nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 21 de diciembre de 2017 y en folio N°1, compareció la abogada Orietta Eliana Llauca Huala, con domicilio en domicilio reservado de Lllanquihue a favor de nombre reservado, dueña de casa; nombre reservado, jubilado; nombre reservado, empleada; nombre reservado, independiente; nombre reservado, estudiante; nombre reservado, estudiante; nombre reservado, empleado; nombre reservado, estudiante; nombre reservado, estudiante; nombre reservado, empleado; nombre reservado, empleada; nombre reservado, jubilada; nombre reservado, estudiante y; nombre reservado, dueña de casa, todos domiciliados en domicilio reservado. Recurrió de protección en contra de la SEÑORA JUEZA TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS DE PUERTO VARAS nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado. Alegó la perturbación de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, ocasionada por la autorización de lanzamiento de nombre reservado con auxilio de la fuerza pública y facultades de allanamiento y descerrajamiento del inmueble en que aquéllos residen desde hace más de tres años, otorgada mediante resolución de 20 de diciembre de 2017 del proceso civil ejecutivo sobre obligación de dar tramitado ante dicho tribunal y caratulado: “Banco Santander Chile/nombre reservado” – RIT C-1086-2016. Sin embargo, aquél no habitaría el inmueble ya aludido; sino otro, ubicado en el sector rural de Cudico en La Unión.

Adujo la conculcación de las garantías constitucionales de invocadas respecto de los recurrentes de protección, atendidas su edad y condición; configurándose con la acción denunciada una amenaza a la vida, a la integridad física y psíquica con desagravio a la honra y dignidad de las personas en inobservancia de un debido proceso, en especial, considerando el artículo 12 del Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que aquéllos pertenecen al pueblo Mapuche-Huilliche.

Pidió en definitiva que, acogiéndose su acción, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en especial, la suspensión de la ejecución de la resolución de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública materia de este recurso de protección, hasta que las personas a favor de quien recurre hayan sido oídas y amparadas en el ejercicio de sus derechos.

Con fecha 21 de diciembre de 2017 y en folio N°3, se declaró admisible teniéndose por interpuesto el recurso de protección, ordenándose informe a la parte recurrida y concediéndose orden de no innovar.

Con fecha 05 de enero de 2018 y en folio N°7, la SEÑORA JUEZA TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS DE PUERTO VARAS nombre reservado, evacuó informe sosteniendo su obrar razonable y ajustado a derecho en el contexto del proceso civil ejecutivo sobre obligación de dar tramitado ante dicho tribunal y caratulado: “Banco Santander Chile/nombre reservado” – RIT C-1086-2016.

Este proceso se inició por demanda ejecutiva presentada por el Banco Santander Chile en contra de nombre reservado, la cual se notificó personalmente y bajo la modalidad del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Planteada oposición a la ejecución, se rechazó las excepciones por sentencia definitiva de 26 de diciembre de 2014 que se confirmó en segunda instancia por sentencia de 29 de abril de 2015.

Por su parte, en el cuaderno de apremio del mismo proceso, verificado el requerimiento de pago al ejecutado, la traba de embargo y la oposición al mismo, que se rechazó por resolución de 30 de octubre de 2015; aquél promovió incidente de nulidad procesal que se desestimó con fecha 03 de mayo de 2016, verificándose el remate de la propiedad ubicada en 11 de septiembre 2 de Frutillar el 06 de junio de 2016, oportunidad en la que se la adjudicó la ejecutante por la suma de $32.900.000.- pesos. Ordenado el otorgamiento de la respectiva escritura pública, se promovió un nuevo incidente de nulidad por la Tesorería Regional de Puerto Montt, que se rechazó con fecha 19 de julio de 2017. Posteriormente, por petición de entrega material de la propiedad subastada a la que se accedió con fecha 14 de junio de 2017; el ejecutado planteó nulidad que se rechazó el 19 de junio de 2017 y nombre reservado, recurrente de protección de estos antecedentes, promovió otro incidente de nulidad que se rechazó por resolución de 10 de noviembre de 2017.

Pues bien, en dicho contexto y encontrándose firmes o ejecutoriadas todas las resoluciones precedentemente aludidas; la ejecutante pidió el lanzamiento con fuerza pública a que accedió el Tribunal el 20 de diciembre de 2017.

Por otra parte, afirmó que en los antecedentes del proceso en que incide este recurso de protección no se cuenta con prueba suficiente para establecer la existencia de algún ocupante distinto del ejecutado en el inmueble adjudicado, atendidos las certificaciones receptoriales respectivas y el tenor de las presentaciones de las partes; por lo tanto, no vislumbra vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente de protección, ni mucho menos a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, adujo que conforme a los artículos 443, 458, 500 y siguientes del Código de procedimiento Civil, no se ha configurado actuación procesal viciada en dicho procedimiento.

Con fecha 26 de enero de 2018 y en folio N°15, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la parte recurrente se fundamenta en la perturbación de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, ocasionada por la autorización de lanzamiento de nombre reservado con auxilio de la fuerza pública y facultades de allanamiento y descerrajamiento del inmueble en que aquéllos residen desde hace más de tres años, otorgada mediante resolución de 20 de diciembre de 2017 del proceso civil ejecutivo sobre obligación de dar tramitado ante dicho tribunal y caratulado: “Banco Santander Chile/nombre reservado” – RIT C-1086-2016. Sin embargo, aquél no habitaría el inmueble ya aludido; sino otro, ubicado en el sector rural de Cudico en La Unión.

Al informar la recurrida sostuvo su obrar razonable y ajustado a derecho con base en la legal sustanciación del referido proceso civil ejecutivo, sin vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte recurrente de estos antecedentes.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó los siguientes instrumentos: 1) declaración jurada de nombre reservado, en que afirma no habitar el domicilio respecto del cual se ha ordenado su lanzamiento; 2) contrato de trabajo de nombre reservado; 3) resolución de 20 de diciembre de 2017 del proceso civil ejecutivo sobre obligación de dar tramitado ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas y caratulado: “Banco Santander Chile/nombre reservado” – RIT C-1086-2016.

CUARTO: Que, por su parte, la parte recurrida acompañó copia del proceso civil ejecutivo sobre obligación de dar tramitado el Juzgado de Letras de Puerto Varas y caratulado: “Banco Santander Chile/nombre reservado” – RIT C-1086-2016.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado:

1º Que, en proceso civil ejecutivo sobre obligación de dar por cobro de pagaré del Juzgado de Letras de Puerto Varas, se ordenó el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública de nombre reservado desde el inmueble ubicado en domicilio reservado, para proceder a la entrega material del mismo bien raíz a la adjudicataria del remate de fecha , según lo ordenado con fecha 14 de junio de 2017 y con base en sentencia firme o ejecutoriada de , que ordenó seguir adelante la ejecución en contra de aquél.

2º Que, pese a promoverse diversos incidentes de nulidad procesal en los autos precedentemente mencionados, todos ellos han sido indefectiblemente rechazados a fin de dar cumplimiento, tanto a la sentencia como al remate ya aludidos.

3º Que, dicho proceso se ha desarrollado en observancia irrestricta a los principios de bilateralidad y contradictoriedad en sus diversas instancias y artículos; sobre todo, atendido el vasto número de éstos últimos, su admisibilidad y ulterior tramitación incidental que se ha verificado hasta la fecha.

En efecto, los hechos precedentemente establecidos no han sido controvertidos y constan concordantemente en los instrumentos públicos acompañados por las partes, los cuales, no han sido objetados ni observados de manera alguna; por lo que, no se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que dan cuenta. Con su confrontación, por su concordancia, coherencia, claridad y precisión, sustentan con razón suficiente las conclusiones fácticas arribadas precedentemente.

SEXTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SÉPTIMO: Que, debiéndose establecer en primer término la existencia de la acción lesiva de garantías constitucionales denunciada, corresponde tener presente que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes. Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la acción ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si corresponde o no tal predicado respecto de la autorización de lanzamiento de nombre reservado con auxilio de la fuerza pública y facultades de allanamiento y descerrajamiento del inmueble en que los recurrentes de protección residirían desde hace más de tres años, otorgada mediante resolución de 20 de diciembre de 2017 del proceso civil ejecutivo sobre obligación de dar tramitado ante dicho tribunal y caratulado: “Banco Santander Chile/nombre reservado” – RIT C-1086-2016, pese a que aquél no habitaría allí. Lo anterior, pues sobre este punto ha versado la controversia.

En primer lugar, no se ha rendido prueba suficiente acerca de la efectividad de que aquéllos residen en el inmueble ubicado en domicilio reservado. Tampoco se ha probado que el ejecutado en dichos autos no resida efectivamente en el domicilio antes señalado, ya que los instrumentos acompañados por la parte recurrente no han sido corroborados en algún otro antecedente, sobre todo, considerando que uno consiste en una declaración jurada de la propia persona de aquél y el otro, en un contrato de trabajo que no implica necesariamente que él mismo ya no resida allí, atendida la corta distancia entre La Unión y Frutillar.

En segundo lugar, la resolución en que la parte recurrente ha pretendido sustentar la causa de la afectación de derechos fundamentales invocados, ha sido dictada por un tribunal ordinario imparcial e independiente, en ejercicio de su jurisdicción y competencias públicas, en especial conforme a las normas establecidas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, con base en la sentencia firme de remate de 26 de diciembre de 2014.

Finalmente, el vasto número de incidencias promovidas, admitidas y tramitadas subsiguientemente en la instancia demuestran que el asunto se encuentra actualmente sometido al imperio del derecho, con lo que desaparece la necesidad de intervención excepcional ínsita a la presente acción constitucional. Por lo tanto, se constata la inidoneidad de este procedimiento para satisfacer la pretensión de la parte recurrente.

Consecuentemente con lo concluido y lo establecido en el considerando quinto anterior, no ha precedido la acción ilegal o arbitraria denunciada, condición insoslayable para procedencia de este recurso.

OCTAVO: Que, no resulta idóneo este procedimiento para la defensa de cualquier interés, sino sólo para defender y garantizar, frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales. Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente, como aquel que se sustancia actualmente ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas.

NOVENO: Que, en consecuencia y al no aparecer que se ha ocasionado en el recurrente, la conculcación de las garantías que esta acción resguarda y que ameriten la intervención de esta Corte de Apelaciones mediante el otorgamiento de las providencias de emergencias que al efecto se contemplan, a fin de restablecer la juridicidad o legalidad que se alega quebrantada; conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores rechazarán el recurso interpuesto.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 19 N°1, N°3, N°4 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por la abogada Orietta Eliana Llauca Huala en favor de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y; nombre reservado en contra de la SEÑORA JUEZA TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS DE PUERTO VARAS nombre reservado.

II. Que se exime a la parte recurrente del pago de costas, por haber tenido motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN-ANT N°1788-2017.