nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN LOS LAGOS

Puerto Montt, seis de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció Eduardo Salomón Lillo, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Region de Los Lagos, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Décima Región de Los Lagos, RUT :RUT reservado, y de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, RUT RUT reservado, por las afectaciones a su derecho de propiedad respecto de un retazo de terreno que denuncia.

Expuso que es dueña de un retazo de terreno de aproximadamente 2.200 metros cuadrados ubicado en la ciudad y comuna de Puerto Montt, denominado “Los Canelos”, correspondiente al Lote Uno Guion Uno C, parte del Lote Uno–Uno, que resultó de una serie de subdivisiones de un predio de mayor cabida, el que ha sido objeto de actos ilegales y arbitrarios de parte de los recurridos, los cuales, de modo sistemático, han desconocido el dominio que la recurrente tiene sobre su terreno, proyectando calles y construyendo vías sin su consentimiento y sin que medie acto expropiatorio alguno, vulnerando su derecho de propiedad.

Señaló que en reiteradas ocasiones ha solicitado a los recurridos que procedan a regularizar la situación de hecho, prácticamente constitutiva de una toma irregular de su terreno, ya que por el retazo, debido a las intervenciones fácticas, transitan personas y vehículos e incluso se proyecta ampliar una vía en su terreno para unir ciertos conjuntos habitacionales adyacentes.

Agregó que ejerció el derecho de cerramiento y cercado del terreno a mediados del mes de diciembre de 2025, colocando postes estacados unidos por alambres, dentro de los límites de su predio. Sin embargo, a menos de dos días de haber cercado su predio, se procedió en forma clandestina, durante horas de la noche, a sacar de cuajo los postes, apilarlos, conjuntamente con el alambrado, volviendo a mantenerse la situación irregular.

Explicó que la recurrente sabe que resulta necesario ampliar el emplazamiento de una calle que se encuentra proyectada incluso a través del plano regulador donde se encuentra su propiedad; sin embargo, para que los recurridos de autos puedan intervenir, legal y constitucionalmente el terreno, debe de mediar un acuerdo previo de venta, cosa que los recurridos, acorde con lo expresado por la recurrente se han negado reiteradamente.

Previas citas legales, pidió que se acoja la acción constitucional y se ordene a los recurridos a reconocer el dominio inscrito que tiene la recurrente sobre su retazo de terreno individualizado, dejen de realizar actos en su contravención y no impidan el cercamiento y demarcación del terreno, además de ordenar que se llegue a una negociación con la recurrente, o bien a comenzar con el procedimiento expropiatorio.

A folio 4 se declaró admisible la acción y se pidió informe a la recurrida.

A folio 10 evacuó informe el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Décima Región de Los Lagos, pidiendo el rechazo de la acción de protección. Dijo que las afirmaciones de la recurrente carecen de sustento a su respecto. No ha realizado ningún tipo de intervención material en el inmueble de la recurrente, no ha ejecutado obras en el terreno, no ha autorizado su uso como vía de tránsito, ni ha dispuesto actuación alguna que implique ocupación, utilización o afectación del predio. Asimismo, no se tiene antecedente alguno de intervenciones futuras por su parte en el referido terreno.

A mayor abundamiento, expuso que la recurrente no acompañó antecedentes que acrediten la existencia de solicitudes formales dirigidas al Servicio en los términos que señala, ni se acompañan respuestas o pronunciamientos de SERVIU que den cuenta de un desconocimiento del dominio de la recurrente. En consecuencia, resulta improcedente sostener que este Servicio haya incurrido en acciones u omisiones tendientes a desconocer el derecho de propiedad invocado.

Agregó que, de acuerdo con lo informado por el Departamento Técnico de SERVIU Región de Los Lagos, no existen proyectos de calles impulsados por este Servicio en el sector. Las obras de pavimentación existentes corresponden a proyectos ejecutados y financiados por entes privados, en el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General y los instrumentos de planificación territorial aplicables.

Pidió el rechazo del recurso de protección, con costas.

A folio 11 evacuó informe la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Alegó la extemporaneidad del recurso ya que según se desprende de las alegaciones efectuadas, la situación relacionada con el predio del que dice ser propietaria constituye una situación que está en conocimiento desde hace varios años, toda vez que en sus escrito ha sostenido que “en reiteradas ocasiones ha solicitado a los recurridos de autos (Servicio de Vivienda y Urbanización y Municipalidad de Puerto Montt) que procedan a regularizas la situación de hecho…”.

Dijo que resulta evidente que se ha excedido con creces el plazo señalado en el auto acordado para la procedencia de esta acción cautelar, lo que no se ve alterado por las alegaciones relacionadas al retiro de un cerco a mediados de diciembre, ya que esa circunstancia carece de todo fundamento y solo se enarbola con el fin de generar artificialmente un plazo.

En subsidio, alegó la falta de legitimación activa, ya que el recurrente ni siquiera ha acreditado ser propietaria del inmueble respecto del cual dice haberse producido la vulneración de garantías constitucionales. No se acompañó la copia de certificado de dominio vigente de la propiedad, sino solamente una copia de certificado de dominio expedida por el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt en la que no se acredita quién es el propietario actual de inmueble citado. A su turno, la recurrente acompaña a su presentación el oficio Ordinario N° 703 emanado del Servicio de Impuestos Internos, institución que certifica que todos los lotes emanados de la subdivisión del lote 1-1C (del que dice ser propietaria la recurrente) fueron transferidos, por lo que no se avizora un interés legítimo a proteger.

Luego, alegó la improcedencia del recurso de protección por no ser instancia declarativa de derechos y por no existir actos arbitrarios e ilegales que imputar a la Municipalidad de Puerto Montt. Dijo que se solicitó a la Dirección de Obras Municipales que se hiciera una revisión de los antecedentes a fin de determinar si las alegaciones de la contraria contaban con algún fundamento técnico o normativo.

En este contexto, dicha Dirección procedió a revisar los antecedentes del predio tanto en el Sistema de Información Geográfica Municipal (GIS), Planos SII, como en los antecedentes de loteos disponibles en la Dirección de Obras Municipales.

Dijo que, de la historia de la propiedad, luego de la subdivisión realizada, el propietario tenía la obligación de ceder gratuitamente el área afecta a utilidad pública como bien nacional de uso público, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En consecuencia, el terreno que se reclama como de propiedad privada en realidad corresponde a un Bien Nacional de Uso Público, motivo por el cual las alegaciones y pretensiones realizadas en el recurso tampoco son efectivas, materia que, en todo caso, deben ser objeto de discusión en un juicio de lato conocimiento, por no ser el recurso de protección una instancia declarativa de derechos.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en la especie, el conflicto que plantea la recurrente dice relación con que, los servicios recurridos estarían realizando sistemáticamente afectaciones a un retazo de terreno de 2.200 metros cuadrados ubicados en Puerto Montt, que considera de su propiedad, de forma ilegal y arbitraria, sin que se lo hayan comprado o expropiado, a lo que suma que cercó el terreno a mediados de diciembre de 2025, y en clandestinidad, aseverando que los recurridos habrían desarmado dicho cerco, afectando atributos propios del dominio de los que es titular.

Cuarto: Que, como presupuesto de la acción, como se dijo en el considerando primero, quien recurre debe demostrar la existencia de un derecho indubitado que requiere cautela constitucional. Lo cierto es que con la documental aportada, no es posible establecer que el inmueble sobre el cual recaen los actos arbitrarios e ilegales que se denuncian le pertenezca a la recurrente, ya que, no se acompañó la copia de certificado de dominio vigente de la propiedad, sino solamente una copia de certificado de dominio expedida por el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt en la que no se acredita quién es el propietario actual de citado inmueble, pudiendo observarse en sus anotaciones marginales una serie de subdivisiones y enajenaciones que no permiten concluir que la recurrente sea la actual dueña. Abona a lo anterior que el Oficio ordinario N°703, de 2 de diciembre de 2025, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, en donde se lee que la recurrente pidió que se le informara o asignara un Rol a la propiedad objeto de la litis, indica que “se tiene que producto de las subdivisiones y fusiones, todos los lotes se encuentran transferidos”, por lo que no ha cumplido la recurrente con acreditar fehacientemente su derecho de dominio.

Quinto: Que, además, la Municipalidad cuestiona dicho dominio de la recurrente, haciendo presente que el terreno corresponde a un retazo que fue cedido por la actora al momento de realizar las subdivisiones y que actualmente se trata de un bien nacional de uso público. En tales condiciones, determinar el dominio de dicho retazo que la recurrente reclama de su propiedad, excede a la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción de protección, existiendo otras vías declarativas, de lato conocimiento idóneas al efecto. En consecuencia, al no existir un derecho indubitado, la acción debe ser rechazada.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, la recurrente tampoco ha acreditado que la remoción del cerco que instaló supuestamente a mediados de diciembre del 2025 haya sido una actuación realizada por funcionarios de las reparticiones recurridas, ni tampoco acreditó haber realizado en diversas ocasiones solicitudes a los servicios recurridos para “regularizar” la situación de hecho que denuncia, al no acompañar las solicitudes efectuadas o las respuestas recibidas de parte de las recurridas, siendo totalmente insuficiente la documental y las fotografías acompañadas al efecto en el libelo.

Séptimo: Que, en consecuencia, al carecer la acción constitucional intentada de fundamentos fácticos y jurídicos, esta será rechazada en su totalidad, con expresa condena en costas al no observarse motivos plausibles de la recurrente para litigar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, la acción de protección interpuesta por el abogado Eduardo Salomón Lillo, abogado, en representación de nombre reservado en contra de Servicio de Vivienda y Urbanización de la Décima Región de Los Lagos, y de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1841-2025.-