nombre reservado con UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Puerto Montt, veintitrés de mayo de dos mil veintidós.

Vistos A folio 1 comparece don nombre reservado, patrocinado por la abogada Renata Llorens Carrasco, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad Austral de Chile por los actos ilegales y arbitrarios consistentes en la dictación de las resoluciones números 71; 75 y 76 emitidas por la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria (AVD), las cuales habrían infringido su derecho al debido proceso.

Precisa que la primera de dichas resoluciones hizo lugar a la denuncia interpuesta en su contra, como autor de la conducta de acoso laboral directo, aplicándole las sanciones de remoción del cargo y traslado definitivo a otra unidad de la Corporación. La segunda y terceras resoluciones rechazaron su reposición en los términos que fueron planteados.

En síntesis, se alegan como vicios del procedimiento, la existencia de un prejuzgamiento desde su inicio lo que habría alterado la carga de la prueba; la variedad de los hechos denunciados impidió que supiese de qué debía defenderse; solo pudo tener acceso a las declaraciones de los testigos en el informe final; su solicitud sobre la declaración de un testigo clave solo se concretó como medida para mejor resolver; en el informe de la abogada instructora se incluyeron situaciones declaradas por testigos anteriores al año 2018, pese a que solo podían ser objeto de investigación aquellas acaecidas con posterioridad a la entrada en vigencia del reglamento del año 2018.

Por otro lado, reprocha que no se haya considerado la atenuante de colaboración con el procedimiento y esclarecimiento de los hechos y, por el contrario, se considerase como agravante que el acoso laboral se diese entre una persona con mayor “poder”, lo que es improcedente por cuanto ello ya se comprende en la propia conducta.

Pide se declare que las resoluciones Nº71, 75 y 76 dictadas por la Comisión AVD son ilegales y/o arbitrarias por conculcar garantías constitucionales, solicitando se deje sin efecto la sanción disciplinaria de remoción y traslado a otra unidad de la Corporación, con expresa condena en costas.

Acompaña un mail de fecha 22 de junio enviado por nombre reservado a nombre reservado; resolución Nº36-2021 de fecha 16 de junio de 2021; copia escrito “descargos a la denuncia”, denuncia efectuada por docentes de tecnología médica y que da origen a la investigación, informe final de investigación; observaciones al informe final de investigación; resolución Nº56-2021 de 21 de septiembre de 2021; complementación informe final de investigación; resolución Nº71-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021; recurso de reposición; resolución Nº75 de fecha 16 de diciembre de 2021; resolución Nº76 de fecha 15 de diciembre de 2021; reglamento Comisión AVD; resolución Nº59/2021 de fecha 05 de octubre de 2021 A folio 14 comparece la abogada doña Ana Almendra Painean, en representación convencional de la Universidad Austral de Chile, quien explica la institucionalidad que la Universidad se ha dado para abordar las situaciones de acoso, violencia o discriminación en la comunidad universitaria mediante un reglamento del año 2018. Señala que éste contempla una serie de principios orientadores; separa la función investigadora de la función resolutoria o sancionatoria; renueva el catálogo de sanciones para propender a una mayor proporcionalidad y crea a un órgano colegiado, de carácter técnico y de composición triestamental, que es el encargado de admitir los casos a tramitación, decretar medidas de protección, ordenar investigaciones y sancionar o absolver a los denunciados.

Afirma que, cumpliendo con su normativa, la Comisión declaró admisible la denuncia presentada por ocho docentes en contra del recurrido, instruyéndose una investigación interna a fin de esclarecer los hechos. Acto seguido, se remitieron los antecedentes a la Dirección Jurídica para que un abogado instructor realice la investigación, efectuándose dicha designación y, notificándose a las partes involucradas.

Destaca que desde que el recurrente fue notificado, acompañándose las declaraciones de los denunciantes hasta que efectuó su declaración, transcurrieron 29 días, extensión de tiempo más que razonable, para que este pudiese formular una adecuada defensa de sus derechos. Indica, que el recurrente tuvo todas las oportunidades para defenderse, efectuó observaciones al informe final y dedujo recurso de reposición contra lo resuelto por la Comisión, lo que dio origen a diversas revisiones de los antecedentes; todo lo cual da cuenta que el procedimiento se desarrolló bajo estrictos márgenes de objetividad, garantizando el debido proceso de todas las partes involucradas.

Sostiene que no se configura la existencia de un actuar ilegal o arbitrario por parte de la Universidad, ya que su acción está amparada por las propias exigencias legales que le impone el Código del Trabajo al empleador.

Pide el rechazo de la acción de protección deducida, con costas. Acompaña la resolución N°36-2021; resolución N°47-2021; solicitud aumento de plazo abogada instructora a Comisión; resolución N°71-2021; reposición Sr. nombre reservado; resolución N°76-2021; sentencia de fecha 07 de septiembre de 2021 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, dictada en causa ROL T-105-2021.

Con lo relacionado y considerando:

Primero. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de una garantía constitucional atropellada o amenazada.

Segundo. Que, el recurrente alega una serie de vicios en la tramitación del procedimiento sancionatorio, seguido ante la Universidad Austral, que concluyó con la dictación de las resoluciones números 71, 75 y 76 las que, en definitiva, dispusieron su remoción del cargo que ocupaba y su traslado a otra unidad de la Corporación. Entiende vulnerada la garantía del artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política, la que establece -según señala- el derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso.

Por otra parte, la recurrida evacua informe indicando haber dado aplicación al “Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria”, el que contempla todas garantías para la intervención y defensa de los derechos, tanto del investigado como de los demás intervinientes.

Tercero. Que, con el mérito de los escritos del recurrente y del recurrido, así como de los antecedentes allegados a la causa, se pueden establecer como hechos los siguientes:

· Con fecha 16 de junio de 2021, la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación de la Universidad Austral de Chile (en adelante, indistintamente Comisión AVD), dictó la resolución N°36-2021 que declaró admisible la denuncia presentada por ocho docentes en contra del nombre reservado y ordenó la instrucción de una investigación interna para esclarecer los hechos denunciados.

· Con fecha 24 de junio de 2021, se notificó al Sr. nombre reservado el inicio de la investigación, acompañándose las correspondientes denuncias.

· Con fecha 12 de julio de 2021 la abogada instructora citó para que preste declaración y plantee su defensa y/o descargos de los hechos; a cuyo respecto, el denunciado solicitó una ampliación del plazo otorgado, reprogramándose su declaración para el día 22 de julio de 2021.

· Una vez hubo declarado el recurrido, se le solicitó que rinda su prueba.

· Dada la alta cantidad de prueba ofrecida por las partes, la abogada instructora solicitó a la Comisión AVD autorización para ampliar el plazo de investigación, a lo cual la Comisión accedió, dictando la Resolución N°47-2021 de fecha 10 de agosto de 2021, prorrogando el plazo en 25 días hábiles.

· Con fecha 16 de septiembre de 2021 se emitió por la abogada instructora su Informe Final de Investigación; respecto del cual el recurrente formuló observaciones, disponiéndose por la Comisión nuevas diligencias por medio de la Resolución N°59-2021 de fecha 05 de octubre de 2021. Ello generó un informe complementario de la abogada instructora, el que se evacuó con fecha 11 de noviembre de 2021.

· Con fecha 23 de noviembre de 2021, la Comisión AVD acogió las denuncias formuladas contra el Sr. nombre reservado, dictando la resolución N°71-2021. A este respecto, el recurrente presentó un recurso de reposición, el que dio lugar a ciertas modificaciones, aunque éstas no alteraron lo resuelto. Lo anterior, mediante las resoluciones N°75-2021 y N°76-2021.

Cuarto. Que, entre los reproches que formuló el recurrente a las resoluciones objeto de esta acción de protección -sintetizados en lo expositivo de este fallo-, señaló que desde el comienzo de la investigación se lo ubicó en una situación de desventaja procedimental y probatoria -entre otras razones- porque no se señaló el objeto de la investigación ni los hechos a probar, como tampoco se efectuó una calificación de los mismos conforme a las conductas tipificadas en el “Reglamento de Intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria”. Concluye que ello tornó la investigación de una amplitud e indeterminación que impidió significó que recorriese un camino en penumbras, impidiendo el debido ejercicio de su derecho a defensa.

En tanto, la recurrida manifestó que, desde que el denunciado -hoy recurrente de protección- fue notificado de las denuncias hasta que prestó su declaración transcurrieron 29 días, lo que considera un tiempo suficiente para pronunciarse al respecto. Agrega que, luego de que fuese entrevistado se le solicitó que rinda su prueba, rindiéndose las partes tal cantidad de prueba que debió solicitar a la Comisión autorización para ampliar el plazo de investigación y así no afectar los derechos de las partes involucradas.

Quinto. Que, sobre el punto que se viene analizando, cabe tener presente el contenido de la resolución que inició la investigación contra el denunciado, esto es, la resolución N°36/2021 de fecha 16 de junio de 2021 emanada de la Comisión AVD. En lo pertinente indica, en su considerando 3°, lo siguiente: “Que los y las docentes denuncian que los hechos relatados le han ocasionado problemas emocionales y perturbado gravemente el desarrollo de sus labores”, para enseguida agregar en su considerando 4°:: “Que resulta necesario realizar una investigación interna para esclarecer los hechos denunciados, ya que existen antecedentes que permiten entender que algunas situaciones denunciadas, de confirmarse, se enmarcan en las conductas reguladas por el Reglamento”. Asimismo, en lo resolutivo dispuso -entre otras medidas- la remisión de los antecedentes al Director Jurídico a fin de que instruya una investigación interna para esclarecer los hechos denunciados.

De esta manera, se hace patente que en la resolución a la que se ha hecho referencia, no se indicaron hechos precisos a investigar o a probar, ni -lógicamente- tampoco se los calificó normativamente a fin de que el denunciado pueda ejercer su derecho a defensa pese a lo cual, una vez citado a declarar y concretada ésta, se le pidió que rindiera toda su prueba. Por consiguiente, no existió una formulación de cargos, hechos a probar ni calificación normativa que permitiesen delimitar la investigación a fin de que el denunciado pudiese defender adecuada y eficazmente. Ello significó que el denunciado, según sus palabras, debiese conducirse en penumbras atendida la amplitud e indeterminación de las infracciones respecto de las cuales se lo acusaba.

En este orden de ideas, la recurrida dio cuenta que la propia abogada instructora debió pedir una prórroga del plazo para elaborar su informe debido al volumen de la prueba incorporada por las partes, lo que se plasmó en un informe de más de 1.200 páginas; lo cual probablemente se hubiese visto reducido de haberse delimitado y precisado de manera apropiada la investigación conforme a lo que se viene indicando.

Al respecto, no resulta suficiente que la determinación y calificación normativa de éstos se haya concretado solo en el informe final, por cuanto ya había finalizado la fase probatoria; lo que exigió que el denunciado hiciese presente una serie de hechos y que, en definitiva, la Comisión AVD debiese instruir algunas diligencias respecto de las que el recurrente también reprocha una ausencia de valoración (entre otros elementos del procedimiento y resolución que representa).

En sentido que se viene expresando, la experiencia y praxis normativa en procedimientos sancionatorios disciplinarios y -con mayor razón en el proceso penal-, enseña que dentro de aquéllos se prevé una fase de formulación de cargos -o formalización- que permite situar e ir delimitando la controversia, indicando las infracciones -o delitos- por lo que se investiga al denunciado -o imputado-, a fin de que éste pueda conocerlos y defenderse de aquéllas adecuadamente. Sin embargo, nada de ello ocurrió en este caso como ya se ha explicado. Por tales razones, el procedimiento incoado en contra de nombre reservado careció de las debidas garantías que permitiesen llegar a una resolución en el contexto de un procedimiento racional y justo, deviniendo en una resolución N°71 arbitraria y, consecuencialmente, en idéntico sentido las resoluciones N°75 y N°76.

Sexto. Que, despejado el carácter arbitrario de los actos objeto de esta acción de protección, cabe considerar la afectación a algunas de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política. En este sentido, si bien el recurrente alega afectada su garantía a una tutela judicial efectiva, debido proceso o procedimiento e investigación racional y justo que, entiende consagrados en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política, cabe hacer presente un aparente error de referencia en tal sentido. En efecto, la disposición citada establece: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, en tanto que la disposición a la que hacer referencia el actor se encuentra protegida en el inciso 6° del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Sin perjuicio de lo anterior, la actuación arbitraria descrita más arriba vulnera la garantía de igualdad ante la ley prevista en el N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que, con el proceder del recurrido, se ha impedido al actor el ejercicio de derechos que son respetados a la generalidad de las personas sujetas a procedimientos sancionatorios, razón por la que se acogerá la acción de protección en los términos que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por la abogada Renata Llorens Carrasco en representación de don nombre reservado contra la Universidad Austral de Chile. Por consiguiente, se deja sin efecto la sanción impuesta en la resolución Nº71 de fecha 23 de noviembre de 2021, en lo que dice relación con la remoción y el traslado del recurrente a otra unidad de la Corporación. De este modo, deberá instruirse un nuevo procedimiento en el que se precisen, tanto los hechos a investigar como su calificación normativa, por parte del órgano competente y, de forma previa, a la formulación de descargos y a la posibilidad del denunciado de ofrecer y rendir prueba.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Margarita Campillay Caro.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº185-2022