Protección contra Alcalde de la I

nombre reservado, seis de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que mediante presentación folio N°1 del expediente digital comparece ante esta Corte doña Daphne Koenig Reyes, abogada, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, en representación de todos los vecinos afectados de calle Pedro Aguirre Cerda de la comuna de Queilen, a quienes individualiza en la pre suma del escrito como nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Deise del nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Juvenalia nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Alcalde de la I. Municipalidad de Queilen, don nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado; en función de los argumentos que, en lo pertinente, se exponen a continuación.

Transcribe el acta de la sesión de 16 de enero de 2017 del Concejo Municipal de Queilen, instancia en que se acordó el cambio de la denominación de la actual calle “Pedro Aguirre Cerda” de dicha comuna por “nombre reservado”, antiguo vecino y comerciante de la precitada localidad, decisión adoptada por iniciativa del Alcalde recurrido, sin previa consulta a los vecinos, a pesar de haber sido advertido por los Concejales presentes, según consta en dicho instrumento.

Arguye que, con fecha 24 de enero del año en curso, a través de oficio ordinario N°0077 que también transcribe, el recurrido se dirige a los vecinos y comerciantes de calle Pedro Aguirre Cerda, comunicando el acuerdo expuesto en el párrafo precedente, solicitando a los vecinos la adopción de las medidas pertinentes ante el Servicio de Impuestos Internos para regularizar la situación registral de cada quien. Expresa, en dicha misiva, que el cambio de nombre de la calle antes mencionada se concretará a partir del 9 de febrero de 2017, tal como se expresó verbalmente por el recurrido en discurso pronunciado aquel día con motivo del aniversario de la comuna.

Indica que una primera causal de ilegalidad del acto cuestionado radica en no haberse dado cumplimiento al artículo 18 del Reglamento de Funcionamiento Interno de la I. Municipalidad de Queilen, norma que obligaba a la remisión a los Concejales, con tres días de antelación, de la tabla “y todos los antecedentes necesarios para el debido y oportuno conocimiento de las materias a tratar” en la sesión del Concejo, exigencia incumplida en la especie, pues en la tabla se omitió el nombre de la calle afectada con el cambio de nombre, así como la nueva denominación.

Agrega que una segunda causal de ilegalidad consiste en haberse infringido el artículo 84 del referido reglamento, norma que autoriza la publicidad del acta sólo una vez aprobada, lo que ocurrió el 6 de febrero de 2017, con posterioridad a la comunicación a los vecinos.

Refiere, como tercera causal de ilegalidad, el haberse infringido el artículo 5 de la ley 18.695 y artículo 5 N°32 del Reglamento del Concejo, normas que obligaban la participación del Consejo Económico y Social Comunal; así como de las poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del territorio comunal, previo a decidir el cambio de denominación de un bien nacional de uso público; exigencia promovida, además, por la ley 20.500 sobre “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”.

Detalla que el acto es también arbitrario, por cuanto no fueron consultados los vecinos afectados y también se desconocen los criterios utilizados para la designación de la persona reconocida por la autoridad, no habiéndose actuado de igual manera en casos anteriores, según describe. Además, dicha determinación ya está causando diferentes tipos de problemas: sociales (enemistad entre vecinos), emocional, estado anímico y económicos entre otros. A mayor abundamiento, el Sr. Alcalde hace mención de manera autónoma que será labor de los vecinos realizar las modificaciones pertinentes en cuanto a comunicar a quien sea necesario dicho cambio de nombre, lo que tendrá costos que deberán se soportados por los vecinos, quienes, en un 60% son adultos mayores.

Expresa que, por otra parte y atendiendo al carácter práctico de la determinación, es que históricamente los vecinos del sector céntrico de la Ciudad de Queilen han vivido pacíficamente y sin contratiempos en la avenida principal denominada calle Pedro Aguirre Cerda, cuya denominación data desde hace más de 70 años aproximadamente y, además de tener asentadas allí sus viviendas, también cuentan con locales comerciales, terminales de buses, entre otras actividades económicas, de modo que alrededor de 35 familias se verán gravemente afectadas por la determinación adoptada por el alcalde recién electo, además de estarse eliminando el nombre de quien fuese Presidente de la República de Chile entre los años 1938 – 1941, de profesión Profesor y Abogado, creador de CORFO, quien gobernó bajo el lema “Gobernar es educar” y creó más de 500 colegios durante su mandato.

Precisa que distintos son los protocolos contemplados por otros municipios para la adopción de decisiones como la aquí controvertida, transcribiendo el procedimiento establecido en la reglamentación interna de otra entidad edilicia que no identifica.

Argumenta que, así, el recurrido ha vulnerado el principio de legalidad estatuido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y en el artículo 2 de la Ley N°19.653, aludiendo como vulneradas, respecto de los vecinos, las garantías contempladas en los numerales 1, 2, 3, 12, 14 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando a esta Corte: a) ordenar se mantenga el nombre que por más de 70 años ha llevado la calle principal de la Ciudad de Queilen; esto es Pedro Aguirre Cerda, ello dejándose sin efecto el decreto alcaldicio el que establece que el nombre a contar del día que estipule el Sr. Alcalde será nombre reservado; b) adoptar en forma inmediata cualquier otra providencia que se juzgue necesaria para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de sus derechos, constitucionalmente garantizados, en especial aquellos descritos que; mientras continúe el avance de la gestión descrita son violentados, perturbados y amenazados; y, c) se condene en costas al recurrido.

Que mediante resolución folio N°3 del expediente digital se tuvo por interpuesto el recurso y se ordenó informar a los recurridos.

Que, mediante presentación folio Nº10 del expediente digital, comparece don Jaime Marimán Nahuelquin, abogado, en representación convencional del recurrido, quien evacúa el informe requerido, en razón de los argumentos que, en lo pertinente, se exponen a continuación.

Señala que, con el fin de reconocer y fortalecer la identidad local, el Alcalde de la comuna, haciendo eco de un sentimiento compartido de los vecinos, tanto del sector rural y como del urbano, en cuanto a la contribución para el desarrollo económico social de la comuna que significó la labor desarrollada por el vecino nombre reservado, en el mes de diciembre de 2016 instruyó una serie de acciones, enmarcadas dentro del ámbito de sus atribuciones, destinadas a conocer la opinión de la comunidad, en cuanto al cambio de nombre de la principal avenida de la comuna, llamada en ese entonces, “Pedro Aguirre Cerda”, por el de “nombre reservado”.

Arguye que, en tal procedimiento se ha observado cabalmente el principio de legalidad invocado por la actora, pues la consulta exigida por el articulo 5 c) de la ley 18.695 resulta improcedente, al haber certificado el Secretario Municipal que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil no se encontraba vigente, conclusión a la que también ha arribado la Contraloría General de la República en dictámenes que transcribe y que resultan vinculantes para la organización dirigida por el recurrido.

Indica que, sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, y a fin de plasmar la voluntad ciudadana, en el mes de diciembre de 2016 se solicitó al destacado corresponsal y comunicador social, funcionario de la Corporación Municipal, nombre reservado, quien además es un reconocido vecino ligado a las comunicaciones y promotor del rescate de la identidad local, la recopilación de antecedentes a través de la consulta directa a familiares y vecinos del sector urbano y rural, a fin de tener una semblanza objetiva del aporte y trascendencia de la labor del vecino nombre reservado; semblanza que, por lo demás, fue leída públicamente en acto de fecha 09 de febrero de 2017, en acto de aniversario de fundación de la ciudad.

Agrega, en relación a la supuesta inobservancia del Reglamento de funcionamiento interno del Concejo Municipal de Queilen, que las afirmaciones que se vierten en el recurso no dan cuenta de vicios de legalidad del acto administrativo, tanto porque el mismo Reglamento no lo establece, sino porque, además, las normas citadas dicen relación más bien con la publicidad y no con su validez, y principalmente porque ninguna de las situaciones descritas (envío de tabla con antecedentes y aprobación previa del acta) ocasionó la indefensión de ningún vecino toda vez que los hechos que originan el recurso fueron ampliamente difundidos tanto por los medios propios de la Municipalidad como por los medios de comunicación locales, circunstancia que es reconocida por los recurrentes cuando afirman que recibieron carta informativa que tenía como fecha el 16 de enero de 2017, a la cual debe agregarse un segundo documento signado como “Guía Práctica” de cambio de denominación de calle Pedro Aguirre Cerda a nombre reservado.

Refiere que, por lo demás, según da cuenta el Acta N° 1 de Instalación del Alcalde y Concejales de la comuna de Queilen, y Primera sesión del Concejo Municipal, de fecha 06 de diciembre de 2016, se facultó expresamente al Secretario Municipal para ejecutar los acuerdos de dicho concejo sin previa aprobación del Acta.

Concluye su informe afirmando la ausencia de ilegalidad, de arbitrariedad y de afectación de derechos y garantías por el acto controvertido, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Que mediante resolución folio N°19 del expediente digital, encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía doña Daphne Koenig Reyes, abogada, en representación de 29 vecinos de calle Pedro Aguirre Cerda de la comuna de Queilen, en contra del Alcalde la I. Municipalidad de dicha comuna don nombre reservado, atribuyendo al recurrido el haber promovido el cambio de denominación de la calle principal de la comuna, de “Pedro Aguirre Cerda” a “nombre reservado”, conducta que estima ilegal, arbitraria y vulneradora de derechos fundamentales, de la forma como latamente se ha narrado en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que, preliminarmente, es necesario asentar que escapa a las atribuciones de esta Corte analizar el mérito sustantivo de la decisión cuestionada, lo que implicaría ponderar el mérito de los ciudadanos con cuyo nombre se pretende denominar al bien nacional de uso publico en cuestión, asunto que la Constitución y la ley ha encomendado a otros organismos del Estado.

QUINTO: Que, restringiéndose entonces la controversia a una faz meramente formal, es posible concluir que tanto el primer como el segundo vicio de ilegalidad invocado por la recurrente carecen de la entidad suficiente para derrotar el principio de conservación del acto administrativo cuestionado.

Respecto de los defectos formales en la confección de la tabla, huelga precisar que ella se trata de un instrumento dirigido principalmente a los miembros del Concejo Municipal, sin que ninguno de ellos hubiese advertido o reclamado oportunamente respecto de la falta de información previa a la decisión.

En cuanto a la publicidad del acta del Concejo antes de su aprobación, tal vicio, aún de existir, no posee una vinculación directa con la validez de los acuerdos adoptados en la sesión respectiva, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere establecerse respecto de quien haya incurrido en infracción.

SEXTO: Que, asimismo, la forma en que se concreta la participación ciudadana se encuentra expresamente reglada en el Título IV de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo artículo 94 ordena la existencia de un “consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil”, siendo un hecho pacífico que tal entidad a la fecha del acuerdo controvertido no se encontraba vigente.

SÉPTIMO: Que, así, no pudiendo calificarse el acto cuestionado como ilegal o arbitrario, es que la presente acción constitucional necesariamente deberá ser rechazada.

OCTAVO: Que, no obstante lo anterior, lo que se dispondrá en lo resolutivo lo será sin perjuicio de otras acciones y derechos que los afectados por la decisión controvertida puedan ejercer respecto del acto administrativo terminal, como lo será el decreto mediante el cual se concrete el cambio de denominación del referido bien nacional de uso público.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto mediante presentación folio N°1 del expediente digital por doña Daphne Koenig Reyes, abogada, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Deise del nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Juvenalia nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, en contra del Alcalde la I. Municipalidad de dicha comuna don nombre reservado.

II. Que no se condena en costas a la recurrente al haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redactado por el Abogado Integrante don Pedro Campos Latorre.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 201-2017.