SOCIEDAD CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES LIMITADA con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE VALDIVIA

Puerto Montt, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho Vistos:

Con fecha 18 de octubre 2018 compareció el actor Constructora Zambrano y Flores Limitada, entidad representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección del Trabajo de Ancud, con domicilio en domicilio reservado, por estimar que este último ha conculcado sus garantías constitucionales, las que en etapa de admisibilidad se circunscribieron a los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica el actor que el 24 de septiembre dedujo reconsideración administrativa en contra de la resolución de multa 3135/2018/006 aplicada el 23 de agosto y notificada a su parte al día siguiente. Sin embargo, refiere que la recurrida por decisión materializada en ordinario 326 de 5 de octubre no dio curso a su recurso de reconsideración por no haber presentado la reclamación dentro del plazo de 30 días corridos.

Al efecto sostuvo la recurrente que dicha actuación es ilegal en tanto no cumple con la normativa prevista por la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, particularmente en lo que se refiere a la fundamentación de la decisión, errando además en el cómputo del plazo, el cual es, de conformidad al artículo 25 del cuerpo legal ya señalado, de días hábiles administrativos.

Finalmente, y después de señalar por qué tal proceder resulta vulnerador de garantías fundamentales, solicita se declare la invalidez del acto ilegal y, en consecuencia, se acoja la solicitud de reconsideración administrativa presentada o, en subsidio, se ordene a la Inspección Comunal del Trabajo de Ancud, dejar sin efecto el Ord. 326, de 5 de octubre de 2018, y pronunciarse sobre el fondo de la reconsideración deducida, con costas Informando la recurrida sostuvo como primera cuestión la improcedencia del recurso de protección por no existir una cuestión constitucional que deba ser tutelada por esta vía. Al efecto afirma que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa; no siendo un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración, indicando que el recurrente posee la vía prevista por el artículo 504 del Código del Trabajo para reclamar judicialmente de la resolución que por esta acción cautelar pretende impugnar.

Como segunda cuestión sostuvo no existe acto arbitrario o ilegal por cuanto el plazo de 30 días corridos para solicitar la reconsideración administrativa expiró el 23 de septiembre de 2018, un día antes de la presentación del recurrente de protección. En dicho orden de cosas, y en relación a la naturaleza del plazo de 30 días previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo indicó que ello se desprende diversa normativa contenida en el propio Código del Trabajo que da cuenta que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha dicho así en forma expresa. En dicho sentido, como el artículo 512 no hace tal mención, ha de seguirse la norma general prevista por el artículo 50 del Código Civil que permite entender que dicho plazo es de días corridos. Finalmente agrega que tal parecer es avalado además por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República en cuyos dictámenes ha manifestado que si existe una norma específica sobre una materia, esta prefiere a la de la ley de procedimientos administrativos por tener ésta un carácter supletorio; tesis que además habría sido recogida por la jurisprudencia judicial, citando algunos fallos en tal sentido. , Como última cuestión, señaló no existe conculcación de garantías fundamentales dado que su parte actuó amparado por la ley que le confiere facultades para actuar en tal sentido.

Encontrándose la causa en estado de ver, se trajeron en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que se ha fundamentado el recurso en la ilegalidad que se estima concurrente respecto del Ord. 326, de 5 de octubre de 2018 de la Inspección del Trabajo de Ancud, que pronunciandose sobre una petición de reconsideración administrativa de una multa, no le dio curso por extemporánea al considerar que fue interpuesta fuera del término de 30 días corridos previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo.

Tercero: Que el plazo de 30 días fijado por el artículo 512 del Código del Trabajo para interponer la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la entidad recurrida, sino de días hábiles, y se entienden inhábiles los días sábados, domingos y festivos; por cuanto se trata de un recurso entablado en la etapa administrativa; de modo que, de no mediar norma expresa que ordene lo contrario en el Código del Trabajo, se aplica supletoriamente el artículo 25 de la ley N° 19.880 de 2003, que determina el cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, que prescribe que éstos son de días hábiles, siendo inhábiles para este efecto los días sábados, domingos y festivos.

Cuarto: Que ésta regla prima sobre la regla común contenida en el Código Civil, por tratarse ésta de una regulación especial para todos los procedimientos administrativos.

Quinto: Que es un hecho no discutido que el recurso de reconsideración fue promovido el pasado 24 de septiembre respecto de una resolución notificada el 24 de agosto. Por ello, aparece que el mismo se formuló dentro de plazo. Consecuentemente con ello, el veredicto del órgano recurrido constituye un acto ilegal porque se negó a admitir a tramitación un recurso instaurado dentro de plazo legal, y así afectó la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, N° 2°, de la Carta Fundamental, por cuanto, al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión, ha dado un trato discriminatorio que resulta inaceptable.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto Constructora Zambrano y Flores Limitada en contra de la Inspección del Trabajo de Ancud y, por consiguiente, se deja sin efecto el Ordinario N° 325 de 5 de octubre de 2018, debiendo la recurrida someter a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente contra la Resolución de Multa N° 3135/2018/006 aplicada el 23 de agosto.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Mauricio Cárdenas García Rol Nº 1734-2018