Protección contra Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos

Puerto Montt, once de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1 compareció don nombre reservado, quien interpuso acción cautelar de protección en contra de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, por estimar que este ha incurrido en acciones que han afectado sus derechos constitucionales, afectando su derecho de propiedad.

Señala el actor, quien dice ser jubilado, que el año 1980 obtuvo de Bienes Nacionales el saneamiento de una propiedad ubicada en Pelluco de 2.053 m2, inscribiendo la propiedad el mismo año y que con motivo del pago de la primera cuota de contribuciones correspondiente al año en curso, tomó conocimiento que su inmueble experimentó un alza en su avalúo desde $195.739.612 a $354.226.951, lo que le significa el pago de una contribución de $561.640, cantidad que excede con mucho el de su pensión, que asciende a $184.527.- Refiere que en años anteriores obtuvo ayuda de sus hijos para el pago de las contribuciones, pero que la cantidad antes indicada es un exceso.

Aduce padecer diversas enfermedades (diabetes, hipertensión, parkinson y un accidente vascular severo) mientras que su esposa es sobreviviente de cáncer, pero que no es candidato para acogerse al beneficio señalado en la Ley 21.210 que rebaja las contribuciones para adultos mayores vulnerables económicamente por cuanto el avalúo de su propiedad excede de $171.000.000.

En cuanto al acto de tasación indicó que el fiscalizador que se constituyó en el domicilio subió el avalúo en forma excesiva sin considerar la calidad de los materiales de construcción ni la depreciación del terreno.

Sostiene que el actuar del Servicio de Impuestos Internos afecta su derecho de propiedad, pues la contribución que se le cobra excede de sus ingresos y le impide disponer de su propiedad.

No se formula en el recurso una petición concreta en relación a la forma en la que el actor pretende el restablecimiento del imperio del derecho.

Acompaña 1. ordinario 1459 de 12 de agosto de 1980. 2. Título de dominio de fojas 957 N°1356 del año 1980 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. 3. avalúo fiscal de 2022. 4. avalúo fiscal de 2021. 5. avalúo fiscal de 1980. 6, Deuda de contribuciones. 7. Certificado médico que acredita que tengo hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus, parkinson, que acreditan mi condición de vulnerabilidad. 8. Certificado de imposiciones que acredita mi calidad de jubilado 9. Copia del último pago de pensión.

Solicitada orden de no innovar esta Corte la concedió en el sentido de suspender el cobro de la contribución de bienes raíces cuyo pago se debía efectuar el mes de abril del presente año.

Informa el recurso el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo de la acción cautelar por estimar que no existe fundamentación en el libelo, por no ser la protección la vía idónea para reclamar del monto de la tasación del inmueble para efectos de contribuciones, por no existir acción arbitraria del servicio y por no afectarse el derecho de propiedad del recurrente.

Como primera cuestión explica que el terreno del recurrente se encuentra emplazado en un área que de acuerdo a Resolución Exenta del Servicio N° 143, de fecha 30 de diciembre de 2021, tiene un valor por metro cuadrado de terreno de $141.906. En particular, respecrto del predio del recurrente, se constató que posee una superficie de 2.053 m2 y seis (6) líneas constructivas, cinco (5) de las cuales corresponden a construcciones tradicionales, con una sumatoria de 338 metros cuadrados con destino habitacional, además de un galpón de 22 metros cuadrados, destinado a estacionamiento.

Luego refiere que el libelo interpuesto explica ni fundamenta como el aumento de las contribuciones que debe pagar el dueño de la propiedad de marras importa una afectación al derecho de propiedad del recurrente.

En relación con la vía procesal para conocer de la reclamación del actor ,explica que el avalúo de la propiedad fue determinado a propósito del revalúo general para el año 2022 de bienes raíces no agrícolas de todo el país, conforme lo ordenan los artículos 3 y 4 de la Ley 17.325 sobre impuesto territorial.

En cualquier caso, señala que la ley dispuso vías de revisión de los nuevos avalúos, sea a través del recurso de reposición administrativa ante el Servicio, para lo cual se cuenta con 30 días, o bien por la presentación de un reclamo conforme al procedimiento especial de Reclamo contra Nuevos Avalúos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, conforme se establece en el artículo 149 del Código Tributario, para lo cual se cuenta con un plazo de 180 días, contados desde la conclusión de la exhibición de los roles de avalúos en la municipalidades respectivas.

Entiende, entonces, que la pretensión de que esta Corte conozca del nuevo avalúo que afecta a la propiedad excede de la naturaleza y objeto de la acción cautelar de protección.

En cuanto al actuar del Servicio señala que lo hace al amparo de la legislación, en particular lo establecido en los artículos 1, 3 y 4 de la ley 17.235 sobre impuesto territorial, que obligan a la realización del reavalúo cada 4 años y que entrega la facultad al Servicio para impartir las instrucciones técnicas y administrativas para la realización de la tasación, dictando al efecto la Resolución exenta N° 143 del 30 de diciembre de 2021 por la que se fijaron los valores de terrenos que se aplicarán a las propiedades a reavaluar, ajustando, con criterios técnicos, dichos valores a las características particulares de cada predio. En esta resolución exenta también se establecen las definiciones técnicas, los valores unitarios de las construcciones y los factores de ajuste, necesarios para la determinación de los nuevos avalúos de las propiedades.

En particular, de acuerdo con Informe Técnico 34-2022 de 20 de mayo del año en curso, para la propiedad del recurrente, enrolada con el número 2195-23 se determinó que ésta está ubicada en un sector urbano de la comuna de Puerto Montt, cuyo uso predominante corresponde a habitación, su categoría constructiva es media y su nivel de densificación es bajo. Para toda el área homogénea, es decir, para un territorio que incluye varias propiedades, se determinó un valor de $141.906 por metro cuadrado, utilizando, parámetros descritos en la Ley. El mismo informe técnico constató que en la propiedad existe un terreno de superficie de 2.053 m2, y 6 líneas constructivas, 5 de las cuales corresponden a construcciones tradicionales, sumando 338 metros cuadrados, con destino habitacional, y un galpón de 22 metros cuadrados, destinado a estacionamiento, construcciones cuyo valor también se determina por la citada Resolución Exenta N° 143.

En relación con el beneficio de descuento del 100% de la contribuciones para adultos mayores, señala que para acceder a el monto del avalúo vigente no puede exceder de $149.094,591 al 1 de julio de 2021, requisito que tampoco cumplía la propiedad del recurrente, pues a dicha fecha la propiedad tenía una avalúo superior a $195.000.000.

Finalmente, concluye el servicio explicando que no concurre afectación al derecho de propiedad del recurrente en la medida que se está actuando de conformidad con la Ley de Impuesto Territorial.

Acompaña: (1) Informe de Fiscalización N° 34-2022, del Departamento de Avalúos de Puerto Montt, del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 10 de mayo de 2022. (2) Resolución Ex. SII N°143, del año 2021, junto con sus correspondientes anexos. (3) Ficha Comunal de Reavalúo 2022.

Encontrándose la causa en estado se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que el actor denunció un incremento, a su juicio, excesivo del avalúo del predio del cual es dueño, reprochando al Servicio de Impuestos Internos que las características del predio no se condicen con el incremento efectuado. Agregó que por sus condiciones particulares no está en condiciones de pagar el impuesto territorial que se determinó, lo que en definitiva afecta sus derecho de propiedad sobre el bien raíz.

Tercero: Que en la especie el Servicio puntualizó que para determinar el avalúo de la propiedad del actor se recurrió a criterios técnicos, contenidos en la Resolución Exenta del Servicio N° 143, de fecha 30 de diciembre de 2021 y sus anexos. Así, se advirtió que la propiedad se emplaza en una zona urbana de la ciudad, cuya zona particular, homogénea y de mayor cabida, atendidos criterios de planificación y densidad poblacional fue valorada en general en $141.906 por metro cuadrado de terreno. La propiedad del actor posee una superficie de 2.053 m2. Ello ya suma $291.333.018. A ello se agregan seis líneas constructivas, cinco de las cuales corresponden a construcciones tradicionales, con una sumatoria de 338 metros cuadrados con destino habitacional, además de un galpón de 22 metros cuadrados, destinado a estacionamiento. Lo que lleva al avalúo determinado en $354.226.951.

Cuarto: Que si bien se reprocha por la recurrente que en la determinación del avalúo el funcionario del Servicio no ingresó a la propiedad, no existen mayores antecedentes de ello, así como tampoco de qué forma ello podría hacer cambiar la tasación del predio, sobre todo si se considera que el mayor valor viene dado por la cantidad de metros cuadrados de aquel y la zona donde se encuentra emplazado.

Quinto: Que sin perjuicio de lo expuesto, de conformidad con lo establecido por la legislación tributaria, existen mecanismos idóneos de reclamación de tipo técnico para discutir sobre el avalúo y la consecuente determinación del impuesto.

Así, el artículo 149 del Código Tributario refiere: “Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo los contribuyentes y las Municipalidades respectivas podrán reclamar del avalúo que se haya asignado a un bien raíz en la tasación general. De esta reclamación conocerá el Tribunal Tributario y Aduanero. Respecto del avalúo asignado a un bien raíz en la tasación general, será procedente el recurso de reposición administrativa en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley Nº 19.880 y con las mismas modificaciones establecidas en el artículo 123 bis, salvo la de su letra b), en que el plazo para que se entienda rechazada la reposición será de noventa días.

La reclamación y la reposición, en su caso, sólo podrán fundarse en algunas de las siguientes causales: 1°.- Determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones. 2°.- Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo así como la superficie de las diferentes calidades de terreno. 3°.- Errores de transcripción, de copia o de cálculo. 4°.- Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 11.575. (...)”

De conformidad con la información del propio Servicio, para la comuna de Puerto Montt el periodo de exhibición concluyó el 27 de mayo, venciendo el plazo del recurso de reposición administrativo el 12 de julio, sin perjuicio del mayor plazo aún vigente para la presentación de la reclamación ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Sexto: Que establecido además que el Servicio actúa en función de un mandato legal, conforme ordenan los artículos 3 y 4 de la Ley 17.325, con el mérito de los antecedentes presentados, no se advierte la concurrencia de presupuesto alguno que permita considerar que el Servicio incurrió en un acto arbitrario en la determinación del avalúo de la propiedad del recurrente.

Séptimo: Que, por último, no se advierte tampoco de qué forma la fijación de un avalúo como base para la determinación del impuesto territorial importa la afectación del derecho de propiedad del recurrente, dado que la carga impositiva constituye una limitación dispuesta en razón de su función social.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección 2034-2022