PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA con FISCO- ARMADA DE CHILE

Puerto Montt, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña Pauline Chiffelle Horsel, abogada, en representación de “Pesquera Trans Antartic Limitada”, rol único tributario número 76.169.670-k, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Armada de Chile, Comandancia en Jefe V Zona Naval, Capitanía de Puerto de Puerto Montt, en relación al Oficio C.P. PMO. ORD. N° 12.200/98/D.P.R., de fecha 5 de noviembre de 2025, por el cual se solicita dar curso a solicitud de auxilio de la fuerza pública para el desalojo de un sector ubicado en el camino a Chinquihue, km 6, comuna de Puerto Montt, con el objeto de restituir al Estado bienes que se estiman ocupados ilegalmente.

La recurrente expone que es dueña de un inmueble de aproximadamente una hectárea ubicado en Chinquihue, comuna de Puerto Montt, con deslinde Este en la playa, adquirido por escritura pública de 9 de diciembre de 2004 e inscrito a fojas 5.360 N° 5.518 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2004. Sostiene que en el inmueble mantiene y opera desde hace veinte años aproximadamente, una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos, alimenticios para consumo humano, consistentes en la elaboración de conservas de mariscos y pescados que comercializa bajo la marca “Robinson Crusoe” en Chile como en el exterior, con reconocido prestigio. Señala que sobre el mismo terreno, obtuvo permiso municipal de edificación N° 281, recepción definitiva total N° 73, resolución de calificación ambiental N° 329, zona de protección litoral fijada por Directemar para efectos del emisario submarino para evacuación de aguas servidas, y autorización sanitaria de la Seremi de salud, que autorizó la instalación y operación del desarenado y depurado de mariscos en las construcciones en comento, mediante la Resolución N° 760-2007 N° 760-2007.

Indica que la propia autoridad marítima había reconocido, mediante oficio de 17 de julio de 2009, que dicho terreno deslindaba al Este con la playa y que no existía terreno de playa, de modo que el nuevo acto administrativo contradice sus propios actos, altera un estado de cosas consolidado y amenaza su derecho de propiedad y el ejercicio de su actividad económica.

Que pese a dichos reconocimientos de la autoridad, en agosto de 2024 fue notificada por la Capitanía de Puerto de Puerto Montt del documento denominado “C.P. PMO. Ordinario 12.210/138”, de 25 de julio de ese año, mediante el cual señalaba que estaría “haciendo ocupación ilegalmente de sectores bajo la administración del Ministerio de Defensa Nacional – Subsecretaría para las Fuerzas Armadas”, que habría sido corroborada por fiscalización de 19 de julio de 2024 respecto de las siguientes construcciones: a) cierre perimetral sobre el sector de terreno de playa, compuesto por reja galvanizada y pandereta. b. Existencia de una construcción tipo galpón de estructura metálica con planchas de Zinc en sus costados y techo, sobre una losa de cemento. c) Extensión del techo del galpón de estructura metálica con planchas de zinc en el techo, sobre losa de cemento. d) Existencia de una planta de tratamiento de residuos industriales líquidos (RILES). e) Existencia de 2 contenedores metálicos de 40 pies; f) Existencia de 1 contenedor metálico de 20 pies, instalado sobre una losa de cemento. g) Existencia de un cierre perimetral de reja galvanizada, utilizada como bodega; y h) Terreno de Playa.

Señala que en dicha acta la recurrida dejó constancia que la recurrente y sus predecesores en el dominio han ocupado el terreno en cuestión, al menos desde el 1 de julio de 1984, es decir desde hace más de 40 años, por lo que existiendo un título inscrito, se presume poseedor y dueño del mismo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 700 del Código Civil.

Agrega que debido a dicha notificación expuso sus fundamentos en respuesta de 16 de agosto de 2024, haciendo ver que el año 2009 el vecino “Construcciones y Obras Marinas Astilleros Vergara Limitada” había presentado oposición a la renovación de conexión marítima, relacionada con el emisario de la planta, ocasión en que la Subsecretaría de Marina sostuvo que el lugar carece de terreno de playa, descartando una ocupación ilegal de Trans Antartic.

Que a raíz de esos antecedentes la recurrida suspendió el desalojo que había dispuesto, el 15 de octubre de 2024, dejando sin efecto dicho oficio y requiriendo información a la Seremi de bienes Nacionales; que, sin conocerse la respuesta a lo anterior, se dicta el acto contra el que ahora recurre, y que al enterarse del contenido de dicho informe, que determina la presencia de terrenos fiscales de relleno, no ha sido informada de los antecedentes que avalarían tal conclusión.

Sostiene que el acto administrativo afecta su derecho de dominio sobre el inmueble, mismo que se encuentra inscrito en el registro conservatorio respectivo En mérito de lo anterior, sostiene la existencia de privación, perturbación y amenaza respecto del ejercicio a sus derechos constitucionales reconocidos por el artículo 19, Nros. 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República., y pide que se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del oficio contra el que recurre, dejándolo sin efectos y declarando que la discusión sobre el dominio, deslindes y naturaleza fiscal de los terreno es materia de lato conocimiento, así como las demás medidas que se requieran para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó a su presentación, complementada en folio 2, los siguientes documentos: 1.- copia de la inscripción de fojas 32.406 N° 24.065 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con certificación de vigencia de la sociedad; 2.- copia de la escritura pública de 9 de diciembre de 2004, otorgada en la Décimo Octava Notaría de Santiago; 3.- copia de inscripción de dominio del fojas 5.360 N° 5.518 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt; 4.- copia del Permiso de Edificación N° 281 de 23 de junio de 2005; 5.- copia de planos de emplazamiento, fachada y arquitectura aprobados por la DOM; 6.- copia del Certificado N° 73 de 13 de marzo de 2007, de Recepción Definitiva Total; 7.- copia de certificado de avalúo detallado del Servicio de Impuestos Internos; 8.- copia del oficio M.D.N. (M) ORD. N° 12.210/2839, de 17 de julio de 2009; 9.- copia de la Resolución de Calificación Ambiental N° 329 de 2006; 10.- copia del oficio DGTM y MM Ordinario N° 12.600/1476/VRS, de 9 de noviembre de 2005; 11.- copia de la resolución sanitaria N° 760-2007; 12.- copia del oficio C.P. PMO. Ordinario N° 12.210/138, de 25 de julio de 2024; 13.- copia de la presentación de 16 de agosto de 2024; 14.- copia de los oficios C.P. PMO. Ordinario N° 12.210/184 y N° 12.210/185, de 15 de octubre de 2024; 15.- copia del correo electrónico de 17 de noviembre de 2025; 16.- copia del oficio C.P. PMO. ORD. N° 12.200/98, de 5 de noviembre de 2025; 17.- comprobante de solicitud de transparencia N° AX001T0002517; 18.- comprobante de solicitud de antecedentes por transparencia; 19.- copia del Dictamen N° 049387N12 de la Contraloría General de la República; y 20.- set de fotografías.

En folio 5 fue declarado admisible el recurso, requiriéndose informe a la recurrida.

En folio 9 comparece don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, Capitán de corbeta Litoral, Capitán de Puerto, de Puerto Montt, quien evacua informe solicitando el rechazo del recurso.

Señala, en síntesis, que con ocasión de una presentación de Construcciones y Obras Marinas Astilleros Vergara Limitada, de 13 de junio de 2024, se practicó una fiscalización el 19 de julio de 2024 en el lugar, constatándose un cierre perimetral, un galpón, extensión de galpón, planta de tratamiento de RILES, contenedores y otras instalaciones, todo ello sobre un sector de terreno de playa bajo administración del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Expone que por oficio de 25 de julio de 2024 se notificó la condición de ocupante ilegal a la recurrente, y que luego se solicitó el auxilio de la fuerza pública, a la Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, para efectuar el desalojo del sector y restituir al Estado los bienes ocupados ilegalmente; ante lo cual la recurrente hizo presente que no se trata de terrenos de plaza sino de un inmueble de su propiedad, aun cuando -señala- no acompaño un título de dominio particular ni algún plano que acreditase que las instalaciones se encuentran fuera de los terrenos de playa sino en un inmueble de su propiedad.

Añade que la SEREMI de Bienes Nacionales de Los Lagos concluyó en septiembre de 2025 que la mayor superficie del plano presentado por la actora correspondía a terrenos fiscales constituidos por rellenos ganados al mar, sobre la base de estudio cartográfico, visitas a terreno y estudio de suelos con dos calicatas. Sostiene que su actuación se ajusta al D.F.L. N° 340 de 1960 y al Reglamento sobre Concesiones Marítimas.

Hace referencia a una gestión no contenciosa substanciada ante el Primer Juzgado Civil de esta ciudad, rol C-2015-2011, mediante la cual la recurrente pretendió inscribir un plano de subdivisión predial, memoria explicativa y minuta de deslindes, incorporando terrenos de propiedad fiscal a su patrimonio particular, solicitud que fue rechazada, y en la cual se requirió un informe a la Seremi de bienes Nacionales, del cual se desprendería que en su mayor parte los terrenos serían fiscales; que luego de lo anterior, y de la concurrencia del consejo de Defensa del Estado a ese proceso, Pesquera Trans Antartic desistió de dicha solicitud.

Agrega que tras esta serie de antecedentes, la Capitanía de Puerto decide continuar el procedimiento con auxilio de la fuerza pública, mediante oficio a la Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, de fecha 5 de noviembre de 2025.

En razón de lo anterior, descarta que dicho acto adolezca de alguna ilegalidad o arbitrariedad, por haberse emitido en el ejercicio de sus facultades legales y particularmente, lo previsto en el DFL N°340 sobre concesiones marítimas, su Reglamento contenido en el D.S. N°9 del año 2018, y descarta la existencia de alguna afectación a los derechos constitucionales que invocó el recurrente.

Solicita que, dado todo lo anterior, se rechace el recurso con costas.

Acompañó a su informe los siguientes documentos: 1.- carta de 13 de junio de 2024 presentada por Astilleros Vergara; 2.- oficio N° 12.210/138 de 25 de julio de 2024; 3.- oficio N° 12.210/139, de 26 de julio de 2024; 4.- presentación de la recurrente de 15 de agosto de 2024; 5.- oficio N° 12.210/2839 de 17 de julio de 2009; 6.- Oficio Nº 1579, de fecha 18 de octubre de 2010, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt; 7.- Resolución de 08 de octubre de 2012, del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt; 8) Carta Nº 12.210/185, de fecha 15 de octubre de 2024; 9) Oficio Ord. Nº 12.210/184, de fecha 15 de octubre de 2024; 10) Oficio Ord. Nº 12.210/133, de fecha 01 de julio de 2024; 11) Oficio Ord. Nº 822, de fecha 03 de julio de 2024, del Abogado Procurador Fiscal de Puerto Montt; 12) Oficio Ord. Nº 12.210/183, de fecha 15 de octubre de 2024; 13) Oficio Ord. SE10 1842, de fecha 03 de septiembre de 2025, junto a un Anexo, del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales; 14) Oficio C.P. PMO. Ord. Nº 12.200/98, de fecha 05 de noviembre de 2025.

En folio 11 se concedió orden de no innovar, consistente en suspender el cumplimiento de la solicitud de desalojo decretada por la Capitanía de Puerto Montt, mientras se tramite el presente recurso.

En folio 14, comparece “Construcciones y Obras Marinas Astilleros Vergara Limitada”, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, como tercero independiente. Expone que mantiene una concesión marítima menor sobre el sector, concedida por Decreto N° 405 de 2007; que el conflicto con la recurrente es antiguo, y que ésta ha intentado incorporar a su patrimonio terrenos fiscales. Añade que la SEREMI de Bienes Nacionales y el Consejo de Defensa del Estado ya se habían pronunciado sosteniendo que los terrenos en cuestión son fiscales, citando una inscripción a favor del Fisco, de fs. 130 N°104 del año 1909 (de posesión inmemorial); que en el terreno en cuestión existe sólo un container y ninguna instalación operativa de la recurrente, pidiendo que se rechace el presente recurso en base a fundamentos similares a los formulados por la parte recurrida, sobre los cuales profundiza, invocando la existencia de pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

Cuestiona la pertinencia de todo efecto en relación al permiso de edificación y calificación ambiental, a que alude el recurso, sosteniendo que el primero no se refiere al terreno en cuestión, y que el segundo se encuentra en predios actualmente concesionados a Astilleros Vergara y no a la recurrente.

Solicita que se rechace el presente recurso, con costas.

Acompañó a su presentación los siguientes documentos: 1.- copia del Decreto Supremo N° 405, de 12 de octubre de 2007; 2.- copia de la carta de 13 de junio de 2024 presentada ante la Capitanía de Puerto; 4.- copia del Decreto Alcaldicio N° 4589, de 1 de abril de 2024; 4.- copia del oficio Ord. N° 12.210/163, de 15 de octubre de 2024; 5.- copia del oficio Ord. SE10 N° 001842, de 3 de septiembre de 2025; 6.- copia del oficio del Consejo de Defensa del Estado N° 822, de 3 de julio de 2024; 7.- copia del oficio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt N° 1579, de 18 de octubre de 2010; 8.- copia de expediente Rol C-2015-2011; y 9.- antecedentes relativos a situación predial y fotográfica del sector.

Asimismo, la recurrente y tercero señalado, adjuntaron antecedentes adicionales en presentaciones de folios 18, 29 y 31.

En folio 21 se ordenó agregar extraordinariamente el presente recurso.

CON LO EXPUESTO, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio legítimo de ciertos derechos constitucionales, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sin que constituya una vía idónea para declarar definitivamente el dominio de un inmueble, o resolver controversias complejas sobre deslindes o respecto de la naturaleza jurídica del suelo, materia que corresponde al juicio de lato conocimiento.

SEGUNDO: Que, en la especie, los antecedentes muestran que se ha formado una controversia sostenida y de larga data, sobre la calidad jurídica del área de terreno cuya restitución se pretende ejecutar por la recurrida. Por una parte, la recurrente exhibe inscripción de dominio vigente del año 2004; su escritura que sirve de título para la adquisición; permisos municipales; recepción definitiva de obras; Resolución de calificación ambiental; autorización sanitaria y diversos antecedentes sobre reconocimiento administrativo, a su actividad desarrollada en el inmueble, y a la negativa de constituir terrenos de playa. Por otra parte, la Autoridad Marítima y el tercero sostienen que el área sería un terreno fiscal, constituido por relleno ganado al mar, amparándose en pronunciamientos administrativos recientes y antiguos, así como en antecedentes de un estudio de suelos que habría realizado la Secretaría Regional Ministerial de bienes Nacionales.

TERCERO: Que, en especial, la recurrente expuso que la inscripción conservatoria de su dominio reconoce una cabida aproximada de una hectárea, con deslinde Este en la playa; que el inmueble fue adquirido por compraventa de 9 de diciembre de 2004; que la DOM otorgó permiso de edificación N° 281 para bodega y sala de calderas; que luego concedió la recepción definitiva total N° 73; y que la planta cuenta con autorización ambiental y sanitaria de larga data. También afirmó que la autoridad marítima, en 2009, descartó la existencia de terreno de playa en relación con la ocupación imputada por un tercero, acompañando diversos documentos en respaldo de sus afirmaciones, reclamando que el acto impugnado vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución, por actuar la autoridad sin esperar un pronunciamiento judicial y sin permitir un contradictorio suficiente respecto de la supuesta calidad fiscal del terreno; el artículo 19 N° 21, por afectar la continuidad de una actividad económica lícita y autorizada; y el artículo 19 N° 24, por amenazar la propiedad de las edificaciones, instalaciones y demás bienes existentes en el inmueble.

CUARTO: Que la recurrida sostiene que el conflicto se originó en una denuncia formulada por un vecino colindante; que la fiscalización del 19 de julio de 2024 constató diversas instalaciones sobre un área de aproximadamente 1.860 metros cuadrados; que por oficio de 25 de julio de 2024 se calificó esa ocupación como ilegal; que luego se pidió auxilio de fuerza pública; y que posteriormente la SEREMI de Bienes Nacionales, a partir de estudio cartográfico, visitas y estudio de suelos, concluyó que la mayor superficie del plano presentado por la recurrente correspondía a terrenos fiscales constituidos por rellenos ganados al mar, acompañando igualmente una multiplicidad de antecedentes en respaldo de sus argumentaciones.

QUINTO: Que, por último, Astilleros Vergara Ltda., en su calidad de tercero, expuso que detenta un interés actual derivado de su concesión marítima menor, de la cual es titular por Decreto N° 405 de 2007; que ha existido un conflicto prolongado con la recurrente respecto del mismo sector costero; y que tanto la SEREMI de Bienes Nacionales como el Consejo de Defensa del Estado se habían hecho parte en la causa civil C-2015-2011, sosteniendo que los terrenos que se pretenden incorporar al plano son fiscales. Agregó que el acto impugnado repercute también en su concesión y actividad, y acompaña igualmente diversos documentos en apoyo de su posición.

SEXTO: Que, uno de los aspectos sobre los cuales la recurrida y tercero hacen hincapié, corresponde a la gestión seguida por la recurrente en la causa Rol V-1965-2011, que luego derivó en el proceso rol C-2015-2011. Los antecedentes muestran que la gestión se inició para que el Conservador tomara nota, al margen de la inscripción del inmueble de la recurrente, de una memoria explicativa y plano de la propiedad; que se formularon oposiciones y que ante éstas finalmente la recurrente se desistió, sin que se dirimiese sobre el dominio o naturaleza fiscal del terreno. Que, por ello, dicho procedimiento no produjo un efecto de cosa juzgada material respecto del dominio ni el carácter fiscal o particular del terreno, pues para que surja dicho efecto de cosa juzgada es preciso una decisión jurisdiccional sobre el fondo, que no existe cuando el procedimiento termina por desistimiento, sin que existiera una acción o petición destinada a que se emita pronunciamiento sobre el dominio ni sobre la naturaleza fiscal o privada del terreno.

En consecuencia, no puede sostenerse que la recurrente esté impedida de controvertir la calidad del terreno, ni que la administración pueda ampararse en aquel procedimiento inconcluso, para tener por resuelta una cuestión que no obtuvo sentencia favorable ni pronunciamiento jurisdiccional de mérito.

SÉPTIMO: Que, de la documentación incorporada por la recurrida, tampoco aparece un soporte técnico suficiente e irrefutable, que permita tener plenamente acreditado el presupuesto fáctico del cual emana la orden de desalojo. El oficio de la SEREMI de bienes Nacionales, de 3 de septiembre de 2025, alude a trabajo cartográfico, visitas a terreno y un estudio de suelos con calicatas, tras lo cual concluye que “se puede presumir” que la mayor superficie correspondería a terrenos fiscales constituidos por rellenos ganados al mar. Esa formulación constituye un antecedente relevante, pero no equivale a una determinación firme ni descarta por sí sola los antecedentes administrativos y registrales que apoyan la tesis de la recurrente, al menos en cuanto a la apariencia de un dominio privado sobre las edificaciones y su emplazamiento, como son la inscripción de dominio del año 2004, el título que la origina, las autorizaciones municipales y el oficio del año 2009, de la Subsecretaría de Marina, que descartó la existencia de terreno de playa al revisar los títulos.

Aun cuando lo anterior no permite por sí solo justificar un derecho de dominio, al menos deja en tela de juicio que el terreno cuya restitución se exige, esté acreditado como relleno fiscal, en especial por cuanto en autos no se acreditó que el Fisco hubiera sido autor de un relleno en ese lugar, ni que hubiese requerido y obtenido alguna inscripción de dominio en su favor.

OCTAVO: Que, ante la discrepancia ya indicada, el actuar de la Armada ha producido una alteración del statu quo existente, pues transita desde una suspensión de las acciones, dispuesta en octubre de 2024, a reactivarlas en noviembre del año 2025 mediante desalojo administrativo, pese a la persistencia de una controversia de dominio no resuelta judicialmente. Tal decisión produce efectos materiales que pueden privar o al menos amenazar de manera seria el ejercicio de la propiedad del recurrente, sobre sus edificaciones e instalaciones.

NOVENO: Que, por ello, concurre en autos una vulneración o al menos la amenaza al ejercicio del derecho de propiedad, reconocido por el artículo 19 N°24 de la Constitución, en cuanto la orden de desalojo conducirá a la desocupación, demolición o inutilización de edificaciones y equipos del recurrente emplazados en el sitio, afectando los atributos esenciales del dominio sobre esas construcciones y su uso económico.

DÉCIMO: Que, de igual manera, dicho acto vulnera el artículo 19 N°3 de la Constitución, en tanto la administración se arroga la capacidad de dirimir o resolver ante sí sobre una controversia de dominio que tiene un carácter complejo, sin provocar un juicio previo que admita contradictorio suficiente, sobre la base de antecedentes que no resultan palmarios, comprometiendo la igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso.

UNDÉCIMO: Que, en relación al derecho a desarrollar una actividad económica, del 19 N°21 de la constitución Política, no se advierte comprometido, pues para ello habría sido necesario acreditar que la recurrente quedase impedida de continuar su giro, pese a contar con las demás construcciones que mantiene en el sector.

DUODÉCIMO: Que, en ese mismo sentido, el D.F.L. N° 340 de 1960 y el Reglamento sobre Concesiones Marítimas, facultan a la autoridad marítima para actuar frente a ocupaciones ilegales de bienes sujetos a su competencia; sin embargo, esas potestades no habilitan a resolver por vía administrativa una controversia sobre el estatuto dominical, cuando éste no se encuentre fehacientemente demostrado. Asimismo, el Decreto Ley N° 1.939 de 1977, en su artículo 19, inciso tercero, contempla expresamente acciones judiciales para el caso del ocupante de bienes raíces fiscales que no acredite sus calidades, lo que reafirma que la determinación de si un terreno es fiscal o no, pertenece al ámbito jurisdiccional cuando la cuestión es controvertida.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la acción ejercida no conduce en esta sede a establecer que el terreno sea de propiedad privada, pero sí resulta concluyente la ausencia de justificación administrativa suficiente para la medida de desalojo administrativo, en cuanto a que la franja cuya restitución se exige sea efectivamente un relleno ejecutado por el Fisco e inscrito como predio fiscal; por lo que la orden impugnada aparece a lo menos como una amenaza ilegítima al ejercicio de las garantías constitucionales ya mencionadas.

Por estas consideraciones, disposiciones señaladas, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

I.- Que se acoge el recurso de protección deducido por Pesquera Trans Antartic Limitada en contra de la Armada de Chile, Capitanía de Puerto de Puerto Montt.

En consecuencia, se deja sin efecto el Oficio C.P. PMO. ORD. N° 12.200/98/D.P.R., de fecha 5 de noviembre de 2025, y toda actuación consecuencial de desalojo fundada en el mismo, por cuanto constituyen una amenaza al ejercicio de los derechos constitucionales de la recurrente, reconocidos por el artículo 19 N° 3 y N°24 de la constitución Política.

II.- Que todo lo anterior se decide, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan para determinar, en sede de lato conocimiento, la calidad jurídica y titular del terreno controvertido.

III.- Que no se condena en costas a la recurrida ni al tercero, atendida la razonabilidad de las posiciones sostenidas por las partes.

IV.- Una vez ejecutoriada esta sentencia, déjese sin efecto la orden de no innovar.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redactada por el abogado integrante Christian Löbel Emhart.

No firma el Fiscal Judicial don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol 1776-2025.-