceso. Asimismo, han sido ponderadas conforme a la entidad de las transgresiones, las cuales, han incidido directamente en perjuicio de la dignidad de los afectados por las conductas reprochadas a don nombre reservado.

De tal manera, consecuentemente con lo concluido y lo establecido en el considerando cuarto anterior, no ha precedido la acción ilegal o arbitraria denunciada, condición insoslayable para la procedencia de este recurso.

SÉPTIMO: Que, además, habiendo debido establecerse que la parte recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales denunciadas; corresponde considerar que las conclusiones a que se arribó en el motivo anterior permiten, a su vez, dar por establecido que no se ha probado vulneración alguna de los derechos de la parte recurrente por el actuar de la parte recurrida.

Al respecto debe considerarse que por el ejercicio de la acción constitucional de protección se constituye un proceso de naturaleza jurídico-cautelar para la tutela efectiva de garantías y derechos preexistentes e indubitados. Lo anterior, condiciona y determina su procedencia, en tanto en cuanto, sólo resultará justificada la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho ante una amenaza, perturbación o privación cierta de alguna de las garantías y derechos fundamentales tutelados No resulta idóneo este procedimiento para la defensa de cualquier interés, sino sólo frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales; se aplica cuando concurre una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial indubitado producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de otro. Así, sólo cuando exista la manifestación de dicho obrar que no requiera de un proceso de prueba complejo, ya que la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente atendida la naturaleza cautelar de este proceso y, sin que obste para la procedencia de esta acción constitucional, el hecho de que el conflicto intersubjetivo de interés pueda someterse al conocimiento de procedimientos de lato conocimiento.

OCTAVO: Que, en consecuencia al no preceder acción ilegal o arbitraria alguna y al no aparecer que se ha ocasionado en la parte recurrente, la conculcación de las garantías que esta acción resguarda y que ameriten la intervención de esta Corte de Apelaciones mediante el otorgamiento de las providencias de emergencias que al efecto se contemplan, a fin de restablecer la juridicidad o legalidad que se alega quebrantada; conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores rechazarán el recurso de protección interpuesto.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo prevenido en los artículos 1, 19 Nº3 y Nº24, 20, 77, 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 2, 5, 6 y 10 de la Ley 10.336; 11 y 41 de la Ley N°19.880; 4 del Código Orgánico de Tribunales y; en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; el SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ y; la SUPERINTENDENCIA DE SALUD.

II. Que, se exime a la parte recurrente del pago de costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN N°2035-2018. –