Protección contra Tesorería Regional de Los Lagos

Puerto Montt, siete de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos A folio 1 comparece don Sergio Coronado Rocha, abogado, en favor de Comercializadora Aqua Austral Limitada, e interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Los Lagos, impugnando el Acta de Embargo Retenedor que le fue notificada el 3 de diciembre de 2025, dentro del procedimiento de cobro administrativo Rol 11146-2025 Puerto Montt, por estimar que dicha actuación es ilegal y arbitraria y vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que mediante Resolución Exenta N° 1982/2024/68, de 1 de octubre de 2024, emanada de la Dirección del Trabajo Santiago Oriente, se aplicaron a su representada tres multas por infracciones relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, por un monto total que señala ascendente a $14.509.030. Indica que contra esa resolución dedujo reconsideración administrativa y que, por Resolución Exenta N° 714, de 17 de diciembre de 2024, las multas fueron confirmadas.

Añade que el 30 de julio de 2025 presentó una solicitud de invalidación ante la Dirección del Trabajo Santiago Oriente, en la que pidió también la suspensión de los efectos del acto impugnado, fundándose en una supuesta falta de emplazamiento por no haber sido válidamente notificada la Resolución Exenta N° 714. Señala que a dicha presentación se le asignó el número de seguimiento E216384/2025 y que, al 4 de diciembre de 2025, se encontraba todavía en tramitación.

Sostiene que, mientras no exista pronunciamiento sobre aquella solicitud, no sería procedente continuar la cobranza ni decretar embargo sobre bienes o créditos de su representada, pues, en su concepto, el título carecería de mérito ejecutivo mientras no se agotaran las instancias administrativas. Afirma que el embargo afecta su derecho de propiedad y que la continuación del cobro mientras se encuentra pendiente la impugnación administrativa vulnera, además, el debido proceso.

A folio 10 informando, la Tesorería General de la República solicita el rechazo íntegro de la acción. Señala que el procedimiento de cobro Rol 11146-2025 Puerto Montt se originó en multas de la Dirección del Trabajo y que el acto impugnado corresponde al embargo de créditos notificado el 3 de diciembre de 2025. Sostiene que la sola existencia de una impugnación administrativa pendiente ante la Dirección del Trabajo no suspende la ejecutoriedad de los actos que sirven de fundamento al cobro.

Explica que el artículo 35 del decreto ley N° 1.263 encomienda al Servicio de Tesorerías la cobranza judicial o administrativa de multas y créditos del sector público y dispone que, para dicho efecto, se apliquen los procedimientos establecidos por el Código Tributario. Agrega que no existe una orden administrativa o judicial que haya suspendido los efectos de las multas o el procedimiento de cobro, que el embargo de créditos se encuentra contemplado en el Título V del Libro III del Código Tributario y que la Tesorería no puede sustituir a la Dirección del Trabajo en la revisión del mérito de las sanciones que ese órgano aplicó.

Considerando Primero: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías que esa disposición señala.

Segundo: Que el acto cuya legalidad y razonabilidad corresponde examinar es el embargo de créditos dispuesto dentro del procedimiento de cobro administrativo Rol 11146-2025 Puerto Montt y notificado el 3 de diciembre de 2025. La recurrente atribuye ilegalidad a esa actuación porque, al momento de practicarse, se encontraba pendiente ante la Dirección del Trabajo una solicitud de invalidación de las multas que originaron el cobro, circunstancia que, en su concepto, privaba al título de mérito ejecutivo e impedía continuar la ejecución.

Tercero: Que el artículo 35 del decreto ley N° 1.263, de 1975, encomienda al Servicio de Tesorerías la cobranza judicial o administrativa, con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones, de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos servicios. Para tal efecto, cualquiera sea la naturaleza del crédito, ordena aplicar los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos.

Cuarto: Que, por aquella remisión, resultan aplicables las normas del Título V del Libro III del Código Tributario. Su artículo 170 faculta al Tesorero Regional o Provincial, actuando como juez sustanciador, para despachar mandamiento de ejecución y embargo y permite que la ejecución recaiga sobre dineros, créditos u otras prestaciones en dinero que el deudor tenga derecho a percibir, una vez practicado el requerimiento de pago conforme al artículo 171.

Quinto: Que el embargo de créditos es, por tanto, una medida prevista por la ley para la cobranza de obligaciones sometidas a ese procedimiento. El recurso no desarrolla un defecto concreto relativo al mandamiento de ejecución, al requerimiento de pago, a la autoridad que dispuso la retención o a la forma de su notificación. Su impugnación descansa esencialmente en el efecto suspensivo que atribuye a la sola pendencia de la solicitud de invalidación.

Sexto: Que el artículo 53 de la Ley N° 19.880 faculta a la autoridad administrativa para invalidar, de oficio o a petición de parte y previa audiencia del interesado, los actos contrarios a derecho dentro del plazo que señala. La disposición no establece que la presentación de una solicitud de invalidación deje sin efecto el acto cuestionado o suspenda, por sí sola, su ejecución.

Séptimo: Que, por el contrario, el inciso final del artículo 3 de la Ley N° 19.880 dispone que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad desde su entrada en vigencia y autoriza su ejecución de oficio, salvo que medie una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez en sede jurisdiccional. De manera concordante, el artículo 57 del mismo cuerpo legal establece, respecto de los recursos administrativos, que su interposición no suspende la ejecución del acto y permite que la autoridad llamada a resolver disponga la suspensión a petición fundada del interesado en los casos que la norma contempla.

Octavo: Que el propio recurso expresa que, junto con solicitar la invalidación, se pidió a la Dirección del Trabajo la suspensión de los efectos del acto impugnado, pero no sostiene ni acredita que esa medida haya sido concedida. Por el contrario, funda la acción en que la solicitud continuaba pendiente de resolución. En consecuencia, la sola pendencia de aquella presentación no privaba a los actos que servían de fundamento al cobro de su presunción de legalidad, imperio y exigibilidad ni imponía a la Tesorería el deber de paralizar de oficio la cobranza.

Noveno: Que la Tesorería no se encuentra llamada a sustituir a la Dirección del Trabajo en la decisión acerca de la invalidación de la Resolución Exenta N° 714 ni en la revisión del mérito de las multas que ésta confirmó. Lo anterior es sin perjuicio de las defensas y excepciones que el Código Tributario reconoce al ejecutado y de la facultad del Tesorero para acoger alegaciones fundadas en errores o vicios manifiestos del cobro, materias respecto de las cuales el recurso no desarrolla un reproche específico distinto de la invalidación pendiente.

Décimo: Que la falta de pronunciamiento oportuno sobre la solicitud presentada ante la Dirección del Trabajo no constituye una actuación imputable a la Tesorería Regional de Los Lagos. En estos autos no corresponde decidir acerca de la legalidad de aquella demora ni impartir instrucciones a un órgano que no ha sido recurrido, sino determinar si la Tesorería actuó ilegal o arbitrariamente al continuar una cobranza que no se encontraba suspendida.

Undécimo: Que, en cuanto a la garantía del artículo 19 N° 3 invocada como derecho al debido proceso, el artículo 20 de la Constitución tutela, dentro de aquel numeral, la garantía establecida en su inciso quinto, relativa a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. El recurso no sostiene que la Tesorería haya constituido o actuado como una comisión especial. Sin perjuicio de que una infracción procedimental manifiesta pueda integrar el juicio de ilegalidad cuando incida en otra garantía amparada, no se ha acreditado un vicio propio del procedimiento de cobro atribuible a la recurrida.

Duodécimo: Que, respecto del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, la restricción patrimonial inherente a un embargo no permite, por sí sola, calificar la actuación de ilegal o arbitraria. En la especie, la retención de créditos se encuentra autorizada por el régimen legal de cobranza y no se demostró que hubiese sido dispuesta al margen de una norma habilitante, sobre la base de un acto suspendido o con infracción concreta de las reglas del procedimiento ejecutivo fiscal. La pendencia de la solicitud de invalidación, por sí sola, no transforma la medida en una privación arbitraria de la propiedad.

Decimotercero: Que lo razonado no importa emitir pronunciamiento sobre el mérito de la solicitud de invalidación deducida ante la Dirección del Trabajo, sobre la regularidad de la notificación de la Resolución Exenta N° 714 ni sobre la legalidad intrínseca de las multas que dieron origen al cobro, materias que deben ser decididas por la autoridad competente en las vías correspondientes.

Decimocuarto: Que, en consecuencia, no se advierte que la Tesorería Regional de Los Lagos haya incurrido, al continuar la cobranza y disponer el embargo de créditos sin que se hubiese acreditado una orden de suspensión de los actos que fundamentaban el cobro, en una actuación contraria a la ley o carente de razonabilidad. Por ello, no se encuentran configurados los presupuestos necesarios para otorgar la tutela cautelar solicitada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 inciso quinto, 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República; en los artículos 3, 53 y 57 de la Ley N° 19.880; en el artículo 35 del decreto ley N° 1.263, de 1975; y en los artículos 168, 170, 171, 176, 177 y 178 del Código Tributario , se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de Comercializadora Aqua Austral Limitada en contra de la Tesorería Regional de Los Lagos.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Mario Madrid Mc-innes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 1810-2025.