RIA AUSTRAL S.A. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE PUERTO VARAS

Puerto Montt, cinco de marzo de dos mil diecinueve.

Visto:

Con fecha 21 de noviembre de 2018 comparece don Gonzalo Serra Berrueco, Abogado, en representación de la empresa Ria Austral S.A., del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Varas, representada por su inspector comunal don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Relata que con fecha 31 de agosto de 2018, se solicitó la reconsideración administrativa de la multa cursada por el fiscalizador dependiente de la Inspección del Trabajo de Puerto Varas doña nombre reservado, mediante resolución número 7606/18/13, notificada a su representada el 02 de agosto del 2018. Indica que el 22 de octubre del año 2018, se recepciona carta de la Inspección del Trabajo que contiene el Ordinario N° 365 de fecha 06 de septiembre del 2018, en virtud del cual informa el Inspector Comunal del Trabajo don nombre reservado que no se dio curso a dicha solicitud, por incumplimiento a los requisitos legales, considerando que: no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la fecha de su notificación. Por ello, no resulta posible para este servicio admitir a tramitación tal solicitud.

Manifiesta que el acto de la administración denominado ordinario N° 365, recibido mediante carta certificada el 22 de octubre del 2018, es ilegal y arbitrario, en atención a que el plazo de 30 días a que hace referencia el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene el servicio público recurrido, sino de días hábiles, entendiéndose por tanto inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. Que es un hecho reconocido en el propio ordinario número 365 que la reconsideración fue presentada con fecha 31 agosto del año 2018, esto es, conforme a lo razonado anteriormente, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación que fue practicada con fecha 02 de agosto del 2018. Argumenta que, de lo anterior, fluye que la actuación de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Varas constituye un acto ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, lo que corresponde sea enmendado por esta vía. Cita jurisprudencia de esta Ilustrísima Corte en causa Rol: 641-2015 y 257-2016, asimismo cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en causa rol 21.532- 2014.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, sostiene que el acto recurrido, conculca o afecta la garantía constitucional que se encuentra consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución ordinaria N° 365, de fecha 06 de septiembre de 2018, y notificada a su parte con fecha 22 de octubre de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración administrativa planteada por su representada respecto de la resolución de multa N° 7606/18/13, con costas.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: ordinario N° 365, resolución de multa N° 7606/18/13, copia de escritura pública de mandato judicial y reconsideración administrativa de fecha 31 de agosto de 2018.

Con fecha 22 de noviembre de 2018 se declaró admisible el recurso y se decretó orden de no innovar.

Con fecha 16 de noviembre de 2018, evacúa informe doña nombre reservado, abogada de la Dirección del Trabajo, señalando que el recurso de protección se ha interpuesto en contra del Ordinario Nº 365, de fecha 06 de septiembre de 2018 dictado por el Inspector Comunal del Trabajo de Puerto Varas, don nombre reservado, mediante el cual se informa a la recurrente que no se admitió a tramitación su solicitud de reconsideración administrativa de la multa Nº7606/18/13-1, dado que no fue presentada en el plazo de 30 días corridos contados desde su notificación, conforme el artículo 512 del Código del Trabajo. Agrega que la resolución de Multa Nº7606/18/13-1, fue cursada a la recurrente por la fiscalizadora del Servicio doña nombre reservado con fecha 18 de julio de 2018, y fue notificada mediante carta certificada al empleador, depositada en las oficinas de Correos de Chile con fecha 20 de julio de 2018, entendiéndose válidamente notificada para todos los efectos legales al sexto día hábil contados desde su recepción por la oficina de correos, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 508 del Código del Trabajo, esto es, el día 27 de julio de 2018. Indica que la solicitud de reconsideración administrativa de la multa individualizada anteriormente fue presentada por la recurrente en la Dirección Regional del Trabajo de Los Lagos el día 31 de agosto de 2018, y que con fecha 06 de septiembre del año 2018, mediante Ordinario Nº 365, el Inspector del Trabajo de Puerto Varas informa al recurrente que no se dio curso a la solicitud respectiva de reconsideración por incumplimiento a los requisitos legales, considerando que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, toda vez que el plazo para reconsiderar venció el día 26 de agosto de 2018.

Arguye que el acto administrativo recurrido aplica lo señalado en el Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20.11.2009, y lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, haciendo presente que las normas antes transcritas no indican si el plazo de 30 días es de días hábiles o de días corridos, y que para dilucidar aquello, es necesario considerar, en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo, cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra dicha disposición, ha dado a la materia. En dicho sentido analiza que existen en el Código del Trabajo variadas normas que dan cuenta de la naturaleza de los plazos, artículo 312, 435, 9, 162, artículos 168, 171, 201 inciso final que establecen días hábiles, artículos 223, 282, 360 y 412 establecen días hábiles, en desmedro de otros que establecen días corridos, artículo 503 ubicado en el Titulo II del Libro V, bajo el cual también se ubica el procedimiento de reconsideración, y que establece que la resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de 15 días hábiles contados desde su notificación. De esta manera, concluye que del estudio de las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a plazos se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, en cuya virtud "en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados". De acuerdo a lo anterior, indica que como el precepto en examen, art. 512, no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos, y que corrobora esa interpretación la regla que establece el artículo 435, inciso tercero -ubicada, al igual que esa norma, en el Libro V del Código del Trabajo conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de ese libro, "se entenderán suspendidos durante los días feriados", toda vez que, a contrario sensu, la disposición del artículo 512, pertenece a otro título del mismo libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados. Así las cosas y desprendiéndose del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley 19.880, que se refiere a una materia en especial.

Agrega que al respecto la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República ha sostenido en reiterados dictámenes que si existe una norma específica que regula una materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento por tener esta última carácter supletorio. Así cita dictamen 21025 de 2005 de la Contraloría General de la Republica que estableció que la Ley 19.880 al fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración del estado, instituyó los elementos fundamentales y esenciales de dicha regulación, disponiendo una normativa de general aplicación para la administración pública y que al tenor de su artículo 1º “se aplicara con carácter de supletoria” frente a los procedimientos especiales establecidos por la ley”. (Otros dictámenes que contienen esta doctrina son los Nros. 33306, 48869,48940 y 54531 de 2004). Cita también Circular de dicho Servicio mediante Nº 73 de fecha 08.06.2010 que entró en vigencia el día 14 de Junio de 2010, la que establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

Transcribe dictamen N° 64.985 de 20 de noviembre de 2009, que establece que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los inspectores del trabajo, que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos.

Luego cita jurisprudencia: Rol 162-2012 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta; Rol 173-2011 de esta Corte; y Dictamen N° 25.891 de fecha 16 de octubre de 2018 de la Contraloría General de la República.

Finalmente, sostiene la improcedencia del presente recurso de protección por la inexistencia de conculcación de garantías constitucionales, no habiendo actos ilegales ni arbitrarios en la actuación del Inspector del Trabajo, ya que, actuó precisamente amparado por la ley, que le confiere facultad para actuar como se hizo, por lo que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional del recurrente, solicitando el rechazo del recurso Acompaña los siguientes documentos: copia de la Circular Nº 73 de fecha 08.06.2010 y Anexo Nº 1. 2; copia del Dictamen Nº 64.985 y Nº 17.344 de la Contraloría General de la República; y copia del Dictamen Nº 25.891 de fecha 16.10.2018 de la Contraloría General de la República.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que motiva el presente la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se rechazó en sede administrativa, a través del Ordinario N° 365, una reclamación de multa impuesta por la Inspección del Trabajo, por extemporánea, en orden a que se estableció por la recurrida que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, para recurrir en dicha sede, es de días corridos y no de días hábiles, como sostiene el recurrente.

Tercero: Que por su parte la recurrida niega la afectación de la garantía del recurrente, señalando que la Inspección del Trabajo ha actuado de forma legal dentro de sus competencias, concluyendo luego de realizar un análisis de normas legales, de dictámenes de la Contraloría General de la República y de Jurisprudencia, que la norma del artículo 512 del Código del Trabajo establece un plazo de días corridos.

Cuarto: Que, para determinar la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto en cuestión es indispensable analizar la naturaleza jurídica del artículo 512 del Código del Trabajo.

Quinto: Que, en este sentido, y tal como lo ha resuelto esta Corte precedentemente, es dable concluir que la norma antes señalada establece un plazo de días hábiles y no corridos, tal como lo sostiene el recurrente, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, pues habiéndose presentado el recurso en una estadio de tramitación administrativo debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, primando esta modalidad por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, razonamiento que por lo demás ha vertido la Excma. Corte Suprema sobre el punto que es materia de estos autos en causa rol 21.532-2014.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, puede afirmarse que la conclusión contraria no es sostenible mediante la interpretación sistemática realizada por el Servicio recurrido, pues de la lectura de las normas citadas se aprecia que cuando el legislador ha querido precisar la naturaleza de un plazo lo ha hecho expresamente, sea éste de días hábiles o corridos, por lo que no existiendo tal precisión en la norma en cuestión ha de entenderse la existencia de un vacío, el que debe ser llenado mediante la aplicación de normas generales, debiendo darse preeminencia en tal función a aquella contenida en la ley 19.880 al regular precisamente la relación entre particulares y el Estado.

Séptimo: Que, así las cosas, al no haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880 la recurrida ha incurrido en un acto ilegal, al privar al recurrente de un recurso, lo que debe ser corregido mediante esta vía.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que se acoge el recurso de protección interpuesto con fecha 21 de noviembre de 2018 por don Gonzalo Serra Berrueco, abogado, en representación de Ria Austral S.A., en contra la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Varas, y en consecuencia, se deja sin efecto la resolución contenida en el Ordinario N° 365, de 6 de septiembre de 2018, ordenándose someter a tramitación la reconsideración de la multa impuesta a la recurrida mediante resolución número 7606/18/13-1.

Que no se condena en costas la recurrida por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redactado por el Ministro Titular don Jaime Vicente Meza Sáez.

Rol 1918-2018.