Protección contra Sociedad Austral de Electricidad S

Puerto Montt, trece de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha 21 de diciembre de 2017 comparece don nombre reservado, en representación de Productora de Seguros nombre reservado nombre reservado y Compañía Limitada, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quién recurre de protección en contra de Sociedad Austral de Electricidad S.A., representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que la acción ilegal y arbitraria de la recurrida ha privado y perturbado del derecho de propiedad de su representada sobre inmueble que adquirió con fecha 21 de noviembre de 2017, y también ha vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo que conllevaría una vulneración y privación en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N° 8 y 24 de la Constitución Política de la República.

Reitera que, con fecha 21 de noviembre de 2017 adquirió por compraventa la propiedad correspondiente al denominado Lote A Uno Tres, que forma parte de un predio ubicado en Quillaipe, comuna de Puerto Montt, cuyo plano, minuta de deslindes, certificado del SAG, y certificado de asignación de roles de avalúo en trámite, se encuentran archivados bajo los números cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete y siguientes en los documentos anexos del Registro de propiedad del año 2017, con una superficie de cinco mil metros cuadrados.

Menciona que la propiedad se encuentra en trámite bajo el rol nº 3300-627 del Servicio de Impuestos Internos, y rola inscrita a fojas 5547 vta Nº 7161 del Registro de Propiedad del año 2017 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt.

Indica que, habiendo adquirido la propiedad, en la fecha indicada, su representada constató la clara y evidente afectación a su derecho de propiedad toda vez que dentro del mismo existe un Poste de Alta Tensión que lo atraviesa, unido a la existencia de tres postes de luz adicionales, que dan cuenta de la existencia de cableado de la recurrida, el que ocupa parte considerable de la propiedad. Agrega que su representada no ha autorizado esta ocupación, ya sea de forma gratuita u onerosa, y menos aún el haber constituido una servidumbre que justifique la ocupación del terreno.

Sostiene que la existencia de un poste de alta tensión, y de tres postes con cableado de electricidad que atraviesan la propiedad, impedirán la explotación del mismo, lo que se une a la inexistencia de un título que justifique dicha ocupación, razón por la cual solicita se acoja el recurso ordenando derechamente el retiro del poste del Alta tensión y de todo el cableado de electricidad y los postes restantes, atendido que afecta gravemente el derecho de propiedad de su representada.

Añade que las líneas de transmisión eléctricas tienen un impacto significativo en el medio ambiente, esto durante la construcción y operación, debido a factores tales como los campos electromagnéticos, la corta de bosques, la fragmentación del hábitat, la visibilidad de las torres de alta tensión y el cruce por zonas densamente pobladas o ambientes frágiles, habiéndose destrozado por la recurrida bosque nativo existente en terreno del trazado.

Afirma que la acción de la recurrida es arbitraria e ilegal, toda vez que no existe antecedente jurídico alguno que justifique la ocupación del terreno ya referido, atendido que la franja de servidumbre de línea eléctrica debe ser determinada mediante un contrato, el que en la especie señala no existe.

Asimismo, alega que se ha vulnerado también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación consagrado en el artículo 19 Nº 8 de la Carta Fundamental, configurándose la ilegalidad requerida para recurrir de protección, por la instalación del tendido eléctrico sin autorización del propietario, vulnerando la Ley General de Servicios Eléctricos, en la medida que de conformidad al artículo 48 y siguientes de la mentada ley no se ha constituido legalmente la servidumbre, cuestión que por cierto afecta el derecho de su representada a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Asegura que el actuar de la recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad de su representada, reconocida en el artículo 19 Nº 24, así como, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación conforme el artículo 19 Nº 8, ambos de la Carta Fundamental.

Solicita, en definitiva, acoger el recurso, ordenando a la recurrida remover los postes y tendido eléctrico que afecta su propiedad dentro del plazo de 30 días desde que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado, con costas.

Se acompaña al recurso set de 6 fotografías, copia de la inscripción de dominio vigente y copia de la personería de don nombre reservado.

Con fecha 2 de enero de 2018, se declara admisible el recurso de protección, sólo en cuanto a la eventual vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República.

Con fecha 19 de enero del año en curso, evacua informe doña María Fernanda Manresa Carvacho, abogada, en representación de Sociedad Austral de Electricidad S.A., o simplemente “SAESA”, solicitando que se declare la inadmisibilidad del recurso y/o rechazo, con expresa condenación en costas.

La recurrida, bajo el título “Antecedentes del Recurso”, realiza un resumen del mismo y lo de resuelto por esta Excelentísima Corte, respecto de la admisibilidad del recurso.

Luego, argumenta que su representada es una empresa concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica que opera en la zona sur del país, y, por cierto, en la Región de Los Lagos, en la comuna de Puerto Montt.

Señala que las líneas y postación que supuestamente vulnerarían el derecho de propiedad del recurrente, corresponden a:

a.

Una línea de media tensión de 23 kv denominada “Puerto Montt - Chamiza”, la cual cuenta con una data superior a 30 años en el inmueble.

b.

Postación y línea de baja tensión, de 220 voltios, la cual nace de la mencionada línea de media tensión, y cuenta con una data superior a 20 años.

Agrega que las líneas y postaciones antes señaladas, se encuentran amparadas y dentro de la zona de concesión otorgada a su representada, mediante Decreto N° 252, de fecha 03 de octubre de 1984, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Sostiene que, teniendo presente las datas de las líneas, de más de 30 y 20 años respectivamente, las cuales son anteriores a la adquisición del inmueble por parte del recurrente, resulta extraña la alegación planteada de vulneración de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, puesto que, al comprar el inmueble, debía conocer la existencia de las líneas, pues según las máximas de la experiencia, no es usual adquirir un predio sin visitarlo previamente, o teniendo presente que antes de celebrar cualquier contrato, existen tratativas previas, por lo que alega que el recurrente debía conocer la existencia de líneas y postación en el predio que estaba comprando, las que añade, no son de alta tensión, sino de media y baja tensión.

Menciona que, en el actual escenario legislativo ambiental, es decir, al alero de la Ley N°19.300 y su reglamento, las líneas existentes y señaladas, no se encuentran en las enumeradas como susceptibles de causar impacto ambiental, fundado en el artículo 10 de la citada Ley.

Alude, asimismo, al Reglamento de la Ley N°19.300, Decreto Supremo N°40/2012, concretamente en su artículo 3 literal b), señalando que no es posible establecer que las líneas de media tensión y baja tensión, las cuales ni siquiera deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, puedan vulnerar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Afirma que, atendido el tiempo de existencia de las líneas eléctricas y sus postaciones, y las características de las mismas, las que ni siquiera deben ser sometidas al Sistema de Impacto Ambiental, resulta difícil creer que puedan llegar a configurar una vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A lo cual agrega que el mismo inmueble se encuentra en proceso de despeje, limpieza y construcción, según dan cuenta las fotografías que acompaña, indicando que resulta extraña, la alegación de vulneración del Art.19 N°8 de la Constitución Política de la República.

Señala que, a la luz de todos los antecedentes, se trataría de una inadecuada utilización de un recurso cautelar de los derechos fundamentales, para la obtención del despeje de líneas y postación del terreno, de manera de no verse el recurrente afectado por las limitaciones de construir y plantar bajo las líneas eléctricas existentes, argumentando la vulneración del derecho de propiedad, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuando a sabiendas o no pudiendo menos que saber, el recurrente compró un terreno en que existían desde hace mucho tiempo líneas y postación.

Alega el recurrido la extemporaneidad del recurso, pues señala que es sabido, que el plazo de interposición de la acción constitucional de protección es de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que se pretende impugnar, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, conforme con el tenor expreso del numeral 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. Asevera que el recurrente está gestionándose una extensión de plazo para interponer el recurso, al señalar la fecha de adquisición, inscripción del inmueble, como el momento en el cual se puso en conocimiento de la situación de supuesta vulneración, la cual a todas luces, sería anterior, ya que, existen tratativas previas, en las cuales debió a lo menos visitar el inmueble que pretendía comprar, la celebración misma del contrato, todo anterior a la inscripción del mismo, por lo cual, se debe computar con anterioridad el conocimiento de la supuesta vulneración, lo cual deriva en que la acción intentada es extemporánea.

Sostiene que el recurrente desconoce la existencia del decreto de concesión que ampara a su representada y en lo referente a la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, según lo expuesto por el recurrente, la ilegalidad se configuraría para recurrir de protección, “por la instalación del tendido eléctrico sin autorización del propietario...”, lo cual ocurrió hace más de 30 y 20 años respectivamente, lo que también configuraría la extemporaneidad del recurso.

Por lo anterior, solicita se declare inadmisible el recurso sin más trámite.

Sostiene que el argumento del recurrente de que la instalación del tendido eléctrico se habría realizado sin autorización del propietario, más parece que lo que plantea es la vulneración del derecho de propiedad, que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Asimismo, señala que el recurrente al tratar de señalar los efectos supuestamente perversos de las líneas eléctricas se refiere expresamente a líneas de transmisión, las cuales no existen en el predio que ha comprado, toda vez, que las líneas existentes corresponden a líneas de media tensión y baja tensión, lo que las exime de ser sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo que difícilmente, puede establecerse que vulneren el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Finalmente, indica que de lo planteado por el recurrente no se puede entender como un supuesto de un acto arbitrario o ilegal que implique una privación, perturbación o amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, solicitando se declare inadmisible el recurso de protección por extemporaneidad de la acción, y en subsidio, rechazarlo en todas sus partes, por los mismos argumentos ya señalados, y/o por la inexistencia de actos u omisiones ilegales y arbitrarios por parte de SAESA, y/o por ausencia de afectación del derecho fundamental referido por el recurrente, en ambos casos con costas.

Acompaña set de fotografías de la línea en cuestión propiedad de SAESA y copia del Decreto N° 252, de fecha 03 de octubre de 1984, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Con fecha 23 de enero de 2018, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 9 de marzo de 2018, la recurrida acompañó copia autorizada de escritura pública de compraventa, entre Productora de Seguros nombre reservado nombre reservado y Compañía Limitada y nombre reservado, de fecha 15 de diciembre de 2016 y copia autorizada de escritura pública de rectificación de compraventa, entre Productora de Seguros nombre reservado nombre reservado y Compañía Limitada y nombre reservado, de fecha 02 de noviembre de 2017.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Que, es preciso asimismo dejar establecido, que con fecha 2 de enero del año en curso, se declaró admisible el recurso de protección deducido, sólo en cuanto a la eventual vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República.

Que, conforme al artículo 20 inciso final de la Carta Fundamental, “Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

Segundo: Que, por otra parte, es necesario dejar asentado que el recurso de protección ha sido instaurado para dar respuesta urgente a vulneraciones o atentados evidentes en contra de determinadas garantías constitucionales y, por ello mismo, el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de dicho recurso, establece un breve plazo de treinta días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Tercero: Que, el fundamento inmediato del libelo de autos, se ha hecho consistir por una parte, en que la recurrente aduce que las líneas de transmisión eléctricas tienen un impacto significativo en el medio ambiente, esto durante la construcción y operación, debido a factores tales como los campos electromagnéticos, la corta de bosques, la fragmentación del hábitat, la visibilidad de las torres de alta tensión y el cruce por zonas densamente pobladas o ambientes frágiles, habiéndose destrozado por la recurrida bosque nativo existente en terreno del trazado.

Por otra parte, alega la recurrente que la instalación del tendido eléctrico sin autorización del propietario, vulnera la Ley General de Servicios Eléctricos, en la medida que de conformidad al artículo 48 y siguientes de la mentada ley, no se ha constituido legalmente la servidumbre, cuestión que por cierto afecta el derecho de su representada a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Cuarto: Que en el caso de marras, la postación constituida sobre el predio del dominio de la parte recurrente data desde el tiempo de la concesión otorgada a SAESA, mediante el Decreto Supremo N° 252 de 03 de octubre de 1984 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, para establecer, operar y explotar en la Región de los Lagos, una línea de distribución eléctrica denominada “Puerto Montt-Chamiza, de media tensión, copia del cual rola en autos, de modo que la recurrente no ha podido menos que conocer la existencia de dicha postación, al menos desde la época de la celebración de la compraventa del predio el día 15 de diciembre de 2016, según da cuenta la copia de Escritura Pública de Compraventa del predio, o en un tiempo inmediatamente posterior, que el establecimiento de dicha servidumbre no había sido efectuado en conformidad a la ley, como alega.

Quinto: Que, en esas condiciones, resulta claramente extemporáneo el presente recurso, en cuanto por él se pretende reclamar de la servidumbre constituida en el predio, razón suficiente para no dar lugar al recurso deducido.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, la discusión sobre el establecimiento de una servidumbre y el mantenimiento o no de dicho gravamen, no es materia propia a ser debatida y decidida en un procedimiento de urgencia como es el recurso de protección y debe ser sometida al procedimiento contencioso correspondiente.

Séptimo: Que, por otra parte, del análisis de los antecedentes allegados al recurso, en especial de las fotografías acompañadas por las partes, no es posible dar por acreditado que la recurrida haya destrozado bosque nativo existente en terreno del trazado, y tampoco es posible dar por probadas las alegaciones genéricas referidas al eventual impacto en el medio ambiente de las líneas de transmisión eléctricas, pues la recurrida ningún antecedente ha acompañado para acreditar aquello; razones por las cuales el presente recurso habrá de ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso interpuesto por don nombre reservado en representación de Productora de Seguros nombre reservado nombre reservado y Compañía Limitada, en contra de Sociedad Austral de Electricidad S.A.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Rol Nº 1799-2017.