HOTELERA MARTIN PESCADOR LIMITADA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE PUERTO VARAS

Puerto Montt, cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 9 de noviembre de 2018 comparece don Cesar Ignacio Vicuña Montes, abogado, en representación de Hotelera Martín Pescador Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado. Oficina 4, Puerto Varas, quien recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Varas, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto con fecha 5 de octubre de 2018 dictó la Resolución N°57, notificada con fecha 12 de octubre de 2018, por la que rechaza los recursos administrativos de reposición y jerárquico interpuestos por su parte, actuación arbitraria e ilegal que vulnera las garantías del artículo 19 Nº 3 y Nº 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que acogiendo el recurso se deje sin efecto la antedicha resolución, ordenando a la recurrida admitir los recursos administrativos de reposición y jerárquico en subsidio, y resolver respecto al fondo de éstos, con costas en caso de oposición.

Refiere como antecedentes que con fecha 19 de enero de 2018 fue multada a través de la Resolución Multa N°1456/18/3, por cuatro infracciones, tres de ellas (las número 1, 3 y 4) por infracción a normas sobre Higiene y Seguridad (dejadas sin efecto por artículo 506 Ter N°1), y una (la número 2) respecto de normas sobre descanso compensatorio. Señala que respecto de la multa N°2 (por 10 UTM), sobre descansos compensatorios, optó por un procedimiento de sustitución por capacitación, conforme al artículo 506 Ter N°2 corrigiendo la infracción detectada, lo que consistió en “No otorgar un día de descanso semanal en compensación con las actividades desarrolladas en días domingos respecto de la trabajadora nombre reservado RUT RUT reservado, respecto de los periodos desde el 7/12/2017 al 18/12/2017, durante 12 días seguidos, según artículo 38 inciso 3° y artículo 506 del Código del Trabajo”. Relata que a fin de corregir la infracción, se le otorgó a la trabajadora el día de descanso, el cual se ejerció el día 8 de febrero, para lo cual se acompañó a la solicitud, dando cuenta de ello por escrito, documento a ala ICT oportunamente.

Señala que la ICT mediante resolución N°107 de fecha 21 de marzo de 2018, notificada personalmente a su representado con fecha 22 de agosto de 2018, resolvió rechazar el procedimiento, dado que no acompañaron registro de asistencia que acreditara el haber otorgado el día de descanso, cuestión que estiman improcedente, ya que del expediente emana que la abogada Francisca Massri fue de la postura de acoger la solicitud.

Expone que en contra de la mencionada Resolución N°107, interpuso Recurso de Reposición para ante la ICT de Puerto Varas, con Recurso Jerárquico en subsidio, para ante la Dirección Regional del Trabajo Los Lagos. Sin embargo, el Inspector Comunal de Puerto Varas, mediante Resolución N°57 de fecha 5 de octubre de 2018, notificada a su parte con fecha 12 de octubre de 2018, resolvió rechazar ambos recursos administrativos, por ser éstos improcedentes, cuyo fundamento consistió en que conforme la Orden de Servicio N°2 de fecha 19 de abril de 2016, se instruye que respecto de las Resoluciones que se dicten en los procedimientos a que se refiere el artículo 506 TER del Código del Trabajo, no son aplicables las impugnaciones administrativas de la Ley N°19.880, por existir reclamos judiciales según los artículos 503 inciso 3°, 506 TER, 511 y 512 del Código del Trabajo, siendo esta última la instancia procedente.

En cuanto al derecho, refiere que el acto administrativo consistente en la Resolución N°57 de fecha 5 de octubre de 2018, es ilegal y arbitraria, ya que niega y priva de su derecho al debido proceso y consecuencialmente su derecho de propiedad, negando acceso a recursos administrativos, como el de reposición y en subsidio jerárquico, en razón de una interpretación administrativa plasmada en un instructivo denominado “Orden de Servicio” que va en contra de lo señalado en el Código del Trabajo y de la Ley N°19.880.

Cita lo señalado en la resolución impugnada en los siguientes términos:

“Que, la Orden de Servicio N°2 de 19.4.16 de la Oficina de Control y Gestión Multa de la Dirección del Trabajo instruye acerca de la aplicabilidad y procedimientos de los recursos contenidos en la Ley N°19.880, respecto de las resoluciones de multa, de reconsideración administrativa y sustitución por capacitación y programa de asistencia al cumplimiento, estableciendo que no proceden respecto de las resoluciones objeto de la instrucción, los recursos de reposición y jerárquico, por cuanto el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación, contenidos en los artículos 503 inciso 3°, 506 TER, 511 y 512 del Código del Trabajo, regulando así la reclamación judicial y los procedimientos impugnatorios ante el Director del Trabajo.”

Arguye que tal decisión es del todo ilegal y arbitraria toda vez que Los artículos 503 y 504 del Código del Trabajo, admiten el Reclamo Judicial, únicamente para Resolución que aplica Multa Administrativa; Resolución que se pronuncia respecto de Reconsideración administrativa; y Resoluciones de la Dirección del Trabajo, distintas a las anteriores, respecto de las cuales el Código del Trabajo u otro cuerpo legal, se establezca reclamación judicial. A su vez, el artículo 506 TER del mismo cuerpo legal, que trata justamente la materia objeto de impugnación, establece como requisito de procedencia del Procedimiento de Sustitución Administrativa que: “…en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad a los artículos 503 y 511 de este Código…” Por otra parte, el artículo 511 se refiere únicamente a la Reconsideración Administrativa, y no al Reclamo Judicial. Finalmente el artículo 512, ratifica lo señalado en el 503 y 504, al establecer Reclamo Judicial únicamente respecto del pronunciamiento del Director del Trabajo ante Reconsideración Administrativo del 511.

Afirma que de todas las normas citadas, y en las que se funda al Resolución N°57, ninguna otorga facultad de reclamación judicial en contra de la resolución administrativa que rechaza la “solicitud de multa conforme al artículo 506 TER”, sino que niegan procedencia a contrario sensu a la acción judicial, fuera de los casos expresamente previstos. A mayor abundamiento, señala que para solicitar la sustitución del 506 TER, se exige como requisito de procedencia el NO haber deducido Reclamo Judicial, ergo, luego contra el acto administrativo que lo resuelve no puede prosperar una acción judicial, puesto a que se renunció a ésta, al optar por la sustitución ya mencionada.

Cita lo dispuesto en el artículo 504, norma que establece los casos de procedencia de Reclamación Judicial, de la que se desprende que, en contra de la Resolución que resuelve la solicitud de sustitución del artículo 506 TER, no procede, toda vez que, no es una Resolución que aplica una multa (en este caso la Resolución de Multa N°1456/18/3), no es una Resolución que se pronuncia sobre una Reconsideración Administrativa (en este caso no se dedujo, ya que ello es requisito para la procedencia del articulo 506 TER), y no se encuentra establecida en su contra la procedencia, tanto en el Código del Trabajo como otro cuerpo legal.

De esta manera afirma que, si por expreso mandato legal del Código del Trabajo (rango de Ley) no procede Reclamación Judicial, en contra de la Resolución sub lite, no puede luego la Dirección del Trabajo, mediante simple Orden de Servicio, cuya naturaleza no es más que de un instructivo para sus reparticiones, determinar que sí es procedente tal Acción Judicial, privando a los administrados de su derecho de Impugnación o Revisión de los Actos Administrativos establecido en el Capítulo IV de la Ley 19.880.

Funda la vulneración a las garantías señaladas en el artículo 19 N°3 y 19 N°24 de la Carta Fundamental. Al efecto refiere que a través del acto denominado Resolución N°57, ya aludida en los hechos, se vulnera arbitraria e ilegalmente, el derecho o garantía constitucional al Debido Proceso, toda vez que dicha garantía asegura a toda persona, las garantías de un racional y justo procedimiento, dentro de ellas el Derecho de Impugnación o en palabras de la Ley 19.880, Derecho de Revisión de Los Actos Administrativos. Ello, en atención a que se le niegan los Recursos Administrativos reconocidos por la Ley 19.880, bajo el argumento de que un instructivo (Orden de Servicio), señala que el Código del Trabajo contempla para el caso en estudio la Reclamación Judicial, en circunstancias que, ello, como ya lo expusimos, es una interpretación antojadiza y contra ley, toda vez que el Código del Ramo especifica los casos en los cuales procede, no incorporándolo según lo dicho, para el caso del artículo 506 TER. Es más, el Instructivo fundamento de su acto ilegal y arbitrario, hace mención a normas jurídicas que supuestamente conceden Acción Judicial en el caso de marras, y de una simple lectura de dichos preceptos, éstas no entregan expresamente impugnación judicial, sino que además nítidamente se concluye todo lo contrario, ya que exige, para la procedencia de la Sustitución por Capacitación, el haber renunciado a los Recursos Judiciales.

Respecto de la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, señala que se vulnera desde que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida priva a su representada de su propiedad sobre los montos sancionados como multa (10 UTM) desde que merma toda posibilidad de revertir o disminuir dicha pérdida patrimonial conforme lo permite la ley y los argumentos que se la han puesto de su conocimiento y resolución.

Acompaña al recurso copia de Resolución N°57 de fecha 05 de octubre de 2018 y copia de acta de notificación respecto de Resolución N°57, de fecha 12 de octubre de 2018.

Se declara la admisibilidad del recurso, solo en cuanto a la garantía fundada en el artículo 19 N°24.

Informa por la recurrida doña Francisca Massri Negrón, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta en primer lugar la improcedencia del recurso en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que tenga ser tutelada por el recurso de protección. En este sentido, sostiene que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de un acto administrativo.

Refiere que la recurrente plantea determinar la compatibilidad o incompatibilidad de las normas de la Ley 19.880, en especial la aplicación de los recursos de reposición y jerárquico contra un acto administrativo emanado de la Dirección del Trabajo, con aquellas otras que establece el Código del Trabajo, por lo que el derecho respecto del que se pide el amparo está sujeto a discusión. Luego, decidir sobre la aplicación de una norma jurídica, en el caso el artículo 59 de la Ley 19.880, persigue una declaración de derecho que es propia de una acción declarativa, totalmente ajena a la acción intentada, no siendo posible a través de esta acción, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento. Razón suficiente para rechazar el recurso.

Cita al efecto lo razonado por la Excma. Corte Suprema en recurso Rol 26.984-2014 de fecha 28 de enero de 2015 respecto del recurso de protección en causa Rol 640-2014 de esta Iltma. Corte de Apelaciones, caratulado “Multitiendas Corona S.A. contra nombre reservado”.

En segundo término trata de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario.

Argumenta en este sentido las disposiciones del Código del Trabajo de los artículo 503, en relación a los artículos 506 ter, 511 y 512, se ha instruido por la Oficina de Control y Gestión Multa de la Dirección del Trabajo la Orden de Servicio Nº 2 de 19 de abril de 2016, acerca de la aplicabilidad y procedimientos de los recursos contenidos en la Ley N° 19.880, respecto de las resoluciones de multa, de reconsideración administrativa y de sustitución por capacitación y programa de asistencia al cumplimiento, estableciendo que no proceden respecto de las resoluciones objeto de la instrucción, los recursos de reposición y jerárquico regulados por el artículo 10 de la Ley 18.575 y artículo 59 de la Ley 19.880, por cuanto el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación, contenidos en los artículos 503 inciso 3º, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, regulando así la reclamación judicial y los procedimientos impugnatorios ante el Director del Trabajo.

Refiere que la regulación efectuada por la Dirección del Trabajo en la mencionada Orden de Servicio Nº 2, dictada en conformidad de su facultad conferida por el legislador por medio del articulo 5 letra f) del D.F.L. N° 2 que dispone la reestructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo, se ampara en la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la que ha establecido, en lo referido al procedimiento de impugnación de multas cursadas por este Servicio, que no procede interponer los recursos de reposición y jerárquico contemplados en los artículos 10 de la ley N° 18.575 y 59 de la ley N° 19.880, ello, pues el Código del Trabajo contempla medios especiales para impugnar tales sanciones -previstos en sus artículos 503, 511 y 512-, por lo que no concurren los supuestos para aplicar estos recursos con carácter de supletorios, al no existir en este caso un vacío legal solucionable por esta vía.

Al respecto la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha sostenido que si existe una norma específica que regula una materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento por tener esta última carácter supletorio.

Conforme lo anterior y en consideración al Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009, mediante Circular Nº 73 de fecha 08 de junio de 2010 establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

En atención al Dictamen N° 49.703, de 2016, de la Contraloría General de la Republica, ha precisado que la supletoriedad a que alude el precepto recién citado significa que resultará aplicable en la medida en que la materia en cuestión, no haya sido prevista en el respectivo ordenamiento administrativo especial y en tanto sea conciliable con la naturaleza del respectivo procedimiento específico, sin que pueda afectar o entorpecer el normal desarrollo de las etapas y mecanismos que dicho procedimiento contempla para el cumplimiento de la finalidad particular que la ley le asigna. Se transcribe a continuación, extractos del Dictamen de Contraloría General de la República Nº 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009 y jurisprudencia judicial sobre la materia.

Finalmente, y de acuerdo a lo expresado en su informe, afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario en la actuación del recurrido y en este sentido, tal como quedó establecido en resolución de esta Corte de Apelaciones de 13 de noviembre de 2018 el presente recurso sólo resulta admisible en relación a la garantía constitucional del artículo 19 Nº 24 de la Constitución. Para este caso, señala que una resolución como la de la especie, no amenaza, perturba ni priva a la recurrente de su derecho de propiedad, máxime si esta resolución, como ya se dijo, se fundan es una actuación completamente legal por parte de la autoridad administrativa.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que éste señala.

Segundo: Que se ha recurrido de protección por el contenido de la Resolución N° 57 de fecha 5 de octubre de 2018, que rechazó los recursos de reposición y en subsidio jerárquico interpuestos por la recurrente en contra de la resolución N°107 de fecha 21 de marzo de 2018 que no dio lugar a la sustitución de la multa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo. La resolución N°57 impugnada rechazó los recursos administrativos fundada en el instructivo Orden de Servicio N°2 de fecha 19 de abril de 2016, la que señala que a las resoluciones que se dicten en los procedimientos a que se refiere el artículo 506 ter del Código del Trabajo, no les serán aplicables las impugnaciones administrativas de la Ley N°19.880 por existir reclamos judiciales previstos en la norma de la materia. El acto señalado y consecuente rechazo a los recursos administrativos, a juicio de la recurrente, le ha privado de su propiedad sobre los montos sancionados como multa, de 10 UTM, desde que merma toda posibilidad de revertir o disminuir dicha pérdida patrimonial conforme lo permite la ley y los argumentos que se señalaron en el recurso.

Tercero: Que según expuso la recurrida, la resolución N°57 se encontraría fundada y ajustada a derecho en tanto se dictó conforme lo dispone el artículo 506 ter N°2 en relación a lo dispuesto en el artículo 503 ambos del Código del Trabajo, constituyen norma expresa respecto a las facultades de reclamación judicial en contra de las resoluciones de multa, de reconsideración administrativa y de sustitución por capacitación y programa de asistencia al cumplimiento, como fue objeto de la solicitud de la recurrente. En este sentido, fue dictado el instructivo N°2 de la Oficina de control y Gestión Multa de la Dirección del Trabajo dentro de las facultades económicas sin legislar al respecto, por tanto solo observa aquello que la ley ya señala.

Cuarto: Que, el objeto de la discusión dice relación respecto de la procedencia y aplicación de las normas compatibles con la solicitud de sustitución de multa realizada por al recurrente. Bajo este respecto, ala discusión jurídica incide directamente en la determinación de la vulneración señalada por la recurrente, siendo aquella la privación de su patrimonio al negarle la posibilidad de recurrir, situación que no se encuentra zanjada en el plano de marras. En consecuencia, no es posible vislumbrar una vulneración a la garantía invocada, toda vez que el derecho no se encuentra indubitado.

Quinto: Que, en consecuencia, la negación de la recurrida a tramitar un recurso de reposición y jerárquico, dice relación con la declaración que debe constar respecto a la supletoriedad y aplicación jurídica de las normas procedimentales que fundan la petición de la recurrente, cuestión que escapa de los fines cautelares perseguidos en el recurso de autos, y que por lo demás, corresponde dilucidar en un procedimiento dado al efecto, y, en caso alguno debe ser resuelto a través del presente.

Sexto: En este orden de ideas, la presente acción de protección reclama la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Nº57/2018 de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Varas, por haber aplicado un acto diverso, como es la “Orden de Servicio Nº2” de 19 de abril de 2016, de la “Oficina de Control y Gestión Multa de la Dirección del Trabajo”, cuya ilegalidad o arbitrariedad no corresponde juzgar por esta vía.

Séptimo: Que la recurrente carece, en consecuencia, de un derecho indiscutido de aquellos requeridos y fundantes de cautelar mediante el recurso impetrado, razón suficiente para rechazar el recurso así planteado.

Por estas consideraciones y vistos además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Cesar Ignacio Vicuña Montes, en representación de Hotelera Martin Pescador Limitada, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Varas, representada por don nombre reservado.

Redacción del Abogado integrante don nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1860-2018.