nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Puerto Montt, cuatro de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., representada por don nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo, de fecha 18 de noviembre de 2025, de la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada al amparo de la Ley N° 18.156.

Refiere que la recurrente solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, por estimar que cumple las exigencias previstas para trabajadores extranjeros, atendido que contaría con título profesional, contrato de trabajo, anexo contractual y afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Expone que la Administradora rechazó la solicitud por considerar que no se acompañó certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de verificación que acreditara cobertura previsional o de seguridad social fuera de Chile, y por estimar que el documento debía encontrarse debidamente apostillado o legalizado.

Sostiene que tal decisión importa una interpretación formalista de la normativa, pues la Ley N° 18.156 no exigiría las formalidades invocadas por la recurrida y la constancia electrónica de cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podría verificarse en línea, mediante el código contenido en el propio documento o a través del número de cédula venezolana de la recurrente. Agrega que la recurrida habría omitido efectuar dicha verificación, pese a tratarse, a su juicio, de un documento emitido por la autoridad competente del país de origen y apto para acreditar la afiliación al sistema previsional extranjero.

Añade que exigir legalización o apostilla constituye, en el caso de ciudadanos venezolanos, una carga de difícil o imposible cumplimiento, e invoca diversos pronunciamientos jurisdiccionales que habrían estimado suficiente documentación electrónica verificable del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Afirma que la conducta de la Administradora vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, al incorporar requisitos no establecidos expresamente por el legislador, impedirle disponer de fondos que estima de su dominio y otorgarle un trato diverso al que, según sostiene, habrían recibido otros solicitantes en situaciones semejantes. Pide que se acoja el recurso y se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, o adoptar las medidas que esta Corte estime conducentes para restablecer el imperio del derecho.

A folio 06 informando la recurrida, comparece don Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone que, con fecha 12 de noviembre de 2025, doña nombre reservado ingresó una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando documentación destinada a acreditar los requisitos legales para acceder a dicho beneficio.

Señala que, revisados los antecedentes, la Administradora determinó que la documentación presentada no cumplía los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, especialmente en cuanto a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero por todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante certificación válida, vigente, legalizada o apostillada y susceptible de verificación, conforme al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Precisa que la recurrente acompañó una declaración jurada emitida por ella misma y una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Respecto de la primera, sostiene que se trata de un documento unilateral, emanado de la propia interesada, que no proviene de una autoridad previsional competente. En cuanto a la segunda, afirma que carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada, y no acredita de manera suficiente la cobertura real y efectiva de las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile.

Añade que la Superintendencia de Pensiones ha instruido que las Administradoras deben exigir documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, que acrediten de forma clara e inequívoca la cobertura integral exigida por la Ley N° 18.156, y que las Administradoras se encuentran obligadas a aplicar tales instrucciones. Por ello, estima que su representada actuó dentro del marco normativo vigente, sin ilegalidad ni arbitrariedad.

Indica, además, que la recurrente no ostenta un derecho indubitado a la devolución solicitada, sino una expectativa condicionada al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Agrega que el rechazo de la solicitud no importa pérdida de propiedad sobre los fondos, los que permanecen en la cuenta individual de la afiliada para financiar las prestaciones que correspondan de acuerdo con el régimen general, y que la interesada conserva la posibilidad de presentar nuevamente su solicitud si acompaña la documentación idónea o de acudir ante la Superintendencia de Pensiones. Concluye que no existe privación, perturbación ni amenaza de las garantías invocadas y que la acción constitucional no constituye la vía idónea para sustituir el procedimiento previsto por la normativa previsional.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por objeto otorgar tutela urgente frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que dicha disposición enumera. Se trata, por consiguiente, de una acción cautelar de naturaleza excepcional, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando el derecho invocado aparece suficientemente determinado y la afectación denunciada puede ser remediada mediante una providencia inmediata de esta Corte.

Segundo: Que, en la especie, el acto impugnado consiste en la decisión de AFP PlanVital S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por doña nombre reservado, al estimar que los antecedentes acompañados no satisfacen las exigencias de la Ley N° 18.156 y de la normativa impartida por la Superintendencia de Pensiones para acreditar la afiliación y cobertura previsional en el extranjero.

Tercero: Que la Ley N° 18.156 regula un régimen excepcional respecto de trabajadores técnicos extranjeros y de las empresas que los contraten, permitiendo eximirse de efectuar cotizaciones previsionales en Chile cuando concurren los requisitos establecidos en su artículo 1°. En lo que interesa a esta controversia, el trabajador debe encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y debe expresar en el contrato de trabajo respectivo su voluntad de mantener dicha afiliación. A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo legal permite solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados en una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el citado artículo 1°. Por tratarse de una excepción al régimen general de cotización obligatoria y al destino previsional de los fondos, su aplicación exige verificar estrictamente la concurrencia de los presupuestos legales y reglamentarios que la hacen procedente.

Cuarto: Que, conforme al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el trabajador extranjero debe acreditar, en lo que interesa a esta controversia, que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Dicho cumplimiento debe demostrarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, o autenticada mediante apostilla cuando proceda, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones exigidas. Del mismo modo, para la suscripción de la solicitud de devolución, la Administradora debe exigir la documentación pertinente que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, no pudiendo dar curso a la solicitud cuando ésta no se presenta en la forma exigida por la normativa sectorial.

Quinto: Que de los antecedentes acompañados aparece que la recurrida fundó el rechazo en que la documentación presentada por la solicitante no acreditaba, en los términos exigidos por la normativa previsional, la cobertura extranjera invocada. En particular, estimó insuficiente una declaración jurada emanada de la propia recurrente y una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que, a juicio de la Administradora, carecía de legalización o apostilla y no demostraba de modo bastante la cobertura integral exigida durante el período correspondiente.

Sexto: Que la recurrente sostiene que la constancia electrónica acompañada puede ser verificada en línea mediante el código contenido en el propio documento o mediante su cédula venezolana, de modo que la recurrida habría incurrido en un exceso ritual al exigir legalización o apostilla. Sin embargo, aun aceptando que el documento pueda ser consultado electrónicamente en cuanto a su existencia o autenticidad aparente, ello no permite concluir, sin más, que se encuentren cumplidos todos los requisitos legales y regulatorios exigidos para la devolución anticipada de fondos previsionales. La verificación digital invocada no sustituye necesariamente la certificación formal emanada de la institución competente, debidamente autenticada conforme a la normativa sectorial, ni demuestra por sí sola la suficiencia material y temporal de la cobertura exigida por la Ley N° 18.156.

Séptimo: Que la alegación relativa a la dificultad o imposibilidad práctica de obtener documentos legalizados o apostillados tampoco altera lo concluido. Esta Corte no desconoce que pueden existir dificultades para la obtención de determinados documentos extranjeros; empero, en esta sede cautelar no corresponde dispensar a la Administradora del cumplimiento de las instrucciones regulatorias que rigen su actuación ni crear una excepción no prevista en la normativa aplicable. De los antecedentes allegados tampoco aparece acreditado, para este caso concreto, que la recurrente se encuentre absolutamente impedida de obtener documentación idónea o de ejercer los mecanismos administrativos pertinentes ante la autoridad fiscalizadora.

Octavo: Que las decisiones jurisdiccionales citadas por la recurrente para sostener una interpretación diversa de la Ley N° 18.156 no resultan suficientes para alterar la conclusión anterior. La existencia de pronunciamientos que han valorado de modo distinto constancias electrónicas emanadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales revela una controversia interpretativa sobre la materia, pero no convierte en ilegal o arbitraria, por ese solo hecho, la actuación de una Administradora que aplica instrucciones sectoriales vigentes y obligatorias. La decisión de este recurso debe adoptarse atendiendo a los antecedentes específicos acompañados en autos, a la documentación presentada en esta solicitud y al marco regulatorio aplicable a la recurrida.

Noveno: Que la sola circunstancia de que la recurrente discrepe de la interpretación aplicada por la Administradora no torna ilegal o arbitrario el acto recurrido. La Administradora de Fondos de Pensiones es una entidad fiscalizada, sujeta a las instrucciones técnicas y jurídicas de la Superintendencia de Pensiones, y debe resolver las solicitudes de devolución en conformidad con la normativa que regula la materia. En ese contexto, la exigencia de documentación emitida por la entidad competente, debidamente autenticada y apta para acreditar la cobertura previsional exigida, no aparece como una actuación caprichosa, carente de fundamento o contraria a derecho.

Décimo: Que tampoco resulta posible tener por configurada, en esta sede cautelar, la existencia de un derecho indubitado a la devolución inmediata de los fondos previsionales. La procedencia de dicho retiro anticipado depende de la comprobación de los requisitos legales y reglamentarios antes indicados, cuestión que precisamente fue objetada por la recurrida sobre la base de la documentación acompañada. En tales condiciones, la controversia excede el ámbito propio de esta acción de urgencia, pues supone determinar si antecedentes específicos cumplen o no los estándares técnicos y formales exigidos por la regulación previsional aplicable.

Undécimo: Que, en relación con la garantía de igualdad ante la ley, no se advierte en autos que la recurrida haya dispensado a la recurrente un trato discriminatorio o arbitrariamente diverso respecto de otros afiliados en igual situación. La referencia efectuada en el recurso a criterios adoptados por otras Administradoras o por decisiones recaídas en casos diversos no basta, por sí sola, para establecer una diferencia arbitraria imputable a AFP PlanVital S.A. en esta causa, ni permite tener por demostrado que la misma recurrida haya resuelto favorablemente una solicitud sustancialmente idéntica presentada con antecedentes de igual naturaleza.

Duodécimo: Que, en cuanto al derecho de propiedad, el rechazo de la solicitud no importa privación del dominio de la recurrente sobre los fondos existentes en su cuenta individual, sino únicamente la negativa a autorizar, con los antecedentes presentados, una devolución anticipada sujeta a condiciones legales excepcionales. Dichos fondos permanecen afectos al régimen previsional correspondiente, sin perjuicio de los derechos que la afiliada pueda ejercer conforme a las reglas generales del sistema o de la posibilidad de renovar su solicitud si acompaña antecedentes que satisfagan las exigencias normativas.

Decimotercero: Que, asimismo, si bien el rechazo impugnado produce un efecto concreto respecto de la solicitud presentada, no clausura definitivamente la posibilidad de que la interesada formule una nueva petición con antecedentes idóneos ni le impide acudir a los mecanismos administrativos o jurisdiccionales que estime pertinentes. Esta circunstancia refuerza que no se ha configurado una privación, perturbación o amenaza actual de una garantía indubitada susceptible de ser restablecida mediante la orden cautelar pretendida.

Decimocuarto: Que, de este modo, no se constata que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas. La decisión cuestionada se encuentra sustentada en una interpretación normativa plausible y en las exigencias regulatorias que rigen a las Administradoras de Fondos de Pensiones, razón por la cual la acción constitucional no puede prosperar.

Decimoquinto: Que, atendida la naturaleza de la controversia, la existencia de criterios jurisdiccionales diversos sobre materias semejantes y la plausibilidad de las alegaciones formuladas por la recurrente, no se condenará en costas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, en la Ley N° 18.156, en el Decreto Ley N° 3.500, en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales y demás normas pertinentes, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, por sí y a favor de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Mario Madrid Mc-Innes.

No firman la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez y el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso y por haber cesado en su cometido funcionario, respectivamente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Protección N° 1790-2025.