nombre reservado con UNIDAD DE DIÁLISIS HEMOSUR LTDA.

Puerto Montt, ocho de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que comparece doña nombre reservado, Técnico paramédico, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de UNIDAD DIALISIS HEMOSUR LTDA., sociedad del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Sostiene en su recurso que el 01 de febrero de 2017, ingresó a trabajar como “Técnico paramédico/TENS” (Técnico en Enfermería Nivel Superior), en la clínica Unidad de Diálisis Hemosur, siendo despedida el 13 de marzo de 2020 de conformidad al artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa. Explica que lo anterior motivó la interposición de la acción de despido injustificado, que se tramita en el Juzgado del Trabajo de Puerto Montt, causa RIT Nº M-89-2020 y actualmente en alzada ante esta Corte bajo el Rol Laboral - Cobranza N°324 – 2020.

Agrega que en el contexto de una postulación a empleos públicos a través de las plataformas correspondientes y a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos relativos a formación y experiencia laboral, en los formatos estipulados en las bases o con información equivalente, hizo una solicitud dirigida al Encargado de Administración de la Clínica, que consistía en la petición de la emisión de un certificado que dé cuenta del tiempo que permaneció en ella, las funciones que cumplía, y periodos de desempeño. Indica que el mismo día 3 de diciembre el Encargado de Administración y Operaciones, respondió el correo electrónico, señalando que no podía entregar lo solicitado, afirmando: “Sra. nombre reservado. Buenos días, le informo que por política de la clínica no se entrega este tipo de documento…”. Explica que días después (10/12/2020) reiteró la solicitud vía correo electrónico, en los mismos términos, pero adjuntó además el documento modelo para que simplemente fuese completado y devuelto por el mismo medio, sin embargo, jamás obtuvo respuesta. Sostiene como plausible que dicha negativa se deba a la acción judicial que inició contra su ex empleador, actualmente en curso y con sentencia del tribunal a quo parcialmente a favor de sus pretensiones.

Con relación a la arbitrariedad e ilegalidad del acto, afirma que en virtud del artículo 12 la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada de las Personas, la recurrida en su calidad de empleador, es responsable de la información personal relativa a su desempeño laboral y evaluaciones durante el tiempo de permanencia que va desde febrero del 2017 hasta marzo del 2020, ante lo cual, en calidad de titular de dicha información, le asiste el “derecho a exigirla” a quien es responsable de ella, en este caso su ex empleador. Agrega que el acto ilegal y arbitrario perturba el derecho contemplado en el artículo 19 Nº16 de la Constitución Política de la Republica, relativo a la libertad de trabajo, ya que por una parte se priva, perturba o amenaza su derecho a libre elección de trabajo y, asimismo, la priva del derecho de acceso a información personal, relativa a su desempeño y experiencia durante su permanencia en Unidad de Diálisis Hemosur Ltda., lo cual constituye una circunstancia que hace fácticamente imposible que acceda a postular a nuevas oportunidades laborales, pues tal información es un requisito tanto de admisibilidad de la postulación como objeto de evaluación durante el proceso, conforme se indica en común en las bases de todo proceso de postulación a empleos en el sector público y en algunos casos, para empleos del sector privado.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida la entrega inmediata de la información requerida relativa a su desempeño y experiencia durante su permanencia entre el año 2017 y 2020 en Unidad Diálisis Hemosur Ltda., con el objeto de ser presentada ante nuevas postulaciones laborales, con costas.

A folio 7 informa la recurrida, la que solicita el rechazo del recurso, con costas. Niega que la Empresa haga depender la entrega de un certificado de experiencia laboral al hecho de existir causas judiciales pendientes entre las partes: simplemente no los emite, por lo que el trato dado a la recurrente no es arbitrario porque a ningún ex trabajador se le entregan, aplicando siempre el mismo tratamiento, y no es ilegal porque no hay norma que obligue a un empleador del sector privado a extender este tipo de información o certificado. Tras citar doctrina y jurisprudencia relativo al derecho constitucional que la recurrente estima vulnerado, afirma que lo expuesto no permite recurrir de protección en base a los hechos invocados por la señora nombre reservado, y permite señalar que el actuar de Hemosur Ltda. no ha perturbado ni vulnerado la garantía del artículo 19 N°16 de la Constitución Política ya que no depende de la recurrida que un eventual futuro empleador contrate o no a la señora nombre reservado, los requisitos que establezca para ello, los criterios de decisión para contratar a ella u otro postulante .Destaca que se trata de un empleador privado, de manera que no puede ser tratado conforme a la Ley 19.628 como el responsable del registro o banco de datos.

Afirma que, en calidad de responsable del registro de la información laboral, la recurrida además no tiene obligación de entregar este documento ya que, al ser regida por el Código del Trabajo la relación laboral que hubo entre las partes, ninguna obligación conserva Hemosur Ltda. respecto de la recurrente, ya que estas partes firmaron el 16 de marzo de 2020 un finiquito laboral liberatorio de todas las obligaciones que hubieren derivado de esa relación laboral y, al no distinguirse especies de obligaciones, terminada esa relación no le es exigible a esta ex empleadora ningún tipo de documento relacionado con ella. Destaca así que la obligación que le asiste de acuerdo a la Ley 19.628 es la de no entregar información a terceros, siempre que se trate de datos personales y de carácter sensible, siendo en todo caso competente para conocer el asunto un Juez Civil y no la Corte de Apelaciones. Además, sostiene que atendido que la relación laboral entre Hemosur Ltda. y la trabajadora nombre reservado se rigió de manera íntegra por el estatuto del Código del Trabajo, no se le hace exigible las normas de la Ley sobre acceso a la información pública como pretende la recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en tal disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía doña nombre reservado, ya que su ex empleador no le ha entregado un certificado que dé cuenta del tiempo que permaneció trabajando para él, las funciones que cumplía, y periodos de desempeño, lo que estima ha vulnerado el derecho establecido en el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política.

Tercero: Que, para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente en la privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

Cuarto: Que en la especie no se advierte que exista un acto arbitrario o ilegal de la recurrida, ya que en tanto entidad privada no se encuentra obligada a proporcionar a la recurrente certificados u otros documentos relativos a experiencia laboral como los que le fueran requeridos, en el contexto de una relación laboral ya concluida. En efecto, las disposiciones invocadas por la actora no imponen obligación alguna en tal sentido. Así, Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, establece una serie de regulaciones en torno al tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares, en aras de resguardar la privacidad de las personas, pero no impone el deber de entregar certificados relativos a circunstancias personales del solicitante, siendo apropiado concluir de tal regulación que la obligación que corresponde al empleador es más bien la de no entregar información a terceros, tratándose de datos personales y de carácter sensible. La regulación aludida y los derechos que, en el marco de ella, le asisten a los titulares de los datos almacenados, de conformidad a los artículos 2°, 4° y 12 de la ley ya mencionada, dice relación con la protección y legalidad del tratamiento de datos, en aras de proteger la privacidad de las personas, pero no para gestionar y certificar información para fines de postulación laboral. Por otra parte, la ley referida contempla en los artículos 16 y siguientes un procedimiento especial para el ejercicio oportuno de los derechos que le asisten a los titulares de los datos ante la negativa injustificada o falta de pronunciamiento del responsable del registro o banco de datos ante la petición que le formulare.

Tampoco resulta aplicable a la recurrida lo dispuesto en la Ley Nº20.285 sobre acceso a la información pública, pues conforme a lo establecido en su artículo 2°, sus disposiciones rigen a los órganos públicos que indica, por lo que no resultaría aplicable a una institución privada como la recurrida. Debe en este sentido tenerse presente que la vinculación que existía entre las partes se regía por el Código del Trabajo y no por un estatuto de carácter público.

Quinto: Que tampoco se advierte alguna afectación al derecho asegurado en el N°16 del artículo 19 de la Constitución Política: “La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa remuneración”. En efecto, no se advierte cómo el hecho que la recurrida no entregara el documento solicitado por la actora pudo haber afectado su libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, ya que, no depende de la recurrida que un eventual futuro empleador contrate o no a la actora, los requisitos que establezca para ello y los criterios de decisión para contratar a un postulante.

Sexto: Que, conforme a lo expuesto, la acción constitucional deberá ser desestimada, por no haberse acreditado acto u omisión arbitrario o ilegal de la recurrida, no advirtiéndose además que algún derecho de la recurrente hubiese sido vulnerado en el contexto del análisis propio de la protección constitucional solicitada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de UNIDAD DIALISIS HEMOSUR LTDA. representada por don nombre reservado.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1949-2020 Protección