JORQUERA TRANSPORTE S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, cinco de marzo de dos mil diecinueve.

Visto:

A folio Nº1 de esta carpeta digital, con fecha 26 de noviembre del año 2018, comparece el abogado Javier Villamán Tares, en representación convencional de la Sociedad Jorquera Transporte S.A., domiciliada en la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío y deduce acción de protección de garantías fundamentales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, representada por nombre reservado y de nombre reservado, en su calidad de funcionaria fiscalizadora del mismo servicio, invocando un acto ilegal y arbitrario que indica en su libelo y la consecuente vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 Nº3 incisos cuarto y quinto y Nº24 de la Carta Política, por lo que solicita la intervención cautelar de esta Magistratura.

Funda lo anterior en que la recurrida nombre reservado habría dictado la resolución Nº1804/18/74, por medio de la que impuso a la actora tres multas de 60 UTM, 60 UTM y 2 IMM, respectivamente, luego de haber constatado tres infracciones consistentes en: 1) No exhibir toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, consistentes en planilla de pago de cotizaciones previsionales respecto del trabajador nombre reservado; 2) no pagar la indemnización legal por años de servicio respecto del mismo, por haber sido despedido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 161 del Código del Trabajo; y 3) No pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo, respecto del señalado trabajador.

Dichas infracciones se habrían constatado en el comparendo celebrado ante la mencionada fiscalizadora el día 26 de octubre de 2018, luego que la recurrente despidiera al trabajador invocando la causa de necesidades de la empresa el día 11 de octubre de 2018 y éste reclamara ante el ente público con fecha 17 del mismo mes y año.

Alega la actora que los recurridos han excedido sus facultades fiscalizadores que alcanzan a revisar el cumplimiento de la legislación laboral y aquello expresamente pactado en el contrato de trabajo, pero en caso alguno a interpretar este último.

Agrega que no ha incurrido en la infracción que se señala en la resolución atacada por cuanto fue el trabajador el que se negó a recibir el pago y suscribir el finiquito que se le presentó en audiencia de conciliación, ya que según consta en el acta se habría reservado el derecho de reclamar un recargo del 30% en las indemnizaciones legales.

Expone que la fiscalización sólo puede revisar ilegalidades claras, precisas y determinadas, pero en caso alguno crear o hacer nacer las infracciones, por lo que se habría avocado facultades que la Ley le reserva expresamente a los órganos jurisdiccionales con competencia laboral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo, en relación con la regla del artículo 420 letra A) del mismo cuerpo normativo, transformándose así en una comisión especial, proscrita –según señala el libelo pretensor- en el inciso cuarto del artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República.

Todo lo anterior por cuanto la fiscalizadora ha querido imponer una multa por sanciones que la actora no ha cometido y que se fundaría en hechos ajenos a su voluntad, por lo que insta por la actuación cautelar de esta Corte solicitando que se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución de multa ya referida precedentemente.

Acompaña a su recurso el señalado acto administrativo; acta de notificación de la multa, sobre de Correos de Chile en que se remitió la misma; y acta de comparendo de 26 de octubre de 2018.

A folio Nº11, evacuando informe los recurridos señalan en primer lugar que la acción resulta improcedente respecto del Inspector del Trabajo de Puerto Montt, por cuanto aquel no dictó la resolución reclamada ni le ha cabido participación alguna en el procedimiento administrativo que sirvio de base para su dictación.

En segundo lugar, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir el asunto, por cuanto aquel no incide en una cuestión de infracción a garantías constitucionales, sino de legalidad del acto administrativo, citando en su respaldo jurisprudencia de esta Corte en autos Rol 459-2013 y Rol 676-2013 y de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en autos Rol 26-2011, de Valdivia en autos Rol 2132-2013, de Antofagasta en autos Rol 555-2009 y de Santiago en autos Rol 5120-2011.

Sobre el fondo del asunto señala que no hay ilegalidad o arbitrariedad, ya que la fiscalizadora ha ejercido las facultades que le son propias, ya que el acto de fiscalización implica necesariamente el analizar críticamente las acciones de otro y en ese sentido, está dentro de su esfera de competencias fijar el sentido y alcance de un hecho determinado en relación con las normas laborales que le son aplicables, agregando que la interpretación que pretende la recurrente tornaría inocua la existencia de la entidad fiscalizadora.

Añade que la distinción entre infracciones claras y precisas y aquellas que serían oscuras o dudosas, no existe en la normativa laboral, por lo que el fiscalizador está facultado para calificar jurídicamente todos los hechos que puedan ser constitutivos de infracción a las leyes laborales, citando en su respaldo jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en autos Rol 2523-2013, Rol 119-2013 y 451-2011.

Finalmente, agrega que las indemnizaciones adeudadas fueron reconocidas por la misma recurrente en la audiencia de conciliación y que no es dable admitir su defensa en cuanto a que el pago no se pudo verificar por negativa del trabajador, ya que era responsabilidad del empleador adoptar todas las medidas necesarias para el resguardo de la normativa laboral, como la misma Ley se lo exige.

Por lo tanto, no existiendo actuación ilegal o arbitraria, la conducta de los recurridos no tiene la aptitud suficiente para vulnerar las garantías constitucionales de la actora y por ende, el recurso debe ser rechazado, con costas.

Acompaña a su informe la Resolución de Multa que se impugna; copia del reclamo que generó el procedimiento de conciliación; copia de la notificación de la citación al comparendo; copia del acta de comparendo de conciliación.

A folio Nº12, encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

A folio Nº13, se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, por medio de la presente acción, se denuncia que la recurrida habría excedido sus facultades legales de fiscalización, por cuanto dictó una resolución de multa que se funda en la calificación jurídica de hechos que la actora no comparte y que entiende constituye a la funcionaria sujeto del recurso en una comisión especial al haberse atribuido facultades privativas del juez laboral, invadiendo así sus competencias legales, sin perjuicio que hace referencia de manera errónea al precepto contenido en el inciso quinto y no cuarto –como señala-, del artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que en cuanto a la defensa de las recurridas en relación a que el Inspector Comunal del Trabajo no le cupo participación en la dictación del acto administrativo atacado, si bien ello fluye del mérito de los antecedentes, no es menos cierto que se ha emplazado a la Inspección Comunal como servicio público y por ende, no es posible sustraer la eventual responsabilidad que le cabe a aquel por las actuaciones desplegadas por los funcionarios de su dependencia, cuando aquellas han sido ejercidas en el marco de la función pública que se les ha encomendado.

Tercero: Que en lo tocante a la idoneidad de la vía ejercida por la recurrente, cabe resaltar que es el mismo artículo 20 de la Carta Política el que reconoce la procedencia de la presente acción cautelar, sin perjuicio de los demás recursos u herramientas procesales de revisión de los actos denunciados, criterio que consistentemente ha expresado la Excma. Corte Suprema en su jurisprudencia más reciente.

Cuarto: Que sobre el fondo del asunto debatido, si bien puede compartirse el hecho que la interpretación del contrato es una cuestión que el legislador ha puesto en manos de las partes que concurren a su celebración, mediante el acuerdo vinculante de sus voluntades –y sin perjuicio que, en materia laboral, existe una evidente limitación a la autonomía de la voluntad en cuanto a la configuración interna del contrato, de conformidad a las normas de orden público que rigen la contratación laboral- o, por otra parte, al juez que conoce de las controversias que se susciten con motivo de su cumplimiento o ejecución, sea éste el juez que naturalmente la ley ha determinado, o aquel que por pacto o convención se le ha delegado tal facultad, cuando ello fuera permitido por la Ley, no es menos cierto que en el caso sub lite no se vislumbra que lo actuado por la recurrida sea, como se denuncia, una interpretación contractual que se le haya vedada.

En efecto, del tenor de los hechos narrados en el recurso, lo informado por la recurrida y de las afirmaciones contenidas en el acta de comparendo y en la resolución impugnada, no se aprecia que la funcionaria fiscalizadora haya excedido sus facultades, ni menos invadido las competencias jurisdiccionales que la Ley ha puesto dentro de la esfera de aquellas que le asisten al juez laboral. Ello, porque la calificación jurídica de los hechos apreciados de manera directa por la fiscalizadora en el ejercicio de sus funciones, deben ser necesariamente calificados jurídicamente, puesto que es la única forma de determinar si aquellos son constitutivos o no de una infracción a las normas que rigen la materia.

Lo contrario, sería vulnerar los más elementales principios de la lógica, desde que, los funcionarios que tienen a su cargo velar por el cumplimiento de la ley laboral quedarían sujetos a una mera constatación de hechos sin poder asociar a ellos una calificación jurídica, en el ejercicio de sus competencias y facultades, que los dote de contenido legal de manera de poder llevar a cabo el proceso lógico de contrastación de la conducta desplegada con aquella exigida por la norma, a fin de determinar en definitiva la infracción o no de las reglas sectoriales que pesan sobre las partes de la relación laboral.

Quinto: Que así las cosas, aparece a juicio de estos sentenciadores que lo que se reclama en la especie no es una conducta ilegal potencialmente vulneradora de derechos fundamentales del actor, sino una disconformidad con la apreciación jurídica que ha efectuado el órgano administrativo, cuestión que puede ser debatido en sede administrativa en caso que se estime la concurrencia de un error de hecho, o en sede jurisdiccional si se aprecia un error de derecho en la resolución dictada, lo que más allá de ser una vía “más idónea”, es en realidad la herramienta que permite discutir el mérito de la resolución dictada en relación a las infracciones que le sirven de fundamento y no ante esta sede cautelar de urgencia que requiere necesariamente el ejercicio de una tutela diferenciada de derechos fundamentales que motiven el ejercicio de las facultades conservadoras de esta Corte.

Dicho de otro modo, el recurso de protección no permite discutir si es que la apreciación o calificación jurídica que ha desplegado la recurrida en la resolución atacada se ciñe o no a los hechos que le sirven de base, sino sólo si es que al momento de ejercer sus atribuciones legales, la fiscalizadora ha excedido éstas, invadiendo potencialmente el marco de potestades que la Ley ha situado dentro de los tribunales ordinarios de justicia, cuestión que en la especie no ha acaecido, como se señalare en el basamento anterior.

Sexto: Que como se viene razonando, no estimándose en los hechos que se configure la conducta que se denuncia como ilegal o arbitraria, no es posible estimar que ha existido en la especie una vulneración de las garantías fundamentales de la actora, por lo que al no reunirse los fundamentos de la acción, ésta deberá ser forzosamente desechada, como se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, artículos 1º y siguientes del Acta Nº94-2015 y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción de protección de folio Nº1 de esta carpeta digital, por no concurrir en la especie los requisitos legales de procedencia de la misma, en particular la ausencia de la actuación ilegal o arbitraria que se denuncia y la consecuente vulneración de garantías fundamentales.

II.- Que no se condena en costas a la actora por haber tenido motivo plausible para litigar, en consideración a la naturaleza de la acción deducida.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº1947-2018