nombre reservado con SERVICIO DE SALUD CHILOE

Puerto Montt, siete de diciembre de dos mil veinte.

Visto:

A folio 1 compareció nombre reservado, quien interpuso acción cautelar de protección en contra del Servicio de Salud de Chiloé, por estimar que esta última ha vulnerado su derechos constitucionales garantizados en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, reprochando que el recurrido, de forma ilegal y arbitraria, haya puesto término una relación contractual, afectando sus derechos y la normativa legal de protección a la maternidad y fuero maternal.

Explica la actora que comenzó a trabajar en el Hospital de Quellón en octubre de 2019 a modalidad a contrata. Agrega que el 2 de abril del año en curso se autorizó su contratación bajo la modalidad de “honorarios a suma alzada”, enfocándose en la atención de pacientes que pudieran estar infectados por el virus COVID.19, contrato que si bien se pactó hasta el 30 de junio, fue luego objeto de tres renovaciones, por espacio de un mes cada una.

En dicho contexto refiere que en mayo tomó conocimiento de su estado de embarazo, comunicando dicho hecho a su jefatura en el mes de septiembre, siendo informada a finales de dicho mes que su contrato no sería renovado y que no podía hacer uso de su fuero maternal, estimándose por la recurrida que si bien el dictamen 14.498 de Contraloría General de la República extiende el fuero a personal contratado a honorarios, lo hace sólo respecto de personal permanente, no teniendo ella dicha calidad.

Previene además la actora que todo el resto del personal contratado a Honorario a Suma Alzada vieron renovados sus contratos por los meses de septiembre y octubre.

Entiende la recurrente que el acto reprochado es ilegal porque infringe el estatuto de protección a la maternidad, aplicable a personal contratado a honorarios por órganos de la administración; alegando, en la especie, mantener una relación permanente con la administración por casi un año, siendo aplicable el Dictamen 14.498 de 2019 de Contraloría General y el Dictamen 31.347 del año en curso, que se pronuncia sobre el fuero del personal contratado a propósito de la alerta sanitaria de conformidad con el artículo 10 del Código Sanitario que expresamente señala que no deben ser excluidas de las normas de protección a la maternidad.

Luego, afirma además que el acto importa una discriminación arbitraria, resultando antojadizo y basado sólo en la intención de deshacerse de la funcionaria embarazada, a quien se le discrima en razón de su género.

Finalmente, después de señalar de qué forma se han visto afectados sus derechos constitucionales, solicita se deje sin efecto el acto por el cual se puso término a su relación laboral, debiendo enterarse sus remuneraciones y se ordene al servicio de salud cumplir con las normas de protección de maternidad.

Informa la acción de protección la recurrida, quien pide su rechazo. Como primera cuestión puntualizó que el aludido Dictamen 14.498 de 2019 de Contraloría General, si bien extiende el fuero, sólo lo hace respecto de aquellas personas que se desempeñan en forma permanente y habitual en la institución, cuyo no es el caso de la actora, que fue contratada para el desarrollo de una actividad específica y por el periodo de pandemia. Reconoce en todo caso que el fuero, conforme Dictamen 20.921 del año 2018, se ha entendido extendido al personal que desempeña el cargo bajo contrata o suplencia, pero no así respecto de los funcionarios a honorarios, a cuyo respecto el Dictamen 14.498 de 2019 exige habitualidad.

En dicho orden de cosas, entiende que ha actuado en el margen que la legalidad le permite. Agregando que la funcionaria no fue desvinculada del servicio, sino que tan solo expiró el plazo de su contratación.

Por último, estimó que no resulta aplicable el Dictamen 31.347 del año en curso, citado por el recurrente, dado que este dice relación con contrataciones conforme el artículo 10 del Código del Trabajo, cuyo caso tampoco es el de la actora.

Encontrándose los autos en estado de ver se trajeron en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde a una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que la actora impugna que la parte recurrida haya puesto término una relación contractual, a honorarios, afectando sus derechos y la normativa legal de protección a la maternidad y fuero maternal.

Cuarto: Que de acuerdo con los antecedentes la actora fue contratada por el Servicio de Salud recurrido bajo modalidad de honorarios por un periodo de tres meses, a contar de abril del año en curso, contrato que fue objeto de renovaciones en los meses de julio, agosto y septiembre, periodo en el que después de comunicar que estaba embarazada no fue objeto de una nueva renovación. De acuerdo con los documentos presentados, debía desarrollar, entre otras funciones, la de servir como médico de urgencia por contingencia COVID-19.

Quinto: Que dado el tiempo de la contratación de la actora y considerando además la naturaleza de los servicios que debía prestar, no puede concluirse que se trata de servicios habituales o permanentes, sino que de prestaciones eminentemente temporales, para una contingencia específica y transitoria. En dicho orden de cosas, no es posible sostener respecto de la actora que se haya recurrido a esta modalidad de contratación para suplir una necesidad permanente de la administración, limitada por la rigidez de la normativa para efectuar nuevas designaciones, situación esta última que haría aplicable el Dictamen 14.498 de 2019 de Contraloría General.

Sexto: Que despejado lo anterior, se advierte que tampoco se encuentra la actora en la hipótesis del Dictamen 20.921 del año en curso, pues este regula la situación de la contratación de personal bajo vínculo regido por el Código del Trabajo, como se desprende del artículo 10 del Código Sanitario, cuyo tampoco parece ser el caso de la actora, no siendo ésta sede aquella destinada a discutir si la naturaleza de la vinculación de la actora con la administración es, más allá de los instrumentos suscritos, de naturaleza laboral.

Séptimo: Que en dicho orden de cosas, no se advierte una actuación ilegal por parte de la administración en cuanto a no suscribir un nuevo contrato con la actora, una vez expirado el plazo del vínculo contractual que se encontraba vigente.

Octavo: Que tampoco se advierte concurra la arbitrariedad que se ha denunciado, pues no existen en los antecedentes elementos de juicio suficientes para estimar que el recurrido ha discriminado en forma arbitraria a la actora en relación con el resto del personal que se hallaba contratado en la misma calidad que ella entre abril y septiembre del año en curso.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio de Salud de Chiloé.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante María Herna Oyarzún Miranda Rol 1820-2020