Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Puerto Montt, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen recurso de amparo, reconducido a recurso de protección, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Refieren que el recurrente ingresó al país en calidad de turista y, posteriormente, obtuvo un permiso de residencia temporal, solicitando luego residencia definitiva con el objeto de establecerse y continuar su proyecto de vida en Chile.

Refieren que, mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 2 de diciembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó su solicitud de residencia definitiva, dispuso su abandono del país dentro del plazo de quince días y estableció una prohibición de ingreso por cinco años, fundando la decisión en que habría acompañado un certificado de antecedentes penales adulterado.

Explican que el certificado inicialmente presentado contenía un error, por haber sido obtenido mediante la intervención de un gestor en Venezuela. Indican que, al ser notificado del previo rechazo de fecha 1 de abril de 2025, el recurrente tomó conocimiento de dicha circunstancia y acompañó un certificado de antecedentes penales auténtico, vigente y debidamente apostillado, además de una declaración jurada explicativa.

Añaden que el recurrente mantiene arraigo laboral, social y familiar en el país, contando con vínculos familiares acreditados, entre ellos sus hijos nombre reservado y nombre reservado, este último menor de edad. Sostienen que la decisión recurrida no ponderó dichos antecedentes ni la documentación aportada, resultando desproporcionado, carente de razonabilidad y lesiva de sus garantías constitucionales. Solicitan que se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones efectuar una nueva revisión de sus antecedentes.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Cédula de identidad para extranjeros. 2.- Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 2 de diciembre de 2025. 3.- Notificación previo rechazo de fecha 1 de abril de 2025. 4.- Declaración Jurada suscrita ante Notario Público de fecha 8 de abril de 2025. 5.- Certificado antecedentes penales apostillados de fecha 13 de marzo de 2025. 6.- Certificados alumnos regulares de vínculos familiares. 7.- Cédulas de identidad vínculos familiares. 8.- Certificado de matrimonio de vínculo familiar. 9.- Certificado afiliación FONASA. 10.- Certificado afiliación AFP.

A folio 6, evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso. Expone que el recurrente ingresó al país el 1 de abril de 2019, por el paso fronterizo Chacalluta, en calidad de turista. Precisa que el 26 de diciembre de 2019 se le otorgó una visación de residencia sujeta a contrato, beneficio que no materializó, y que posteriormente obtuvo una residencia temporal vigente hasta el 9 de septiembre de 2023.

Explica que el 22 de septiembre de 2024 el recurrente solicitó residencia definitiva mediante solicitud ID N°NUM002. Añade que, el 16 de enero de 2025, se le requirió acompañar antecedentes adicionales, entre ellos, un certificado de antecedentes penales vigente de su país de origen, acreditación de sustento económico y documentación relativa a su situación migratoria.

Agrega que, el 1 de abril de 2025, se notificó al recurrente un previo rechazo, por estimarse que el certificado de antecedentes penales acompañado era adulterado, debido a que la fecha consignada en el documento no coincidía con la información obtenida al verificar el respectivo código QR. Añade que la persona extranjera presentó antecedentes durante la etapa de previo rechazo, pero que éstos no lograron desvirtuar la causal invocada.

Expone que, el 4 de julio de 2025, el Servicio puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público y que, finalmente, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 2 de diciembre de 2025, rechazó la solicitud de residencia definitiva, ordenó el abandono del país y fijó una prohibición de ingreso por cinco años.

Sostiene que la resolución fue dictada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones y mediante un procedimiento que permitió al recurrente formular observaciones y acompañar antecedentes. Afirma que la causal contemplada en el artículo 88 N° 3 de la Ley N°21.325 se configuró por la presentación de documentación que no pudo ser validada por el Servicio, por lo que solicita el rechazo del arbitrio.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de escritura pública de mandato judicial de representación del Servicio Nacional de Migraciones Regional de Los Lagos, de fecha 05 de diciembre de 2023, otorgado ante notario público de la ciudad de Puerto Montt, don nombre reservado

nombre reservadoöder. 2.- Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 31 de agosto de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3.- Solicita antecedentes adicionales y pago de derechos, de fecha 16 de enero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones. 4.- Notificación Previo Rechazo, de fecha 1 de abril de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones. 5.- Notificación NºNUM004, 12 de marzo de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones. 6.- Resolución Exenta NºNUM005, de fecha 12 de marzo de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones. 7.- Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 2 de diciembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye jurídicamente una acción judicial destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que el artículo 20 de la Constitución Política de la República enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Por consiguiente, es una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional, cuya existencia sea indubitada y se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional, traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, consideración básica para el examen y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, de los antecedentes acompañados al recurso de protección y del informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones, se desprenden los siguientes hechos: (i) nombre reservado ingresó al país el 1 de abril de 2019, en calidad de turista, y obtuvo posteriormente un permiso de residencia temporal, vigente hasta el 9 de septiembre de 2023. (ii) El 22 de septiembre de 2024 solicitó residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, mediante solicitud ID N° NUM002. (iii) El 16 de enero de 2025, el Servicio requirió al recurrente diversos antecedentes adicionales, entre ellos, un certificado de antecedentes penales vigente de su país de origen, acreditación de sustento económico y documentos relativos a su situación migratoria. (iv) El 1 de abril de 2025, se notificó al recurrente un previo rechazo, fundado en que el certificado de antecedentes penales acompañado presentaría inconsistencias al ser verificado mediante su código QR. El recurrente presentó antecedentes dentro de la etapa respectiva. (v) Mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 2 de diciembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia definitiva, ordenó al recurrente abandonar el país dentro de quince días y estableció una prohibición de ingreso por cinco años, estimando configurada la causal del artículo 88 N° 3 de la Ley N°21.325.

Cuarto: Que, al presente recurso se han acompañado diversos documentos, entre ellos, una certificación de antecedentes penales emitida por la autoridad competente de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 13 de marzo de 2025, que indica que nombre reservado no registra antecedentes penales en dicho país.

El referido instrumento aparece debidamente apostillado con fecha 18 de marzo de 2025, individualizando expresamente al recurrente y consignando que se emite para ser presentado ante autoridades de la República de Chile. Asimismo, se acompañó una declaración jurada suscrita ante notario, en la que se explica la forma en que fue obtenido el certificado inicialmente observado por la autoridad administrativa.

Además, se aportaron antecedentes relativos al arraigo del recurrente en Chile, entre ellos certificados de alumno regular de sus hijos, documentos de identidad de sus vínculos familiares y certificados de afiliación previsional y de salud.

Quinto: Que, el artículo 3° de la Ley N° 21.325 impone al Estado el deber de proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, asegurándoles la aplicación de un procedimiento racional y justo, bajo criterios de no discriminación. Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal establece que el Estado promoverá que las personas extranjeras cuenten con las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades y ejercer sus derechos, en conformidad con la Constitución, la ley y los tratados internacionales vigentes.

Sexto: Que, si bien el Servicio Nacional de Migraciones otorgó al recurrente la oportunidad de formular observaciones durante la etapa de previo rechazo, de los antecedentes acompañados en esta sede aparece un certificado de antecedentes penales emitido por la autoridad competente del país de origen del actor, debidamente apostillado, que consigna expresamente que no registra antecedentes penales en Venezuela.

Dicho antecedente se vincula directamente con la causal que motivó la resolución recurrida, por cuanto permite una nueva revisión de la situación del recurrente a la luz de documentación que, en principio, cuenta con elementos formales de autenticidad y que no fue objeto de una ponderación administrativa efectiva en el acto terminal impugnado.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no corresponde a esta Corte resolver si el recurrente cumple o no los requisitos para obtener residencia definitiva, ni efectuar un pronunciamiento acerca de la eventual responsabilidad que pudiera derivarse del documento inicialmente acompañado. Tales materias corresponden a la autoridad administrativa competente, dentro del procedimiento legal respectivo.

Sin embargo, la certificación de antecedentes penales acompañada a estos autos, conjuntamente con su apostilla y los demás documentos relativos al arraigo familiar y social del recurrente, constituyen antecedentes relevantes que deben ser debidamente considerados por el Servicio Nacional de Migraciones al resolver la solicitud migratoria.

Octavo: Que, en consecuencia, la resolución impugnada resulta arbitraria, por no haberse ponderado todos los antecedentes actualmente disponibles y directamente vinculados con la causal de rechazo invocada. Ello determina que el presente arbitrio deba ser acogido, a fin de que la autoridad administrativa efectúe una nueva evaluación de los antecedentes y dicte la resolución que en derecho corresponda.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 7 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige en la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001, de 2 de diciembre de 2025, que rechazó la solicitud de residencia definitiva y dispuso el abandono del recurrente del país. La autoridad administrativa deberá efectuar una nueva evaluación de los antecedentes acompañados en estos autos, especialmente de la certificación de antecedentes penales venezolana de 13 de marzo de 2025 y de su apostilla de 18 de marzo de 2025, así como de los demás antecedentes que el amparado pudiere aportar al Servicio dentro del término razonable que se le conceda para ese efecto, dictando posteriormente la resolución que en derecho corresponda.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante doña Sofía Bohle Pérez.

No firma el Ministro don Juan Patricio Rondini Fernández-Dávila, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse en cometido funcionario.

Rol Protección N° 1853-2025.