nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 02 de enero de 2018 y en folio N°1, compareció el abogado Braulio Sanhueza Burgos por nombre reservado, cesante, domiciliados en domicilio reservado. Recurrió de protección en contra del señor nombre reservado, ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, domiciliados en domicilio reservado. Alegó la violación de sus derechos fundamentales establecidos en los numerales 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, causada por la omisión ilegal y arbitraria de reintegrarla a las labores de Secretaria Administrativa de la Coordinación de Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la Dirección de Educación Municipal y de pago de las remuneraciones correspondientes al lapso respectivo desde la separación de sus funciones, verificada en el contexto de un sumario administrativo instruido en virtud de Decreto Alcaldicio N°6625 de 2017.

En lo pertinente expuso que la recurrente de protección se ha desempeñado en dicho cargo desde el 02 de enero de 2012 hasta el 30 de enero de 2017; fecha última en que mediante Decreto Alcaldicio N°448 fue sancionada con el término de la relación laboral por haber intervenido en asuntos con interés propio, de su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas por adopción. Lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 80 letra b), 60 N°1 letra a) sobre conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas con falta de probidad en el desempeño de sus funciones; N°7 de la misma norma, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato y 58 letra g) de la Ley 18.883. Pues bien, de tal decisión reclamó ante la Contraloría Regional de Los Lagos, la que resolvió en Dictamen N°004682 de 17 de agosto de 2017 que en dicho sumario no pudo acreditarse la falta grave al principio de probidad administrativa imputado como fundamento de su despido, ordenándole al Municipio la reapertura del procedimiento y una nueva ponderación de la sanción que proporcionalmente corresponda según los antecedentes probatorios concretos que obran en el expediente, con las medidas del caso que deberán ser informadas antes del 15 de septiembre del mismo año.

No obstante, la parte recurrida aún no ha adoptado las medidas pertinentes para cumplir lo ordenado por el ente contralor, incurriendo en una conducta refractaria que ha sido objeto de una serie de solicitudes sin respuesta respecto del reintegro y pago de remuneraciones de la parte recurrente; de las cuales, la última de 22 de diciembre de 2017 data sin pronunciamiento de la Autoridad Edilicia, quien desatendiendo la instrucción impartida se ha constituido en una comisión especial que ha privado ilegal y arbitrariamente del cargo y remuneraciones que le pertenecerían a la actora.

Pidió en definitiva que, acogiéndose con costas su acción, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en especial que se ordene a la parte recurrida el acatamiento y cabal cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría Regional de Los Lagos en el Dictamen N°004682 de 17 de agosto de 2017.

Con fecha 05 de enero de 2018 y en folio N°3, se declaró admisible el recurso teniéndose por interpuesto y ordenándose informe a la parte recurrida.

Con fecha 12 de enero de 2018 y en folio N°5, el abogado Pablo César León Navarro por la parte recurrida, evacuó informe solicitando derechamente el rechazo con costas del recurso de protección.

En primer lugar, alegó la falta de fundamentación fáctica y jurídica del recurso de protección respecto de la vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, sobre todo considerando su obrar razonable y ajustado a derecho, con base en los artículos 118 y siguientes de la Ley 18.883 y en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En segundo lugar, controvirtió que la Contraloría Regional de Los Lagos hubiere ordenado el reintegro en funciones y pago de remuneraciones de la actora, pues el dictamen respectivo sólo ordenó la reapertura del sumario administrativo y la nueva ponderación de la sanción que proporcionalmente le pudiese corresponder. Esto se corroboraría en el Dictamen N°6571 de 21 de noviembre de 2017 que rechazó la aplicación del fuero maternal que aquélla ostentaría, si la relación laboral que ha vinculado a las partes del proceso hubiese de terminar por la aplicación de una medida disciplinaria impuesta en un sumario administrativo.

Finalmente y en tercer lugar, afirmó que la Constitución Política de la República no establece un derecho de propiedad respecto de los cargos públicos, en tanto este derecho recae en bienes determinados, cuyo ejercicio se sujeta a la ley y a las restricciones que ella establezca; lo cual, no concurriría respecto de la actora, redundando en la falta absoluta de fundamentos de la presente acción constitucional.

Con fecha 16 de enero de 2018 y en folio N° 6, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la parte recurrente de protección se fundamenta en que se habrían afectado gravemente sus garantías constitucionales previstas en los numerales 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a causa de la omisión ilegal y arbitraria de reintegrarla a las labores de Secretaria Administrativa de la Coordinación de Jardines Infantiles (VTF) de la Dirección de Educación Municipal y de pago de las remuneraciones correspondientes al lapso respectivo desde la separación de sus funciones, verificada en el contexto de un sumario administrativo instruido en virtud de Decreto Alcaldicio N°6625 de 2017.

Al informar la recurrida sostuvo, primero, la falta de fundamentación fáctica y jurídica del recurso de protección fundado en su obrar razonable y ajustado a derecho y conforme a los artículos en los artículos 118 y siguientes de la Ley 18.883 y en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; segundo, que la Contraloría Regional de Los Lagos hubiere ordenado el reintegro en funciones y pago de remuneraciones de la actora, pues el dictamen respectivo sólo ordenó la reapertura del sumario administrativo y la nueva ponderación de la sanción que proporcionalmente le pudiese corresponder y; tercero, que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna a la recurrente de protección.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó los siguientes instrumentos: 1) Decreto Alcaldicio N°448 de 23 de enero de 2017; 2) ordinario N°1158 de 09 de marzo de 2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos; 3) ordinario N°2204 de 02 de mayo de 2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos; 4) ordinario N°2640 de 18 de mayo de 2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos; 5) ordinario N°911 de 26 de mayo de 2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos; 6) Dictamen N°4682/2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos.

CUARTO: Que, por su parte, la parte recurrida acompañó: 1) Dictamen N°6571/2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos; 2) ordinario N°E1402/2017 de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt; 3) Dictamen N°5621/2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos; 4) ordinario N°E1353/2017 de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt; 5) Dictamen N°4682/2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado:

1º Que, mediante Decreto Alcaldicio Afecto N°488 de 23 de enero de 2017, el señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt resolvió aplicar la medida disciplinaria de término de la relación laboral a nombre reservado, Secretaria Administrativa en la Unidad de Recursos Humanos del Departamento de Educación Municipal, de conformidad a lo obrado en sumario administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio Afecto N°6625 de 2017 y a las causales establecidas en el artículo 82 letra b) de la Ley 18.883: “…El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: (…) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción…” – en relación con los artículos 160 N°1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo y 58 letra g) de la misma ley ya citada.

2º Que, en Dictamen N°004682 de 17 de agosto de 2017, la Contraloría Regional de Los Lagos opinó respecto de la legalidad de la medida disciplinaria aludida en el hecho que antecede y también en relación a la solicitud de la actora de reincorporación en sus funciones y pago de sus remuneraciones desde la separación.

En cuanto a lo primero, concluyó que la formulación de cargos no contó con las condiciones de precisión y certeza necesarios para describir la inconducta objeto de reproche, por lo que, ordenó a la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt la reapertura del procedimiento a fin de ponderar nuevamente la sanción que proporcionalmente corresponda, conforme a los antecedentes probatorios concretos que obren en el expediente y proceder a adoptar las medidas que en derecho sean pertinentes, debiendo informar de todo ello hasta el 15 de septiembre de 2017.

En cuanto a lo segundo, estableció que si bien la relación jurídico-laboral que ha ligado a las partes ha debido sujetarse al Código del Trabajo y sus normas complementarias; no le ha beneficiado el fuero maternal invocado por la actora, pues las reglas de estabilidad sólo primarían en relación con la eventual facultad discrecional de poner término a las labores y no, en la procedencia de la decisión cuestionada y consistente en una medida expulsiva impuesta por un sumario administrativo.

3º Que, mediante ordinario N°007062 de 14 de diciembre de 2017, la Contraloría Regional de Los Lagos acusa recibo de respuesta frente a las instrucciones impartidas por Dictamen N°004682 de 17 de agosto de 2017, dando cuenta que por Decreto Alcaldicio N°14.722 de 24 de agosto de 2017 se ordenó la reapertura del sumario administrativo referido, encontrándose en trámite.

4º Que, por Dictamen N°006571 de 21 de noviembre de 2017, la Contraloría Regional de Los Lagos omitió opinar sobre un sumario administrativo en actual tramitación, a propósito de la solicitud que le fuera planteada por el abogado Braulio Sanhueza Burgos en representación de nombre reservado con fecha 21 de septiembre del mismo año, solicitando su reintegro en funciones y el pago de sus remuneraciones desde la fecha del despido hasta su reincorporación.

5º Que, el abogado Braulio Sanhueza Burgos por nombre reservado solicitó al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt con fecha 22 de diciembre de 2017, el reintegro de aquélla en sus funciones y el pago de sus remuneraciones desde la fecha del despido hasta su reincorporación; cuya respuesta no consta de este proceso.

En efecto, los hechos precedentemente establecidos constan concordantemente en los instrumentos acompañados por las partes, no han sido objetados ni observados de manera alguna y gozan de la presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios en tanto actos administrativos conforme al artículo 3 de la Ley 19.880; por lo que, no se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que dan cuenta. Con su confrontación, por su concordancia, coherencia, claridad y precisión sustentan con razón suficiente las conclusiones fácticas arribadas precedentemente.

SEXTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SÉPTIMO: Que, debiendo establecerse en primer término la existencia de la acción lesiva de garantías constitucionales denunciada, corresponde tener presente que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes. Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la omisión ilegal y arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt ha debido o no reintegrar a nombre reservado en las labores de Secretaria Administrativa de la Coordinación de Jardines Infantiles (VTF) de la Dirección de Educación Municipal y pagar las remuneraciones correspondientes al lapso respectivo desde la separación de sus funciones, verificada en el contexto de un sumario administrativo instruido en virtud de Decreto Alcaldicio N°6625 de 2017.

Pues bien, si acto administrativo es toda decisión formal que emitan los órganos de la Administración del Estado, que contenga declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública; tales dictámenes y oficios ordinarios también lo son, en la medida que las expresan e independientemente del nombre bajo el cual “formalmente” pretendiesen configurarse.

Conforme a los hechos y circunstancias establecidos en el motivo quinto que precede, la recurrente de protección ha sido objeto de un acto administrativo que ha dejado sin efecto la medida disciplinaria consistente en darle término al contrato de trabajo que la vinculaba con la parte recurrida, pues en virtud del Dictamen N°004682 de 17 de agosto de 2017 se ha ordenado la reapertura del sumario administrativo ordenado instruir por Decreto Alcaldicio Afecto N°6625 de 2017. Por lo tanto, si ha desaparecido la causa jurídica fundante de tal desvinculación, no procede su separación y no pago de remuneraciones; sobre todo, si se considera que no se ha acreditado la vigencia de una cautelar de separación provisional que hubiese sido dispuesta por la autoridad correspondiente.

Por lo tanto, con su omisión la recurrida actuó de manera injustificada al forzar unilateralmente el conjunto de condiciones fácticas que han prevalecido en el contexto espacio temporal posterior al Dictamen N°004682 materia de estos antecedentes y que, en definitiva, se traduce en una revocación de los actos administrativos en cuya virtud ha debido procederse a su reintegro de funciones y pago de remuneraciones por el lapso comprendido desde la separación del cargo respectivo.

Por lo demás y del mérito de los antecedentes allegados a este recurso de protección, aquélla omisión resulta fuera del contexto de garantías de un procedimiento administrativo sancionatorio, sin sujeción a las reglas del debido proceso, necesarias e indispensables para la adopción de una decisión necesaria, adecuada y proporcionada. De tal manera, su omisión deviene también en antojadiza.

OCTAVO: Que, debiéndose establecer en segundo término que la recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, por la omisión ilegal y arbitraria establecida precedentemente; corresponde considerar que las conclusiones a que se arribó en el motivo anterior permiten, a su vez, dar por establecido que tal conducta de la recurrida ha vulnerado de manera injustificada las garantías fundamentales invocadas en este proceso constitucional.

En efecto, si la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales que contiene la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°3 inciso quinto, consiste en la proscripción de tribunales conformados para juzgar un caso concreto, con merma de las garantías de imparcialidad e independencia del juzgador y del principio de igualdad ante la Ley que deviene de su naturaleza general y abstracta; tal derecho fundamental resulta ser vulnerado cuando una persona se arroga funciones jurisdiccionales, es decir, aquéllas por las cuales se da pronunciamiento definitivo y vinculante sobre los efectos jurídicos y materiales de una determinada hipótesis, por parte de un tercero no concernido en dicha hipótesis. En la especie, la parte recurrida con su omisión ilegal y arbitraria ya establecida, concreta un juzgamiento particular de la situación de la actora que la priva del desempeño de sus labores y de las remuneraciones a las que tiene derecho en tanto no cese el estatuto protector del contrato de trabajo vigente entre aquéllas.

Finalmente, por esta omisión se ha privado a la recurrente de protección de su derecho de propiedad en las remuneraciones que ha debido percibir luego de que se dejase sin efecto el Decreto Alcaldicio Afecto N°448 de 23 de enero de 2017, pues habiendo cesado la causa jurídica que habilitaba su desvinculación al referido contrato de trabajo, recobran vigencia sus derechos como parte del mismo que la ligaba con su contraria y, entre ellos, aquél que ha debido gozar y ejercer respecto de la contraprestación de pago de dichas remuneraciones. Por lo que, habiendo sido privada de aquéllas prestaciones, esta situación debe ser enmendada por la vía de acoger la presente acción cautelar y disponer las medidas correctoras que se señalarán en lo resolutivo.

NOVENO: Que, por lo tanto, con la configuración y concurrencia de los dos elementos típicos y fundantes para la procedencia de esta acción constitucional, ésta se acogerá.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N°3 inciso quinto y N°24 y 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley 18.883; Orgánica Constitucional de Municipalidades y; en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se acoge el recurso de protección interpuesto por el abogado don Braulio Sanhueza Burgos por nombre reservado y en contra don nombre reservado, ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT.

Procédase por la parte recurrida al reintegro de la actora en sus funciones de Secretaria Administrativa de la Coordinación de Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos del Departamento Municipal del mismo Municipio, en tanto no se dé término en forma válida al contrato de trabajo vigente entre aquéllas. Páguense a la recurrente de protección las remuneraciones devengadas desde su separación de dicho cargo.

II. Que, no se condena en costas a la recurrida por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Pedro Campos Latorre.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, quien concurrió a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

ROL 2-2018 PROTECCIÓN. –