nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, siete de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

Que con fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, compareció don Estanislao Dufey Loayza, abogado, en representación de doña nombre reservado, ambos domiciliados en Parque Tepuhueico, comuna de nombre reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Conservador de Raíces de la ciudad de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por haber vulnerado la garantía contemplada por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en razón de los hechos que expone.

Señala que con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado rehusó archivar un plano de subdivisión de un predio agrícola de propiedad de doña nombre reservado, el que fue resuelto contra texto expreso de la ley. Del Reglamento del propio conservador y la jurisprudencia unánime de la Excma. Corte Suprema. En este sentido afirma que el plano que se solicitó archivar es una subdivisión del predio inscrito de su propiedad, sin ninguna modificación en sus deslindes, sin afectar la cabida o extensión del predio, referido a 52 parcelas del especio interior del mismo, de 5.043 metros cuadrados hasta 12.172 metros cuadrados aproximadamente.

Explica que al tratarse de un predio agrícola, la subdivisión requiere de la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero, procediendo a certificar y validar el plano mencionado, cumpliendo en consecuencia con las exigencias legales para su subdivisión, procediendo posteriormente a su archivo en relación del predio respectivo, lo que no fue efectuado por el recurrido, transcribiendo el literal de la negativa del Sr. nombre reservado, en el certificado N°915-2018 y que dice relación con la existencia de disconformidad del plano de subdivisión con el título inscrito, y la afectación de derechos de propietarios colindantes al predio que se subdivide.

Posteriormente, refiere que se dio cumplimiento a lo solicitado por el Sr. nombre reservado, corrigiendo el plano y su descripción gráfica, no obstante, se reiteró la negativa de archivar mediante certificado N°61 de 2018 por razones de disconformidad de las superficies que se proponen en el plano de subdivisión en relación al título inscrito, así también con servidumbre o camino que no se encuentra en los títulos y afectación de derechos de dominio de terceros propietarios. Al respecto, la recurrente advierte que el plano que intenta archivar es el mismo plano en relación a sus deslindes, al plano del predio matriz, el que fuera previamente inscrito bajo el número 965 del año 2009, predio denominado Reserva Tepuhueico, modificándose solamente la subdivisión que pretende en el interior del mismo predio.

Aduce que frente a una nueva solicitud, el Sr. nombre reservado con fecha 23 de junio de 2017 no aceptó archivarlo, por entender que no se cumplen con los requisitos, pues en el plano no se indica el número, ni fojas ni año de la inscripción a la cual se debe archivar, todo lo cual resulta a su juicio arbitrario, no obstante cumplió lo solicitado y procedió a corregir y a ingresar nuevamente la solicitud de archivo. Sin embargo, afirma que el recurrido se permite hacer nuevas exigencias al margen de lo establecido en la ley, indicando en el certificado de negativa N°747-2017 que debe ser en el plano en donde se indique el número de inscripción del predio matriz, y la existencia de un error al citar en el plano un camino que no figura en el título. A dicha negativa, nuevamente la recurrente aduce haber reparado los errores, sin embargo a este nuevo ingreso el Sr. nombre reservado rechazó el archivo del nuevo plano, aduciendo nuevos reparos, imaginando actos jurídicos inexistentes, servidumbres no mencionadas ni demarcadas, contradiciendo el título inscrito, y contradiciendo su propio certificado de negativa.

Señala como hechos que motivan el recurso, aquella negativa de fecha 3 de octubre de 2018, mediante certificado N°915 del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado, el cual es contradictorio con los anteriores negativas, incurriendo en facultades que no están dada en su calidad de ministro de fe fundado en un acto arbitrario e ilegal, ya que analiza superficies de los lotes, haciendo cálculos que le son ajenos a su función y que son privativos del Servicio Agrícola y Ganadero.

Afirma que el recurrido excedió las facultades que le han sido otorgadas por el Decreto Supremo de fecha 24 de junio de 1857 en su artículo 13, concordando el precepto legal con lo fallado en este sentido por la Excma. Corte Suprema en causa rol N°19470-2016 y rol N°7879-2008. Por otra parte, refiere que el Sr. nombre reservado también infringe lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la carta fundamental, al exceder sus facultades legales.

Pide, en definitiva, previas citas legales, acoger el presente recurso, ordenando al Sr. Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado el archivo del plano rechazado en el Registro de Propiedad a su cargo, con costas del recurso.

Acompaña a su recurso, copia de certificado de negativa N°670-2017, N°61-2018; N°612-2018; N°915-2018.

Con fecha 2 de noviembre de 2018, informó don nombre reservado, abogado, Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de nombre reservado, en el siguiente sentido: En primer lugar, hace presente que el archivo de planos se realiza mediante una su inscripción y esta, debe cumplir con los mismos requisitos de una inscripción conforme lo ordena el artículo 90 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Como segundo punto señaló que lo solicitado por el recurrente se encuentra sujeto al imperio del derecho, mediante un procedimiento jurisdiccional de reclamo de negativa de inscripción, contemplado en el artículo 18 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, ante el Juez de Letras de nombre reservado. Agrega que la jurisprudencia de forma uniforme, ha rechazado los recursos de protección en contra de negativas de inscripción de los Conservadores, por estar sujetos al procedimiento antes referido, y cita fallos atingentes.

En cuanto a la negativa a inscribir, aclara que la función de calificación registral que efectúa el Conservador de Bienes Raíces sobre los planos y antecedentes de una subdivisión constituye fe pública sobre los inmuebles, y bajo este respecto la única función del Servicio Agrícola y Ganadero es realizar una constatación visual certificando que los lotes graficados en el plano representan una superficie igual o superior a 0,5 hectáreas, mediante el timbre respectivo, lo que no valida el dominio ni la demarcación de los inmuebles en ellos, y cita jurisprudencia en este sentido.

Ilustra que la recurrente ha presentado cuatro planos distintos, en cinco oportunidades diversas y distanciadas en el tiempo recibiendo cinco certificados de negativas, que transcribe, en los que expresa las razones fácticas y de derecho que impiden su archivo mediante la subinscripción. Afirma que la recurrente en diversas ocasiones y por diversas interpósitas personas, ha presentado planos de fecha de abril de 2017, sin indicar los datos de la inscripción de fojas, números y año del Registro de Propiedad en que pide ser archivada; luego presenta plano de diciembre de 2017 ahora indicando los datos de inscripción de fojas 2671 número 2860 del Registro de Propiedad del año 2009, posteriormente ingresa plano de fecha mayo de 2018 y luego otro de junio de 2018, todos con los timbres del Servicio Agrícola y Ganadero y del Servicio de Impuestos Internos de la distintas fechas de sus planos. Refiere que respecto de cada plano existen diferencias entre sí, aun siendo del mismo predio, respecto de las inscripciones colindantes, la superficie, deslindes, caminos inexistentes en los deslindes del predio, razón por la que existen certificados de negativas distintos al representarse en estos, una situación fáctica, gráfica y de información distinta en los cuatro planos. En particular, transcribe los fundamentos y rechazo de cada uno de los certificados de la negativa consignados con el número 670-2017 de fecha 23 de junio de 2017: N°747-2017 de fecha 18 de julio de 2017; N°61-2018 de fecha 22 de enero de 2018; N°612-2018 de fecha 12 de junio de 2018 y N°915-2018 de fecha 3 de octubre de 2018.

El recurrido informa además, la existencia de terceros propietarios colindantes que son afectados por los planos de subdivisión, y los cuales no son citados, emplazados u oídos en el presente recurso, situación que advierte según certificado N°915-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, individualizando a los colindantes como indica: “PYG Larraín Inversiones Limitada, inscripción de dominio a fojas 42 vuelta N°39 del Registro de Propiedad del año 1993 a su cargo; nombre reservado, inscripción de dominio a fojas 555 vuelta N°618 del Registro de Propiedad del año 1996 a su cargo; nombre reservado, inscripción de dominio a fojas 557 vuelta N°620 del Registro de Propiedad del año 1996 a su cargo; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, inscripción de dominio a fojas 635 vuelta N°700 del Registro de Propiedad del año 1996 a su cargo; Comercial Inmobiliaria y de Inversiones Prizat y Compañía, inscripción de dominio a fojas 784 N°878 del Registro de Propiedad del año 1997 a su cargo; nombre reservado, inscripción de dominio a fojas 1382 N°1570 del Registro de Propiedad del año 1997 a su cargo; Inversiones Tolosa Limitada, inscripción de dominio a fojas 791 N°885 del Registro de Propiedad del año 1997 a su cargo; nombre reservado y nombre reservado, inscripción de dominio a fojas 648 N°686 del Registro de Propiedad del año 1997 a su cargo; nombre reservado, inscripción de dominio a fojas 453 N°473 del Registro de Propiedad del año 1997 a su cargo.

Alega asimismo, que el recurrente carece de un derecho preexistente e indubitado que puede ser objeto de un recurso de protección, toda vez que las inscripciones y subinscripciones deben realizarse en conformidad a lo prescrito en los artículos 90 y 80 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces en relación al artículo 692 del Código Civil, y de esta forma, refiere que se cumple con el principio registral de tracto sucesivo o de continuidad y el de legalidad registral, en tanto la recurrente, en principio no indicó respecto de qué inscripción solicitaba archivar el plano, y posteriormente, acompañado planos diversos, estos no coincidían con las inscripciones a las que hacía referencia, razón que motivó el rechazo. Funda citando doctrina y jurisprudencia en este sentido.

Por otra parte, señala que la cuestión planteada en el recurso, es un debate sobre interpretación de normas jurídicas, que excede el ámbito que le es propio a un recurso de protección y hace referencia a jurisprudencia que ha fallado en este sentido. Bajo este punto, insiste que el conflicto jurídico e interpretativo de la norma, significa categóricamente que la recurrente no es titular de un derecho preexistente e indiscutido que sea susceptible de cautelar, ya que el recurso de protección no es declarativo de derechos, de la misma forma que resulta improcedente cuando se trata de actos no terminales o intermedios como es la autorización de planos que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero.

Concluye que se encuentra compelido por un deber legal de actuación y fiscalización como funcionario público sujeto al principio de legalidad, respecto a las solicitudes de inscripción bajo su cargo, lo que desvirtúan cualquier afirmación de la recurrente de haber actuado de forma arbitraria o ilegal que justifique la interposición del recurso de protección.

Acompaña a su informe, los mismos documentos señalados por el recurrente, y además copia de planos de subdivisión y minutas de deslindes, copia de certificados emitidos por el Servicio Agrícola y Ganadero, y por el Servicio de Impuestos Internos, y certificado N°747-2018 de fecha 18 de julio de 2017.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, y que permite, en definitiva, poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales del Tribunal competente, en orden a restablecer, de un modo rápido, inmediato y directo, el imperio del derecho y las garantías fundamentales de cualquier persona.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en este sentido, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en acto, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado por la norma constitucional, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en este sentido, la acción de protección tiene como particularidad ser cautelar y no principal, ello quiere decir que la resolución que recaiga en ésta, produce cosa juzgada formal y solo substancial respecto a otras acciones de protección posteriores, lo que entrega la posibilidad de hacer valer otros derechos en materias y procedimientos distintos.

CUARTO: Que, el fundamento inmediato del libelo de autos, se ha hecho consistir en la negativa por parte del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado a archivar un plano de subdivisión del predio de la recurrente. Sostiene la recurrente que el recurrido ha obrado en forma ilegal y arbitraria al denegar el archivo requerido, excediéndose en sus facultades legales y registrales que a su cargo corresponden, y pretende se ordene a éste practicar el respectivo archivo.

QUINTO: Que, por su parte, el recurrido solicita el rechazo, manifestando que ha obrado en el ejercicio de su cargo, fundamentando la negativa a archivar y proceder a la subincripción del plano requerido, conforme lo detalla pormenorizadamente en la certificación de la negativa, aduciendo en síntesis, disconformidad entre lo indicado en el plano y la inscripción del predio a subdividir, la superficie, deslindes y colindancias, y en particular la afectación de derechos de los terceros colindantes al predio. Añade que, sin perjuicio de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico contempla en el artículo 18 del Reglamento del Registro Conservador de Bienes Raíces, un procedimiento de reclamo ante la negativa del Conservador en orden a practicar una inscripción, y además, alega que el recurso carece de argumentación jurídica que sustente su solicitud de que se ordene la inscripción solicitada.

SEXTO: Que, de lo expresado previamente, en especial, de lo solicitado por la actora, surge que no es posible adoptar por esta vía, medida cautelar a fin de resguardar los derechos de aquella, puesto que lo procedente ante el caso de marras es ejercer los recursos procesales que la propia legislación establece con la finalidad de modificar la decisión impugnada.

SEPTIMO: Que, en efecto, el artículo 18 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece que la parte perjudicada con la negativa del Conservador, ocurrirá al Juez de primera instancia, del departamento quien en vista de esta solicitud y de los motivos expuestos por el Conservador, resolverá por escrito y sin más trámite lo que corresponda, estableciendo el artículo 20 del mismo cuerpo normativo que el decreto que niegue lugar a la inscripción será apelable en la forma ordinaria.

OCTAVO: Que, en definitiva, tal contienda, por su naturaleza, no es de aquellas materias que corresponda dilucidar por medio de la presente acción cautelar de urgencia, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

NOVENO: Que por otra parte, y atendido al tenor de la discusión que se ha producido en alzada, no es posible estimar con plena certeza y claridad que a la recurrente le asista un derecho preexistente e indubitado que justifique el requerimiento cautelar que realiza, en tanto es posible establecer que, aun en el ejercicio pleno de su derecho de propiedad sobre el predio, éste ejercicio conlleva una eventual afectación de los derechos que puedan tener los colindantes de su inmueble, cuestión que se relaciona indefectiblemente con el hecho de no ser el presente recurso la vía idónea para su resolución.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no resultando ser ésta la vía idónea para resolver materias sujetas a un procedimiento especialmente reglado para estos casos, y en tanto el derecho aducido por al recurrente no resulta indubitado, habrá de rechazarse el recurso, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al recurrente. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara: Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Estanislao Dufey Loayza en representación de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado, ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez.

ROL 1821-2018 PROTECCION.