nombre reservado con CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Puerto Montt, trece de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece nombre reservado, domiciliado en la ciudad de Puerto Montt, e interpone recurso de protección en contra de Ejército de Chile, representado legalmente por Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General nombre reservado, de la Contraloría Regional de Los Lagos, y de CAPREDENA, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, sosteniendo que se ha cometido en su contra acción u omisión arbitraria y/o ilegal, en los términos que plantea en su recurso, señalando -entre otras cosas- que, durante su trayectoria militar, se desempeñó como músico y cantante, de las bandas instrumentales, y sus calificaciones eran excelentes, indicando que, su última remuneración completa fue en el mes de mayo de 2016, en donde recibió la suma de $889.900, conforme al artículo 172 del Código del Trabajo. Agrega que, su relación con el Ejército de Chile, se vio desmejorada por padecer obesidad al punto que tuve que practicarse una cirugía bariátrica, por las diferentes burlas y hostigamientos que sufría por sus superiores, siendo afectado en sus derechos durante largo tiempo, y en ese entonces inclusive, lo ingresaron al Club de los Obesos en el Regimiento Sangra e igualmente en Buin, recibiendo tratos descalificativos de sus superiores, señalando que todas las burlas de sus superiores, constan en informe social de fecha 7 de junio de 2011 suscrito por Sra. nombre reservado, y finalmente recibió una orden verbal del entonces coronel nombre reservado, quien le indicó que asista a un centro de obesidad en la Clínica Puerto Montt, y el especialista que lo atendió fue el médico cirujano, nombre reservado, donde le diagnostican 1) Obesidad Severa Tipo 2; 2) Hipertensión Arterial; 3) Síndrome de resistencia a la insulina con glicemia basal alterada, dislipidemia Aterogénica; 4) Síndrome Metabólico con riesgo de sufrir un accidente cardiovascular del 10%; en donde se me sugiere la manga gástrica, que se practica con posterioridad. Sostiene que, solicitó todos los permisos pertinentes y autorizaciones para dicha intervención, y se practica cirugía bariátrica con fecha 11 de julio de 2011, y estando de alta, sufrió una taquicardia, que lo mantuvo en control médico por cerca de 10 meses, inclusive en Hospital Militar de Santiago.

Argumenta -entre otras cosas- que, al volver a sus actividades en el Regimiento Sangra, sufrió de hipoglicemias reflectarías, por lo cual se le indica alimentación liviana, sin actividad física, sin guardias ni servicios; por lo cual con fecha 13 de septiembre de 2012, la comisión de sanidad de Valdivia en resolución nº 188/2012 lo aparta de funciones, hasta que la comisión de sanidad de Santiago decida sobre su condición, y con fecha 21 de julio de 2012, en licencia médica nº 062508 la Dra. nombre reservado,(psiquiatra del hospital militar) sugiere cambio laboral de 4 a 6 meses, lo cual señala, nunca fue tomado en cuenta en su unidad, manteniéndome en el lugar donde se originaba el hostigamiento. Indica que, en este tiempo, fue sometido a interrogatorios del oficial de inteligencia del Regimiento, Teniente Moya, en presencia del Sargento Primero Ponce de sección Segunda, y junto a interrogarlo por su salud, le sugiere abandonar su lugar en el Ejército de Chile, señalando que, al salir del interrogatorio, se dirige a enfermería, en donde Sargento nombre reservado, le indica que el Teniente Moya, estuvo consultado sobre su situación de salud.

Sostiene que, se le realizaron diversos hostigamientos, y que se le imputaba aprovecharse del sistema y que perjudicaba a toda la unidad, ya que al no hacer guardias afectaba a muchas familias ya que no realizaba su trabajo en forma completa. Agrega que, conforme a resolución R.I. 12 CFA (R) Nº 1585/2233 de fecha 19 de marzo de 2012 se ordena instruir investigación sumaria administrativa para establecer las causas y circunstancias en que se produce su enfermedad, en la cual se considera diagnóstico Gastrectomía Tubular Laparoscópica e Hipoglicemias secundarias a Síndrome de Dumping. Luego, sostiene que, conforme a Resolución R.I. 12 CFA (R) nº 1585/12571 de 20 de diciembre de 2013, se establece que sus afecciones a la salud no corresponden a enfermedad profesional, y posteriormente, la Comisión de Sanidad del Ejercito, en informe Nº 209/2013, establece que se encuentra APTO para continuar en la Institución, pero debía seguir en control psiquiátrico y servicio de nutrición en el hospital militar de Santiago.

Posteriormente, indica que por resolución del Comandante del Comando de Personal (R) Nº11345/116/89 de fecha 20 de mayo de 2014, se determina que sus enfermedades no eran profesionales, encontrándose APTO para el servicio. Por su parte, sostiene que nuevamente el Ejército de Chile, dicta resolución R.I. 12 CFA (R) Nº 1585/12086 de fecha 9 de diciembre de 2013, ordena instruir otra investigación sumaria administrativa, para determinar las causas de su enfermedad, nuevamente señalando que no era profesional, conforme a resolución R.I. 12 CFA (R) Nº 1585/12574 de 13 de noviembre de 2014.

Agrega que, se produce llamado absoluto a retiro con fecha 31 de mayo de 2016, conforme a resolución COP AS JUR “E” (R) nº 11.345/73/053 de 22 de febrero de 2016 que determina su baja del Ejército de Chile, lo que impugnó ante Contraloría, en atención a que la patología observada no es de carácter profesional ni tampoco invalidante, y que no podían intervenir las comisiones de sanidad del ejercito por ser autónomas, extinguiendo su plazo para demandar dentro de los 60 días, y luego, la Contraloría en dictamen Nº 76.852 de 19 de octubre de 2016, refiere a la investigación sumaria, pero señala que no es apto para el servicio; toda vez, que la comisión pertinente, había determinado que era apto para el servicio, y es por ello, que debe tenerse en cuenta, que no fue evaluado personalmente por la comisión de sanidad; es decir, se le dio de baja, señalando que no era apto para el ejercicio profesional en el Ejército de Chile, sin ser examinado por la comisión de salud.

Arguye que, por resolución COP I/2 (P) Nº1615/539 de 8 de julio de 2016, el comandante del Comando de Personal dispone su retiro absoluto del Ejército de Chile con fecha 31 de mayo de 2016, estableciendo además el cese de sus remuneraciones. Señala que, su baja no fue notificada legalmente en su domicilio, sino en domicilio de un familiar en calle Huasco de la comuna de Puerto Montt, y jamás le han entregado documento que señale que he sido dado de baja, ni ha firmado documento alguno de parte del ejército, cual le impide ingresar a un empleo formal; toda vez que exigen finiquito o documento que acredite el cese de sus funciones. Agrega que el Ejército de Chile no ha traspasado sus fondos previsionales ni bono de reconocimiento, los cuales estaban destinados exclusivamente para el pago de pensiones alimenticias, las cuales al día de presentación del recurso no ha podido regularizar, y lo mantiene alejado de sus hijos por no poder cumplir como debería, agregando que el Ejército de Chile, mantiene el Bloqueo de Capredena, lo cual le impide acceder a sistema de salud.

Agrega que, por años a través de la contraloría solicitó los antecedentes al ejército, pero nunca los entregaron ,perjudicando aún más su situación, y que ha solicitado su ficha clínica del Ejército de Chile, y se le ha negado en reiteradas oportunidades, ha solicitado copias al Ejército Chile, de sus expedientes, sumarios y resolución que ordena su baja; los cuales no se los entregan, señalando que están en Regimiento Nº12 Sangra; y luego le señalan que están el pasivo de la dirección de personal y al ir a Santiago al archivo general; se le indica que tampoco existen mis antecedentes.

Explica las garantías constitucionales que estima vulneradas, y en definitiva denuncia como arbitrario e ilegal la resolución de FOLIO E574617/2024, REF Nº 919885/2022 de fecha 4 de diciembre de 2024, emitida por la Contraloría General de la República, Región de Los Lagos; en que se ha formulado por su parte reclamación de traspaso de fondos cotizados en Caja de Previsión de la Defensa Nacional CAPREDENA, al sistema reglado del DL 3500 de 1980, en la cual se señala que no fue notificado de su baja del Ejército de Chile en el año 2016, y señala que su baja fue notificada el 26 de enero de 2017; de la cual la misma Contraloría señala que se abstiene de intervenir sobre el cese de funciones, debido a que ya ha sido conocido por los tribunales de justicia; lo cual es incorrecto, ya que la única acción intentada fue tutela de garantías en el ámbito laboral. Señala que, ha sido dado de baja del Ejército de Chile, con errores sustanciales en las tramitaciones de los sumarios; toda vez que no ha existido ningún antecedente que justifique la baja del servicio, y más aún existiendo antecedentes médicos no invalidantes y una resolución de baja, sin haberse examinado a dicho recurrente, indicando que, desde el inicio de esta desvinculación, ha recurrido ante contraloría, sin ninguna respuesta al respecto, que se pronuncie sobre el fondo del asunto, salvo aquellas que versan sobre tramitación, y esta última, en que se abstiene de pronunciamiento de forma arbitraria.

Solicita se acoja el recurso de protección intentado, y en lo pertinente, señala las siguientes peticiones concretas: Respecto a Contraloría Regional de la República: a) Que se pronuncie derechamente sobre el cese de funciones, en el sentido de declarar si el proceso y la resolución de baja del ejército se ajustan a derecho, toda vez que no existen antecedentes jurídicos para darlo de baja; b) Remita expedientes de reclamaciones efectuadas por la parte recurrente; Respecto del Ejército de Chile: a) Que se pronuncie respecto a las afecciones de salud consideradas como invalidantes para la baja de servicio; b) Que entregue a su parte, todos los antecedentes médicos tenidos a la vista para la baja del Ejercito; c) Que el Ejército de Chile se pronuncie sobre su negativa a traspasar sus fondos previsionales y bono de reconocimiento a sistema de AFP; d) Que el Ejército de Chile levante el Bloqueo al sistema de salud o entregue el Boucher de Bloqueo, a fin de poder cotizar en Fonasa u otra entidad de salud; e) Que el Ejército de Chile le entregue sus fichas clínicas, copias de expedientes, sumarios y resolución que determina su baja del Ejercito; f) Que a efectos previsionales, el Ejército de Chile le entregue o remita a la Corte de Apelaciones, los siguientes antecedentes: i. Certificado de Imposiciones; ii. Certificados de Cotizaciones Previsionales; iii. Reconocimiento de Años de Servicio; g) Que el Ejército de Chile, realice la transferencia de fondos previsionales y bono de reconocimiento a sistema de AFP; h) Devuelva a servicio activo al recurrente; Respecto de Capredena; a) Acompañe copia de sus últimas 12 liquidaciones de remuneraciones completas en el Ejército de Chile; b) Acompañe certificado de Imposiciones; c) Acompañe Certificado de Cotizaciones Previsionales; d) Realice reconocimiento de Años de Servicio; e) Regulación de Imposiciones; f) Practique la Emisión, cálculo y liquidación de bonos de reconocimiento; g) Pago de desahucio; h) Devolución de Imposiciones de Desahucio; i) Conforme a mantención de cuenta desahucio y/o devolución de cobros indebidos, practique el control respecto del descuento del 5% de desahucio y devolución de montos cobrados en exceso.

A folio 4 se tiene por interpuesto recurso de protección, solo respecto de la recurrida Contraloría General de la República, solicitando el informe respectivo.

A folio 8 informa la parte recurrida, Contraloría General de la República, solicitando el rechazo del recurso, indicando que el recurso de autos se ha deducido en contra del oficio N° E574617, de 4 de diciembre de 2024, de dicha Contraloría Regional de Los Lagos, que, en lo fundamental, se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto del cese de funciones del señor nombre reservado en el Ejército de Chile, pues se comprobó que esa materia fue sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia. Luego, en relación con el traspaso de sus cotizaciones desde CAPREDENA al régimen de capitalización individual, indica que dicho organismo de control remitió los antecedentes del caso a CAPREDENA para que dé respuesta directa al interesado, ya que dicho asunto se encuentra dentro de su ámbito de atribuciones, y no se advertía que el señor nombre reservado hubiere recurrido primero a dicha entidad. Al efecto indica que, con fecha 13 de julio y 16 de agosto de 2022 don nombre reservado, dedujo reclamaciones ante dicho organismo de control -referencias Nos W021359/2022 y R004781/2022- en contra del Ejército de Chile, a través de las cuales reclamó por el traspaso de los fondos cotizados en CAPREDENA al sistema regulado por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980. También solicitó la declaración de ilegalidad en cuanto a su cese de funciones en el Ejército, lo que conllevaría a disponer su reintegro a la institución y el pago de las remuneraciones que le hubiesen correspondido durante el período que fue alejado de sus labores. Señala que, posteriormente, el Ejército de Chile presentó un informe jurídico en la referencia N° 919885/2022, pronunciándose la Contraloría Regional por medio del citado oficio N° E574617, de fecha 4 de diciembre de 2024, donde resolvió abstenerse de intervenir respecto del cese de labores, debido a que el interesado interpuso una demanda de nulidad de derecho público en contra del Ejército de Chile respecto de los actos administrativos que dispusieron su retiro absoluto por enfermedad, ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, Rol N° C-13492- 2018, la cual fue rechazada mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2020, la que se encuentra firme y ejecutoriada.

Agrega que, lo efectúa de conformidad con lo previsto en el inciso tercero el artículo 6° de la ley N° 10.336, por lo que a dicha Contraloría no le corresponde intervenir ni informar los asuntos que por su naturaleza sean de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, como ocurre en este caso. Además, en relación con el traspaso de las cotizaciones desde CAPREDENA al régimen de capitalización individual, señaló que se remitieron los antecedentes a CAPREDENA para que diera respuesta directa al interesado, ya que dicho asunto se encuentra dentro de su ámbito de atribuciones y no se observó que el señor nombre reservado hubiere recurrido previamente a dicha entidad. Sostiene que, en dicho contexto, el recurrente interpuso la presente acción cautelar estimando que en la especie concurre un actuar ilegal y arbitrario por parte de este fiscalizador, que vulneraría las garantías fundamentales contempladas en la Constitución Política de la República que cita en su libelo, por lo que, en lo que respecta a la actuación de dicha Contraloría Regional, solicita en el petitorio de la acción, que esta Entidad Fiscalizadora se pronuncie derechamente sobre el cese de funciones, en el sentido de declarar si el proceso y la resolución de baja del Ejército se ajustan a derecho, toda vez que, en su concepto, no existen antecedentes jurídicos para dar de baja al funcionario, en virtud a que las patologías referidas por el Ejército de Chile no eran invalidantes, ni permanentes y remitir los expedientes de las reclamaciones formuladas por el recurrente.

Argumenta la recurrida que, el asunto objeto de la presente acción fue sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia, ya que el recurrente interpuso una demanda de nulidad de derecho público en contra del Ejército de Chile con fecha 7 de mayo de 2018, respecto de los actos administrativos que dispusieron su retiro absoluto por enfermedad, ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, Rol N° C-13492-2018, la cual fue rechazada mediante sentencia de 30 de junio de 2020 y confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de fecha 21 de octubre de 2020, Rol N° 10.764-2019, por lo que, en consecuencia, habiéndose declarado por sentencia firme, el rechazo de la demanda de nulidad de derecho público, la acción cautelar debe ser rechazada en todas sus partes.

Plantea además la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la aplicación del inciso tercero del artículo 6 de la Ley N° 10.336, ya que dicho artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336, prescribe que: “este Órgano de Control no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”. Señala que, del tenor de la referida disposición, el deber de abstención al que se hace referencia opera sólo tratándose de casos que por su naturaleza revisten el carácter de litigiosos, o cuando existiendo asuntos particulares en los cuales se requiera un pronunciamiento de esta Entidad de Control, estos se estén conociendo o exista una resolución de fondo de los juzgados competentes, como ocurrió en la especie.

Sostiene que, el sentido de esta disposición es evitar que el Organismo de Control dictamine y, en definitiva, resuelva sobre materias entregadas al conocimiento del Poder Judicial, a fin de garantizar que no se interfiera en el ejercicio de las atribuciones que le competen a dicho Poder del Estado y, con mayor razón, si se trata de materias que, siendo conocidas por el Poder Judicial, fueron resueltas mediante una sentencia firme. Cita jurisprudencia administrativa al efecto.

No obstante lo señalado en cuanto al fondo, plantea la extemporaneidad del recurso de protección, por cuanto el petitorio de la acción pretende que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de la resolución N° 1.615/539/00402, de 2016, del Comando de Personal del Ejército de Chile, y según lo informado por ese organismo en su oportunidad, dicho acto administrativo data del 8 de julio de 2016 y habría sido notificado el 26 de enero de 2017. También, señala, según consta en los antecedentes tenidos a la vista en la atención de la referencia N° 919885/2022, con fecha 29 de julio de 2020 le fueron entregados a don nombre reservado, abogado que representaba al actor, una serie de documentos entre los cuales se encontraba la referida la resolución N° 1.615/539/00402, del año 2016.

Por tanto, en atención a que el interesado tomó conocimiento de su desvinculación del Ejército, a lo menos, desde el año 2020 y que la acción de autos se interpuso con fecha 30 de diciembre de 2024, señala que se ha excedido con creces el plazo fatal de 30 días corridos para su interposición, correspondiendo el rechazo de la presente acción por extemporánea.

Plantea además la legitimación pasiva, por cuanto fue el Comando de Personal del Ejército de Chile, a través de la resolución N° 1.615/539/00402, de 8 de julio de 2016, el que resolvió dar de baja al señor nombre reservado, siendo el acto que le habría causado agravio al recurrente, pero de ningún modo lo actuado por dicha Contraloría Regional que resolvió abstenerse de conocer del asunto referido a la legalidad del cese de sus funciones, por tanto, en el supuesto de ser procedente la impugnación de la referida determinación administrativa por la vía del recurso de protección, en ningún caso debería dirigirse en contra de dicho órgano fiscalizador, por cuanto el agravio alegado tendría su origen únicamente en la decisión de la autoridad del Ejército de Chile, en orden a decretar la baja de la institución.

Acompaña al informe: 1) Oficio N° E574617, de 2024, de la Contraloría Regional de Los Lagos; 2) Oficio N° E225681 de 2022, de la Contraloría Regional de Los Lagos; 3) Sentencia de 30 de junio de 2020 del 15° Juzgado Civil de Santiago; 4) Oficio JEMGE DTLE A.E (P) N° 6800/11011/CR LOS LAGOS, del Jefe del Estado Mayor General del Ejército y sus antecedentes; 5) Oficio COP I/2 (P) N° 1615/360/R N° 12 “SANGRA”, de 10 de mayo de 2016, del Comando General de Personal del Ejército, sobre retiro absoluto y sus antecedentes; 6) Dictamen N° 076852N16, de 19 de octubre de 2016, de la Contraloría General de la República; 7) Dictamen N° 052268, de 2016, de la Contraloría General de la República; 8) Consulta N° W021359/2022, ingresada por don nombre reservado.

A folio 9 se trajeron los autos en relación.

A folio 12 se dispone se agregue extraordinariamente la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que han señalado como atropelladas o amenazadas.

Segundo: Que, en tal sentido, constituye un requisito indispensable en esta materia, la existencia de un derecho indubitado por parte de quien recurre, de modo de poder propiciar la protección que esta acción cautelar otorga a través de las resoluciones de las Cortes de Apelaciones, exigiéndose para acoger la acción de protección, dentro de otros requisitos, que se constate este carácter preexistente e indubitado del derecho supuestamente afectado, es decir, que el mismo no se encuentre discutido, lo que de los antecedentes que obran en autos, se estima concurrir en la especie.

Tercero: Que, en primer lugar, en cuanto a las alegaciones de extemporaneidad y de falta de legitimación pasiva, ambas serán desestimadas, por cuanto el acto por el cual se recurre de protección, es la Resolución FOLIO E574617/2024, REF Nº 919885/2022 de fecha 4 de diciembre de 2024 emanada de la entidad contralora, lo que permite estimar que la recurrida efectivamente es la Contraloría General de la República, Región de Los Lagos, y que además, el presente recurso se interpuso dentro de plazo, ya que según consta en el expediente digital, fue interpuesto con fecha 30 de diciembre de 2024.

Cuarto: Que, no obstante lo anterior, y entrando al fondo del asunto, los antecedentes que obran en el recurso permiten sostener que el actuar de la recurrida de autos, Contraloría General de la República, Región de Los Lagos, se ajustó a derecho, por cuanto se advierte que el procedimiento administrativo interno, por el cual se adopta la decisión de omitir pronunciamiento respecto de la materia que había sido sometida a su conocimiento por el actor, se realizó conforme a la normativa aplicable al caso, y que rige a la recurrida.

En efecto, según los antecedentes aportados, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto la recurrida actúa conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 6 de la Ley N° 10.336, que establece: “este Órgano de Control no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”, por lo que al tenor de la referida norma, como también se indicó por la recurrida, el deber de abstención al que se hace referencia opera sólo tratándose de casos que por su naturaleza revisten el carácter de litigiosos, o cuando existiendo asuntos particulares en los cuales se requiera un pronunciamiento de la entidad de control, estos se estén conociendo o exista una resolución de fondo de los juzgados competentes, como ocurrió en la especie, al haber judicializado el recurrente los hechos en los cuales fundamenta su recurso de protección, por lo que a la recurrida Contraloría General de la República, Región de Los Lagos, no le cabía más, que pronunciarse como lo hizo en la Resolución FOLIO E574617/2024, REF Nº 919885/2022 de fecha 4 de diciembre de 2024 emanada de dicha entidad contralora.

Quinto: Que, en efecto, de los antecedentes que obran en el presente recurso, se advierte que la recurrida Contraloría General de la República Región de Los Lagos, resuelve lo que corresponde, en conformidad a la normativa que rige a la entidad de control. En consecuencia, se advierte que la recurrida actuó conforme al procedimiento y normativa establecida al efecto para el caso concreto, y que el recurrente no fue privado de los derechos que reclama, aplicándose la decisión que en derecho correspondía.

Sexto: Que, por los motivos expuestos, claramente no es posible acceder a la solución que pretende el recurrente en su libelo, por estimarse que el actuar de la recurrida Contraloría General de la República, Región de Los Lagos, se ajusta a derecho, y por ende, no se advierte acción u omisión ilegal o arbitraria que implique alguna privación, perturbación o amenaza de algunas de las garantías constitucionales que son invocadas por el recurrente en su acción, supuestos esenciales para que prospere el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara:

I.- Que, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de Ejército de Chile, de la Contraloría Regional de Los Lagos, y de Capredena.

II.- Que, no se condena en costas a la parte recurrente, por haber existido motivo plausible para litigar.

Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez.

No firma la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse ausente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 1739-2024.