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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 194-20232 jun 2023

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
2 de junio de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Puerto Montt
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 194-2023, sentencia de 2 de junio de 2023

Resumen

Se rechaza el recurso de protección sin costas: no se acreditó un derecho indubitado, pues existe una comunidad no dividida sobre el predio y las acciones para terminarla deben ejercerse en sede civil.

Texto íntegro

Puerto Montt, dos de junio de dos mil veintitrés.

Vistos.

Que a folio N° 1 comparece ALBERTO nombre reservado EBENSPERGER FERNÁNDEZ DE CABO, Abogado, domiciliado en domicilio reservado del Edificio nombre reservado de Puerto Montt, en representación según se acreditará de nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado de la Comuna de Calbuco, quien interpuso recurso de protección en contra de nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos expone que la recurrente es dueña por cesión de derechos en conjunto con otros comuneros de un predio rural de 16,66 hás, ubicado en Llaicha, departamento de Calbuco, en que una de las cedentes, doña nombre reservado se reservó el usufructo vitalicio de la propiedad que es materia de esta discusión, en que el recurrente pretende ser dueño del total del predio, lo que se aparta de la realidad.

Que es el caso, que el día domingo 29 de Enero del año en curso, la actora se percató que alrededor de 10 animales vacunos de propiedad de nombre reservado, se encontraban en su predio, ocasionando daños a su pastizal. Que el recurrido en reiteradas ocasiones ingresa sus animales vacunos al predio, corriendo el portón de su cerco existente en el lugar y sin la autorización de la actora, además de realizar el recurrente corta de árboles para hacer leña de uso personal llevándoselo a su casa, cometiendo actos perturbadores que amenazan el derecho de propiedad de la recurrente, ya que le dañan su predio, lo que se trata de actos intencionados con el fin de impedir el desarrollo agrícola y ganadero, por esta razón se interpone este recurso, por vulneración de los artículos 19 N° 1 y 24 de la Constitución.

Que, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19 N° 1, y 24 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excelentísima Corte Suprema, se sirva tener por interpuesto el Recurso de Protección en contra de nombre reservado ya individualizado, declararlo admisible, acogerlo, en definitiva y disponer que:

1.- Se ordene al recurrido don nombre reservado, impedir su ingreso y el de sus animales al predio de la recurrente doña nombre reservado, siendo esta una persona adulta mayor, por haber sido un acto arbitrario e ilegal, y que amagó sus Derechos Constitucionales.

2.- Se condene en costas a la parte recurrida.

Acompaña junto a su recurso los siguientes documentos.

1.- Set fotográfico donde se aprecian los animales vacunos de propiedad de nombre reservado, en el predio de mi representada ya antes individualizada, ocasionándole daños a su pastizal.

2.- Cesión de derechos.

3.- Mandato Judicial Que a folio N° 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio N° 10 se evacua informe por el recurrido quien expone al efecto que vive en el inmueble sublite desde el año 1957. Hace presente que con fecha 17 de septiembre de 1980, adquiere acciones y derechos hereditarios de las cedentes nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado, quienes a su vez adquirieron dichos derechos y acciones por medio de la transmisión por sucesión por causa de muerte del causante don nombre reservado, siendo efectivo que la cónyuge sobreviviente, doña nombre reservado se reservó el usufructo vitalicio del inmueble de una superficie de 16.66 hectáreas.

En efecto, la mencionada propiedad se ubica en el sector Llaicha, nombre reservado, comuna de Calbuco, en cuya virtud don nombre reservado mantiene o es dueño de 83,36% de los derechos de la referida propiedad raíz, como consta en la escritura pública de Aclaración y Ratificación de Cesión de Derechos del 29 de marzo del año 2000, otorgada en Notaria Hernán Tike Carrasco de la ciudad de Puerto Montt.

En segundo lugar, fuera de negar los hechos relatados por la recurrente, curioso es al menos, que ella manifieste ser dueña de un predio cuando en los hechos también sería copropietaria del inmueble, manteniendo ciertos derechos que ni siquiera determina mínimamente, además de no acompañar antecedente alguno que acredite la propiedad de dichos derechos.

Dicho sea de paso, dicha comunidad de bienes no ha sido objeto de partición, como tampoco existe acuerdo respecto de la determinación de los derechos de cada comunero, como tampoco existe subdivisión, demarcación o cerramiento de la referida propiedad raíz.

Sostiene que lo que el recurrente pretende a través de esta acción cautelar, es que se le reconozca un derecho que no es indubitado y que sólo puede establecerse por vía judicial, mediante un juicio de lato conocimiento, lo que a todas luces no es procedente en virtud de la naturaleza del recurso de protección, no siendo idónea esta vía parta tales efectos y claramente la legislación pone a su alcance las acciones pertinentes, motivo por el cual no resulta procedente acoger el recurso de protección.

Así las cosas, el asunto recién indicado excede con creces el ámbito de competencia del recurso de protección, el cual está destinado tan sólo a restablecer el imperio del derecho indubitado de la supuesta víctima, mediante la adopción de medidas adecuadas, lo que no acontece en la especie En consecuencia es a lo menos antojadizo señalar que don nombre reservado ha infringido las normas constitucionales que dan sustento a lo sostenido por la actora, puesto que como se ha señalado latamente, son acciones ejercidas tanto en la propiedad del recurrido y con las facultades que conlleva el ser el titular de tales derechos y acciones, por tanto, injustamente alguien podría sentirse menoscabado por simplemente actuar conforme a lo que autoriza la ley.

Pide el rechazo del recurso en todas sus partes Acompaña junto a su informe, los siguientes documentos:

1. Aclaración y ratificación de cesión de derechos de doña nombre reservado y otras a don nombre reservado, de fecha 29 de marzo del 2000, protocolo de instrumentos públicos, FS.951, N°1099 del año 2000, en Notaria Hernán Tike Carrasco de la ciudad de Puerto Montt.

2. Registro de propiedad 1980, FS. 18, número 24 con anotación al margen de Conservador de Bienes Raíces de Calbuco.

3. Compraventa de 17 de septiembre de 1980, registrado en Conservador de Bienes raíces de Calbuco.

4. Certificado de avalúo fiscal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos de 6 de marzo del 2023.

Que encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

SEGUNDO: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que conforme a los antecedentes acompañados a estos autos de protección y lo expuesto en los alegatos por ambas partes, a juicio de estos sentenciadores no estaríamos en presencia de derechos indubitados desde que se reprochan del recurrido el ejercicio de actos de dominio, que atentarían en contra de los derechos de los que es titular doña nombre reservado, en circunstancias que se ha acreditado que existe una comunidad de bienes sobre el predio, que no sido objeto de partición, ni tampoco de subdivisión, demarcación o cerramiento.

CUARTO: Que en este orden de ideas, conforme a lo expuesto, tanto la recurrente, como el recurrido son titulares de acciones y derechos sobre la cosa común, que les permiten legítimamente ejercerlos sobre el predio referido mientras no se consoliden en un lote o cuota determinada. De esta forma, la recurrente deberá iniciar las acciones civiles que estimen pertinentes para poner término a la indivisión existente, cuestión que escapa a los fines de este recursos, esencialmente cautelar.

QUINTO: Que esta corte ha señalado en forma reiterada que la acción constitucional de protección es un recurso destinado a resolver situaciones en las que los derechos constitucionales alegados sean indubitados, es decir, que no estén en disputa y no se haya acudido a las instancias jurisdiccionales pertinentes. En el presente caso, la naturaleza propia de esta acción y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación evidencian que estos requisitos no concurren, al existir entre los intervinientes un estado de indivisión que no ha sido objeto del correspondiente procedimiento de partición entre ellos.

SEXTO: Que de los antecedentes presentados, se puede concluir que no se ha demostrado que la parte recurrente sea titular de un derecho indubitado que haya sido afectado o amenazado por el acto impugnado, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos consagrados en el artículo 19 N° 1 y 24 de nuestra Constitución Política. Aquello es crucial para la aceptación de un recurso de esta naturaleza, ya que la acción constitucional de protección no tiene como finalidad la declaración de derechos, sino la protección de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren en peligro o afectados, de manera tal que el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por el abogado Alberto Francisco Ebensperger Fernández de Cabo, en representación de doña nombre reservado.

Redacción a cargo del abogado integrante, Claudio Fernández Melo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 194-2023.