nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

Puerto Montt, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés VISTOS:

A folio 1, comparecen nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados quiénes deducen acción de protección en favor de nombre reservado, ciudadana venezolana, domiciliada en domicilio reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido por la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva efectuada por aquella con fecha 06 de marzo de 2021, afectando con ello la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

Sostiene que la actora ingresó al país con la intención de establecerse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida, razón por la cual decidió cambiar su condición migratoria iniciando el proceso de solicitud de permanencia definitiva indicado previamente. Sin embargo, no ha recibido respuesta alguna por parte del órgano recurrido, situación que lo mantiene en una constante preocupación e incertidumbre, afectando de manera directa sus garantías constitucionales.

Señala que aquel actuar afecta el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política y normas y principios establecidos en la ley 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo, tales como el de celeridad, impulso de oficio y eficacia.

Indica que el presente recurso está dentro de plazo mientras se mantenga la situación omisiva por parte de la Administración, por cuanto la única actuación que podría dar una fecha cierta para el cómputo del plazo para la presentación de este recurso es, precisamente, la resolución administrativa de la recurrida que no se ha dictado.

Por lo anterior, solicita que se acoja la presente acción, ordenándose a la recurrida que se pronuncie sobre dicha solicitud, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

A folio 3, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 5, evacua informe el Servicio Nacional de Migraciones, quién sostiene que la actora ingresó al país con fecha 14 de marzo de 2019 por paso fronterizo Carretera Chacalluta.

Con fecha 28 de mayo de 2019, la recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Chiloé, el beneficio de visa primera vez sujeta a contrato.

Con fecha 28 de mayo de 2019, la Gobernación Provincial de Chiloé, otorga a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, lo que se mantuvo vigente hasta el 28 de septiembre de 2019.

Con fecha 12 de septiembre de 2019, mediante Resolución exenta N° 2255, de la Gobernación Provincial de Chiloé, se otorga visación de residente sujeta a contrato a la recurrente, por el periodo de 1 año, lo que se mantuvo vigente hasta el 12 de septiembre de 2020.

Con fecha 5 de diciembre de 2019, la recurrente solicita ante la Gobernación Provincial de Chiloé, el beneficio de cambio de calidad de visa sujeta a contrato a visa temporaria profesional/técnico.

Con fecha 14 de abril de 2020, mediante Resolución Exenta N° 621 de la Gobernación Provincial de Chiloé, se otorga visación de residente temporaria a la recurrente, por el periodo de 1 año, lo que se mantuvo vigente hasta el 8 de junio de 2021.

Con fecha 6 de marzo de 2021, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 13540264.

Con fecha 12 de diciembre de 2021, mediante Resolución Exenta N° 21455854, del Servicio Nacional de Migraciones, se aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva, comunicándoselo a la recurrente.

Indica en este sentido que el artículo 41 del Decreto Ley N°1.094 de 1975 define el concepto de permanencia definitiva, el cual se reproduce en varios cuerpos legales, sosteniendo que la recurrente mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste.

Refiere que el artículo 38 de la Ley 21.325 indica expresamente que todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que posea actualmente haya perdido su vigencia, no encontrándose amenazada, restringida o conculcada por alguna acción u omisión la libertad personal del recurrente.

En cuanto al tiempo de tramitación, se señala que el artículo 27 de la ley 19.880 indica que los plazos del procedimiento administrativo podrán ser mayores en cuanto exista un caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal una pandemia de carácter mundial; y que estando en tramitación la solicitud de la extranjera se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional de conformidad a lo señalado en el artículo 157 del reglamento de la ley de extranjería, considerando de ese modo la autoridad administrativa que no existe alguna vulneración perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sostiene a su vez que la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración es la figura del silencio administrativo, el cual no ha sido ejercido en este caso a través de la certificación respectiva ante el Servicio recurrido.

Previas citas legales y jurisprudenciales, indica que el actuar de la administración no ha vulnerado garantía constitucional alguna por medio de una acción ilegal o arbitraria al respecto, solicitando en definitiva tanto el rechazo de la acción deducida en esta causa como de una eventual condena en costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, se concluye por estos sentenciadores que la recurrente ha efectuado en tiempo y forma una solicitud de permanencia definitiva en Chile, en las fechas indicadas por la propia recurrida y a través de los canales destinados a tal efecto.

Cuarto: En este sentido, ha resultado acreditado que la recurrida ha dilatado la decisión de la solicitud de regularización migratoria excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, no existiendo un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga los motivos para acceder o denegar la solicitud de los recurrentes.

De este modo, se ha producido una excesiva demora en la tramitación de aquella solicitud afectando así la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad respecto del plazo de resolución de solicitudes de otros casos.

Quinto: A su vez, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N°19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 del citado cuerpo legal, así como con el principio de economía procedimental de su artículo 9, el que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Sexto: Por lo anterior, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo los plazos señalados por la ley citados precedentemente en este fallo.

Del mismo modo, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud de la recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y acta sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se declara:

1. Que se acoge, sin costas la acción interpuesta por nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa en favor de nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

1. En consecuencia, se ordena a la recurrida a dar celeridad a la actual etapa administrativa en la que se encuentra la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, debiendo pronunciarse en un plazo de sesenta días respecto del estado actual de la misma.

Redacción a cargo del abogado integrante, don Ernesto González Barría.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°2-2023.