nombre reservado con BANCO SANTANDER - CHILE

Puerto Montt, primero de abril de dos mil diecinueve Vistos:

Con fecha 6 de febrero de 2019 comparece don Rodrigo Vargas Molina, abogado, en representación de doña nombre reservado, administrativa con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Banco Santander Chile S.A. representada legalmente por don nombre reservado, factor de comercio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por un acto ilegal y arbitrario, que estima vulneró a su respecto la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley.

Funda su recurso, en síntesis, en que el día 19 de diciembre de 2018 acudió al Banco Santander, institución de la que es cliente hace varios años, para solicitar la renovación de su Tarjeta de Crédito MASTERCARD TITANIO LATAM PASS N° [cuenta reservada] ya que vencía en el mes de diciembre de 2018; no accediéndose a lo solicitado, ya que se le informó, por una ejecutiva, que mantenía una deuda en mora con Santander Consumer. Hizo presente en dicha ocasión que dicha deuda ya no existía pues la acción cambiaria del pagaré había sido declarada prescrita en el juicio ejecutivo radicado y ventilado en el 7° Juzgado Civil de Santiago Rol C-685-2016, caratulada "Banco Santander Consumer con nombre reservado"; y que en razón de ello había aclarado todo lo informado en Dicom por esta Institución y que, por lo tanto, ya no debiera aparecer nada en el sistema financiero que le impidiera renovar su tarjeta de crédito, habida cuenta, además, que su solicitud era por un producto como cliente de Banco Santander y no del Santander Consumer. Expone que tras un requerimiento a la entidad bancaria, recibió el 4 de enero de 2019, una carta en la cual se le informó que por el momento no podía emitirse una nueva tarjeta de crédito atendido que sus antecedentes presentan irregularidad en el sistema financiero. Agrega que el mismo día a través de correo electrónico dirigido a doña nombre reservado al Cliente de la recurrida, acompañando un certificado emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), instrumento en el cual se puede apreciar que a la fecha de alzar mi requerimiento a la recurrida ya no presentaba ninguna irregularidad en el sistema financiero, recibiendo respuesta negativa el 08 de enero de 2019, en orden a que por políticas internas, no es posible acceder a la evaluación de apertura de producto. Igual respuesta recibió por nuevo correo electrónico de igual fecha, siendo ésta la data del acto arbitrario e ilegal que su parte impugna en el recurso de protección, puesto que la misma recurrida le otorga el carácter de "respuesta formal".

Señala, a mayor abundamiento, que los antecedentes presentados por su representada a la recurrida (informe SBIF), dejaron claro a la recurrida que al momento de solicitar la renovación de la tarjeta de crédito en cuestión, cumplía con el artículo 20 del Reglamento sobre Información al Consumidor de Créditos de Consumo, esto es, parámetros objetivos de endeudamiento determinado por la política de riesgos del proveedor, dentro de las políticas confidenciales e internas del Banco. De este modo, la decisión del Banco recurrido de no renovar la tarjeta de crédito carece a su juicio de explicación racional, tratándose de una profesional que acredita con una antigüedad de respetable de más de 15 años en su trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad, con un nivel de renta más que considerable y ninguna deuda.

Estima, así, que no cabe sino calificar de arbitraria la determinación del Banco recurrido de no renovar la tarjeta de crédito, no obstante satisfacer ésta todos los requisitos impuestos por la misma institución, vulnerando tal decisión el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege a la actora en el № 2 del artículo 19, esto es su igualdad ante la Ley, solicitando en definitiva que se acoja su recurso, declarando restablecerse el imperio del Derecho compeliendo al Banco Santander Chile S.A. a renovar la tarjeta de crédito MATERCARD TITANIO LATAM PASS N° [cuenta reservada].

Acompaña a su presentación: 1.- Set de correos electrónicos enviados y recibidos entre la recurrente y ejecutivas del Banco recurrido, entre el 4 y 8 de enero de 2019; 2.- Copia del Certificado de Deuda emitido por la SBIF; 3.- Copia del contrato de trabajo de la recurrente. 4.- Copia de la última liquidación de remuneraciones de la recurrente.

Con fecha 08 de febrero de 2019 a folio 7 se declaró admisible el recurso y se ordenó informar a la recurrida.

Con fecha 21 de febrero de 2019, a folio 11, la recurrida evacua el informe, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por no haber incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o prive a la recurrente de sus garantías constitucionales. Expone que el Banco Santander-Chile efectivamente demandó a la recurrida en causa ejecutiva Rol C-685-2016, tramitada ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, dictándose sentencia que absolvió a la ejecutada doña nombre reservado, al estimar los Jueces de primera y segunda instancia que la acción cambiaria emanada del pagaré se encontraba prescrita a la fecha de la notificación de la demanda y requerimiento de pago. Afirma que, no obstante lo anterior, el pagaré en cuestión –en cuanto título de crédito– es abstracto, ya que no necesariamente expresa la relación jurídica subyacente y fundamental que le da origen, que para estos efectos corresponde a un mutuo de dinero, destacando que reiteradamente la jurisprudencia ha distinguido explícitamente el ejercicio de la acción ordinaria emanada del mutuo, del ejercicio de la acción cambiaria emanada del pagaré, por lo que aún encontrándose prescrita la acción cambiaria, lo cierto es que el plazo para la restitución del mutuo en cuestión igualmente se encuentra vencido, por lo que la recurrente en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y por lo tanto sigue adeudando a la entidad bancaria la suma de $5.128.264.- más reajustes e intereses pactados, pudiendo demandar el Banco recurrido así la resolución del contrato de mutuo o que éste se cumpla forzadamente, en ambos casos con indemnización de perjuicios, prescribiendo la acción en un lapso de 5 años, según establece el artículo 2515 del Código Civil; plazo que ciertamente no se ha cumplido en este caso concreto.

Indica que, de acuerdo a lo expuesto, no es efectivo que la recurrente tenga completamente regularizada su situación crediticia, cuestión que da cuenta el informe de Deudas emanado de la SBIF que la recurrente acompaña, apareciendo deudas vigentes, y señalándose a la institución financiera “Santander Chile”. Recalca que las entidades del ramo, tales como SBIF o DICOM, no llevan a efecto la purga de los antecedentes comerciales de mora si no se acredita el transcurso de esos 5 años.

Señala que dentro de los modos de extinguir las obligaciones no satisfactivos, en las que el deudor se enriquece y el acreedor no obtiene su contraprestación, se encuentra la prescripción. Así las cosas, señala que la filial de la recurrida, Santander Consumer, aunque conserve al día de hoy la posibilidad de interponer una demanda ordinaria para intentar obtener la restitución del mutuo respectivo, la actual situación de pago insatisfecho por parte de la recurrente constituye un antecedente más que legítimo para que Banco Santander-Chile niegue la renovación de una Tarjeta de crédito, siendo razonable decida aquello, respecto de un Cliente que mantiene obligaciones pendientes con una de sus filiales o relacionadas. Agrega que lo decidido tiene un fundamento expreso en las políticas del Banco, totalmente públicas, que se encuentran en su página Web del Banco, y establecidas con anterioridad al rechazo de la renovación de la Tarjeta en cuestión. Así, se informó a la SBIF que la causa del rechazo consistía en “Morosidades o protestos informados en conformidad a la Ley N° 19.628 dado que los antecedentes del solicitante presentan o han presentado irregularidades en el sistema financiero. Incumplimiento previo de cualquier tipo de obligación contraída con el Banco Santander o con sus filiales o relacionadas, dado que los antecedentes del solicitante presentan irregularidades en el Banco Santander”.

Por último, funda su petición de rechazo ya que la recurrente se limita a trascribir el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política, sin indicar de modo concreto como ocurrió la supuesta privación, perturbación o amenaza del precepto constitucional.

A folio 12, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en tal disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía don Rodrigo Vargas Molina, en representación de nombre reservado, en contra de Banco Santander Chile S.A,, por el rechazo a renovar una tarjeta de crédito, fundado que tal decisión arbitraria e ilegal conculcaría la igualdad ante la ley que reconoce el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente en la privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que del análisis de la información proporcionada por los intervinientes en esta acción constitucional, surge claramente que por parte del recurrente se presentó una solicitud de renovación de tarjeta de crédito, y el recurrido a su vez analizó dicha petición, entre ellos un intercambio de requerimientos, concluyendo en una negativa de otorgamiento de la tarjeta, fundado en la situación de morosidad que tendría la peticionaria de renovación, respecto de una operación crediticia o de mutuo con su sociedad filial Santander-Consumer.

Pues bien, las máximas de la experiencia, aplicable en la especie, nos indican que al solicitar a una entidad bancaria el otorgamiento de una tarjeta de crédito, el requirente no tiene propiamente un derecho sino solo una mera expectativa de que se le otorgue, que se concreta cuanto se materializa con el consentimiento del Banco para la celebración del respectivo contrato de servicios y productos financieros, y, por ende, la suscripción de los documentos pertinentes y la entrega material de la tarjetas. Sin embargo, en la especie la operación no se concretó aduciendo el Banco recurrido que el cliente no calificaba para ello, circunstancia que habilitaría al recurrido para no renovar dicha tarjeta, en razón del contrato celebrado en su oportunidad.

De consiguiente no hay una conducta arbitraria de parte del recurrido, ya que actuó conforme a lo que es propio de este tipo de negocio y las condiciones previamente estipuladas en el contrato existente entre las partes.- Quinto: Que no se ha acreditado, por lo demás, que lo obrado por la recurrida constituya una conducta arbitraria e ilegal, ya que actuó sobre la base del negocio que le es propio, en mérito de lo pactado con la recurrente, como también de la información que incluso es refrendada por los documentos aportados por la recurrente. En efecto el Informe de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras de fecha 04 de enero de 2019 da cuenta de una deuda directa con el Banco Santander, actualmente vigente, por lo que no se advierte que lo decidido por esta entidad obedezca al mero voluntarismo o capricho, ni arbitrario, en el entendido que se trata de una relación comercial en la que existe la facultad de la institución bancaria de evaluar financieramente a sus potenciales clientes en forma previa a la celebración de una operación crediticia como lo es el contrato de mutuo que da lugar a la denominada “tarjeta de crédito”, de tal modo que en el evento de concurrir eventos o antecedentes crediticios negativos, en este caso de morosidad para con el propio Banco recurrido, o con una sociedad filial del mismo, el recurrido tiene la atribución de no consentir o dar lugar a la renovación que se le solicita, y que es esencialmente convencional en otorgamiento, por lo que no se vislumbra un acto arbitrario ni ilegal en el obrar del Banco recurrido.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Rodrigo Alberto Vargas Molina, en representación de nombre reservado en contra del Banco Santander Chile S.A.

II. Que no se condena en costas a la recurrente por haber tenido motivo plausible.

Redactado por el Abogado Integrante Nelson Ibacache Doddis Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 187-2019.