nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Puerto Montt, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparecen los abogados Miguel Ángel González Cordero y Andrés Órdenes Delgado, en representación de nombre reservado, técnico en enfermería, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de los Lagos, quienes interponen acción constitucional de protección en contra de la Universidad de Los Lagos, RUT RUT reservado, representada legalmente por su nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de los Lagos, por la dictación del Decreto Exento RA N°796/4685/2024 de fecha 28 de noviembre de 2024 que estable la decisión de no prorrogar la designación a contrata de su representada, alegando vulneración de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Relatan que su representada cumplió funciones de gestión administrativa y como Técnico en Enfermería desde el 20 de agosto de 2018 en el Servicio Médico y Dental (SEMDA). Agregan que el 19 de octubre de 2022 se dio término anticipado a su contrato de honorarios para el año 2022 a partir del 1 de noviembre de 2022, con el fin de ser designada mediante Decreto Universitario N° 9426, de 17 de noviembre de 2022, a cumplir funciones a contrata como técnico paramédico en el Servicio Médico y Dental (SEMDA) del Campus Puerto Montt, contar del 1 de noviembre de 2022, designación que fue prorrogada por medio del Decreto Exento RA N° 796/5046/2022 para el año 2023.

Luego, refieren que el 28 de noviembre de 2024 mediante Decreto Exento RA N°796/4685/2024 se establece la decisión de no prorrogar la contrata de la recurrente. Esta resolución expresó lo siguiente:

“Que, la mediante Dictamen N°E156769 de fecha 17 de noviembre de 2021 de la Contraloría General de La República, se dictó un nuevo instructivo sobre confianzas legitimas en las contratas, actualizando y complementando de esta forma las instrucciones y criterios fijados en dictámenes anteriores y recogiendo, con efectos generales, lo resuelto de manera constante en fallos de los tribunales superiores de justicia.

Que, en dicho instrumento se ha reiterado, la necesidad de señalar la motivación de la decisión, entre las cuales se encuentra las nuevas condiciones de dotación del servicio que obliguen a reducir personal.

Que, de igual manera, cabe hacer presente que lo expresado precedentemente, y la aplicación del principio de confianza legítima, no afecta las facultades que tienen las autoridades respectivas respecto del personal de su dependencia.

Que, así las cosas, y dando cumplimiento a lo resuelto de manera reiterada por el Órgano de Control, principalmente a través del dictamen N°E156769 de fecha 17 de noviembre de 2021, y lo establecido en el artículo 11 de la ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, y sin perjuicio de que se trata de una funcionaria que no goza de confianza legítima, se ha decidido la no renovación de la contrata de doña nombre reservado; en atención a una serie de incumplimientos en el ejercicio de su función, los que se traducen principalmente en atrasos reiterados, abandono de las funciones y presenta poca disposición para la atención del estudiantado, lo que hace que la Sra. nombre reservado no se adecúe a las exigencias necesarias para el correcto desempeño de los servicios requeridos.

Que todo lo expresado, constituye fundamento suficiente para la no renovación de la contrata referida, tal como lo establece el referido dictamen N°E156769 de fecha 17 de noviembre de 2021 de la Contraloría General de La República, lo que determina que sus labores ya no sean necesarias para el año 2025, considerando de igual forma, de que se trata de una funcionaria que no cuenta con confianza legítima.

Se deja expresamente establecido que el presente acto administrativo podrá ser objeto del régimen recursivo establecido en el artículo 59 de la ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; del reclamo de legalidad establecido en el artículo 160 de la ley 18.834, Estatuto Administrativo, y demás recursos legales que se estimen procedentes.”

Argumentan que la recurrente ha cumplido fielmente con el desempeño del cargo en el Servicio Médico y Dental (SEMDA) del Campus Puerto Montt y es parte de la dotación del mismo Servicio durante sucesivos años sin interrupción alguna, por lo que se configura lo que se denomina en la jurisprudencia administrativa y judicial como confianza legítima.

Indican que la resolución es ilegal y arbitraria por cuanto sus fundamentos no son ciertos, ya que jamás ha hecho abandono de sus funciones, ni presenta poca disposición para la atención del alumnado dentro de sus funciones en el Servicio Médico y Dental SEMDA, situación que se manifiesta claramente en diversos formularios de estadística acompañados, lo cual debe ser representado debidamente en una calificación regular, tal como lo mandata la misma Contraloría General de la República (Nº E156769 / 2021). Además, dijo que entre los años 2022-2023 su representada ha sido calificada en lista 1 y con nivel de distinción, y en el procedimiento calificatorio ocurrido entre las fechas 1/9/2022 al 31/08/2023 obtuvo 96.65 puntos sobre 100, obteniendo nuevamente nivel de distinción y lista 1.

En relación a los atrasos reiterados, señalan que estos existen dentro del margen otorgado por las autorizaciones sobre atrasos, firmadas por doña nombre reservado, jefa del servicio de los Lagos, razón por la cual no se han motivado amonestaciones previas.

Agregan que la decisión fue comunicada durante su periodo reposo por licencia médica en el mes de diciembre, en el que se encontraba debido a un cuadro de trastorno de ansiedad y estrés post traumático producto de un violento robo que sufrió en septiembre de 2024 y que la mantuvo con licencia por los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Sobre el derecho, refieren que la ilegalidad y arbitrariedad se basa en los siguientes argumentos:

a.- Las designaciones a contrata gozan de estabilidad, al estar reguladas en el Estatuto Administrativo, Ley N°18.834, y que, al igual que el cargo de planta, es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa. Por tal razón rigen todas las normas estatutarias correspondientes, en lo relativo a obligaciones y derechos funcionarios, calificaciones, prohibiciones e incompatibilidades, responsabilidad administrativa y su extinción. Al efecto, citan jurisprudencia y explican que, como ha razonado la Corte Suprema, en relación al ejercicio de la facultad de no renovar y poner término anticipado a la vinculación a través de contratas anuales, resulta imperioso hacer una clara distinción entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima, el cual busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesiones derechos. De modo que la decisión de no renovar la contrata de esta recurrente deviene en la vulneración de las garantías constitucionales por ella invocadas, específicamente, por vulnerarse la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental b.- El acto impugnado contraviene diversos dictámenes de Contraloría General de la República, en particular el Dictamen N°E1567698/2021 que establece que la confianza legítima opera desde la segunda renovación y el Dictamen N°E173171/2021 que reinterpreta los artículos 11 de la Ley Nº18.834 y 4 de la Ley Nº18.883, aplicando el principio de primacía de la realidad, por cuanto la Administración, en ejercicio de la facultad de contratar a honorarios, en la mayoría de los casos se disponen sucesivas renovaciones de tales convenciones, lo que implica que el órgano público, a través de dichos prestadores de servicios y bajo esa modalidad contractual, termina desarrollando en forma permanente sus labores habituales, desvirtuando el carácter excepcional y eminentemente transitorio de tales contrataciones al igualarlas así con los empleos de planta y a contrata.

c.- Los dictámenes de Contraloría establecen criterios para proceder a la no renovación y que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones en expresiones genéricas. Señalan que en la especie, el decreto universitario se limita a señalar una serie de reproches subjetivos, de una calificación parcial, que puede lógicamente ser mejorada, pero que no fundamenta la decisión que debe ser objetiva, lo que implica una evidente desviación de poder.

d.- La aplicación del principio de confianza legítima por 7 años de renovaciones continuas. Explican el sustento normativo y jurisprudencial de este principio, y que ante la existencia de una actuación o comportamiento de la propia Administración que en definitiva contraviene la confianza que el interesado tiene depositada en la licitud de la conducta que viene manifestando en su relación con la Administración y que le induce razonablemente a confiar en el mantenimiento del marco jurídico legítimo de desenvolvimiento de su actividad y a su no modificación sin, al menos, la adopción de ciertas medidas transitorias.

e.- La desviación de poder como vicio de validez del acto administrativo. Al efecto señalan que la Corte Suprema ha indicado que los actos administrativos, como actuación típica de la administración activa, deben contener algunos elementos mínimos que aseguran su validez y existencia en el sistema jurídico nacional, entre ellos sus motivos. Por tanto, frente a la inexistencia o error en los motivos del acto administrativo en particular de los motivos de hecho, la resolución adolecerá de un vicio de abuso o exceso de poder y podrá ser tachada de arbitraria. En la especie, señalan que se produce una “desviación de poder”, en la medida que del análisis de los hechos se desprende que la no renovación está motivada por un aparente beneficio para la administración, carente de toda objetividad y equidad.

A continuación alegan vulneración de la garantía del 19 N°2 en relación a la igualdad ante la ley y no discriminación; la del 19 N°24 en relación al derecho de propiedad al verse impedida de ejercer su función laboral por todo el año siguiente, con acceso a los beneficios que dicho cargo considera; la del 19 N°3 en relación a no ser juzgado por comisiones especiales y el debido proceso.

Solicitan que se acoja la acción constitucional y se proceda al reintegro inmediato de nombre reservado a su respectivo puesto de trabajo, el pago de todas las remuneraciones e imposiciones obligatorias que correspondan por el tiempo que pueda permanecer desvinculada del servicio público por causa ajena a su voluntad, con costas.

A folio 4 se declaró admisible la acción y se solicitó informe a la recurrida sobre los hechos materia del recurso.

A folio 8 evacuó informe la Universidad de Los Lagos, señalando que lo obrado, al dictar el acto administrativo que no renueva la contrata de la Sra. nombre reservado para el año 2025, en ningún caso obedece a un acto carente de motivación ni fundamento, y menos que falta al criterio de confianza legítima como temerariamente imputa la recurrente, sino que se trata de un acto ajustado a derecho y acorde a los nuevos criterios administrativos y jurisprudencia judicial sobre la no renovación de las contratas.

Precisó que la recurrente ingresó a la contrata a dicha casa de estudios a partir de noviembre de 2022, por lo que, a la fecha de emitir el acto impugnado no reúne la antigüedad mínima de cinco años que - a la fecha de dictación del acto recurrido- es exigida por jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que a través de sus sentencias ha fijado los actuales estándares para la aplicación de la confianza legítima, y que, de acuerdo a lo que sostiene la propia Contraloría General de la República, en el dictamen N°E156769 de fecha 17 de noviembre de 2021, debe considerarse al tiempo de conocer de estas materias, lo resuelto de manera constante en fallos de los Tribunales Superiores de Justicia sobre el punto, como ha ocurrido en este caso, donde ya existe jurisprudencia conteste.

Argumentó que, de acuerdo al nuevo criterio sostenido en varios fallos de la Excma. Corte Suprema, si una persona se encuentra vinculada con la administración a través de contratas anuales y ha tenido un tiempo inferior a cinco años (caso de la reclamante, ya que no alcanza tal supuesto), no le asiste el principio de confianza legítima, y en consecuencia la administración puede poner término al vínculo (en este sentido causas roles 26.112-2023, 26.131-2023, 26.196-2023, 26.279-2023 y 26.301-2023).

Expresó que, respecto al argumento esgrimido por la parte recurrente relativo a que los servicios prestados a honorarios entre el año 2018 a octubre de 2022, deben ser considerados para contabilizar el plazo para la confianza legítima, tomando de base el dictamen N°E173171/2021, debe contextualizarse ya que solo se reconoce para los efectos del traspaso a la contrata y no como una protección frente a los términos anticipados o no renovaciones de los contratos a honorarios. Por lo que dijo que los vínculos a honorarios existentes con anterioridad con la recurrente fueron el fundamento y se consideraron para proceder de su traspaso de honorarios a contrata a contar de noviembre de 2022, pero en ningún caso -tal como lo señala el Ente Fiscalizador- constituye un mecanismo de protección ni puede ser obstáculo para la aplicación de la normativa respecto de la no renovación del vínculo que existía.

Agregó que la resolución se encuentra debidamente fundada, la que expresó que la no renovación de la presente contrata tiene su motivación en las aptitudes personales de la recurrente las que ya no hacen necesarios sus servicios para el nuevo periodo. Los hechos que configuran la referida causal se manifestaron en una serie de incumplimientos en el ejercicio de su función, los que se traducen principalmente en atrasos reiterados, abandono de las funciones y poca disposición para la atención del estudiantado.

Razonó que en base al dictamen N°E156769 de fecha 17 de noviembre de 2021, de Contraloría General de la República, que fija un nuevo instructivo sobre confianzas legítimas en las contratas, el cual establece expresamente, en la parte que interesa, lo siguiente:

“Del mismo modo, debe aclararse que cuando el personal contratado cesa en funciones, porque la superioridad puso fin a las mismas por estimar que sus servicios no son necesarios, dicha determinación puede estar referida a las aptitudes personales del servidor, las cuales ya no son requeridas, pero no se encuentra forzosamente vinculada a la extinción de las labores que desarrollaba, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro empleado, como se desprende de los dictámenes Nos 12.129 y 22.466, de 2001, de este Ente Contralor.”

Arguyó que las alegaciones relativas a las apreciaciones y consideraciones respecto a la veracidad o no de dichos fundamentos, además de carecer de contexto, implica un pronunciamiento sobre aspectos de lato conocimiento los que, por su propia naturaleza, no son materia de la acción de protección deducida.

En este escenario, dijo que no existe arbitrariedad, ilegalidad y menos falta de fundamento en la actuación de mi representada, por lo que no procede hacer lugar al recurso deducido. Agregó que, de conformidad a lo informado por la jefatura directa de la recurrente, el desempeño de la Sra. nombre reservado como Técnico Paramédico para el Servicio Médico y Dental del Campus Puerto Montt no se ajustó a las exigencias que la actividad requiere, esencialmente en la atención del estudiantado, que es el principal usuario de estos servicios.

En cuanto a la circunstancia de que se le notificó a la recurrente su no renovación de la contrata mientras se encontraba con licencia médica, señaló que tal como lo ha señalado el Órgano de Control, en sus dictámenes N°20.252/2011 y 85.193/2013, la licencia médica no confiere inamovilidad en el empleo, por lo que no existe ninguna actuación reprochable en este proceder como pretende mostrar la recurrente.

Finalmente, dijo que los actos de la Administración gozan de presunción de legalidad y que no hubo ninguna afectación a las garantías alegadas por la recurrente, por lo que pidió el rechazo del recurso de protección, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, para el análisis del presente arbitrio es necesario tener en cuenta, previamente, que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona – por sí o a favor de otra- puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para el amparo necesario, cuando los derechos protegidos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, siendo la Corte de Apelaciones correspondiente quien debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

Segundo: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil - o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Que la actora califica de arbitrario e ilegal la decisión de la recurrida en orden a no renovar su designación a contrata para el año 2025, comunicada el 28 de noviembre de 2024 mediante Decreto Exento RA N°796/4685/2024, vulnerando garantías constitucionales, emitiéndose sin la dictación de un acto administrativo fundado, afectando la confianza legítima derivada de la reiteración de sus vínculos laborales por 7 años consecutivos y evaluaciones favorables, lo cual sostiene que ha vulnerado las garantías de igualdad ante la ley y de protección de la propiedad sobre toda clase de bienes. Solicitó que se ordene su reincorporación para todo el año 2025 y el pago de sus remuneraciones y cotizaciones obligatorias que le correspondan.

Cuarto: Que, para resolver la controversia puesta en conocimiento de esta judicatura, conviene tener presente que el inciso 1º del artículo 10 de la Ley N°18.834 prevé que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y “los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. Por tanto, la decisión de no renovación del vínculo a contrata, por regla general, no puede constituir una ilegalidad o arbitrariedad, salvo que se hubiera previamente dispuesto su prórroga con 30 días de anticipación, cuyo no es el caso. A lo anterior, se adiciona la excepción que ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia respecto de la confianza legítima, para lo cual se requiere el cumplimiento de determinados requisitos que tampoco concurren a la situación fáctica puesta en conocimiento de esta Corte.

Quinto: Que, tal como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el referido principio de la confianza legítima, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesiones derechos. Así, se ha resuelto que la no renovación de la contrata, respecto de personas que se han vinculados con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura cuando concurre, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas.

De este modo, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinará las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella solo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

En busca de un criterio unificador la Excma. Corte Suprema ha concluido que el principio de confianza legítima se configura cuando el funcionario ha prestado servicios a contrata de manera ininterrumpida por cinco años o más en funciones equivalentes, con evaluaciones positivas. En tal sentido, ha razonado que “(...) el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no solo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determino el inicio del vínculo ́ con la Administración.” (Excma. Corte Suprema Rol N°26.131-2023, Rol N°20.476-2024).

Por el contrario, se ha determinado que, si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente. A este respecto ha señalado que, “la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario” (Rol N°20.476-2024).

Sexto: Que, por otra parte, cabe consignar que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, especialmente en fallos recaídos en causas roles N°26.112-2023 y N°26.131-2023, ha establecido que la no renovación de una contrata no requiere acto fundado cuando se trata de funcionarios que no se encuentran amparados por el principio de confianza legítima. En tal sentido ha expresado que “(...) en una primera aproximación se puede concluir que en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el viń culo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por, en definitiva, no ser necesarios sus servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada anõ (...)”

Séptimo: Que, revisados los antecedentes de la causa, se constata que la recurrente no cumple con el requisito temporal mínimo de cinco años de servicios continuos bajo la modalidad de contrata.

En efecto, del análisis de la documental aportada, en específico de los convenios a honorarios, boletas de honorarios emitidas, y la resolución de término anticipado de su convenio de honorarios se observa que entre el 20 de agosto de 2018 y el 1 de noviembre de 2022, la recurrente se mantuvo vinculada con la Universidad recurrida a través de contratos de honorarios.

Luego, recién desde el 1 de noviembre de 2022, y hasta el 31 de diciembre de 2024 se mantuvo vinculada con la universidad a través de nombramientos a contrata, lo cual se desprende justamente del decreto de nombramiento y sus prórrogas, lo cual finaliza con la resolución recurrida a través de esta acción constitucional, donde se le informó la no renovación para el año 2025 Entonces, si se cuenta el plazo que transcurre desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, se puede concluir que no alcanzaron a transcurrir los cinco años exigidos por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema para que la recurrente se vea amparado por la confianza legítima.

En este contexto, la alegación de la recurrente en cuanto pretende adicionar el tiempo en que prestó servicios a honorarios con anterioridad al 1 de noviembre de 2022 será desestimada, por cuanto ello implicaría que basado en el principio de primacía de la realidad -propio del derecho del trabajo- esta Corte declare que la recurrente se desempeñó en funciones permanentes, habituales y propias de un funcionario público, desvirtuado la naturaleza accidental y específica que la ley exige para una contratación a honorarios, todo lo cual resulta improcedente en este sede cautelar de urgencia de protección de derechos Octavo: Que, de lo razonado, se concluye que no ha existido de parte de la recurrida ilegalidad alguna, desde que una vez expirado el plazo de vigencia del empleo a contrata, quien lo sirve cesa en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley, encontrándose la autoridad recurrida legalmente facultada para cesar los servicios a contrata, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad administrativa, de manera que al decidir la no renovación de la contrata sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, el Decreto Exento RA N°796/4685/2024 de 28 de noviembre de 2024 que resolvió no renovar la contrata a la recurrente, explicita los fundamentos de dicha determinación, haciendo referencia a una serie de incumplimientos en el ejercicio de su función, los que se traducen principalmente en atrasos reiterados, abandono de las funciones y presenta poca disposición para la atención del estudiantado, lo que hace que no se adecúe a las exigencias necesarias para el correcto desempeño de los servicios requeridos.

Décimo: Que, así las cosas, el acto recurrido a través de la presente acción constitucional se encuentra debidamente fundado, la recurrida actuó dentro de sus competencias, decisión que culminó en un actor terminal debidamente notificado, por lo que no se torna arbitrario ni ilegal.

De este modo, no se aprecia que el acto recurrido haya sido dictado con desviación de poder o carente de fundamento y que la no renovación de la contrata de la recurrente esté motivada por algún interés particular que el ordenamiento jurídico no tutela.

Undécimo: Que, por otra parte, ningún reproche merece la circunstancia de haber notificado a la recurrente su no renovación de la contrata mientras se encontraba con licencia médica, pues ésta no es un impedimento para proceder a su notificación.

Duodécimo: Que, en consecuencia, no advirtiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el Decreto Exento que puso término a la contrata de los recurrentes, no se verifica el presupuesto básico para hacer lugar a esta acción constitucional, de modo que corresponde su rechazo, tal como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados Miguel Ángel González Cordero y Andrés Órdenes Delgado en representación de nombre reservado en contra de la Universidad de Los Lagos.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 1730-2024.-