Protección contra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ

Puerto Montt, seis de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, el día 06 de diciembre de 2025, compareció nombre reservado, en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Afecta N°NUM000, de 02 de octubre de 2025, mediante la cual se dispuso su destitución, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Carta Fundamental.

Como primera cuestión, reclama que la resolución recurrida tiene el carácter de “afecto”, lo que significa que va al trámite de toma de razón de la Contraloría, pero a su juicio debió ser “exenta”, ya que al dictarla la dejan sin el recurso de reposición, que dice que por buena fe lo interpone ante esta Corte solicitando se retire la resolución del trámite de toma de razón, se enmiende y se notifique nuevamente.

Luego se refiere a los errores formales y la procedencia del recurso de reposición, y precisa que el procedimiento se inició por la remisión del ordinario N° NUM001 de la Contraloría regional de Los Lagos a fin de determinar eventuales responsabilidades disciplinarias por salida del país estando con licencia médica.

Agrega que en sus descargos hizo presente que tiene una enfermedad crónica, por lo que el hecho de presentar licencias es común para ella, pero en ningún caso se ha aprovechado del sistema o planificado vacaciones alrededor de la misma, y, además, su licencia no era falsa ni obtenida a través de medios ilícitos, sino propia de su condición y coincidió con el viaje que tenía planificado.

Por ello, dice que su alegación se basará en la racionalidad y proporcionalidad de la sanción disciplinaria y la ponderación de circunstancias modificatorias, lo que demostraría el error del Director al aplicarle la sanción más gravosa del Estatuto.

Como cuestión previa, aclara que no pretende que la autoridad castigue conforme a las sanciones establecidas en el artículo 121 del Estatuto Administrativo, pues al ser de derecho estricto sólo son aplicables a quienes se rigen por dicha normativa, y así también lo ha señalado el ente contralor en su dictamen E19235/2025, pero a su juicio eso no implica que acreditada la responsabilidad se deba aplicar la destitución, sino que es posible dar aplicación en carácter supletorio al Código del Trabajo, y podría ser sancionado con alguna medida no expulsiva, contemplada por ejemplo en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad (amonestación, multa).

Argumenta que ha reconocido el error desde el principio, pero a su parecer no aparece como una infracción grave a la probidad administrativa, e incluso la propia Contraloría ha determinado que aún en aquellos casos en que la conducta se encuentra descrita en el tipo penal deberán considerarse las circunstancias modificatorias de la responsabilidad, lo cual en el caso no sucedió, y debe ser enmendado por este recurso de reposición (sic).

En otro sentido, alega que la resolución señala dentro de sus razonamientos que existió afectación de la imagen institucional, y un sentir de descontento y malestar de la sociedad o de la comunidad en general, así como también de los mismos funcionarios, pero ello jamás fue probado, por lo que es una mera especulación. Agrega que tampoco se acreditó su mala fe, que cuenta con las atenuantes de irreprochable conducta anterior, lleva 9 años de trabajo y colaboró sustancialmente en el proceso, siendo un aporte en la institución.

Sin embargo, reiteró que esas circunstancias no fueron ponderadas, y la Excma.

Corte Suprema ha resuelto que siempre deben considerarse las modificatorias de responsabilidad, y resultaría irracional no considerar aquellas atenuantes respecto de un funcionario que fue sancionado con la destitución. Agrega que la propia Contraloría ha manifestado en al menos 3 tesis relativas la calificación de la gravedad de la falta de probidad y las atenuantes, en todas las cuales la falta de probidad ha sido calificada como grave: 1) En caso de infracción grave a la probidad administrativa, la autoridad se encuentra impedida de ponderar circunstancias atenuantes, por lo que se encuentra obligada a aplicar la medida disciplinaria de destitución, tesis que iría en retirada, según lo indicado en el dictamen E313110/2023. 2) En caso de infracción grave a la probidad administrativa, la autoridad se encuentra facultada para, mediante un razonamiento fundado, rebajar la sanción a aplicar. 3) La contenida en dictamen N°1.113 de 2001, en virtud de este no es facultativo para la autoridad ponderar las circunstancias atenuantes, sino que es un deber legal que, de no ser cumplido, implica que la propia autoridad incurra en falta de probidad.

Concluye señalando que, si la autoridad no pudo acreditar mala fe no estaría frente a un atentado grave al principio de probidad, y de estarlo igualmente debían aplicarse y ponderarse las atenuantes de responsabilidad en armonía con la ley y la jurisprudencia administrativa y judicial.

Indica que presentó recurso de reposición, que no habría sido resuelto ni notificado a su persona.

Precisa luego que el último acto vulneratorio sería que el día 06 de noviembre de 2025 consultó a su empleador por su remuneración, y la respuesta a su recurso, y recibió como respuesta de la Coordinadora de Gestión de Personas que no se autorizaba pago del mes de octubre de 2025 “…lamentablemente no es posible autorizar el pago por el tiempo no trabajado, conforme las políticas internas y disposiciones laborales vigentes.”

Reclama que esa respuesta carece de sentido, porque ella estaba con procedimiento disciplinario y la destituyeron y por eso no se presentó a trabajar, porque no hay disposición que determine que debe continuar trabajando, y no entiende por ello la respuesta, que a su juicio sería el último acto vulneratorio que le permite deducir este recurso, y que vulnera gravemente su derecho de propiedad.

Pide dejar sin efecto la resolución afecta N°NUM004, por adolecer de vicios formales o bien, determinando una sanción menos gravosa por no constituir su conducta una infracción grave a la probidad administrativa, lo anterior por adolecer los actos administrativos deducidos de infracciones a sus derechos fundamentales.

A Folio 7 complementa el recurso, acompañando: 1. Resolución AFECTA N° NUM000 SELP CHILOE. 2. Correo electrónico de fecha 6 de noviembre donde se le daría única respuesta de su situación. 3. Recurso de reposición en contra de la Resolución Afecta N° NUM000 SELP CHILOÉ.

A folio 8 se declaró admisible la acción, se pidió informe a la recurrida y se denegó la orden de no innovar solicitada.

A folio 12 evacuó informe el Director Ejecutivo del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ, pidiendo el rechazo de la acción constitucional, con costas.

En lo pertinente, precisa que los profesionales de la educación traspasados a un Servicio Local permanecen adscritos al mismo estatuto que los regía como dependientes de un municipio o de una corporación municipal, cual es la ley N°19.070, y en el caso de la recurrente es funcionaria de la comuna de Ancud, y fue traspasada al Servicio a través de Resolución Exenta N°NUM005, de fecha 14 de octubre de 2024, de la Dirección de Educación Pública, que constata el traspaso de profesionales y asistentes de la educación que se desempeñan en establecimientos educacionales que indica desde la Corporación Municipal de Quellón al Servicio Local de Chiloé, según el artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley N°21.040.

Explica que el día 18 de junio de 2025 se dictó la Resolución Exenta N° NUM002, que ordenó instruir sumario administrativo en contra de la recurrente, funcionaria del Servicio Local, por presunta salida del país durante vigencia de licencia médica, y concluido el procedimiento se dictó la Resolución Afecta N°NUM000 de 2 de octubre del 2025, que aplicó la medida de cese de pertenencia a la dotación, conforme a lo dispuesto en el artículo 33, letra c) de la Ley 21.109, en concordancia con el artículo 5° de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y los principios de probidad administrativa y debido cumplimiento de la función pública.

Agrega que la funcionaria interpuso recurso de reposición en contra de dicha resolución, el que fue rechazado mediante Resolución Afecta N°NUM003 de 13 de octubre de 2025, confirmándose la sanción.

En cuanto a las alegaciones de la recurrente, dice que aquella referida a la calificación errónea de “afecta” carece de fundamento jurídico, porque la RE N°NUM000 no constituye un acto de trámite sino terminal, que además impone una sanción definitiva de cese de pertenencia a la dotación y produce efectos directos sobre la situación funcionaria de la actora, y por tanto su calificación se conforma a derecho, atendida la gravedad de la sanción aplicada. Agrega que el carácter de afecto tampoco restringe el ejercicio del recurso de reposición previsto en el artículo 59 de la Ley N°19.880, el cual, conforme a la normativa vigente y a la práctica administrativa, se interpone y resuelve antes de la remisión del acto a la Contraloría General de la República, y prueba de ello es que lo interpuso, se conoció y rechazó mediante Resolución Afecta N°NUM003, de 13 de octubre de 2025, debidamente fundada y notificada.

Luego, el procedimiento disciplinario se tramitó íntegramente conforme a la normativa aplicable, se respetó el principio de contradictoriedad, se garantizó el derecho a defensa y se otorgaron efectivamente todos los medios de impugnación previstos por el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, dice que efectivamente la recurrente se encuentra sujeta a un régimen estatutario especial de derecho público, regulado por la Ley N°21.109, la cual establece expresamente, en su artículo 33 letra c), que los asistentes de la educación dejarán de pertenecer a la dotación por falta de probidad, establecida fehacientemente mediante sumario administrativo. Por tanto, al existir una regulación legal expresa tanto de la causal como de su consecuencia jurídica, no se configura vacío normativo alguno que habilite la aplicación supletoria del Código del Trabajo, o el Reglamento Interno de la institución.

Por otra parte, dice que la jurisprudencia administrativa citada por la actora se refiere a atrasos o inasistencias reiteradas, hechos de naturaleza diversa y menor entidad, en que el ordenamiento sí admite gradación sancionatoria pero esa doctrina no es aplicable a una infracción al principio de probidad administrativa, que compromete la confianza pública y la idoneidad del funcionario para continuar en el ejercicio de funciones públicas.

Luego, explica que consta en el expediente que las circunstancias personales invocadas por la recurrente fueron debidamente consideradas, pero esas atenuantes no poseen la entidad suficiente para desvirtuar ni neutralizar una causal legal de cese expresamente prevista por la ley frente a infracciones graves al principio de probidad administrativa, pidiendo por ello que se desestime dicha alegación. Agrega que las normas del Estatuto Administrativo invocadas por la recurrente no resultan aplicables a su régimen estatutario, ni existe mandato legal que obligue a sustituir la sanción de cese por medidas disciplinarias menores en casos como el de autos.

Por otra parte, dice que la afectación a la imagen institucional y a la confianza pública no constituye un hecho externo que deba ser acreditado mediante prueba testimonial específica, sino una consecuencia objetiva e inherente a la infracción al principio de probidad administrativa. Lo anterior, porque la utilización de una licencia médica para realizar un viaje al extranjero, en contravención a las condiciones del reposo prescrito, compromete recursos públicos y quebranta el deber de lealtad y corrección funcionaria, afectando por sí misma la credibilidad del servicio, sin que resulte exigible acreditar un descontento social concreto o individualizado.

Respecto a la ausencia de mala fe, reitera lo indicado en la resolución cuestionada, en orden a que la infracción al principio de probidad administrativa no exige la concurrencia de dolo o intención de defraudar, tratándose de un estándar objetivo de conducta, y basta que el comportamiento resulte incompatible con los deberes funcionarios para que se configure la infracción, sin que la convicción subjetiva del infractor tenga aptitud para desvirtuarla. Además, reitera que la conducta acreditada fue correctamente calificada como una infracción grave a la probidad administrativa, atendida su naturaleza y entidad, no tratándose de un incumplimiento funcional menor, sino de un uso indebido de un beneficio estatutario.

A mayor abundamiento, cita el pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema, de fecha 16 de diciembre de 2025, dictado en causa Rol 52.153-2025, que conoció de un recurso de protección interpuesto en contra de la destitución de un funcionario municipal por haber viajado al extranjero durante la vigencia de una licencia médica, que resuelve en este sentido.

Por otra parte, precisa que la Ley N°21.109 establece expresamente, en su artículo 33 letra c), que la falta de probidad acreditada mediante sumario administrativo constituye causal de cese de pertenencia a la dotación, sin contemplar un catálogo alternativo de sanciones que permita sustituir dicha consecuencia jurídica por medidas disciplinarias menores. En este contexto, no existe habilitación legal para que la autoridad, aun ponderando circunstancias personales favorables, mantenga en funciones a quien ha incurrido en una infracción grave al principio de probidad administrativa, y esto resulta completamente coincidente con lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema en el recurso de protección ya indicado, de modo que no resulta aplicable la jurisprudencia administrativa citada por la actora.

Finalmente, señala que es falso que el recurso de reposición no haya sido resuelto ni notificado a su persona, porque la Resolución Afecta N°NUM003 fue notificada a la recurrente el día 14 de octubre de 2025, según da cuenta correo electrónico que se adjunta al informe junto con el expediente sumarial. En relación con el correo electrónico a que hace alusión la actora como supuesto último acto vulneratorio, dice que se limita a comunicar una decisión de carácter administrativo y declarativo, fundada en un antecedente objetivo y verificable, cual es la inexistencia de prestación efectiva de servicios durante el período reclamado, circunstancia acreditada mediante el respectivo registro de asistencia. No se trata de una sanción, ni de un acto disciplinario adicional, ni de una decisión innovativa que altere la situación jurídica de la recurrente.

Alega que no existe un derecho adquirido al pago de remuneraciones por tiempo no trabajado, ya que el hecho de haber estado sometida a sumario o se haya aplicado una medida de cese, no genera por sí mismo un derecho a percibir remuneraciones por períodos en que no se prestaron servicios efectivos, ni existe disposición legal que obligue al Servicio a autorizar pagos en tales condiciones.

Acompañó al informe copia del expediente sumarial.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, los hechos que motivan el presente recurso dicen relación con la dictación de la Resolución Afecta N°NUM000, de 02 de octubre de 2025, que dispuso la medida disciplinaria de destitución de la recurrente al acreditarse su salida del país, estando con reposo por licencia médica, lo cual alega, se hizo con infracción al debido proceso, al principio de fundamentación, legalidad, con una falta de proporcionalidad, al no acreditarse fehacientemente la infracción grave a la probidad, mala fe e ignorándose las circunstancias atenuantes que concurrían en la especie.

Cuarto: Que, del contexto de lo ventilado en estos autos, lo impugnado corresponde a una reiteración de las alegaciones ya formuladas en sede administrativa mediante recurso de reposición, las que cuestionan razones de mérito o de ponderación que no habrían sido consideradas por la autoridad previamente a determinar imponer la sanción de destitución, y ello además se advierte en el propio libelo, pues reiteradamente la actora habla de la procedencia del recurso de “reposición”.

Quinto: Que cabe tener presente que el artículo 8° de la Constitución Política exige a autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, y en ese sentido, el artículo 33 letra c) de la Ley 21.109, prescribe que “Los asistentes de la educación que formen parte de una dotación dejarán de pertenecer a ella por las siguientes causales: c) Falta de probidad o conducta inmoral, establecidas fehacientemente mediante sumario administrativo, establecido en el Título V del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en lo que fuere pertinente.”

Sexto: Que, en el caso de autos, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los asistentes de la educación, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y contínua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio del Servicio, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general. En consecuencia, deben rechazarse las alegaciones de falta de gravedad, desproporción y falta de consideración de circunstancias atenuantes vertidas por la recurrente.

Séptimo: Que, las alegaciones de la recurrente, referida a la calificación errónea de “afecta” del acto impugnado, el que a su juicio debió ser “exenta”, carece de relevancia por cuanto, si bien ello implica que dicho acto está sujeto al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, no le resta validez, obligatoriedad ni vigencia una vez que ha sido correctamente emitido y notificado.

Además, el carácter de “afecto” tampoco restringe el ejercicio del recurso de reposición previsto en el artículo 59 de la Ley N°19.880, el cual, se interpuso por el recurrente, se conoció y rechazó mediante Resolución Afecta N° NUM003, de 13 de octubre de 2025.

Octavo: Que, ahora bien, sobre los supuestos errores formales y procedencia del recurso de reposición dada la naturaleza de la resolución que dispuso la destitución, cabe descartarlos desde ya, porque del mérito del expediente sumarial aparece que la actora interpuso recurso de reposición en contra de dicha resolución, el que fue rechazado mediante Resolución Afecta N°NUM003 de 13 de octubre de 2025, confirmándose la sanción, y fue notificado debidamente a su correo electrónico, resultando por ello además inocua dicha discusión.

Noveno: Que, sobre la supuesta vulneración a su derecho de propiedad por el no pago de las remuneraciones del mes de octubre de 2025, la propia actora reconoce que no se presentó a trabajar porque estaba con el procedimiento sumario, y atendida entonces la inexistencia de prestación de servicios por el período reclamado no es procedente el pago de suma alguna, pues el hecho de haber estado sometida a sumario o que se haya aplicado la destitución no genera por sí mismo un derecho a percibir remuneraciones por períodos en que no se prestaron servicios efectivos, ni existe disposición legal que ordene al Servicio recurrido autorizar pagos en tales condiciones.

Décimo: Que, por último, cabe recordar que la Excma. Corte Suprema reiteradamente ha resuelto que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada a la recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la prueba aportada en el sumario y la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (por ejemplos, en este sentido en las sentencias de las causas Rol 46.579-2025, Rol 52.153-2025 y Rol 58.411-2025).

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1736-2025.-