nombre reservado con UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Puerto Montt, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Que con fecha 29 de septiembre de 2019, compareció don nombre reservado, profesor universitario, domiciliado en la comuna de Puerto Montt, quien interpuso recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, sede Puerto Montt, representada por su rector en ejercicio, don nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, a fin de que se decrete la ilegalidad y/o arbitrariedad de la resolución Nº8/2019, de 30 de agosto de 2019, que ordena el cumplimiento de la sentencia respecto del recurrente, que impone su expulsión y destitución, y el término de la relación laboral que lo vincula con la recurrida, y en definitiva se ordene la inmediata reincorporación a sus funciones como docente titular.

Refiere que el 28 de mayo del año en curso, se dictó Resolución de Rectoría N°01/2019, por la cual se ordenó iniciar a su respecto un procedimiento de determinación de responsabilidad, nombrando fiscal, por denuncia formulada por la alumna nombre reservado, quien indica haber sido víctima de conductas de acoso sexual de su parte. El 11 de junio solicitó el sobreseimiento de la investigación preliminar, por cuanto la supuesta víctima impetró ante la Fiscalía Local de esta ciudad una denuncia por los mismos hechos, iniciándose una investigación al respecto. El día 25 de junio la fiscalía a cargo de la investigación formuló la Resolución N°8/2019, en la cual se dispone en la parte resolutiva que se sobresee parcialmente la investigación por la posible configuración de la infracción de acoso sexual, por encontrarse pendiente dicha investigación en la Fiscalía.

En la misma resolución formulan cargos en su contra por la presunta comisión de hechos relacionados con expresiones o conductas que configurarían infracción al artículo 12 letra k) del Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria de la comunidad Académica, promulgado por Decreto Universitario 061-2016, esto es, “Comportamiento que infrinja los principios inspiradores de la Institución, como en su misión o visión, afectando la imagen o el nombre de la institución, sea que se cometa al interior de sus recintos o fuera de ellos y esto cause conmoción o notoriedad pública”. En la misma resolución se contiene, a.- En el numeral 1) se hace una descripción de los hechos, conductas o expresiones infracción y fecha; b.- En el numeral 2) se establecen cuáles serían las normas amagadas o conculcadas; d.- En el numeral 3) se establecen las posibles sanciones a aplicar; e.- En el numeral 4) se establecen los plazos para efectuar los descargos y; f.- En el numeral 2) parte final se establece concurrente únicamente la modificatoria de responsabilidad del numeral 5° del artículo 25 del D061-2016 (reglamento de convivencia).

Expone que el día 4 de julio presentó sus descargos, en los cuales pidió la absolución, fundado en que respecto a los hechos descritos en la formulación de cargos, él cada año, en cada curso que se iniciaba en su asignatura, les formulaba a sus alumnos la premisa que ha sido descrita por los testigos reunidos por la fiscalía y relativos a la expresión “soborno”, las que resultan ser efectivas, pero absolutamente mal interpretadas. Dice que se trata de una frase destinada a ser entendida en un contexto de jocosidad, que buscaba establecer una relación de cercanía con los alumnos, carente de todo dolo, no existiendo evidencia alguna que esa propuesta se hubiere verificado.

Respecto de los hechos descritos en la formulación de cargos, en cuanto a que su parte, cada año, en cada curso que se iniciaba en su asignatura, les formulaba la premisa que ha sido descrita por los testigos reunidos por la fiscalía y relativos a la expresión “sexo, alcohol y drogas”, reconoce también que son efectivas, pero absolutamente descontextualizadas y mal interpretadas. Dice que pretendía la mencionada frase establecer que, si no había brío y consagración al estudio, nada los libraría de la debacle de reprobar la asignatura, ni siquiera una noche de alcohol, sexo y drogas. No podría ser entendida como una infracción a valores y principios, y solo hubo una lectura literal por la fiscalía.

En relación a los hechos descritos en la formulación de cargos, en cuanto a que él, cada año, en cada curso que se iniciaba en su asignatura, les formulaba la posibilidad de ayuda de su parte para poder sacar adelante la asignatura y que ha sido descrita por los testigos reunidos por la fiscalía, reconoce que son efectivas, pero no podría ser entendida como una infracción a valores y principios que inspiran la Universidad. Dice que todos los testigos reconocieron que era un buen profesor, siempre dispuesto a ayudar a sus alumnos.

Respecto al reproche por haberse expuesto los hechos denunciados ante la opinión pública, dice que lo anterior obedeció a declaraciones de la supuesta víctima, y no es de su responsabilidad.

Dice que las conductas descritas, constituirían una falta o infracción de conformidad al reglamento de convivencia, y deberían sancionarse entonces solo en caso de ser consumadas, como toda falta. En todo caso, la conducta debería contener los requisitos contemplados en el artículo 30 del citado reglamento, lo que no ha acontecido en la especie, pues no hay evidencia que la investigación hubiere afectado el nombre de la Universidad, o hubiere sido la causa directa de la notoriedad pública que alcanzaron los hechos.

Por otra parte, alega que no se configura la agravante sostenida por la Fiscalía, de cometer los hechos con abuso de confianza, y sí se daría la atenuante de irreprochable conducta anterior, por haber prestado declaración y no tener antecedentes penales pretéritos. Por lo anterior, no correspondería tampoco aplicarle la sanción de expulsión, sino la de suspensión, que es menos lesiva.

Luego comenta que el día 8 de julio se dictó la Resolución N°11 de 2019 que tuvo por presentados los descargos, recibió la causa a prueba y fijó hechos a probar. Al respecto, dice que se recibió a prueba solo respecto de la agravante de abuso de confianza, y luego se le sancionó por dos, vulnerando su derecho al debido proceso.

Relata que el día 8 de agosto, se dictó la Resolución N°4 de Rectoría UST Santo Tomás sede Puerto Montt, que contiene la sentencia dictada en su contra, respecto de la cual alega: que no contiene un análisis claro, lógico y completo de la prueba de cargo; no hay valoración de los medios de prueba; no señala medios de prueba a través de los cuales se tuvieron por acreditados los hechos imputados; y fue dictada ultra petita, pues da por concurrentes 3 agravantes, y 2 de ellas no fueron objeto de debate ni prueba.

Agrega que el día 16 de agosto interpuso un incidente de nulidad y apelación subsidiario, cuyos fundamentos indica, los que fueron desechados en definitiva por Resolución 8/2019 Rectoría UST, desconociendo a la fecha los motivos de dicho rechazo, pues aun no recibe la carta certificada que debe contener aquella.

Argumenta que la Resolución 8/2019 es ilegal y arbitraria, pues carece de toda racionalidad y fundamento. Infringe el principio de legalidad pues lo sancionan por un hecho atípico, y le asignan una pena desproporcionada, en contradicción a las máximas de experiencia. Agrega que además infringe los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por ser desmedida la expulsión, y pierde su fuente de trabajo; los principios de certeza jurídica y legítima confianza, pues su contrato de trabajo y calificaciones han generado en él la confianza de no impedírsele su ejercicio; infracción al debido proceso, por vulneración al estatuto administrativo, estatuto de los funcionarios municipales, y en particular al reglamento de convivencia. En relación a infracciones al reglamento de convivencia, dice que fue sancionado por una falta inexistente por el artículo 18 letra k); actuario no correspondía a aquel que firmó; no se analizó toda la prueba rendida; vulnera reglas de la sana crítica; vicio de ultra petita, y con una sanción exagerada.

Alega infracción al derecho a la igualdad ante la ley, pues al ponerse término a su relación laboral sin justificación, la recurrida se constituyó en una comisión especial, y tampoco se respetaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad; infracción al debido proceso, sin respeto a la imparcialidad; infracción al derecho de propiedad, pues le han privado de ejercer su contrato de trabajo.

Pide en definitiva, acoger el recurso en todas sus partes, reestableciendo el imperio del derecho, declarando que la Resolución 8/2019 es ilegal y/o arbitraria, dejándola sin efecto; ordenando su restitución a la Universidad con todos los derechos y garantías de docente titular, ordenando a la recurrida inhibirse de desconocer sus derechos.

Acompaña documentos fundando su petición.

Con fecha 10 de octubre de 2019, informó doña Paulina Fuentes Fuentealba, abogada, en representación de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone en primer lugar, que la ley 21.091, sobre Educación Superior, reconoce en su artículo 2° que la educación superior se inspira, entre otros, en el principio de autonomía, y en atención a ello, es libre de establecer los procesos de reclutamiento y desvinculación de académicos y administrativos que le parezcan pertinentes, regulándose solo por el Código Laboral y la legislación general pertinente. También tiene la facultad de regular la conducta de sus colaboradores y estudiantes, ya sea por reglamento, código de ética o reglamento de ética y responsabilidad.

Dice que, en el marco de esta autonomía y potestad disciplinaria, el 28 de mayo de 2019 se ordenó el inicio de una investigación disciplinaria en contra del actor, docente de planta del Departamento de Ciencias Básicas, en razón de denuncia formulada por doña nombre reservado, alumna de segundo año de la carrera de nutrición y dietética, en la cual indica ser víctima de conductas de acoso sexual por parte de éste, específicamente porque el docente habría efectuado requerimiento de tipo sexual como condición para ayudarla a aprobar una asignatura. Dice que la investigación disciplinaria siguió su curso natural, con las instancias probatorias, de defensa e impugnación, todo con estricta conformidad al Reglamento Académico y al Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, aplicándose en definitiva por el rector de la sede Puerto Montt la sanción propuesta por el fiscal instructor, consistente en la expulsión de la institución, prevista en el artículo 18 letra b) de la citada normativa. Agrega que sobre la sentencia, el actor interpuso recurso de apelación, que fue rechazado, notificando al recurrente por medio de carta certificada enviada a éste por Correos de Chile el día 29 de agosto, al domicilio registrado en la institución, constando entrega en su domicilio el día 3 de septiembre del presente año.

Argumenta que, de este modo, la investigación descrita ha dado pleno cumplimiento a las exigencias reglamentarias en cada una de sus etapas, aplicando finalmente la sanción pertinente, por las personas facultadas para ello, trayendo como consecuencia el término de la relación laboral existente entre el actor y la universidad, cumpliendo con todos los requisitos que la legislación laboral exige, lo que en caso alguno puede considerarse como vulnerador de derechos fundamentales.

Alega, en primer lugar, que es improcedente la acción de protección, pues se advierte que el reclamo del recurrente no es más que la pretensión de obtener una velada suerte de doble declaración de fondo, vale decir, pronunciarse tanto de los hechos materia de la etapa disciplinaria de la investigación o en último término en sede laboral, lo que es inaceptable.

Por otra parte, alega ausencia de arbitrariedad e ilegalidad, pues la investigación disciplinaria se ha llevado a efecto con estricto apego al reglamento de convivencia y responsabilidad disciplinaria.

Respecto de la supuesta aplicación de una sanción por un hecho atípico, además de ser incorrecta la cita al artículo 18 letra k) del reglamento, dice que no es efectivo, pues del mérito de la prueba rendida en el proceso, incluso de la propia declaración del recurrente, se desprende que él habría emitido frases y comentarios inadecuados a su cargo y función, contrarios a los principios que promueve la universidad, pues se estableció que mantuvo en forma reiterada su comportamiento al emitir expresiones que no son propias de un docente o de una sala de clases, lo que se enmarca en la infracción del artículo 12 letra k).

En relación a la alegación de haberse emitido un dictamen de un actuario cuya actuación resulta nula por no procederse a su nombramiento o reincorporación, dice que ello no es efectivo, toda vez que el nombramiento de don nombre reservado fue solo ante la imposibilidad de doña nombre reservado, y ésta podía reincorporarse sin necesidad de nuevo nombramiento. El hecho de no haberse dejado constancia de que ésta reasumió sus funciones el día 31 de julio no es un trámite esencial, y no invalida el dictamen.

Respecto a la alegación de no haberse concedido la atenuante de irreprochable conducta anterior, dice que ésta no se configura con la sola declaración del docente o un certificado de antecedentes, pues se toma en consideración su conducta como parte de la comunidad académica, y nada dijo o acreditó el actor al respecto.

En lo relativo a la supuesta falta de análisis de la prueba rendida, dice que no resulta efectivo, pues de los considerandos quinto al octavo aparece dicho análisis, invocando la sana crítica. Según el artículo 61 del reglamento, se exige un análisis desde el punto de vista general de la sociedad, no se exige un estándar igual a un tribunal de justicia. Dice que, en todo caso, tampoco explica cuáles son las infracciones concretas a la sana crítica, y fue el mismo docente quien reconoció en la audiencia indagatoria haber emitido frases y comentarios que además de inadecuados son contrarios a los valores de toda institución educacional, que en caso alguno asociarán el aprendizaje a la entrega de sobornos o acceder a requerimientos de significado sexual del docente encargado de apoyarlos. Los hechos se corroboraron no solo con la declaración de la denunciante, sino además por alumnos que cursaron alguna asignatura con él antes de la denuncia.

En lo tocante a haber sido dictada la sentencia ultra petita, dice que el artículo 54 inciso 2º del reglamento, en lo relativo a la formulación de cargos, no exige indicar las circunstancias modificatorias de responsabilidad, toda vez que conforme el artículo 62 del citado reglamento, es en el dictamen fiscal donde debe analizarse la existencia de circunstancias modificatorias en caso de proponer sanciones, lo que luego es replicado en la sentencia. Agrega que, en contra de la resolución de formulación de cargos, de fecha 25 de junio, notificada al docente y su abogado en la misma fecha, no se dedujo ninguno de los recursos contemplados en el reglamento.

No existió tampoco una exasperación de la sanción, pues de conformidad al artículo 15 del reglamento, existiendo atenuantes y agravantes, en definitiva se puede disponer prudencialmente cualquiera de las sanciones establecidas para esa clase de gravedad. Y tampoco existió un remedo de proceso, pues su destitución de resolvió de conformidad a las normas del reglamento.

Finalmente, argumenta que no ha existido vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley al aplicarle el reglamento, ni ha existido discriminación arbitraria; tampoco se vulnera el debido proceso, sin perjuicio de no estar tutelado por la acción de protección, ni se ha erigido en una comisión especial, sino que se ha resuelto su expulsión y término de la relación laboral dentro de un procedimiento correctamente tramitado, y no se ha vulnerado su derecho de propiedad, pues el recurrente carece de un derecho de propiedad sobre su contrato de trabajo, ya que este supone un acuerdo entre empleador y trabajador. En todo caso, de estimar que el procedimiento de terminación de su contrato vulnera sus derechos como trabajador, procede concurra al Juzgado del Trabajo que corresponda, quien es el órgano competente para conocer de éstas materias, y no vía esta acción cautelar de protección.

Con fecha 14 de octubre del año en curso se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección reviste la naturaleza de una acción cautelar de las garantías constitucionales expresamente prevista en la ley fundamental, cuyo objetivo es reestablecer el imperio del derecho o precaver su eventual vulneración con ocasión de la ejecución de un acto o la ocurrencia de una omisión ilegal o arbitraria.

Segundo: Que, se ha interpuesto la presente acción cautelar con el objeto que se adopte como medida de restablecimiento del derecho que se deje sin efecto la Resolución Nº8/2019 de fecha 30 de agosto de 2019, emanada de la Rectoría de la Universidad Santo Tomás, sede Puerto Montt, que impone al recurrente, docente del departamento de Ciencias Básicas de dicha casa de estudios, en el marco de un proceso disciplinario, la sanción de expulsión de la institución y el consecuente término de la relación laboral, y en su lugar se disponga la reincorporación del recurrente en sus funciones, mismas que desempeña desde el año 2012.

Tercero: Que, en su informe, la universidad recurrida sostuvo que la investigación disciplinaria se tramitó conforme a derecho y que la sanción impuesta al actor fue proporcional a los hechos que se dieron por establecidos en los antecedentes allegados a la investigación.

Cuarto: Que, el recurrente alude en su recurso, según se ha reseñado en lo expositivo, a una serie de infracciones, que a su juicio, se cometieron por la recurrida durante la tramitación del proceso sancionatorio, lo que culminó en definitiva con la aplicación de una sanción que no resultaba procedente a su respecto.

Quinto: Que, el procedimiento de determinación de responsabilidad fue instruido con la finalidad de investigar los hechos denunciados por la alumna nombre reservado, quien mediante carta de fecha 17 de mayo de 2019, indicó ser víctima de conductas de acoso sexual por parte del recurrente, docente de dicha institución.

Sexto: Que, con fecha 28 de mayo del año en curso, se dictó Resolución de Rectoría N°01/2019, por la cual se ordenó iniciar respecto un procedimiento de determinación de responsabilidad, nombrando fiscal, dando cumplimiento según en el mismo documento se señala a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria de la Comunidad Académica de Universidad Santo Tomás, por los hechos ya referidos previamente.

Séptimo: Que, según consta del examen de los antecedentes que el propio recurrente ha acompañado en la tramitación del presente recurso, y de los propios dichos de éste, ha sido en el curso de éste que ha tomado conocimiento formal de la denuncia formulada por la alumna; y el día 25 de junio la fiscalía a cargo de la investigación formuló la Resolución N°8/2019, en la cual se dispone en la parte resolutiva que se sobresee parcialmente la investigación por la posible configuración de la infracción de acoso sexual, y en la misma resolución formulan cargos en su contra por la presunta comisión de hechos relacionados con expresiones o conductas que configurarían infracción al artículo 12 letra k) del Reglamento; el día 4 de julio presentó sus descargos; luego el 8 de julio se dicta la Resolución Nº11/2019 que tuvo por formulados los descargos, recibió la causa a prueba y fijó los hechos a probar; posteriormente el día 8 de agosto se dictó la resolución Nº4/2019 de Rectoría que contiene la sentencia dictada en su contra, en ; con fecha 16 de agosto interpuso incidente de nulidad de la misma y apelación subsidiaria, los que en definitiva fueron desechados por resolución de la Comisión de Apelación Nº4/2019 de fecha 26 de agosto, que fue notificada al recurrente por carta certificada despachada a su domicilio, siendo luego por Resolución Nº8/2019 de Rectoría de 30 de agosto de 2019, que se ordena cumplir con su sanción de expulsión de la Universidad.

Octavo: Que, en lo que se viene considerando, debe tenerse presente que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción constitucional destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos indiscutidos y preexistentes adoptándose providencias para poner remedio a un acto arbitrario o ilegal que afecta ese ejercicio. Pero su misma naturaleza cautelar impide que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos, según la posición jurídica que adopte el pretensor y que se conforme a su interés particular.

Noveno: Que, bajo dicha premisa, el derecho que le asiste al recurrente de desempeñar el cargo de docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Santo Tomás, no reviste el carácter de incuestionable, pues la ley se ha encargado de establecer aquellas causales que ponen término a la relación laboral, las que en el caso del docente y por los motivos invocados, fueron precedidos de un procedimiento de determinación de responsabilidad, el que se ha seguido conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria vigente en la casa de estudios recurrida, emanado de las facultades que le confiere la ley Nº21.091. Luego, el reconocimiento del derecho que promueve el recurrente, en cuanto al análisis de la legalidad y/o arbitrariedad de la Resolución Rectoría UST Santo Tomás Nº8/2019, no es sino una pretensión cuyo establecimiento necesariamente conlleva ponderar el mérito de un proceso administrativo, así como el ambiente laboral y de relaciones profesor-alumnos, anteriores y coetáneas al mismo que esgrime el recurrente y que a su juicio explica la errada dictación de la mencionada resolución, ejercicio racional y crítico que es ajeno al objetivo de la acción cautelar de protección, y corresponde a una acción de índole tutelar o de despido injustificado en materia laboral, que encause la pretensión del recurrente a la declaración del derecho que estima asistirle o en su caso, al resarcimiento del daño que estima se le haya provocado.

Décimo: Que, conforme a lo expuesto, existiendo en el ordenamiento jurídico nacional un procedimiento de tutela laboral para el caso en que se hubiere producido una afectación de los derechos fundamentales del trabajador en su desvinculación, o bien un procedimiento de despido injustificado, en caso que estimare que su despido y desvinculación resultaba improcedente, resulta evidente que ésta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar, ya que no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados.

Undécimo: Que, en la especie, dicho presupuesto no concurre por cuanto lo que se persigue por el recurrente al accionar por esta vía es que se deje sin efecto la decisión de la autoridad universitaria de aplicarle una sanción, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al actor.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado en contra de la Universidad Santo Tomás.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Redacción de la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

No firma la Fiscal Judicial doña nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo por encontrarse con licencia médica.

Rol N° 1897-2019.