Protección contra Colegio nombre reservado

Puerto Montt, trece de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, con fecha 23 de diciembre de 2025, comparece doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la cancelación de su matrícula para el año escolar 2026.

Refiere que su hijo tiene 12 años, y asiste al establecimiento recurrido desde kínder, y reconoce que el año 2025 fue complejo al entrar a la adolescencia, cambió sus conductas de jugar e interactuar con pares. Agrega que si bien su hijo no ha cometido ningún delito, el colegio no los ha apoyado, han realizado una persecución en su contra, lo anotaban por cada acción y hasta por pararse en la clase.

Detalla que el colegio les sugirió llevarlo a psicólogo, lo hicieron de inmediato, pero nuevamente el establecimiento no los apoya y continúa la persecución, haciendo que el niño tengo conductas de temor y desánimo de asistir, por lo que decidieron 20 días antes en conjunto con su psicólogo cerrarle el año porque con bajo ánimo, ya había pasado de curso y además evitarle nuevas anotaciones negativas.

Dice que recibió un llamado del Director, que la citó y la notificó de la cancelación de matrícula para el año 2026, dejándolo desescolarizado, y apeló a la medida pero se mantuvo por resolución que le notificaron el día 19 de diciembre.

Explica que si bien como padres no quieren que siga en el mismo establecimiento, por lo perjudicial que ha sido para él y su familia, y lo ha postulado a varios colegios pero nuevamente quedó en el establecimiento recurrido.

Pide poder insertar a su hijo en el colegio más cercano a su domicilio que es el Colegio nombre reservado, o de lo contrario que nombre reservado tenga su matrícula para el año 2026.

Acompaña: carta de apelación por cancelación de matrícula y respuesta del establecimiento, informe de psicólogo, informe de neurología, mediación con la Superintendencia.

A folio 21, el 26 de febrero en curso, la nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado evacua informe y pide el rechazo del recurso, con costas.

Reconoce que nombre reservado fue alumno del establecimiento hasta diciembre de 2025, fecha en la que se decidió, en conformidad al Reglamento Interno del Colegio, no renovar su matrícula para el año escolar 2026 debido a los diversos hechos de gravedad, faltas de disciplina y convivencia escolar en las que incurrió el estudiante durante el año escolar 2025, y que fueron debidamente notificados a su apoderado y recurrente. Agrega que el menor cursó 6° básico el año 2025, y desde inicios del año académico registró conductas disruptivas y de riesgo que afectaban el normal desarrollo del proceso educativo, convivencia escolar y la integridad de otros estudiantes, que fueron documentadas sistemáticamente conforme el RICE, activando a la vez de manera progresiva mecanismos de apoyo y contención, priorizando siempre el carácter formativo.

En ese contexto, detalló que se realizaron entrevistas tempranas a la familia, en que los apoderados reconocieron dificultades persistentes en el manejo conductual, y se comprometieron a colaborar en estrategias de apoyo, incluso implementando medidas disciplinarias en el hogar (acta de 25 de julio), y en paralelo el equipo de convivencia escolar efectuó evaluaciones psicológicas internas, detectando indicadores relevantes como baja autoestima, lo que motivó intervenciones de carácter socioemocional destinadas a fortalecer habilidades de regulación y adaptación (acta 22 de agosto).

Precisa igualmente que el colegio mantuvo comunicación constante con la familia, informando episodios de conducta inadecuada, aplicando orientaciones pedagógicas y generando compromisos formales, e incluso en noviembre de 2025 el propio alumno firmó una carta de compromiso en que reconocía haber incurrido en conductas de riesgo —como ingresar a dependencias por vías no autorizadas— comprometiéndose a respetar las normas de seguridad y convivencia del colegio, pero las conductas disruptivas persistieron y escalaron a hechos de mayor gravedad -incluyendo agresiones físicas a compañeros y situaciones que comprometían la seguridad individual y colectiva- lo que motivó aplicación de sanciones disciplinarias progresivas, como suspensiones temporales de clases, acompañadas de orientaciones formativas. Agrega que ante la continuidad de conductas graves, el establecimiento dispuso la medida de condicionalidad de matrícula, conforme al RICE, como instancia previa a sanciones mayores advirtiendo que nuevas faltas de similar o mayor gravedad podrían derivar en la cancelación de matrícula, pero el estudiante alcanzó 20 anotaciones negativas, que daban cuenta de un patrón sostenido y baja motivación de cambios.

Alega que dicha advertencia a los padres constituye un elemento central que descarta arbitrariedad, porque evidencia que la familia fue debidamente informada de las consecuencias de una eventual reincidencia, pero no obstante ello el alumno incurrió nuevamente en conductas graves, entre ellas agresión física a otros alumnos, y eso motivó una nueva suspensión el día 03 de diciembre, en que se advirtió que el estudiante el día 28 de noviembre afectó la integridad de una compañera y el día 01 de diciembre agredió físicamente a otro.

Detalla que en paralelo el colegio promovió acciones de apoyo integral, se generó un plan de acompañamiento de convivencia escolar que inició en agosto de 2025 que buscaba favorecer la autorregulación emocional y mejora conductual, en coordinación con terapia psicológica externa, y además participaron en un proceso de mediación en la Superintendencia, solicitado por la apoderada, oportunidad en que se alcanzaron acuerdos y compromisos que fueron implementados oportunamente, pero el estudiante incurrió en nuevas faltas graves, generando una nueva suspensión. Agrega que la recurrente por esa suspensión denunció un supuesto incumplimiento de los acuerdos, pero la Superintendencia por ORD NUM000, de fecha 20 de febrero de 2026 concluyó que el colegio actuó conforme la normativa, cumplió medidas comprometidas y cerró la denuncia, validando el obrar del colegio que agotó todas las instancias previas de colaboración previo a la sanción, cumpliendo la Ley Aula Segura.

Dice que, ante las nuevas faltas constatadas el día 3 de diciembre, considerando la condicionalidad vigente y reiteración de faltas graves, y el impacto negativo en la convivencia escolar, el colegio comunicó formalmente a la apoderada la cancelación de matrícula para el año escolar 2026, y luego de recibir apelación de la medida, tanto el director y Consejo de Profesores, órgano colegiado y técnico del establecimiento, tras revisar íntegramente los antecedentes e informes adjuntados, y ponderándolos, se resolvió por amplia mayoría no revocar la medida, decisión fundada que fue comunicada por la Dirección de colegio, explicando que no se basaba en diagnósticos médicos ni circunstancias personales del estudiante, sino en la reiteración objetiva de conductas disruptivas y el impacto de aquellas en la comunidad educativa.

En cuanto al derecho, destaca la autonomía institucional y la circunstancia que la familia adhirió voluntariamente al RICE al matricular al alumno, y la cancelación de matrícula se basó en hechos que afectaron gravemente la convivencia escolar, lo que ha sido validado por esta Corte en causa Rol 6108-2022, y si bien el alumno presenta TDAH, diagnosticado en la etapa final del año escolar, ello no otorga inmunidad frente a las normas de convivencia (C.S. Rol 4922-2025), y es además una medida proporcional, agotadas las instancias previas de apoyo incluyendo mediación ante la Superintendencia, y ratificada la decisión por el Consejo de Profesores.

Acompaña: RICE, hoja de vida del estudiante del año 2025, plan de acompañamiento socioemocional implementado, carta de advertencia disciplinaria, carta de compromiso suscrita por el alumno, actas de entrevistas y reuniones con apoderada de los meses de julio, septiembre y noviembre de 2025, actas e informes elaborados por profesionales del colegio, informe de suspensión de clases aplicadas en agosto y diciembre de 2025, documento de condicionalidad de matrícula, carta de notificación, documentos que dan cuenta de la mediación ante la Superintendencia, acta de Consejo de Profesores que ratifica la cancelación de matrícula y respuesta a apelación Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

A folio 23, previo a la vista de la causa, la recurrida pide tener presente ORD NUM001 de la Superintendencia de Educación emitido con fecha 25 de febrero 2026, y notificado al establecimiento educacional con fecha 02 de marzo, que informa cierre del expediente por cancelación de matrícula y concluye que la medida disciplinaria se ajusta a la normativa educacional, ratificándola.

A folio 25, la recurrente pide tener presentes algunas consideraciones en relación a dicho Ordinario, destacando que no es vinculante para esta Corte.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que han señalado como atropelladas o amenazadas.

Segundo: Que, en tal sentido, constituye un requisito indispensable en esta materia, la existencia de un derecho indubitado por parte de quien recurre, de modo de poder propiciar la protección que esta acción cautelar otorga a través de las resoluciones de las Cortes de Apelaciones, exigiéndose para acoger la acción de protección, dentro de otros requisitos, que se constate este carácter preexistente e indubitado del derecho supuestamente afectado, es decir, que el mismo no se encuentre discutido, lo que de los antecedentes que obran en autos, se estima concurrir en la especie.

Tercero: Que, la presente acción se dirige en contra del Colegio nombre reservado, reprochando como acto ilegal y arbitrario la cancelación de la matrícula del estudiante para el año escolar 2026, adoptada con motivo de reiteradas faltas cometidas el año 2025, solicitando la actora que se deje sin efecto dicha medida y se ordene su reincorporación al establecimiento, o se inserte al alumno en un establecimiento cercano a su domicilio.

Cuarto: Que, a su turno, la recurrida refiere que la cancelación de matrícula se fundó en un historial de conductas reiteradas del alumno durante el año 2025, incluyendo agresiones físicas a compañeros y situaciones que comprometían la seguridad individual y colectiva, decisión que afirma se adoptó conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y luego de haberse dispuesto previamente la condicionalidad de la matrícula.

Agrega que el estudiante alcanzó 20 anotaciones negativas durante ese periodo, que daban cuenta de un patrón sostenido y baja motivación de cambios, pese a las intervenciones realizadas por el establecimiento y la mediación sostenida ante la Superintendencia del ramo.

Quinto: Que, en el ámbito educacional el artículo 10 letra b) de la Ley 20.370, General de Educación, señala en lo pertinente que: “son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.”

A su turno, el artículo 43 de la citada ley, en su letra f) señala que el establecimiento educacional debe: “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.”

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y no controvertidos por la recurrida, se desprende que se informó a la madre del recurrente la imposición de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula para el año escolar 2026 dispuesta con fecha 3 de diciembre de 2025, fundado en la condicionalidad aplicada el 15 de octubre del mismo año por reincidencia en faltas graves, consistentes en que el día 28 de noviembre cortó el cabello a una compañera y el día 01 de diciembre agredió físicamente a un estudiante de otro curso golpeándolo con el puño sin provocación previa.

Agrega dicha comunicación que el estudiante ya presentaba 3 suspensiones aplicadas durante el año escolar (en los meses de agosto, octubre y diciembre), y más de veinte anotaciones negativas durante el 2025, lo que daba cuenta de un patrón sostenido de conductas que afectaban la convivencia escolar, el clima de aula y la seguridad de los compañeros.

Se le informa además del derecho a apelar dentro del plazo de 10 días, el cual ejerció, y fue rechazado el día 19 de diciembre previa revisión del Consejo de Profesores, dando cuenta del análisis de los documentos médicos aportados por la apoderada.

Consta en el mismo sentido, que de la revisión de los documentos aportados por la recurrida, se aplicó un procedimiento progresivo y documentado durante el año 2025, con entrevistas a la familia, intervenciones socioemocionales, compromisos formales, advertencias previas y condicionalidad luego de la reiteración de conductas disruptivas.

Séptimo: Que, corresponde en consecuencia determinar a la luz de los antecedentes aportados por las partes, si las medidas adoptadas por la recurrida son arbitrarias o ilegales, o en su caso, se aplicaron dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.

Octavo: Que, analizados los antecedentes incorporados en los presentes autos, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el acto denunciado, toda vez que de la exposición de la recurrida y del análisis de los documentos acompañados en su informe cabe apreciar una proporcionalidad en su manera de proceder, además de racionalidad en la adopción de la medida, no vislumbrándose vulneración a garantía constitucional alguna.

Al efecto, la medida impugnada emana de un procedimiento disciplinario propio del régimen de convivencia escolar, adoptado luego de la aplicación de medidas formativas previas como entrevistas con apoderado, diálogos formativos, advertencias formales, acompañamiento socioemocional y mediación ante la Superintendencia de Educación. Además, se acreditó la aplicación de 3 suspensiones previas debidamente notificadas, y la posterior condicionalidad de matrícula, oportunidad en que se advirtió expresamente que una falta nueva de similar o mayor gravedad podría derivar en la cancelación de matrícula, y pese a ello y el compromiso escrito adquirido por el propio alumno, incurrió en dos nuevas conductas graves que llevaron al establecimiento a aplicar la medida de cancelación de matrícula.

Que, en tal escenario, no se advierte un actuar meramente caprichoso o carente de fundamento, sino el ejercicio de potestades regladas y deberes de resguardo que pesan sobre el sostenedor y el establecimiento, cumpliendo en cada etapa con poner en conocimiento de los apoderados las medidas adoptadas, que fueron progresivas en el tiempo, y ante la ausencia de cambios conductuales se determinó fundadamente aplicar la medida cuestionada.

Noveno: Que, en definitiva, esta Corte no logra apreciar la existencia de un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida en los términos denunciados en esta acción y que importe alguna vulneración de garantías fundamentales respecto de la recurrente y su hijo, razón por la cual se rechazará la misma en los términos a indicarse a continuación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, Redacción a cargo del Ministro Titular Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°1812-2025.-