Protección contra Fundación Educacional Robert Pace

Puerto Montt, siete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Fundación Educacional Robert Pace, representada legalmente por don nombre reservado, y en contra de su administrador don nombre reservado, y de don nombre reservado, funcionario del mismo establecimiento.

Funda la acción en actos que califica de ilegales y arbitrarios, vinculados con la existencia y desarrollo de un procedimiento interno seguido en su contra al interior del establecimiento educacional Colegio Cristiano Robert Pace de Puerto Montt y con el término de su relación laboral.

Expone que se desempeñó durante años como director del establecimiento, sin sanciones previas, evaluaciones negativas ni reproches formales; que luego de la incorporación de don nombre reservado como administrador, comenzó a experimentar hostigamiento, desautorización, sobrecarga laboral, aislamiento institucional y exclusión de comunicaciones y decisiones relevantes. Afirma que tales circunstancias habrían afectado gravemente su salud mental, lo que se encontraría acreditado mediante licencias médicas e informes médicos que acompaña.

Señala que, durante y después de su período de licencia médica, fue excluido de comunicaciones institucionales, correos oficiales y decisiones del establecimiento, que su nombre fue retirado de la página web del colegio, que se le privó de su oficina y de sus efectos personales y que se le atribuyeron denuncias vinculadas a la Ley Karin, sin investigación ni antecedentes objetivos.

Refiere que, al término de su licencia médica, fue citado por correo electrónico a una reunión denominada de “coordinación administrativa”, en la que se le informó que se había iniciado un procedimiento interno en su contra y que se había designado como investigador a don nombre reservado, quien había sido su reemplazante durante la licencia médica.

Sostiene que dicho investigador carecía de imparcialidad, por mantener un interés personal y funcional en el resultado del procedimiento, y que no se habría inhabilitado ni habría sido recusado. Agrega que el procedimiento se fundó en un Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad correspondiente al período 2025-2026, del cual no habría tenido conocimiento formal con anterioridad, por lo que, a su juicio, dicho instrumento le era inoponible.

Afirma que se le privó de una oportunidad real y efectiva de defensa, pues fue informado de la existencia del informe final y, antes de que pudiera formular descargos, se le comunicó el cierre de la investigación y, ese mismo día, su desvinculación laboral.

Señala que la resolución interna que puso término al procedimiento afirmó erróneamente que había sido debidamente notificado y habilitado para presentar descargos, pese a que el mismo correo electrónico que le comunicaba el cierre de la investigación indicaba que podía presentar explicaciones o antecedentes.

Considera que el término de la relación laboral y los actos que lo precedieron vulneraron sus derechos a la integridad psíquica, al debido proceso, a la honra y a la libertad de trabajo, consagrados en los numerales 1, 3, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; que el procedimiento fue utilizado como instrumento para justificar una decisión previamente adoptada, que vulneró los artículos 153 y 156 del Código del Trabajo y que los actos denunciados constituyeron represalias ante el uso de licencias médicas y formulación de denuncias de hostigamiento laboral.

Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto el procedimiento interno y sus conclusiones, se declare inaplicable el Reglamento Interno correspondiente al período 2025-2026, se ordene a los recurridos abstenerse de invocar o difundir dicho procedimiento y se adopten medidas destinadas a reparar y evitar nuevas afectaciones, con costas.

A su presentación acompañó Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad correspondiente al período 2023-2024; Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad correspondiente al período 2025-2026; Informe final de investigación administrativa interna; correos electrónicos relativos a la investigación y a su cierre; informes médicos de fechas 9 de diciembre de 2025 y 5 de enero de 2026; Resolución interna que instruyó la investigación y designó investigador; Acta de reunión de entrevista administrativa de 5 de enero de 2026; Resolución interna de fecha 15 de enero de 2026, relativa al cierre de la investigación; comunicación de término de la relación laboral.

En folio 6 se declaró admisible el recurso, con excepción de la garantía del artículo 19 N.° 1 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de lo que se resolviera en definitiva, y se solicitó informe a los recurridos.

En folio 17 consta el informe evacuado por don nombre reservado, abogado de la Fundación Educacional Robert Pace y de don nombre reservado, quienes solicitan el rechazo del recurso.

Señalan que la versión entregada por el recurrente es parcial y descontextualizada, que el procedimiento interno aludido no tuvo carácter sancionatorio ni constituyó un proceso disciplinario, sino una instancia meramente indagatoria destinada a recabar antecedentes sobre situaciones ocurridas al interior del establecimiento, a permitir al trabajador exponer su versión de los hechos y formular los descargos que estimara pertinentes. Afirman que el recurrente fue citado en diversas oportunidades a participar en dichas instancias, sin que hubiera comparecido ni presentado descargos, circunstancia que no sería imputable a los recurridos.

Sostienen que el procedimiento interno no constituyó el fundamento del término de la relación laboral, pues la desvinculación se habría basado en incumplimientos contractuales graves, invocados en la carta de despido conforme a la causal prevista en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo. Añaden que el término del vínculo laboral se materializó mediante la comunicación formal de la causal de despido y la posterior suscripción del finiquito por parte del trabajador ante ministro de fe, instrumento en el que se habría dejado constancia de que la relación laboral concluyó por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.

En cuanto al Reglamento Interno, expresan que este no fue utilizado como fundamento del despido ni como base de una medida disciplinaria, por lo que cualquier discusión relativa a su notificación o vigencia resultaría ajena a los hechos que motivaron el término de la relación laboral. Alegan que la relación laboral se encuentra completamente terminada y no actualmente actos u omisiones vigentes atribuibles a los recurridos que puedan ser corregidos mediante esta acción cautelar.

Sostienen, además, que el recurrente pretende cuestionar por esta vía la legalidad del despido, la existencia de incumplimientos contractuales y las condiciones en que se desarrolló la relación laboral, materias que deben ser conocidas por los Juzgados de Letras del Trabajo mediante los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo.

Informan que el propio recurrente dedujo demanda de tutela de derechos fundamentales, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, causa RIT T-47-2026, fundada en los mismos hechos que sirven de sustento al presente recurso. Concluyen que la existencia de dicho litigio demuestra que el actor cuenta con una vía jurisdiccional idónea para discutir la legalidad del despido, la eventual vulneración de derechos fundamentales y las demás cuestiones relacionadas con la relación laboral, por lo que la presente acción resultaría improcedente.

Solicitan, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

A dicho informe se acompaña copia del expediente correspondiente a la causa RIT T-47-2026 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt.

En folio 20 concurre don nombre reservado, quien informó que las actuaciones que realizó se enmarcaron en el cumplimiento de instrucciones impartidas por su jefatura directa y dentro del ejercicio de sus funciones, señalando que la responsabilidad de informar recaía en su empleador.

En folio 22 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO EXPUESTO, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de Protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes que esa misma disposición selecciona, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben ser tomadas ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su ejercicio.

Se trata, por consiguiente, de una acción cautelar de derechos cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

SEGUNDO: Constituye un requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones o efectos indicados, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Asimismo, es necesario que el derecho cuya protección se pretende tenga el carácter de indubitado, pues esta acción cautelar no constituye una instancia declarativa de derechos ni un procedimiento destinado a resolver controversias complejas que requieran un amplio debate probatorio.

TERCERO: Que los actos que se denuncian como ilegales y arbitrarios, se relacionan con el procedimiento interno desarrollado al interior del establecimiento educacional en que se desempeñaba el recurrente, con la aplicación del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad correspondiente al período 2025-2026, con la designación del investigador, con la oportunidad para formular descargos y, finalmente, con el término de la relación laboral.

El recurrente sostiene que dicho procedimiento fue irregular, que se aplicó un reglamento que no le habría sido notificado, que no contó con una instancia real de defensa y que el despido habría constituido una represalia por sus licencias médicas y por las denuncias de hostigamiento laboral que habría formulado.

Por su parte, los recurridos sostienen que el procedimiento interno fue meramente indagatorio y no tuvo carácter sancionatorio, que el actor fue informado y tuvo oportunidades para comparecer y formular descargos, y que el término de la relación laboral se fundó en incumplimientos contractuales graves, invocándose para ello la causal establecida en el artículo 160 N.° 7 del Código del Trabajo. Agregan que el despido fue formalizado mediante la respectiva carta y que el trabajador suscribió posteriormente el finiquito ante ministro de fe, por lo que no existiría actualmente un acto u omisión vigente susceptible de ser corregido por esta vía.

CUARTO.- Que acorde a lo señalado, la controversia no permite constatar la existencia indubitada de un derecho constitucional actualmente perturbado por una actuación manifiestamente ilegal o arbitraria, sino a la determinación de diversos hechos y cuestiones jurídicas controvertidas, entre ellas, si el Reglamento Interno correspondiente al período 2025-2026 fue debidamente comunicado y resultaba oponible al recurrente; si el procedimiento interno tuvo carácter meramente indagatorio o disciplinario; si el recurrente fue debidamente notificado de su inicio; si contó con una oportunidad real y suficiente para formular descargos; si el investigador actuó con la debida imparcialidad; si el procedimiento tuvo alguna incidencia en la decisión de poner término al contrato de trabajo; si existieron incumplimientos contractuales graves; si la causal invocada en la carta de despido resultaba procedente; y si el término de la relación laboral vulneró derechos fundamentales o constituyó una represalia por el ejercicio de derechos laborales.

La resolución de tales materias exige establecer hechos, ponderar documentos, interpretar el Reglamento Interno, analizar la carta de despido y determinar sus efectos jurídicos, todo lo cual excede con creces los márgenes propios de esta acción cautelar.

QUINTO.- Que, a mayor abundamiento, sobre los mismos hechos se encuentra actualmente pendiente la causa RIT T-47-2026 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, iniciada por el recurrente contra su empleador y recurrido en autos, vinculada con la tutela de derechos fundamentales, el despido y las prestaciones derivadas de la relación laboral.

La existencia de dicho proceso demuestra que las cuestiones planteadas en esta sede han sido sometidas al conocimiento del tribunal laboral competente, que cuenta con completa competencia y atribuciones, sujeto al procedimiento y medios adecuados para establecer los hechos y resolver las pretensiones del actor.

SEXTO.- Que el recurso de protección no puede ser utilizado para sustituir el mérito de lo que determine el tribunal laboral, ni obtener por vía cautelar un pronunciamiento anticipado sobre la legalidad del despido, la validez del procedimiento interno, la procedencia de la causal invocada o la eventual vulneración de derechos fundamentales en el contexto de la relación laboral o de su término.

La existencia de un litigio pendiente ante la judicatura especializada torna la presente vía inidónea para resolver la controversia, pues hacerlo implicaría alterar el procedimiento legalmente establecido y anticipar una decisión que corresponde adoptar exclusivamente al Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, con pleno conocimiento de los antecedentes y dentro de un procedimiento de lato conocimiento.

SÉPTIMO.- Que, en consecuencia, no existe en autos un derecho indubitado que pueda ser amparado por esta acción cautelar, sino pretensiones cuya procedencia debe ser establecida mediante un procedimiento declarativo y, en su caso, de condena, en que las partes puedan rendir prueba, controvertir los antecedentes y obtener una decisión con los efectos propios de la jurisdicción laboral.

La acción de protección no constituye una instancia destinada a sustituir la competencia judicial que el legislador ha regulado para conocer la eventual nulidad de un despido, o determinar la procedencia de una causal de terminación del contrato ni resolver la eventual existencia de acoso, represalia o vulneración de derechos fundamentales en contexto de una relación laboral.

OCTAVO: Que, por lo señalado, no resulta posible establecer en esta sede la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte actualmente una garantía constitucional de carácter indubitado, ni corresponde a esta Corte sustituir el mérito de la decisión que adopte el tribunal competente en la causa RIT T-47-2026.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza en todas sus partes, con costas, la acción interpuesta por don nombre reservado en favor de don nombre reservado, contra la Fundación Educacional Robert Pace, don nombre reservado y don nombre reservado.

Se previene que la Sra. Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez concurre al rechazo del recurso, con los mismos fundamentos, pero fue de parecer de eximir al recurrente de las costas, estimando que ha tenido motivo plausible para litigar.

Redacción del abogado integrante Christian Löbel Emhart.

No firma el Ministro suplente don Juan Carlos Orellana Venegas, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 174-2026.