Protección contra Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migraciones

Puerto Montt, cuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En folio 1 comparece el abogado Riman Emir Corvalán Sandoval, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N° NUM000. Deduce recurso de protección, en contra de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en relación a la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 21 de noviembre de 2025, que rechazó la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, disponiendo el abandono del país, y una prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de cinco años.

Señala que nació en Pereira, Colombia, el NUM002 de 2000; que su padre, de nacionalidad colombiana, reside actualmente en España; y que su madre, 22 de junio nombre reservado, cuenta con residencia definitiva en Chile y vive en el país junto a la actora, su hermana, quien tiene residencia definitiva en tramitación, su padrastro chileno, casado legalmente con su madre, y los dos hijos menores de la recurrente, todos chilenos; que ingresó a Chile el 25 de octubre de 2019, como turista, por vía aérea en la ciudad de Santiago, porque su madre y hermana residían en el país desde 2018; que el año 2020 solicitó residencia temporal sujeta a contrato, que le fue otorgada en marzo de 2021, trabajando con contrato hasta agosto de ese año; que posteriormente inició estudios virtuales de negocios internacionales en la Universidad UTEL, realizando además labores de cuidado de niños.

Agrega que el NUM003 de 2022 nació su primera hija, de nacionalidad chilena, nombre reservado, domiciliada en la ciudad de DIRECCION001 y actualmente alumna del jardín nombre reservado; que el NUM004 de 2024 nació su segundo hijo, también chileno, nombre reservado, quien cursa nivel sala cuna en el mismo establecimiento; que el 12 de febrero de 2024 ingresó su solicitud de residencia definitiva, momento en que puso término a su contrato de trabajo y comenzó a trabajar con su padrastro, don nombre reservado, en un taller de servicio técnico electrónico en la ciudad de Castro, como secretaria, complementando sus ingresos mediante la venta de comida típica colombiana y sushi.

Que en junio de 2025 fue notificada por el Servicio Nacional de Migraciones para que, previo a resolver su solicitud de residencia definitiva, ingrese nuevamente al sistema toda la documentación actualizada, en atención al cambio de empleador; que para ello recurrió a una tercera persona, quien la asistía habitualmente en trámites migratorios, omitiendo ésta incorporar antecedentes relevantes, particularmente los que acreditaban su arraigo familiar en Chile y su contrato de trabajo, lo que habría incidido en que la autoridad concluyera que no se desvirtuaban los motivos del rechazo.

En sus fundamentos de derecho invoca el artículo 129 de la Ley N° 21.325, que establece las consideraciones que el Servicio Nacional de Migraciones debe tener a la vista previo a dictar una medida de expulsión, como la gravedad de los hechos, antecedentes delictuales, reiteración de infracciones migratorias, periodo de residencia regular, existencia de cónyuge, padres o hijos chilenos o con residencia definitiva, la relación directa y regular con éstos y sus contribuciones sociales, políticas, culturales o económicas. Agrega que la resolución recurrida no habría ponderado adecuadamente sus circunstancias personales, en particular de arraigo familiar y laboral, denunciando que el numeral 4 de la parte considerativa del acto administrativo es ambigua ya que indica que “analizados los antecedentes acompañados por el extranjero en su solicitud de residencia, no ha sido posible desvirtuar los motivos que sustentan las razones invocadas”, sin especificar cuáles antecedentes faltaban o debían complementarse.

Reprocha falta de racionalidad y proporcionalidad del acto, afirmando que la expulsión y prohibición de ingreso por cinco años resultan desproporcionadas respecto de los bienes jurídicos que se pretende proteger, al no tratarse de una medida necesaria ni idónea, vulnerando el principio de igualdad ante la ley y afectando gravemente los derechos de sus hijos y familia, con incidencia en el interés superior de los niños de corta edad, citando jurisprudencia acerca del concepto de arbitrariedad, falta de proporción entre medios y fines, actuar caprichoso o contrario a la recta razón.

Estima además que el acto administrativo carece de fundamentación suficiente, incumpliendo el estándar de motivación previsto en el artículo 132 de la Ley N° 21.325 y su reglamento, así como en los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, el principio de transparencia de la función pública consagrado en el artículo 8 de la Constitución, el artículo 13 de la Ley N° 18.575 y el artículo 16 de la Ley N° 19.880.

Invoca también los principios de la Ley N° 21.325, el artículo 22.8 de la convención Americana de Derechos Humanos; el principio pro homine, de protección de la unidad familiar, del interés superior del niño, de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, la integración e inclusión y el principio de no devolución.

Sostiene que se vulneran sus derechos de igualdad ante la ley, e igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política, al impedírsele conocer con precisión las causales específicas ni los documentos faltantes que motivan su expulsión, en circunstancias que las omisiones respecto del certificado de antecedentes de su país de origen y copia de la sanción por residencia vencida serían mínimas frente al grave perjuicio que se ocasiona a sus hijos y familia.

Concluye pidiendo a esta Corte que acoja el recurso de protección y deje sin efecto el acto administrativo señalado, debiendo el Servicio de Migraciones emitir una nueva resolución que considere las circunstancias de tener dos hijos chilenos y arraigo en el país, sin perjuicio de otras medidas que procedan, con costas.

Acompañó a su recurso: Resolución Exenta N° NUM001; 2.- Certificado de residencia definitiva en trámite; 3.- Seis copias de cédulas de identidad y dos copias de pasaportes; 4.- Carta redactada por la recurrente; 5.- Siete comprobantes de afiliación a Fonasa y Cesfam; 6.- Certificado de afiliación a AFP y cotizaciones previsionales; 7.- Contrato de trabajo; 8.- Dos declaraciones juradas de residencia; 9.- Dos certificados de alumno regular; 10.- Tres certificados de antecedentes; 11.- Certificado de matrimonio; y 12; Dos certificados de nacimiento.

En folio 5 se declaró admisible el recurso, requiriéndose el correspondiente informe al recurrido, y además se dispuso la suspensión de los efectos de la resolución recurrida.

En folio 6, comparece la abogada Lony de la Guarda Torres, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacua el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso.

El informe describe el historial migratorio de la amparada, señalando que registró ingreso al país el 25 de octubre de 2019 por el Aeropuerto nombre reservado

Benítez, en calidad de turista, que el 25 de mayo de 2021 la Gobernación Provincial de Chiloé le otorgó visación de residente sujeta a contrato por dos años, en calidad de titular, que se mantuvo vigente hasta el 10 de septiembre de 2023; que el 2 de febrero de 2024 inició mediante el portal de trámites digitales, un procedimiento de declaración de infracción y cálculo de multa, con solicitud ID NUM005; que el 12 de febrero de 2024 la recurrida notificó el inicio del procedimiento sancionatorio, que la amparada anunció descargos, que fueron desestimados el 21 de febrero de 2024, indicándose que debía realizar un nuevo cálculo de la multa, por reincidencia, lo que la recurrente no ha cumplido a la fecha.

Respecto de la solicitud de residencia definitiva ID NUM006, precisa que fue presentada el 12 de febrero de 2024; que el 20 de marzo de 2024 se notificó a la solicitante la necesidad de aportar documentos adicionales y efectuar el pago de derechos, el comprobante de pago de multa, certificado de antecedentes del país de origen apostillado o legalizado, copia del contrato actual legalizada ante notario, certificado de vigencia de contrato y certificados históricos de cotizaciones de AFP y salud. Destaca que la actora postuló encontrándose vencido su permiso de residencia, y que debía acreditar la regularización de su situación migratoria mediante la sanción pagada de conformidad al artículo 107 de la Ley N° 21.325.

Consigna que el 12 de junio de 2025 se completó en la plataforma la etapa relativa al pago de derechos, sin que se registrara dicho pago ni la incorporación de la documentación requerida; que en la misma fecha se le notificó resolución de “Previo Rechazo”, reiterando las observaciones sobre ausencia o insuficiencia de los documentos solicitados; que el 7 de noviembre de 2025 se dio por concluida la etapa de pago “pre-rechazo” y el 21 de noviembre de 2025 se le notificó la Resolución Exenta N° NUM001, que rechaza la residencia definitiva y dispone su abandono del país y la prohibición de ingreso por cinco años.

El informe transcribe los considerandos de dicha resolución, destacando que la recurrente no canceló los derechos correspondientes al beneficio solicitado, no remitió el certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado o apostillado, ni la copia de la sanción por residir con permiso vencido, configurándose la causal de rechazo del artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325.

Agrega que la residencia definitiva es un permiso para radicarse indefinidamente en Chile, de conformidad al artículo 78 de la Ley N° 21.325, y que el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de permisos de residencia corresponde al Servicio Nacional de Migraciones, conforme a los artículos 37 y 157 N° 5 del mismo cuerpo legal y al artículo 42 del Decreto Supremo N° 296 de 2022. Además, destaca la obligación de rechazar las solicitudes de residencia de quienes no cumplen los requisitos fijados en el decreto que establece las subcategorías migratorias, o se encuentran comprendidos en las prohibiciones del artículo 32 de la Ley N° 21.325, explicando que el certificado de antecedentes penales del país de origen es un requisito obligatorio para evaluar la idoneidad de los solicitantes y descartar causales de rechazo imperativo o facultativo vinculadas a antecedentes penales en el extranjero.

Hace presente que la plataforma institucional pone a disposición de los interesados información pública y detallada acerca de los documentos exigidos para la residencia definitiva, incluyendo el certificado de antecedentes del país de origen, vigente, apostillado o legalizado, y traducción cuando corresponda; que en el caso de la recurrente, nunca acompañó el certificado de antecedentes exigido ni el comprobante de envío por correo certificado, de modo que la Administración no pudo verificar la inexistencia de antecedentes penales negativos.

Niega alguna vulneración del derecho de igualdad ante la ley, sosteniendo que los requisitos se aplican de forma uniforme a todos los postulantes, además descarta la existencia de errores administrativos como causa del rechazo, imputando la falta de cumplimiento a la omisión de la propia amparada; descarta también que existiera desproporción de la decisión adoptada, por ajustarse a la normativa vigente, concluyendo que se encuentra debidamente fundada.

Por todos esos motivos, pide que el recurso sea rechazado.

Acompañó al informe, en lo pertinente al fondo: 1.- Solicitud de documentos adicionales y pago de derechos, por oficio de 20 de marzo de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones. 2.. Notificación de resolución “Previo Rechazo”, de 12 de junio de 2025. 3.- Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 21 de noviembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones. 4.- Notificación N° NUM005 de 12 de febrero de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones. 5.- Oficio N° NUM005, de 21 de febrero de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones.

En folio 7 se dispuso traer estos autos en relación.

CON LO EXPUESTO, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el recurso de protección de derechos constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos expresamente indicados en dicha disposición.

SEGUNDO.- Que el acto impugnado corresponde a una resolución, dictada por la recurrida el 21 de noviembre de 2025, que rechazó la solicitud de residencia definitiva de la recurrente y dispuso el abandono del país, con prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de 5 años.

Ante lo anterior, el recurso plantea que la arbitrariedad o ilegalidad de dicha resolución, consiste en no haber tomado en consideración sus antecedentes de arraigo familiar y laboral, y si bien reconoce que durante el procedimiento administrativo el Servicio de Migraciones le requirió información complementaria, sostiene que encargó a un tercero que no identifica el atender dicha substanciación, quien omitió completarlos oportunamente Señala, empero, que la resolución recurrida infringe principios superiores reconocidos por la legislación del ramo, la Constitución Política y Tratados internacionales suscritos por Chile, relacionados con el interés superior del niño, los derechos de migrantes y el principio por homine, careciendo de racionalidad y proporcionalidad.

Por su parte, la recurrida da cuenta de las diversas solicitudes remitidas a la actora durante el trámite de su solicitud, entre las cuales dejó de cumplir la correspondiente al cálculo y pago de multa por infracción y reincidencia, y la presentación de antecedentes indispensables para acceder a la solicitud de residencia definitiva, entre ellos el certificado de antecedentes penales emitido por su país de origen, y los antecedentes de su nueva relación laboral.

TERCERO.- Que, si bien la parte recurrente acompañó en esta instancia diversa documentación para justificar su arraigo familiar y relación laboral, no ha hecho constar su situación penal ante el país de origen, y en lo medular, no ha contradicho los motivos de fondo por los cuales su petición resultó denegada, esto es la omisión de oportuna y adecuada presentación de los antecedentes que le fueron requeridos en sede administrativa, esto es dentro de los plazos y plataforma electrónica dispuestos para ello.

CUARTO.- Que, según indica la resolución que pide a esta Corte revertir, acompañada al recurso, ésta contiene la siguiente motivación de fondo, en lo medular: “2.- Que, la persona extranjera no ha cancelado los derechos correspondientes al beneficio solicitado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N°21.325, además no remite el certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado y no remite copia de la sanción por residir en el país con el permiso de residencia vencido, requisitos exigidos para otorgar el permiso de residencia definitiva, siendo pertinente rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. 3.- Que, mediante notificación electrónica de fecha 12-06-2025, se comunicó a la persona extranjera respecto de las razones que sirven de fundamento al rechazo de su solicitud de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de la Ley N°21.325, otorgándole un plazo de 10 días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por esta autoridad. 4.- Que, habiéndose cumplido el plazo de 10 días hábiles otorgados, y analizados los antecedentes acompañados por el extranjero en su solicitud de residencia, no ha sido posible desvirtuar los motivos que sustentan las razones invocadas por esta autoridad, siendo procedente el rechazo de la solicitud de residencia definitiva presentada por la persona extranjera…”

Que, conforme a lo anterior, la resolución contiene una fundamentación concatenada en lo fáctico y jurídico, que resulta racional por cuanto relaciona adecuadamente los antecedentes o requisitos incumplidos por la solicitante, con la consecuencia jurídica que tal omisión produce, todo ello de acuerdo a las normas aplicables por el Servicio de Migraciones dentro del mismo procedimiento, a las que igualmente identifica.

En consecuencia, no se advierte en el acto alguna decisión irracional o desproporcionada.

QUINTO.- Que, en relación al otro supuesto de procedencia del recurso de protección, esto es la ilegalidad del acto, en este caso no existe discusión sobre la efectiva omisión de presentar ciertos antecedentes que la recurrida consideró indispensables, ante lo cual invoca como normas aplicables para rechazar la solicitud, entre las cuales invoca el artículo 40, que exige el pago de derechos como requisito necesario para los permisos de residencia y sus prórrogas; el artículo 88 N°1, que reconoce como “causales de rechazo” para las solicitudes de residencia, el que no cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto y en conformidad con lo establecido en el artículo 70; y el artículo 91, que establece la “orden de abandono” ante el rechazo de la solicitud, previo a lo cual el interesado cuenta con 10 días para subsanar la información pertinente a la causal de rechazo detectada.

Asimismo, el artículo 11 letra “b”, del D.S. 177 del año 2022, exige de manera perentoria para los solicitantes de residencia definitiva mayores de edad, “el certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad competente de su país de origen o de aquel en el cual hayan residido en los últimos 5 años. En caso que la residencia en un país distinto al de origen haya tenido lugar en un lapso menor a los últimos 5 años, deberá adjuntarse el certificado o documento equivalente, expedido por las autoridades competentes de los diferentes países en los que haya residido durante dicho periodo.”

Dicho requisito es uno de los aplicables a solicitantes de la subcategoría de residencia temporal para extranjeros que desarrollen actividades lícitas remuneradas, aplicable a la recurrente.

SEXTO.- Que, de acuerdo a lo razonado en el considerando anterior, el Servicio de Migraciones se encontraba habilitado para rechazar la solicitud de residencia definitiva, al haberse omitido la presentación de la información señalada, tanto en lo relativo al pago de multas como a la documentación, todo lo cual fue oportunamente informado a la recurrente. De esta manera, tampoco se advierte que el acto contra el que se recurre adolezca de alguna ilegalidad.

SÉPTIMO.- Que, en relación a la vulneración del derecho de igualdad ante la ley, reconocido por el artículo 19 N°2 de la constitución Política, para concluir su vulneración sería necesario establecer que el Servicio de Migraciones recurrido, frente a situaciones en que solicitantes de residencia definitiva omitieran presentar la información que en este caso se omitió ingresar, la hubiese concedido en lugar de rechazarla; conducta que no consta de modo alguno en autos.

De igual manera, no es posible considerar vulnerado el derecho del N°3 de dicha norma, en cuanto la actora no hubiese podido saber que su omisión de presentar los antecedentes requeridos traería como resultado su expulsión del país, cabe señalar que en este caso dicha expulsión no ha sido dispuesta por la recurrida, sino que ha decretado el abandono, que es la consecuencia jurídica aplicable precisamente a esa conducta omisiva; y que, en esa hipótesis, la fundamentación del recurso equivale a invocar una ignorancia de la ley, lo que tampoco se pudo demostrar en este caso, sería necesario desvirtuar la presunción legal sobre conocimiento de la ley, fundamento que no resulta pertinente para este proceso, en que debe comprobarse la ilegalidad del acto.

Por otra parte, dentro de los antecedentes aportados en el folio 6, se encuentra: 1.- “Notificación de inicio de procedimiento sancionatorio” de fecha 2 de febrero de 2024, por permanecer en el país tras el vencimiento del permiso de residencia, durante un tiempo igual o superior a 180 días, solicitándole formular descargos dentro de 10 días hábiles. 2.- Consta además que el 21 de febrero del mismo año se rechazaron los descargos formulados, debido a que el cálculo de multa realizado no refleja multas anteriormente cursadas por el mismo Servicio, encontrándose en condición de reincidente, y permitiendo formular nuevos descargos y acompañar la documentación pertinente, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones migratorias de la normativa vigente. 3.- Mediante la comunicación “Solicita documentos adicionales y pago de derechos”, de fecha 20 de marzo del año 2024, le fue requerido cada uno de los documentos en cuestión, y que indica que su no presentación acarreará como resultado el rechazo de la solicitud conforme al artículo 88 de la ley 21.325; 4.- Asimismo, consta una segunda advertencia, en “Notificación Previo Rechazo” de 12 de junio de 2025, que le informa en riesgo de rechazo la solicitud, por no haberse ingresado la misma información, en que además se le informa que se encuentra “vencido su permiso de residencia” al momento de postular; se le indica la manera como debe realizar el ingreso de la información faltante, así como el plazo de 10 días hábiles para hacerlo o formular descargos, y además se le ofrece “asistencia u orientación” para el caso que la requiera, a través del centro de ayuda institucional de la recurrida. 5.- Sólo ante la falta de cumplimiento a los avisos anteriores, recién el 21 de noviembre de 2025 el Servicio de Migraciones decide rechazar la solicitud, mediante la resolución exenta que ataca el recurso.

Todo lo anterior evidencia que la actora no ha podido desconocer los efectos del rechazo, ni los de aquella situación migratoria irregular en que se encontraba por un tiempo prolongado y en reincidencia, ni las dificultades que enfrentaba su petición ante la falta de ingreso de la información requerida.

OCTAVO.- Que, en la situación sub iudice, tampoco cabe dirimir entre una colisión entre la decisión de la recurrida y la aplicación de los principios pro homine, de interés superior del niño, protección de unidad familiar, derechos de trabajadores migratorios, integración e inclusión, o principio de no devolución, ante alguna conducta de abuso de la autoridad, sino que se trata de una situación en que ésta le previene sobre tales riesgos por encontrarse incursa en hipótesis legales de situación irregular y que además conducían a la negación de su solicitud de residencia definitiva, que termina produciéndose por incumplimiento del propio migrante interesado.

Dicha situación no coincide con la hipótesis del artículo 22.8 de la Convención Americana de derecho Humanos, aplicable a un inmigrante devuelto a un país en que se encuentre en riesgo su derecho a la vida o libertad personal; circunstancias que no constan en este proceso, pues en cambio la propia recurrente manifiesta haber ingresado al país en calidad de turista, sin referir alguna otra situación que evidencie aquellos riesgos.

NOVENO.- Que, por último, el cumplimiento de los requisitos para obtener la residencia definitiva, solicitada por la actora mientras se encontraba con residencia temporal vencida, así como la omisión de presentar la documentación mínima necesaria para justificar los requisitos de aquella solicitud, debe acreditarse al momento en que se dicta el acto recurrido, sin que la vía del presente recurso sustituya dicha actividad administrativa, o se constituya en un nuevo procedimiento sustitutivo.

Sin perjuicio de lo anterior, la parte recurrente tampoco acompañó a este recurso los antecedentes que constaten el cumplimiento de aquellos requisitos, como pago de las multas aplicadas o los certificados de antecedentes penales emitidos por su país de origen.

DÉCIMO.- Que, como consecuencia de todo lo anterior, no es posible constatar, en la actuación del recurrido, alguna ilegalidad o arbitrariedad susceptible de enmendar por esta vía cautelar, sino un rechazo a la petición de residencia definitiva, adoptada dentro de sus competencias y ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N° 21.325 y sus reglamentos.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza en todas sus partes, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Christian Löbel Emhart.

No firma el Fiscal Judicial don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol 1782-2025.-