Protección contra Servicio Local de Educación Pública de Chiloé

Puerto Montt, seis de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Francisco José Peralta Soto, en representación de doña nombre reservado, asistente de la educación, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé, por estimar que las Resoluciones N°NUM000, de 2 de octubre de 2025, y N°NUM001, de 13 de noviembre del mismo año, dictadas en el sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N°NUM002, son ilegales y arbitrarias, por cuanto dispusieron y confirmaron, respectivamente, la aplicación de la medida disciplinaria de cese de pertenencia a la dotación por haber salido del país durante la vigencia de una licencia médica, vulnerando con ello las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la autoridad administrativa prescindió del elemento subjetivo exigido para configurar la falta de probidad administrativa; omitió ponderar las circunstancias particulares que rodearon los hechos, entre ellas, su irreprochable trayectoria funcionaria, la naturaleza de la licencia médica y las razones familiares que motivaron el viaje; e impuso la máxima sanción disciplinaria sin efectuar un juicio de gravedad ni aplicar el principio de proporcionalidad previsto en el Estatuto Administrativo, configurando una suerte de responsabilidad objetiva.

Agrega que tales actuaciones desconocen la normativa que regula la potestad disciplinaria, apartándose además de la jurisprudencia reciente sobre la materia. Solicita, en definitiva, dejar sin efecto las resoluciones impugnadas y adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 09 de junio de 2025, emitida por el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. 2.- Formulación de cargo, de fecha 28 de agosto de 2025, emitida por fiscal instructor en sumario administrativo. 3.- Descargos, de fecha 12 de septiembre de 2025. 4.- Resolución N°NUM000, de fecha 02 de octubre de 2025, emitida por el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. 5.- Recurso administrativo de reposición, de fecha 10 de octubre de 2025. 6.- Resolución N°NUM001, de fecha 13 de noviembre de 2025, emitida por el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. 7.- Ficha general, de fecha 02 de abril de 2024, emitida por HelpMed. 8.- Comprobante de licencia médica electrónica, de fecha 02 de abril de 2024. 9.- Informe psicológico, de fecha 10 de septiembre de 2025, emitido por centro médico El Sauce.

A folio 4 se declaró admisible el recurso y se solicitó informe a la recurrida.

A folio 14 evacúa informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas. En primer término, sostiene la extemporaneidad de la acción, por estimar que el plazo para recurrir debe computarse desde la notificación de la Resolución Afecta N°NUM000, que dispuso el cese de pertenencia a la dotación, y no desde aquella que rechazó el recurso de reposición, atendido que esta última no constituye un acto administrativo autónomo.

Agrega, además, que el recurso de protección resulta improcedente para revisar el mérito de las decisiones adoptadas en un procedimiento disciplinario regularmente tramitado, pues las alegaciones de la recurrente se limitan a cuestionar la calificación de la gravedad de los hechos, la ponderación de las circunstancias atenuantes y la proporcionalidad de la sanción aplicada.

En cuanto al fondo, sostiene que la responsabilidad administrativa de la recurrente fue establecida mediante un sumario administrativo tramitado con pleno respeto del debido proceso, con formulación de cargos, presentación de descargos, ponderación de las alegaciones formuladas y dictación de resoluciones debidamente fundadas.

Afirma que la autoridad administrativa sí consideró las circunstancias personales invocadas por la funcionaria, entre ellas su trayectoria, su situación familiar y los motivos expuestos para justificar el viaje, concluyendo fundadamente que ellas no desvirtuaban la gravedad de la conducta acreditada.

Agrega que el principio de proporcionalidad fue debidamente observado, explicándose las razones por las cuales correspondía aplicar la sanción de cese de pertenencia a la dotación, sin que procediera sustituirla por otra menos gravosa. Asimismo, niega que se haya configurado una responsabilidad administrativa objetiva o que se hubiere prescindido del elemento subjetivo de la conducta, sosteniendo que la falta de probidad quedó acreditada conforme al estatuto especial aplicable a los asistentes de la educación.

Finalmente, señala que las garantías constitucionales invocadas no han sido vulneradas, por cuanto los actos impugnados fueron dictados dentro de las competencias legales del Servicio, en un procedimiento regular y debidamente motivado, solicitando, en consecuencia, el rechazo íntegro de la acción.

Acompaña expediente sumarial.

Se ordenó traer los autos en relación agregándose extraordinariamente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la Carta Fundamental asegura, mediante la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho cuando éstos sean perturbados, amenazados o privados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Segundo: Que constituye requisito indispensable para la procedencia de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte de manera actual alguna de las garantías protegidas por el citado artículo 20, correspondiendo a esta Corte verificar la juridicidad del acto impugnado, mas no sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de las potestades que el ordenamiento jurídico le ha conferido.

Tercero: Que, los hechos que motivan la presente acción dicen relación con la dictación de la Resolución Afecta N°NUM001, de 13 de noviembre de 2025, mediante la cual el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé rechazó el recurso de reposición deducido por la recurrente y confirmó la sanción de cese de pertenencia a la dotación que le había sido impuesta en el procedimiento disciplinario instruido por Resolución Exenta N°NUM002, de 9 de junio de 2025.

Dicho procedimiento se inició a raíz de las instrucciones impartidas por la Dirección de Educación Pública, sobre la base de información proporcionada por la Contraloría General de la República, al constatarse que la actora registró una salida del territorio nacional, con destino a la República Argentina, entre los días 4 y 9 de abril de 2024, mientras hacía uso de una licencia médica psiquiátrica que prescribía reposo total.

Que la recurrente sostiene, en síntesis, que el procedimiento disciplinario y las resoluciones impugnadas adolecen de ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto la autoridad administrativa habría excedido sus competencias al calificar como indebido el uso de la licencia médica, materia que estima, corresponde exclusivamente a los organismos competentes en materia de seguridad social.

Además, la recurrida habría omitido incorporar y ponderar adecuadamente su hoja de vida funcionaria, impidiendo valorar su trayectoria laboral de más de once años sin anotaciones de demérito; prescindido del elemento subjetivo de la conducta y de las circunstancias particulares que motivaron el viaje al extranjero, consistentes en acompañar a su abuela a despedirse de una hermana con enfermedad terminal, situación que -afirma- era compatible con el tratamiento indicado por su profesional tratante; y aplicando, finalmente, la sanción más gravosa sin efectuar un adecuado juicio de proporcionalidad ni considerar las circunstancias atenuantes acreditadas en el procedimiento, construyendo una forma de responsabilidad administrativa objetiva incompatible con el ordenamiento jurídico, todo lo cual habría vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, del examen de los antecedentes aparece que las alegaciones formuladas por la recurrente reproducen, en lo sustancial, los planteamientos que fueron desarrollados durante el procedimiento disciplinario instruido mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 9 de junio de 2025, y posteriormente, en el recurso de reposición deducido en contra de la resolución sancionatoria, insistiendo en cuestionar la valoración efectuada por la autoridad administrativa respecto de los antecedentes reunidos en la investigación, particularmente en lo concerniente a su trayectoria funcionaria, las circunstancias que motivaron su viaje al extranjero, la interpretación de las disposiciones contenidas en la Ley N°21.109 y en el Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, así como la procedencia y proporcionalidad de la sanción disciplinaria de cese de pertenencia a la dotación.

Que, sin embargo, el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, no siendo la vía idónea para revisar el mérito de las decisiones adoptadas en un procedimiento disciplinario regularmente tramitado, ni para sustituir el criterio de la autoridad administrativa en la ponderación de los antecedentes de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a la resolución impugnada, salvo que de ellos aparezca de manifiesto una actuación ilegal o arbitraria con aptitud suficiente para afectar directamente las garantías constitucionales invocadas, cuestión que será analizada a continuación.

Quinto: Que, en cuanto a las irregularidades procedimentales denunciadas durante la sustanciación del sumario administrativo, de los antecedentes aparece que la recurrente tomó conocimiento oportuno del procedimiento, formuló descargos, acompañó prueba documental e interpuso recurso de reposición contra la resolución sancionatoria, ejerciendo los mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento jurídico.

En tales condiciones, las alegaciones formuladas dicen relación con la forma en que la autoridad administrativa condujo el procedimiento y valoró los antecedentes reunidos, materias que no evidencian una actuación manifiestamente ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida mediante la presente acción cautelar.

Sexto: Que tampoco resulta atendible, la alegación relativa a la falta de competencia de la autoridad recurrida para sancionar la conducta investigada. En efecto, el artículo 50 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, dispone que, cuando el empleador constate el incumplimiento del reposo o el uso indebido de una licencia médica por parte de un funcionario sujeto a responsabilidad administrativa, deberá adoptar las medidas administrativas que correspondan, de modo que la normativa reconoce expresamente la competencia de la autoridad empleadora para ejercer su potestad disciplinaria frente a tales hechos.

Que, en consecuencia, la resolución impugnada no persigue pronunciarse acerca de la procedencia médica de la licencia ni sustituir las atribuciones de la COMPIN o de los demás organismos competentes en materia de seguridad social, sino determinar la eventual responsabilidad administrativa derivada de la conducta funcionaria acreditada en el sumario, cuestión que se encuentra comprendida dentro de las potestades disciplinarias del Servicio recurrido.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, el principio de probidad administrativa, que informa el ejercicio de la función pública, impone a los funcionarios el deber de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, privilegiando el interés general por sobre el particular.

Que, en la especie, los antecedentes del procedimiento disciplinario permitieron establecer que la recurrente permaneció en el extranjero mientras hacía uso de una licencia médica por reposo total, circunstancia que fue reconocida por ella durante la investigación administrativa.

Sobre la base de tales antecedentes, la autoridad estimó configurada una infracción al deber de probidad administrativa y dispuso la sanción impugnada, decisión que aparece suficientemente fundada en el procedimiento disciplinario.

En tales condiciones, la revisión de la calificación jurídica de la conducta, de la valoración de la prueba y de la proporcionalidad de la sanción aplicada constituye una materia propia del mérito del procedimiento administrativo, que excede el ámbito de conocimiento del recurso de protección.

Octavo: Que, en lo concerniente a la alegación de desproporción de la sanción, la recurrente sostiene que la autoridad omitió ponderar su trayectoria funcionaria, su irreprochable conducta anterior y las circunstancias particulares que rodearon los hechos investigados. Sin embargo, tales alegaciones suponen necesariamente revisar la valoración efectuada por la autoridad disciplinaria respecto de las circunstancias atenuantes, la gravedad de la conducta y la sanción que correspondía imponer, materias que, por regla general, forman parte del mérito del procedimiento administrativo y exceden el ámbito de cognición propio de esta acción cautelar.

Que, en efecto, de los antecedentes aparece que la autoridad administrativa ponderó los descargos y antecedentes invocados por la recurrente, concluyendo que ellos no desvirtuaban la gravedad de la conducta acreditada ni impedían la aplicación de la sanción impuesta. No se advierte que dicha decisión carezca de fundamento o resulte manifiestamente arbitraria, por lo que no corresponde a esta Corte sustituir el juicio disciplinario de la Administración por uno propio.

Noveno: Que, por último, la Excma. Corte Suprema ha sostenido de manera reiterada que el recurso de protección no constituye una instancia de revisión del mérito de las decisiones disciplinarias, de la ponderación de la prueba ni de la proporcionalidad de la sanción impuesta, sin perjuicio del control de legalidad y razonabilidad que corresponde ejercer cuando se denuncian actuaciones manifiestamente ilegales o arbitrarias. En consecuencia, no corresponde a esta Corte sustituir el juicio de la autoridad administrativa por uno propio respecto de materias que forman parte del ejercicio de la potestad disciplinaria, criterio recogido, entre otras, en las sentencias dictadas en las causas Roles CS N°46.579-2025, N°52.153-2025 y N°58.411-2025.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé.

Acordado con la prevención de la abogada integrante Sofía Bohle Pérez, quien concurre al rechazo del recurso, teniendo únicamente presente que la proporcionalidad de la sanción disciplinaria es susceptible de control por esta vía constitucional, por cuanto el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración no se encuentra exento del examen de razonabilidad que corresponde efectuar respecto de los actos administrativos cuando se denuncia una eventual afectación de garantías fundamentales. Sin perjuicio de ello, estima que, en la especie, la autoridad administrativa ponderó las circunstancias particulares de la funcionaria, su trayectoria y los antecedentes invocados en su defensa, concluyendo fundadamente que ellos no desvirtuaban la gravedad de la conducta acreditada, razón por la cual la sanción de cese de pertenencia a la dotación no aparece desproporcionada.

La redacción de la sentencia y de su prevención estuvo a cargo de la Abogada Integrante señora Sofía Bohle Pérez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1802-2025.-