Recurso de protección

nombre reservado, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 compareció el abogado Andrés Javier Olave Echenique, chileno, soltero, cédula nacional de identidad N°NUM000, en representación de Servicios Suroeste Spa, sociedad del giro aseo industrial, nombre reservado

Tributario N°77.005.314-5, cuya representante legal es nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM001 ambos con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, quien presentó recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos – Dirección Regional de nombre reservado, representada legalmente por su Director Regional, Jorge Ramón Lara Arriagada, domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, por la activación de la anotación causal 5522, que es la inclusión en la Nómina de Contribuyentes sujetos a retención, lo cual, alegó, vulnera las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 N°2, Nº3 inciso quinto, Nº21 y Nº24.

Señaló que, el Servicio de Impuestos Internos, le comunicó lo siguiente: “Según registros del SII, usted pertenece a la Nómina de Contribuyentes sujetos a retención por mantener brechas de cumplimiento tributario, por lo que en las ventas que efectúen y/o servicios que presten a Agentes Retenedores, serán dichos agentes los que deberán retener, declarar y enterar en arcas fiscales el IVA de dichas operaciones.”

Al respecto, dijo que el contribuyente al no haber sido notificado de resolución alguna que informe los motivos que fundamentan la activación de dicha anotación, recurrió a la información que existe en el sitio web personal del Servicio de Impuestos Internos, detectándose que había diferencias de IVA declaradas en F29 de los periodos tributarios de septiembre y octubre de 2024, cuestión que se corrigió de manera inmediata al tomar conocimiento de la activación de la anotación ya mencionada. Dicha corrección, explicó, se generó a través de la presentación de 2 peticiones administrativas, Folios 77325429479 y 77325429476, ambas de 26 de enero de 2025, y que fueron resueltas el 4 de febrero de 2025.

Explicó el marco normativo que regula la Nómina de Contribuyentes sujetos a retención, la cual se encuentra en la Resolución Exenta N°42 de 2018, la cual define la nómina como el listado al cual se incorporarán, por una o más resoluciones dictadas al efecto, los contribuyentes cuyas operaciones gravadas con IVA estarán afectas al cambio de sujeto establecido en la presente Resolución.

Indicó que dicha nómina se conforma, entre otros, por aquellos contribuyentes que presenten reiteradamente, entre otras, brechas de cumplimiento tributario asociadas a las obligaciones del IVA, ya sea por omisión de declaraciones F29, sub declaración o sobre declaración.

Señaló la resolución referida que la permanencia en la Nómina de Contribuyentes Retenidos tendrá una duración mínima de seis meses.

Transcurrido este plazo, el contribuyente retenido será excluido de la nómina, siempre que haya solucionado sus brechas de cumplimiento tributario y no haya incurrido en nuevas, refiriéndose en ambos casos, a las brechas descritas en la presente Resolución.

Agregó que no tiene, actualmente, periodos impugnados de IVA.

Respecto de las circunstancias o características especiales del recurrente, refirió que sus principales clientes son Cencosud, Falabella, Sodimac, Hipermercados Tottus, Administradora de Supermercados Hiper Limitada, Administradora De Supermercados Express, Easy y Walmart Chile, los que se encuentran entre los contribuyentes más grandes del país, cuyas estructuras societarias son serias y generan empleo de manera directa o indirecta a miles de personas.

Por otra parte, refirió que este mismo tipo de empresas poseen dentro de sus estructuras de compliance evitar contratar con contribuyentes que tengan observaciones del Servicio ligadas a cambio de sujeto, como es el caso. Esta misma circunstancia de mercado provoca que no se pueda facturar servicios ya prestados y, por consecuencia, no puede ejercerse su cobro.

Por último, agregó que, dentro de sus características propias, da trabajo a 5.112 personas, y ha pagado en los últimos 2 años $11.992.301.017, es decir, casi 12 mil millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado, promediando $499.679.209 mensuales. Es decir, es una empresa con una importancia vital tanto para estas 5.112 familias, como para la Dirección Regional de nombre reservado, dado que son impuestos que mensualmente se han pagado y que contribuyen al erario fiscal.

De lo señalado anteriormente, no se tiene conocimiento sobre las razones que motivaron la rectificación de los F29 de los periodos de septiembre y octubre de 2024, es decir, expresamente jamás se señaló por parte del Servicio de Impuestos Internos sobre cuál de estas causales fueron las que motivaron la activación de la Anotación N°5522, más si se considera que dicha activación corresponde a un día feriado (1 de enero de 2025).

Sumó que no existe en los sistemas informáticos del Servicio de Impuestos Internos, ni ha sido notificado al contribuyente ninguna resolución que lo incorpore a Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del Cambio de Sujeto para el Cumplimiento del IVA, lo que corresponde un incumplimiento de carácter reglamentario de las propias instrucciones del Servicio de Impuestos Internos que obliga a dicha administración tributaria a emitir una resolución al respecto.

Además, en este orden de cosas, de conformidad al artículo 11 del Código Tributario, expresó que la empresa se encuentra inscrito para ser notificado por correo electrónico de los actos administrativos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, cuestión que obliga al recurrido a notificar actos administrativos por dicha vía, con algunas excepciones que dicha norma legal expresa, y que no corresponde al caso concreto.

Arguyó también que, de conformidad a los artículos 33 y 60 del Código Tributario, existen otras herramientas legales que permitían al Servicio de Impuestos Internos colaborar con el cumplimiento del contribuyente, distintas a la activación de la Anotación 5502, más aun considerando que la situación tributaria del contribuyente a nivel Impuesto al Valor Agregado es intachable, para lo cual acompaña la consulta del cumplimiento del Formulario F29 desde 2019 a la fecha, sin problemas.

Expresó que el contribuyente recurrente se encuentra al borde de la insolvencia por falta de liquidez, dado que el efecto práctico de la anotación es que no pueda emitir facturas de venta, (es el antiguo receptor de la factura quien debe emitir una factura de compra), quedando impedido de cobrar servicios ya prestados, y que además no le permite factorización de sus documentos tributarios, siendo este instrumento de financiamiento es el motor de sus operaciones, dado que sus principales clientes son los grupos Cencosud, Falabella y Walmart, quienes tienen por política el pago a 60 días, dejando en una situación de insolvencia por falta de liquidez inminente Respecto al derecho, citó el artículo 8° ter del Código Tributario, que señala que los contribuyentes tendrán derecho a que se les autoricen los documentos tributarios que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. El inciso 3° de la misma norma indica que “las autorizaciones otorgadas conforme a este artículo podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la Dirección Regional, mediante resolución fundada a contribuyentes que se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 59 bis, y sólo mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas, y a contribuyentes respecto a los cuales se haya dispuesto un cambio total de sujeto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N°825, de 1974.”.

Argumentó que hay una doble vulneración al no existir resolución fundada que disponga la inclusión del contribuyente en Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del Cambio de Sujeto para el Cumplimiento del IVA, y por restringir la emisión de documentación tributaria sin la correspondiente resolución que la fundamente.

Expresó que, en la especie hay una serie de vulneraciones a derechos garantizados por el artículo 8 bis del Código Tributario, tales como el ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna (2°); que las actuaciones del Servicio indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. En efecto, toda actuación del Servicio deberá ser fundada, esto es, expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo disponga expresamente o no (4°, letra a); que se entregue información clara, sobre el alcance y contenido de la actuación (4°, letra b); que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias (10°); a ejercer los recursos e iniciar los procedimientos que correspondan, personalmente o representados (11°); tener certeza de que los efectos tributarios de sus actos o contratos son aquellos previstos por la ley (13°); que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley, el contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen previamente las razones que fundamentaron tales medidas (14°); y el ser informado de toda clase de anotaciones que le practique el Servicio (16°).

Respecto de las garantías vulneradas, señaló la del 19 N°3 en relación al debido proceso, la del 19 N°21 respecto al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica.

Previas citas legales, pidió que se acoja la acción constitucional, se declare la actuación ilegal y arbitraria del Servicio de Impuestos Internos, se ordene levantar, desactivar y/o eliminar anotación Causal 5522, de 1 de enero de 2025, y retirar al contribuyente recurrente de la Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del Cambio de Sujeto para el Cumplimiento del IVA, por no existir causas legales ni administrativas que ameriten su inclusión en dicha nómina y se le impida a la recurrida realizar actos que entorpezcan sus derechos a operar y explotar su actividad económica, además de toda otra medida que se estime pertinente, con costas.

Acompañó a su presentación: 1.- Captura de pantalla de Consulta Integral F29, que acredita no existen periodos de F29 impugnados. 2.- Captura de pantalla de Anotación 5522 de fecha 01 de enero de 2025 3.- Captura de pantalla de peticiones administrativas, que acredita fecha en que se realizó la acción relativa a rectificar F29 de los periodos de septiembre y octubre de 2024. 4.- Captura de pantalla de notificaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos a contribuyente.

A folio 4 se declaró admisible el recurso y se pidió informe a la recurrida.

A folio 12 el Servicio de Impuestos Internos evacuó informe, y señaló que el recurrente registra inicio de actividades el 11 de abril de 2019. Luego, que en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº42 de 2018, se efectuó, a su respecto, el registro de la anotación Causal 5522 “Retenido C.s.

Para Cumplimiento De Iva”, tras haberse incorporado a la Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del Cambio de Sujeto para el Cumplimiento del IVA, por presentar observación de impugnación para periodos impuesto mensual del 2024, lo que implica que sus clientes, en calidad de agentes retenedores, tienen la obligación de emitirle facturas de compra, reteniendo el Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) de las operaciones que tengan lugar.

Luego, relató que el 26 de enero de 2025, ingresó las peticiones administrativas Folio N°77325429476, solicitando “la rectificatoria y giro por la diferencia del F-29 asociado a octubre 2024” y Folio N°77325429479, en que requirió la “rectificación y giro por la diferencia del F-29 del mes de septiembre 2024”. En virtud de ello, explicó que el 4 de febrero de 2025, fueron procesadas las rectificatorias de Formularios 29 correspondientes a los períodos de septiembre y octubre 2024, generándose los giros Folio N°8089892326, por un monto de $232.102.950 y Folio N°8089895316, por un monto de $642.069.180, con fecha de pago hasta el día 12 de marzo del presente año.

El 29 de enero de 2025, entendiendo la contribuyente que se encontraban subsanadas sus observaciones a los periodos indicados, efectuó una nueva petición administrativa, Folio N°77325437242, bajo la materia “Exclusión nómina de difícil fiscalización”, la que fue resuelta mediante la Resolución Exenta N°77325132907, de 6 de febrero de 2025, que rechazó la solicitud, por cuanto el tiempo mínimo de inclusión en la nómina es de 6 meses, lo cual se cumple el 1 de julio de 2025, momento desde el cual, el contribuyente retenido será excluido de la nómina, siempre que haya solucionado sus brechas de cumplimiento tributario y no haya incurrido en nuevas.

A continuación, el 11 de febrero de 2025 presentó dos solicitudes administrativas, primero un recurso de resguardo, que fue resuelto mediante la Resolución Exenta RR Nº10, de 18 de febrero de 2025, de la Subdirección Jurídica, que lo declaró inadmisible; y luego la Folio N°77325464692, en que requiere el “Levantamiento Anotaciones Jurídica”, rechazada mediante la Resolución Exenta Nº271, de fecha 5 de marzo de 2025, del Director Regional de la X Dirección Regional nombre reservado.

En el informe el recurrido pidió la extemporaneidad del recurso, ya que lo que se impugna mediante la presente acción, es, por una parte, la falta de notificación respecto a la decisión del cambio de sujeto, lo que -conforme a los propios dichos de la contraria- habría tenido lugar desde la inclusión de la contribuyente en la Nómina de Cambio de Sujeto y el registro de la anotación 5522, lo que aconteció el día 1° de enero de 2025 y, por otra, la falta de emisión de alguna resolución que disponga el cambio de sujeto, lo que - determinado del mismo modo- también habría ocurrido el día 1° de enero de 2025. Luego, dijo que el recurso fue presentado el 25 de febrero de 2025, de forma completamente extemporánea, por haber transcurrido, en exceso, el plazo fatal de 30 días para su interposición, contados desde la única fecha cierta en estos autos.

A continuación, el recurrido pidió que se declare la improcedencia del recurso de protección, al no ser la vía idónea de impugnación. Señaló que las supuestas infracciones a derechos establecidos en el artículo 8 bis del Código Tributario, ya referidas, en ninguna circunstancia pueden ser conocidas mediante el presente recurso de protección, toda vez que el legislador estableció, expresamente, en el Código Tributario, otras vías de impugnación y/o reclamación. Por tanto, no es posible solucionar, por esta vía, las supuestas faltas de respuestas a los requerimientos de la contribuyente o falta de información o presuntas dilaciones innecesarias.

Luego, respecto a la falta de resolución que autorice el cambio de sujeto y para diferir, revocar o restringir las autorizaciones de documentos tributarios necesarios para el desarrollo del giro o actividad de la contribuyente, dijo que el recurso de protección tampoco es la vía idónea, por cuanto esta acción constitucional está reservada para la tutela urgente y privilegiada de derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, por cuanto no se está ante un caso en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados.

Argumentó que la vía idónea, en sede administrativa, era el Recurso de Resguardo establecido en el artículo 8 bis, inciso 2°, del Código Tributario y el procedimiento de Reclamo por Vulneración de Derechos del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero del Código del Ramo. Luego, en sede jurisdiccional, la vía era el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos, del artículo 155 del Código Tributario.

Luego, respecto del fondo, expresó que el artículo 3° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que son contribuyentes para efectos de esa Ley, aquellas personas naturales o jurídicas, (…) que presten servicios o efectúen cualquier otra operación gravada con los impuestos de la LIVS, pudiendo cambiarse dicho sujeto ya sea por Ley o por normas generales impartidas por la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

Explicó que, atendidas sus obligaciones y facultades legales, a través de la Res. N°42, estableció un cambio de sujeto en materia del Impuesto al Valor Agregado, para aquellos contribuyentes calificados como “Agentes Retenedores”, que realicen operaciones con contribuyentes clasificados como “Sujetos a Retención”. Esto, significa – en suma – que los primeros (Agentes Retenedores) deben aplicar una retención total de IVA en aquellas operaciones que realicen con proveedores o prestadores de servicios que tengan la calidad de los segundos (Contribuyente Sujetos a Retención), todo lo cual tiene como objetivo aumentar el cumplimiento tributario en materia de IVA, estableciendo mecanismos de resguardo para la utilización o recuperación de los créditos fiscales de aquellos contribuyentes que se clasifiquen como “Contribuyentes Sujetos a Retención”.

Luego, definió quienes son los contribuyentes sujetos a retención, indicando que son aquellos contribuyentes que presenten reiteradamente, entre otras, las siguientes brechas de cumplimiento tributario asociadas a las obligaciones del IVA; y que la reiteración, se define como “la verificación de alguna de las brechas de cumplimiento tributario descritas en la presente Resolución, por dos o más períodos”.

Dijo además, que de acuerdo con la misma Resolución N°42, la permanencia en la Nómina de Contribuyentes Retenidos tendrá una duración mínima de seis meses, transcurrido el cual el contribuyente retenido será excluido de la nómina, siempre que haya solucionado sus brechas de cumplimiento tributario y no haya incurrido en nuevas.

Sumó que la resolución expresa que “el respectivo Director Regional, el Director de Grandes Contribuyentes o el Subdirector de Fiscalización, podrán incorporar de oficio a uno o más contribuyentes en la Nómina de Agentes Retenedores, así como también podrán de oficio, incorporar contribuyentes en la Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención que presenten brechas tributarias reiteradas”.

Explicó que la Resolución Exenta SII N°132 del 26 de diciembre del 2024 fijó las nóminas de Agentes Retenedores y de Contribuyentes Sujetos a Retención, precisando que “4. Las nóminas fijadas por la presente resolución, de acuerdo con lo ordenado en la Resolución Ex. SII N°42, de 30 de abril de 2018, regirán a contar del día 01 de enero de 2025, hasta el último día hábil del mes de junio de 2025”. Es a través de este acto administrativo, esto es de la Res. N°132, que se incluyó a la recurrente en la Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención – y el motivo que generó la anotación 5522 el 1 de enero del año en curso – por lo que la supuesta omisión en la emisión de una resolución que autorice el cambio de sujeto no es efectiva.

Luego, dijo que las anotaciones que realiza a los contribuyentes se enmarcan, sustentan, justifican y generan en la esfera de la obligación y función de aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, que el legislador encomendó al SII, según se desprende del artículo 6° del Código Tributario y del artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, y de las instrucciones vigentes dictadas por esta misma entidad de conformidad al mencionado artículo 6º en su Letra A.

Argumentó que la anotación 5522 no implicó ninguna restricción en la emisión de documentación tributaria para la contribuyente, a diferencia de lo que ella afirma. En efecto, explicó que luego del registro de la anotación 5522, la contribuyente continuó sin problemas emitiendo facturas de venta a contribuyentes que no detentaban el carácter de Agentes Retenedores. Tal es así que, conforme se evidencia en su registro de Compras y Ventas, la empresa emitió un total de 65 facturas electrónicas de ventas en el periodo de enero de 2025; y, 40 facturas electrónicas de venta, en febrero del presente año. Así las cosas, no habiéndose aplicado ninguna restricción en la emisión de documentación tributaria, malamente podría haberse incurrido en la omisión de emitir una Resolución que implique diferir, revocar o restringir las autorizaciones de documentos tributarios.

Arguyó que no es correcto que no haya sido notificada de la resolución y no habérsele comunicado a través de los sistemas informáticos, lo que se acredita extractando una imagen de su portal en que da cuenta de la comunicación de la referida anotación, la fecha de activación, su descripción y efectos y la acción requerida, de la cual cualquiera puede comprobar que la presunta falta de conocimiento no es tal. A mayor abundamiento, dijo que el 31 de diciembre de 2024, a la empresa se le envió un correo electrónico a la casilla DIRECCION000, que es el correo electrónico que se encuentra inscrito para ser notificado desde 2 de octubre de 2024 En cuanto a los incumplimientos que motivaron y sirvieron de fundamento para la inclusión en la Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención, por Resolución Ex. N°132 y, en consecuencia, la interposición de la anotación 5522, explicó que dicen relación con a) sobredeclaración del crédito fiscal y b) subdeclaración del débito fiscal, en los periodos mensuales de septiembre y octubre del 2024, la empresa incurrió en incumplimientos tributarios de IVA, consistentes en la subdeclaración de débito fiscal por un monto de $184.205.211 y la sobredeclaración de crédito fiscal por un monto de $515.501.660, respectivamente, motivo por el que aquellas declaraciones presentaron observaciones de impugnación.

Hizo presente que ya existían brechas de cumplimientos en julio, septiembre y noviembre de 2021 y enero, febrero, marzo, agosto y noviembre de 2022.

Agregó que se presentaron las rectificatorias generándose los giros Folio N°8089892326, por un monto de $232.102.950, y Folio N°8089895316, por un monto de $642.069.180, con fecha de pago hasta el día 12 de marzo del presente año, los que al día de presentación del recurso de protección no se encontraban completamente pagados conforme a certificado de deuda, de 10 de marzo de 2025, de la Tesorería General de la República.

Luego, se presentaron diversas solicitudes administrativas, las que fueron rechazadas, principalmente por la permanencia general en la Nómina correspondiente al término de 6 meses de vigencia. Sin embargo, complementó que atendido a que la contribuyente requirió la exclusión anticipada, para dar cuenta de los sustentos de la denegatoria, el Servicio - a través de su Director Regional - consideró entre sus argumentos el hecho de presentar la empresa reiteradas brechas de cumplimiento sobredeclarando créditos fiscales y subdeclarando débitos fiscales, ya desde el año 2021, e incurriendo en estas inconsistencias nuevamente en los periodos mensuales de septiembre y octubre del 2024, lo que ha ocasionado una deuda tributaria que, a la fecha del presente recurso, asciende a $1.162.625.991.

Explicó que la facultad del Director Regional de eliminarle de la Nómina de manera anticipada es una prerrogativa que se ejercerá a su juicio exclusivo, y que, en ese contexto, puede atender a las circunstancias o características del comprador o beneficiario del servicio y -también- a otras circunstancias propias del vendedor o prestador del servicio, del mercado u otras que determine relevantes para aplicar dicha medida, resultando en la especie, en la denegatoria de la Res. N°271, este Director Regional consideró la gravedad y la reiteración en los incumplimientos de la contribuyente en cuanto al Impuesto al Valor Agregado, ya que las conductas del contribuyente llevaron a disminuir de manera irregular su carga tributaria respecto al Impuesto al Valor Agregado, lo que podría constituir una infracción o ilícito tributario, conforme dispone el inciso segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario.

Dijo que los artículos 33 y 60 del Código Tributario, tienen alternativas para hacer efectivo el cumplimiento de obligaciones tributarias, pero que están diseñadas para incumplimientos de menor intensidad Complementó que, si bien no constituye sustento de la Res. N°271 - la situación de la contribuyente es aún más compleja, dado que su representante legal, nombre reservado, se encuentra querellada por ilícitos de orden tributario en virtud de la querella presentada por el Servicio recurrido, que se conoce ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT 2006-2020 y RUC 2010012582-0 y que se encuentra actualmente vigente.

Concluyó que no ha incurrido en acción u omisión alguna, que pudiere ser calificada de ilegal o arbitraria, al encontrarse su obrar amparado en la normativa legal e instrucciones vigentes, lo que, obviamente, lleva a concluir que, malamente pudiere haber incurrido en una afectación indebida a los derechos y garantías fundamentales de la recurrente y pidió el rechazo la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas.

Acompañó al recurso: 1.- Resolución Ex. SII N°42, de fecha 30 de abril de 2018. 2.- Resolución Ex. SII N°132, de fecha 26 de diciembre de 2024. 3.- Resolución Exenta N°7735132907, de 6 de febrero de 2025. 4.- Resolución Exenta RR N°10, de 18 de febrero de 2025. 5.- Resolución Exenta N°271, de 5 de marzo de 2025. 6.- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, de fecha 10 de marzo de 2025. 7.- Resolución Exenta RA N° 246/727/2023, de fecha 05/10/2023, en que consta mi calidad de Director Regional Subrogante de la Dirección regional nombre reservado.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, respecto a la alegación de extemporaneidad de la acción de protección, el recurrido en su informe indicó que los hechos que se alegan como vulneratorios ocurrieron desde el 1 de enero de 2025, en circunstancias que el recurso se presentó el 25 de febrero de 2025, excediendo el plazo de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado 94- 2015 de la Excma. Corte Suprema.

Que esta alegación necesariamente debe ser rechazada, por cuanto la anotación causal 5522, que incluyó al recurrente en la Nómina de Contribuyentes sujetos a retención desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio del mismo año, genera sus efectos de forma permanente durante toda su extensión, por lo que, al momento de presentarse la acción constitucional, el efecto o consecuencias negativas que se alegan como vulneratorias de derechos fundamentales se siguen produciendo.

Cuarto: Que, respecto a la alegación de improcedencia de la acción de protección por existir otras vías administrativas y judiciales para recurrir de las decisiones del Servicio de Impuestos Internos, consistentes, en sede administrativa, en el Recurso de Resguardo establecido en el artículo 8 bis, inciso 2°, del Código Tributario y el procedimiento de Reclamo por Vulneración de Derechos del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero del Código del Ramo; y en sede jurisdiccional, el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos, del artículo 155 del Código Tributario.

Esta alegación, también será rechazada, ya que el artículo 20 e la Carta Fundamental establece el recurso de protección como una acción cautelar y de urgencia, y en su parte final aclara que este recurso se puede presentar “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Así, es claro su tenor literal, el cual permite la presentación del recurso de protección y de las demás acciones que puedan existir.

Por otra parte, sin considerar las acciones o reclamos en sede administrativa que puedan existir, la única otra acción jurisdiccional indicada por la recurrida es el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos, del artículo 155 del Código Tributario, el cual sólo puede interponerse por la vulneración de las garantías establecidas en los numerales 21º, 22º y 24º, mientras que, en la presente acción constitucional se alegaron como vulneradas otras garantías diferentes, que no se encuentran protegidas por dicho procedimiento.

Por último, existe norma expresa que prohíbe la presentación de la acción de protección con el procedimiento especial de vulneración de derechos del Código Tributario, ya que en el inciso tercero del artículo 155 se señala que: “Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos.” Por lo que, siendo las alegaciones de la recurrente relativas a otras garantías fundamentales, se desestimará la alegación de improcedencia.

Quinto: Que, respecto del fondo del asunto debatido, la presente acción cautelar denuncia como ilegal y arbitraria la activación de la anotación causal 5522, que consiste en la inclusión del recurrente Servicios Suroeste Spa en la Nómina de Contribuyentes sujetos a retención. Alegó, en síntesis, que esta inclusión se hizo en contravención a la ley, por cuanto no se le notificó resolución alguna que explicara los motivos o razones por los cuales se le incluyó en dicha nómina. Agregó que, si la razón era la diferencia en las declaraciones F29 relativas a los meses de septiembre y octubre de 2024, estas fueron remediadas a través de solicitudes administrativas que fueron resueltas el 4 de febrero de 2025, por lo que no hay fundamento para permanecer en el listado, lo cual no le permite emitir facturas de venta y factorizarlas, situación que lo tiene en una al borde de la insolvencia.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes que han sido expuestos dentro de este proceso, consta que, en base a la Resolución Exenta N°132 del 26 de diciembre del 2024, se fijó las nóminas de Agentes Retenedores y de Contribuyentes Sujetos a Retención, precisando que “4. Las nóminas fijadas por la presente resolución, de acuerdo con lo ordenado en la Resolución Ex. SII N°42, de 30 de abril de 2018, regirán a contar del día 1 de enero de 2025, hasta el último día hábil del mes de junio de 2025”, la cual fue notificada a la casilla de correo DIRECCION000. Por lo que la alegación de que no existió notificación de resolución alguna no puede prosperar.

Séptimo: Luego, agregó que los fundamentos para la dictación de la Resolución Exenta N°132, se basan en la sobredeclaración del crédito fiscal y la subdeclaración del débito fiscal, en los períodos mensuales de septiembre y octubre del 2024, en que la recurrente incurrió en incumplimientos tributarios de IVA, consistentes en la subdeclaración de débito fiscal por un monto de $184.205.211 y la sobredeclaración de crédito fiscal por un monto de $515.501.660, respectivamente, motivo por el que aquellas declaraciones presentaron observaciones de impugnación. En este sentido, se puede observar que existe una adecuada fundamentación, lo cual permite subsumir esta situación tributaria de la empresa en la causal de la letra i) de la Resolución Exenta N°42, de 30 de abril de 2018, en donde el Servicio recurrido reguló el cambio de sujeto total de derecho para el cumplimiento de IVA.

Octavo: Que, además, de acuerdo con el párrafo final de la letra a) de la Resolución Exenta N°42, “la permanencia en la Nómina de Contribuyentes Retenidos tendrá una duración mínima de seis meses. Transcurrido este plazo, el contribuyente retenido será excluido de la nómina, siempre que haya solucionado sus brechas de cumplimiento tributario y no haya incurrido en nuevas, refiriéndose en ambos casos, a las brechas descritas en la presente Resolución.” En consecuencia, la Resolución Exenta N°132 determinó la duración en que la recurrente, al igual que otras personas naturales y jurídicas en la misma situación, estará inscrita en la Nómina de Contribuyentes Retenidos, desde el 1 de enero al último día hábil de junio de 2025, por lo que tampoco es arbitrario el tiempo que se determinó que deberá permanecer en el listado.

Noveno: Por otra parte, de acuerdo a las resoluciones acompañadas por el Servicio de Impuestos Internos, se ha acreditado que la recurrente ha realizado varias solicitudes administrativas, en las que pretendió dejar sin efecto de forma anticipada su inclusión en la nómina, las cuales no prosperaron, por estar determinado el tiempo mínimo de inclusión en 6 meses, y por ser una facultad exclusiva del Director Regional del Servicio, el cual, al considerar la gravedad de las brechas de cumplimiento de la recurrente actuales y su reiteración, por cuanto ha tenido brechas de cumplimiento en julio, septiembre y noviembre de 2021 y enero, febrero, marzo, agosto y noviembre de 2022, consideró que no era procedente acceder a lo solicitado.

Décimo: En conclusión, de lo razonado en los motivos precedentes, queda en evidencia que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado en conformidad al ordenamiento jurídico, fundamentando adecuadamente las decisiones que ha tomado, por lo que no se observa acción ilegal o arbitraria que vulnere garantías fundamentales de la recurrente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad interpuesta por la recurrida.

II.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción de protección interpuesta por la recurrida.

III.- Se rechaza la acción de protección interpuesta por el abogado Andrés Javier Olave Echenique, en representación de Servicios Suroeste Spa, ya individualizados, en contra del Servicio de Impuestos Internos- Dirección Regional de nombre reservado.

IV.- Cada parte pagará sus costas, por haber existido motivo plausible para litigar.

No firma el Ministro Titular don Juan Patricio Rondini Fernández – Dávila y el Fiscal Judicial don nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en la presente causa, por encontrarse ambos con permiso.

Redacción a cargo del Ministro Titular Patricio Rondini Fernández- Dávila.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°193-2025.-