nombre reservado con HOSPITAL PUERTO MONTT

Puerto Montt, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

VISTO:

Con fecha 08 de noviembre de 2018, compareció don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, en Puerto Montt, e interpuso recurso de protección en contra del Servicio de Salud del Reloncaví, representado por su director don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en Puerto Montt y en contra del Hospital de Puerto Montt, representado por su directora (S) doña nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en Puerto Montt, por lo siguiente:

El año 2014, desempeñó funciones en el Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) de Alerce, que dependía administrativamente del Servicio de Salud del Reloncaví, ejerció funciones con las más altas calificaciones y donde pudo desarrollar habilidades en su función de cuidador de trato directo. El 01 de septiembre de 2017, el ELEAM deja de depender administrativamente del Servicio de Salud del Reloncaví y pasa a manos de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, por lo que se efectuaron reuniones entre los funcionarios de este servicio y los directores tanto del ELEAM y del Hospital de Puerto Montt, con el fin de reubicarlos para ejercer funciones en esta última institución. Se comprometieron a respetar el lugar, o bien el servicio al que quisieran ser destinados, entendiendo que este traslado se debería a un caso de fuerza mayor. Por lo anterior, solicitó ser destinado a una función donde no se desempeñara directamente con pacientes. Al ser trasladado al Hospital no se respetó el compromiso al que se había arribado y en vez de desempeñarse en las funciones que había pedido, fue trasladado a la Unidad de Tratamientos Intensivos Adultos, donde debe trasladar cuerpos de pacientes fallecidos hasta la morgue del hospital, lo cual ha afectado su integridad psíquica, dado que no posee la preparación para desempeñar dichas funciones. Se le ha negado la posibilidad de ser reubicado, compañeros le han dicho que el motivo se debería a que habría sido anteriormente desvinculado del Hospital, cuestión que no es real, ya que si bien se había desempeñado en el hospital, alrededor del año 2014, por decisión propia se retiró del servicio. En definitiva continúa siendo una decisión infundada y no se ha tomado en consideración las labores que desempeñó con anterioridad y en las cuales ha sido capacitado, ni tampoco su estado de salud psíquico. Comunicó los hechos al Servicio de Salud para que el Hospital informara los motivos de la negativa, solicitando además su reintegro a esa Dirección de Servicio, pero no ha tenido conocimiento de lo informado por la institución.

Se ha sumado a una depresión, por el mal trato de sus superiores, al querer desempeñar otras labores en las que se sienta más cómodo, razón por la cual no ha podido desempeñarse con regularidad en las funciones que tiene en el hospital, por lo cual ha presentado en forma oportuna licencias médicas que detalla, respecto de las cuales se resolvió en definitiva autorizar algunas, en virtud que se encontraban justificadas, pero se rechazaron otras. Las licencias médicas que fueron rechazadas y con el fin que se le otorgaran facilidades para el reintegro, recurrió ante la unidad de personal de la administración del Estado, de la Contraloría Regional de Los Lagos, exponiendo lo resuelto en la resolución exenta N° 102.211-2018, de 25 de junio de 2018, esto es, que se acogió parcialmente la solicitud de condonación, liberándolo de la obligación de reintegrar el 50% de la suma de $1.679.219 pesos y que la devolución del saldo insoluto, correspondiente a $839.610 pesos, se efectúe en 48 cuotas equivalentes cada una de ellas a 0.370 Unidades Tributarias Mensuales de su monto vigente al momento de hacer efectivo el descuento. Sin embargo, se continúa efectuando descuentos por sobre lo ordenado por la Contraloría, además, estos descuentos se han efectuado aun cuando se encontraba dentro de plazo para hacer valer los recursos administrativos, lo cual constituye un acto ilegal y arbitrario.

Así las cosas los recurridos han negado en forma infundada el traslado solicitado, para realizar funciones que sean más afines con las que venía realizando con anterioridad y que no afecten su integridad psíquica. Por otra parte, el Hospital ha continuado efectuando descuentos en sus remuneraciones por sobre lo ordenado por la Contraloría. Lo anterior afecta su integridad psíquica y su patrimonio. Razón por la cual, citando doctrina, sostuvo que se ha vulnerado el artículo 19 N° 1°, 2° y 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo tanto: solicitó se acoja el recurso y se disponga su reincorporación al Servicio de Salud del Reloncaví y que cese el descuento en sus remuneraciones por concepto de reintegro de licencias médicas en montos superiores a 0,370 Unidades Tributaria Mensuales, que ordenó la Contraloría Regional de Los Lagos, reintegrándose el dinero descontado en exceso, con costas.

Con fecha 24 de noviembre de 2018, informó don César González Castillo, abogado, en representación del Hospital Puerto Montt, en el siguiente sentido:

El 30 de abril de 2014 el funcionario recurrente presenta renuncia voluntaria al establecimiento para continuar desempeñándose como auxiliar en el Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM), dependiente en ese entonces de la Dirección de Servicio de Salud del Reloncaví. Debido al cambio de la administración del ELEAM a la Municipalidad de Puerto Montt, la Dirección de Servicio informa al Hospital de la reubicación de los funcionarios en este establecimiento, e invita al nombre reservado a una reunión de coordinación a fines de agosto 2017. En aquella reunión se informa a los funcionarios que el Hospital buscará los puestos de trabajo donde existan brechas de personal y que se encuentren más afines a las competencias de los funcionarios, pero siempre buscando la eficiencia de los recursos. Los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, a diferencia del resto de los funcionarios, informan en aquella reunión haber trabajado con el manejo de pacientes demostrando competencias mayores que el resto de sus compañeros, por lo que el Hospital decide reubicarlos en el Servicio de UTI Adulto, para iniciar un periodo de inducción, lo que es aceptado por los funcionarios sin reparos. El Enfermero Supervisor de la UTI Adulto informa que los funcionarios iniciaron el proceso de inducción, sin embargo, desde el 17 de octubre del 2017 el funcionario nombre reservado presenta licencia médica y desde ese momento ha retomado funciones esporádicamente, impidiendo terminar adecuadamente su capacitación. En este sentido, presenta la situación de licencias médicas rechazadas y de las cuales la Sección de Remuneraciones ha procedido al descuento de las mismas, conforme a la información que expuso y que fue enviada a Contraloría. De la planilla expuesta, se había descontado el monto de $77.419, quedando un saldo a descontar de $1.679.219, procediendo conforme a instrucciones de la Contraloría, por lo que no es efectivo que no se ha respetado las indicaciones emanadas de la Resolución Exenta SIAPER N°366. Acto seguido dio cuenta del monto de seis licencias médicas rechazadas, que corresponde a un monto total de $1.443.420, el que se descuenta en 12 cuotas mensuales de $20.048 por cada licencia. Finalmente informó el número y montos de licencias médicas rechazadas y que aún no han sido descontadas, que asciende a un monto de $1.683.990.

En consecuencia, el recurrente es un funcionario del Hospital, que se le han encomendado funciones que están dentro de las que le corresponden conforme a su cargo y por ende no existe un acto arbitrario o ilegal en esta actuación sino que al contrario se ajusta a lo que establece la normativa del Estatuto Administrativo y así también lo reconoce la Contraloría Regional de Los Lagos en su oficio N° 4948 de fecha 03 de septiembre de 2018. A mayor abundamiento, mencionó el Dictamen N° 22.210 de fecha 18.06.2012, del Organismo Contralor.

Ahora, en cuanto a los descuentos por conceptos de licencias médicas rechazadas no son abusivos ni excesivos, solo se ha procedido conforme a la legalidad, citando el artículo 63 del Decreto N°3 de 1984, de Salud, Reglamento de autorización de Licencias Médicas, modificado por el Decreto N°306 de 1988, de Salud, considerando, además, la cantidad de días no trabajados por concepto de licencias médicas rechazadas.

Por lo que no se han vulnerado las garantías constitucionales expuestas por el recurrente.

Por lo tanto: solicitó el rechazo del recurso.

Con fecha 27 de noviembre de 2018, informó don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación del Servicio de Salud del Reloncaví, ambos domiciliados en domicilio reservado, en Puerto Montt, en el siguiente sentido:

El Servicio de Salud del Reloncaví no ha realizado acto ilegal o arbitrario alguno, ya que los hechos de marras han ocurrido en el Hospital de Puerto Montt. En este sentido, el Hospital es un establecimiento autogestionado en red, organismo público, desconcentrado, el cual en materia de prestaciones asistenciales cuenta con las facultades establecidas en el artículo 36 del DFL N° 1/ 2006, que detalló. Por lo que, el presente caso se refiere a una situación funcionaría del recurrente, respecto de la cual el Servicio de Salud carece de injerencia, ya que el Hospital es el que determina la forma como gestiona su recurso humano, conforme al marco legal expuesto.

La contraria dirigió erróneamente su acción en contra de un órgano que no tiene relación con los hechos invocados, señalando que no ha tenido participación en los hechos materia del recurso. Sin embargo, señaló que el recurso resulta extemporáneo respecto a la solicitud de reincorporación al Servicio de Salud del Reloncaví, ya que tal como reconoce el recurrente, su vinculación funcionaría terminó el 01 de septiembre de 2017, al dejar el Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor (ELEAM) Alerce de depender del Servicio de Salud del Reloncaví, no requiriendo actualmente de los servicios del actor, quien tiene una vinculación funcionaría con la recurrida Hospital. De modo que no ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente.

Por lo tanto: solicitó rechazar el recurso.

Con fecha 05 de febrero de 2018, previa solicitud evacuó informe la Contraloría General de la República, Contraloría Regional de Los Lagos, Unidad Jurídica, en el siguiente sentido:

Luego de exponer lo pertinente, señaló en síntesis que el Hospital había procedido conforme con el marco legal vigente.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD ALEGADA:

PRIMERO: Que, debe dejarse establecido que el plazo de deducción de esta acción debe contarse desde que cese el acto que se reprocha, que según consta del mérito de autos y lo indicado como recurrido, esto es, el hecho vulneratorio que se ha denunciado, en el caso de configurarse, tiene la virtud de producir efectos permanentes, por ende el recurso fue interpuesto de manera oportuna, debiendo necesariamente ser desechada esta alegación. A mayor abundamiento, atendido el mérito de autos, se declaró admisible el recurso de protección, en virtud de haber sido interpuesto en tiempo y haber mencionado hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en razón del N° 2° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, resolución que no fue objeto de recurso.

EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO:

SEGUNDO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, y que permite, en definitiva, poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales del Tribunal competente, en orden a restablecer, de un modo rápido, inmediato y directo, el imperio del derecho y las garantías fundamentales de cualquier persona.

TERCERO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en este sentido, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en acto, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado por la norma constitucional, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, en este sentido, la acción de protección tiene como particularidad ser cautelar y no principal, ello quiere decir que la resolución que recaiga en ésta, produce cosa juzgada formal y solo substancial respecto a otras acciones de protección posteriores, lo que entrega la posibilidad de hacer valer otros derechos en materias y procedimientos distintos.

QUINTO: Que, el acto ilegal y arbitrario alegado por la recurrente radica en que los recurridos han negado en forma infundada el traslado solicitado, para realizar funciones que sean más afines con las que venía realizando con anterioridad y que no afecten su integridad psíquica. Además, que el Hospital ha continuado efectuando descuentos en sus remuneraciones por sobre lo ordenado por la Contraloría. La recurrida Hospital Puerto Montt sostuvo que el recurrente es un funcionario del Hospital, al que se le han encomendado funciones que están dentro de las que le corresponden conforme a su cargo y por ende no existe un acto arbitrario o ilegal en esta actuación, sino que al contrario se ajusta a lo que establece la normativa del Estatuto Administrativo y así también lo reconoce la Contraloría Regional de Los Lagos en su oficio N° 4948 de fecha 03 de septiembre de 2018. Además, que en cuanto a los descuentos por conceptos de licencias médicas rechazadas no son abusivos ni excesivos, porque solo se ha procedido conforme a la legalidad, citando el artículo 63 del Decreto N°3 de 1984, de Salud, Reglamento de autorización de Licencias Médicas, modificado por el Decreto N°306 de 1988, de Salud, considerando la cantidad de días no trabajados por concepto de licencias médicas rechazadas. A su vez, la recurrida Servicio de Salud del Reloncaví señaló que el presente caso se refiere a una situación funcionaría del recurrente, respecto de la cual carece de injerencia, ya que el Hospital es el que determina la forma como gestiona su recurso humano, conforme al marco legal expuesto.

SEXTO: Que, en este sentido, no se encuentra establecido un derecho indubitado a favor del recurrente, ya que este ha sido cuestionado por la recurrida, encontrando sustento dicho cuestionamiento en los antecedentes que obran en autos y la normativa aplicable en la especie, por lo que, no es posible comprobar la existencia de un acto ilegal ni arbitrario por parte de los recurridos. En este sentido, por lo ya expuesto y dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha establecido que su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y en los hechos sobre los cuales se invocan no son controvertidos con fundamentos plausibles. Que, así las cosas, la acción de protección constitucional está orientado a velar por el respeto o los garantías fundamentales que ampara, cuando en su legítimo ejercicio puedan sufrir privaciones, perturbaciones o amenazas, de lo que se colige que es condición indispensable para que prospere, como se ha señalado, el que exista un derecho indubitado por parte de quien recurre, lo que en el presente caso no se aprecia.

SÉPTIMO: Que, en este contexto, el recurso de protección es una acción de rango constitucional que tiene la característica de ser extraordinaria, lo que significa que estando la situación discutida bajo el imperio del derecho a través del uso o ejercicio de otras acciones y en el contexto de un procedimiento adecuado, que otorga a las partes garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos, esta acción constitucional pierde su real objetivo atendida su índole. En este orden de ideas, no estamos frente a un acto ilegal, dado que se ha seguido la normativa establecida al efecto, todo ello acorde con la Ley. Tampoco se divisa arbitrariedad, pues de los antecedentes acompañados no se desprende la actuación cuestionada.

OCTAVO: Que, a la luz de lo reflexionado precedentemente, al erigirse la protección constitucional como una acción cuyo objeto es poner urgente remedio a la vulneración actual o potencial de un derecho fundamental, lo que, como ya se ha dicho, no se ha acreditado, de modo que no existen conductas ilegales ni arbitrarias por parte de la recurrida, de modo que no han podido afectar las garantías constitucionales señaladas por el actor, por lo cual esta acción de cautela constitucional no puede prosperar.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, respecto de la reubicación, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 36, contenido en el Título IV "De los Establecimientos de Autogestión en Red", Párrafo 1° "De la creación y funciones", del DFL N° 1/ 2006, el que establece que en el Director estarán radicadas las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente Establecimiento y en especial tendrá las siguientes atribuciones, letra c) Organizar internamente el Establecimiento y asignar las tareas correspondientes, conforme al presente Libro, el Código Sanitario y las demás normativas vigentes y letra f) Ejercer las funciones de administración del personal destinado al Establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo, en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias médicas, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa y demás que establezca el reglamento. Respecto del personal a contrata y al contratado sobre la base de honorarios, el Director del Establecimiento ejercerá las funciones propias de un jefe superior de servicio. Un reglamento, emitido a través del Ministerio de Salud, el que también será suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas necesarias para ejercer las funciones de que trata el presente literal. A su vez, respecto de los descuentos, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, de Salud, Reglamento de autorización de Licencias Médicas, el que establece que la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.

DÉCIMO: Que, en este orden de ideas, la recurrida Servicio de Salud del Reloncaví no ha realizado acto ilegal o arbitrario alguno, ya que los hechos cuestionados han ocurrido en el Hospital de Puerto Montt, que es un establecimiento autogestionado en red, organismo público, desconcentrado, el cual en materia de prestaciones asistenciales cuenta con las facultades previamente citadas, razón por la cual, como sostiene esta recurrida, el presente caso se refiere a una situación funcionaría del recurrente, respecto de la cual carece de injerencia, ya que el Hospital es el que determina la forma como gestiona su recurso humano, conforme al marco legal expuesto. Así las cosas, continuando con el análisis, ahora respecto de la recurrida Hospital Puerto Montt, resulta trascendental analizar las facultades con que cuenta la misma, que ya fueron expuestas, de lo cual resulta incuestionable que está facultado, con el objetivo de velar por el desarrollo regular y eficiente las actividades del recinto hospitalario, a destinar funcionarios de un área a otra dentro del mismo establecimiento, atribución que desvirtúa cualquier atisbo de ilegalidad en el actuar de la recurrida. Además, que la actuación que por esta vía se cuestiona tampoco puede ser calificada como arbitraria al encontrarse debidamente fundada en el cambio de la administración del ELEAM a la Municipalidad de Puerto Montt y la consecuente reubicación de los funcionarios en el Hospital de Puerto Montt, en puestos de trabajo donde existan brechas de personal y que se encuentren más afines a las competencias de los mismos, pero siempre buscando la eficiencia de los recurso. Finalmente, los descuentos efectuados al recurrente encuentran sustento en lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, de Salud, sin haberse acreditado fehacientemente por el actor que se esté descontando una suma distinta a la correspondiente.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, no aparece de los antecedentes que las recurridas hayan incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna respecto del actor, razón por la que el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad del recurso en los términos planteados.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Servicio de Salud del Reloncaví, representado por su director don nombre reservado y en contra del Hospital de Puerto Montt, representado por su directora (S) doña nombre reservado, ya individualizados.

No firma el Ministro Titular don Jorge Pizarro Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse con permiso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°1840-2018